Wilson Ramos
Cada cierto tiempo, el discurso oficial habla de la crisis y pronta quiebra del IESS, se lo hizo entre 1992 y 1995 con el interés de privatizarlo y se lo ha vuelto hacer en estos meses, luego del perjuicio causado a sus fondos, debido a una política pública irresponsable de los gobiernos, el retiro del aporte y no pago de los valores adeudados por parte del Estado al IESS y por una mora patronal en ascenso.
Así, con el impulso del gobierno que fuere y de grupos económicos interesados en captar los recursos y ahorros de largo plazo que el seguro social posee, se viene impulsando, para posicionar y lograr aceptación en la sociedad, la idea de que es necesario efectuar una reforma al modelo de Seguridad Social en el Ecuador, dado que su Modelo de Reparto no tiene futuro; para ello se citan cifras y estudios actuariales que nos presentan un escenario desolador, trágico. Pero lo que se ve como problemas del Modelo de Reparto de la Seguridad Social en el Ecuador, son en realidad problemas de la sociedad y no del modelo.
La Seguridad Social es un reflejo del mercado laboral que tiene el Ecuador, al ser este desigual porque hay desempleo y porque en el empleo hay informalidad y en la formalidad hay también desigualdad, todo lo malo de este mercado laboral se refleja en el sistema de Seguridad Social.
Entonces cabe la pregunta, ¿hay que cambiar el sistema público de Seguridad Social y su modelo de reparto? o gobierno y sociedad deben trabajar en sus dos pilares, mercado laboral y régimen tributario.
Con un mercado laboral que presenta el comportamiento señalado, un desempleo que está caracterizándose por ser de larga duración y un empleo adecuado que va siendo cada vez más vulnerable y que tiende a la precariedad e informalidad, son factores determinantes que están incidiendo en la pérdida de la continuidad y capacidad contributiva de los trabajadores, generando con ello un impacto negativo en el IESS, al registrar este, un menor número de afiliados activos y de nuevos cotizantes, lo cual a su vez disminuye sus ingresos y pone en peligro el modelo estructurado entorno al riesgo colectivo.
A su vez, si los gobiernos de turno implementan y administran un régimen tributario en el cual se exoneran o reducen del pago de impuestos y multas a determinados grupos de contribuyentes, se mantienen además, normativas que facilitan la evasión y elución de los impuestos, es obvio también que el Estado presente dificultades para solventar sus obligaciones y compromisos para con el IESS, por lo que, una reforma legal que le releve de sus obligaciones para con la seguridad social le restaría presión fiscal y le permitiría además contar con los recursos para cumplir con oportunidad sus compromisos de deuda con los multilaterales de crédito y otros prestadores internacionales.
A lo señalado debe agregarse también, el impulso de sectores empresariales que condicionan la inversión a cambio de que el Estado les otorgue no solo incentivos tributarios, sino que además de calificar y considerar el aporte del empleador a la Seguridad Social como un impuesto más, plantean una regulación laboral que les permita mayor flexibilidad en los términos de contratación de personal y terminación de la relación laboral, con el fin, dicen ellos, de ganar productividad y con ella, competitividad en los mercados.
Así tenemos un escenario en el cual, Estado y empleadores, buscan en el presente, sino eludir su compromiso, si reducir al menos su responsabilidad y obligaciones con la Seguridad Social, es decir con sus colaboradores y la sociedad, generaciones actuales y futuras.
Los discursos de reforma
En el marco del discurso de la crisis del IESS, los planteamientos de reforma a la seguridad social en el Ecuador se concentran en dos alas:
Reforma estructural: bien pudiera ser esta total o parcial, en donde el modelo de reparto, que mantiene la solidaridad intergeneracional administrado por el IESS, es remplazado por uno de capitalización individual, gestionado por una administradora de fondos previsionales privada, privatización total. O, por un modelo mixto o paralelo, en donde coexisten el modelo de reparto, sistema público y el de capitalización o ahorro individual, sistema privado, privatización parcial.
La diferencia entre mixto y paralelo es que en el mixto el sistema privado opera como complementario del público y en el paralelo, el trabajador puede escoger si quedarse en el público o pasar al privado.
Estas ideas de reforma estructural, adquieren espacio cuando a inicios de los años 70 del siglo anterior, el mundo vivió una turbulencia económica y política, empezó a difundirse la idea de que el problema es el tamaño del sector público que generaba altas tasas de inflación, desempleo y bajo crecimiento económico. En base a esa idea, varios gobernantes en América Latina impulsaron cambios en las economías de sus países que fueron en ese sentido (disminución de la actividad estatal en los ámbitos de la vida pública), lo cual impactó negativamente en su política social.
En este marco de cambios, la palabra bienestar pierde fuerza y lugar en el debate público, el modelo neoliberal se impone, privatizaciones de bienes y servicios fueron instrumentos para gestionar el incremento del espacio de libre mercado, como única vía de desarrollo y crecimiento nacional, en donde dicho proceso degrada a los gobiernos y los desvincula de las actividades básicas, para a través de decisiones políticas y económicas desvirtuar la seguridad social, de tal forma que mecanismos pensados y diseñados originalmente como distributivos, solidarios, pasen a crear una realidad alternativa, donde se individualizan los riesgos sociales a través de la mercantilización de la salud y las pensiones.
Las reformas de privatización cuentan con el impulso del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, así como de agentes y actores del mercado financiero internacional que buscan disminuir el rol del estado en el financiamiento de la política y servicios sociales, procurando que el sector privado se adentre en su proveeduría, situación que ha dado lugar a la privatización de los sistemas de pensiones en varios países de América Latina y el Caribe.
La idea privatizadora de la seguridad social, es vendida a la sociedad para alcanzar su aceptación, como la alternativa y solución al ineficiente seguro social público y su inminente quiebra, mayor cobertura a la población, pensiones no menores al 70% del último salario previo al retiro, sustentabilidad financiera y libertad para elegir a las administradoras privadas de los fondos que mejores rendimientos presenten gracias a la competencia que habrá entre estas. Con estos discursos apocalípticos y redentores, varios países latinoamericanos emprenden en la reforma privatizadora de sus sistemas de seguridad social con foco en las pensiones.
Transcurridos 40 años desde que se implementó la primera reforma estructural al sistema de Seguridad Social en Chile, años más tarde México, Argentina, Bolivia, todos estos países fueron por la vía de la privatización total de sus sistemas de pensiones.
Uruguay, Costa Rica, Panamá, cuya reforma consideró el modelo mixto, Colombia y Perú que optaron por el modelo paralelo, privatización parcial de sus sistemas de pensiones, hay evidencia que en este tipo de reformas desaparece el concepto de bienestar y los principios de solidaridad y universalidad de la seguridad social para, en lugar de ser esta una protección ante los riesgos sociales, pasar a concebirse como un mecanismo de aseguramiento financiero muy limitado respecto al anterior concepto, en donde se individualiza la inversión de los recursos así como también los riesgos financieros, económicos, de gestión y administración, en el que además los dueños del ahorro, trabajadores, no tienen ningún espacio de representación y menos aún de decisión.
Las reformas estructurales efectuadas, han eliminado además en varios de los países que se han implementado, el carácter tripartito de las aportaciones quedando el aporte al sistema de pensiones únicamente a cargo del trabajador. Los resultados que muestra el modelo privatizador en cuanto cobertura de la población económicamente activa (PEA), baja para ubicarse entre el 28% y 38%, por debajo del mínimo fijado por la OIT, 50%.
De igual forma, contrario a lo que se ofreció, el sistema privado con su modelo de capitalización individual paga pensiones más bajas, la tasa de remplazo promedio del 39% es menor al mínimo establecido por la OIT, 45% y menor al promedio de la tasa de remplazo que paga el sistema público 64%. Adicionalmente se prevé que bajo el régimen privado entre el 27% y 67% no alcancen a recibir una pensión.
Lo descrito, está determinando que un número importante de adultos mayores terminen sus días en la pobreza y mendicidad, pese haber trabajado y ahorrado durante toda su vida laboral.
Cambios a los parámetros del modelo de reparto: esta alternativa considera el mantenimiento del sistema de seguridad social y su modelo de reparto, pero plantea cambios a los parámetros para acceder a la prestación de jubilación y pensiones especialmente, sin dejar de considerar también la prestación de salud.
Incremento de los tiempos de servicio, aumento de la edad, ampliar el rango para considerar el salario promedio de referencia para determinar el monto de la pensión (tasa de remplazo), incremento escalonado de los aportes, son los parámetros que se plantean ser modificados con el fin de lograr la sostenibilidad del modelo.
¿Qué hacer? Debe en toda instancia considerarse que la Seguridad Social surge como respuesta de protección a la situación de indefensión que tienen las personas (asalariadas y no asalariadas) frente a los riesgos sociales y que esta debe ser manejada con la noción de contingencia, es decir que, ocurrida una contingencia, la sociedad resuelve como va a cubrir esa contingencia; que el sistema previsional se ocupa de la protección en el momento en que las personas ya no pueden proveerse de los recursos para vivir, porque ya no pueden trabajar.
Bajo estas consideraciones y como ya se señaló antes, reconociendo que los números de la Seguridad Social en el Ecuador generan preocupación, estos no cambiarán si el gobierno y la sociedad, no se enfocan en solucionar las causas, que dan origen al problema de la Seguridad Social, ubicarse únicamente en componer sus números es dejar intocado las causas estructurales que como ya se señaló en líneas anteriores, son el mercado laboral y el régimen tributario que tiene el país.
En este marco, uno de los retos que tiene el actual gobierno, es el de la producción, cuál es el derrotero que esta va a tener en el país, corresponde al gobierno nacional tener una definición clara al respecto, porque esta es la generadora de los recursos que activan a la economía, es preciso comprender que la evolución macroeconómica y los sistemas previsionales de seguridad social, están estrechamente relacionados, los resultados macroeconómicos impactan en las cuentas de la Seguridad Social y la institucionalidad de esta tiene su impacto en la macroeconomía.
Los sectores económicos en el Ecuador son muy dispares, como consecuencia de un progreso técnico y tecnológico desigual, con rigidez para adquirir y traspasar conocimiento, aprendizaje, impidiendo con ello la ampliación del valor agregado en la actividad productiva que genere y mantenga el empleo formal a lo largo de la etapa productiva de la persona, sin dejar espacios para que se presente el desempleo o el empleo informal, esto a su vez dará sostenibilidad al sistema de pensiones y a la Seguridad Social en su conjunto. Este no solo es el reto, es la obligación y exigencia de 17 millones de ecuatorianos al gobierno.
En nuestra sociedad hay grupos de personas que no acceden a la Seguridad Social sea por que realizan actividades que si bien contribuyen a agregar valor a la economía, no son remuneradas o porque realizan trabajos que no dan lugar a derechos pensionales o que durante su ciclo productivo como resultado de la estructura del mercado laboral, no han podido contar con estabilidad laboral, es evidente entonces que en el mediano plazo, el país tendrá un grupo importante de adultos mayores condenados a la pobreza y mendicidad a los cuales el estado debe proteger, para ello deberá implementarse un régimen de pensión mínima no contributiva a cargo del Estado.
Adicionalmente a lo señalado, el gobierno debe hacer efectivo el pago de la deuda que el Estado mantiene con el IESS, el monto adeudado bordea la suma de 18 mil millones de dólares.
Este es un punto central respecto a las finanzas del instituto, en el cual afiliados, jubilados, beneficiarios y sociedad en general deben jugar un rol activo y participativo para exigir al gobierno cumpla con el pago, más aún ahora que dos de los integrantes del Consejo Directivo del IESS carecen de legitimidad y el representante del presidente de la República en ese organismo, su designación ha sido cuestionada por varios sectores de afiliados.
Otro aspecto a ser resuelto, se refiere a la actual Ley de Seguridad Social, promulgada en el 2001, varios de sus artículos han sido declarados inconstitucionales y esta no tiene una articulación con la Constitución de la República del 2008, situación también que imposibilita la promulgación de un reglamento general.
En materia de salud, el IESS debe centrar su enfoque en la prevención de aquellas enfermedades que pueden ser evitadas, reforzando para a ello la atención primaria, revisar los protocolos de atención y tratamiento, así como tomar medidas que impidan la corrupción, derroche y desperdicio de los recursos.
Un acuerdo por la seguridad social pasa por donde la solidaridad e interdependencia sean valores claves e irrenunciables para tener un Seguro Social fortalecido.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador.
Estudios de Posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Cuenta con dos especializaciones superiores en Costos y Productividad, así como en Finanzas. Posee una Maestría en Dirección de Empresas.
Ha desempeñado varios cargos en el sector público y privado: Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico del IESS, Gerente de Planificación del IECE, Director de Planificación de SENESCYT, Director de Planificación del TSE.
