Santiago García Álvarez
Crisis económica y social sin precedentes
Un primer elemento de la evaluación de lo que ha sido el 2020 es la constatación de que la pandemia Covid-19 ha cobrado un alto precio, en términos sociales y económicos, por la pérdida de vidas, el crecimiento de la pobreza y la destrucción de empresas y puestos de trabajo. Esta situación lo que muestra es una sociedad de alta vulnerabilidad en todo sentido y que, seguramente, no es consistente con un país de “renta media alta”, con lo cual queda pendiente encontrar las razones objetivas y profundas para tal situación.
Un segundo elemento es que, en el plano económico, los desequilibrios internos se habían agudizado desde 2015 en adelante, expresándose en una prolongada recesión económica, el crecimiento indetenible del empleo informal, la drástica reducción del nivel general de precios internos y el alto endeudamiento público (García 2019). En este punto, no se trata de una “preferencia” frente a los diagnósticos, sino la constatación de dinámicas económicas presentes en el país, tanto de orden coyuntural por los shocks externos, así como de orden estructural; en este último caso, por los límites que impone la propia dolarización en materia monetaria y la debilidad de la estructura productiva de baja especialización y productividad. A estos elementos hay que añadir factores relacionados con la desarticulación institucional y el conflicto político-social proveniente de una sociedad marcadamente inequitativa (UCE 2020; PUCE-IIE 2020).
Un tercer elemento que debe ponerse sobre la mesa del debate, tiene que ver con la naturaleza o alcances de la emergencia sanitaria sobre la actividad económica. Sin duda se trata de presiones recesivas por la grave afectación directa tanto a la oferta, así como a la demanda agregadas.
A lo anterior se suman los problemas externos de caída de precios internacionales de los principales productos de exportación y la reducción del consumo global, también provocados por el Covid-19.
Con estos elementos, el documento persigue tres objetivos: i) presentar un análisis de la actual situación macroeconómica del Ecuador; ii) señalar las posibles tendencias macroeconómicas que estarían configurando para el 2021 y, iii) proponer de forma sumaria alternativas de política económica para la recuperación económica con equidad.
Al conjugar las dinámicas económicas internas y externas, bien se podría afirmar que, frente a la disrupción socioeconómica por la que está atravesando el país – y el mundo en general -, su recuperación será lenta hasta el 2025, proceso en el cual influirán el programa económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); la incertidumbre que impone la pandemia sanitaria sobre la inversión y el consumo y las debilidades institucionales políticas y económicas poco permeables a la diversidad ideológica y a la toma de decisiones no maximalistas.
Recesión y destrucción productiva durante el 2020
Lo que sigue a continuación es un análisis sobre la dinámica macroeconómica definida por los siguientes aspectos: i) Comportamiento del PIB; ii) Empleo; iii) Precios internos; y, iv) Sector externo. El enfoque utilizado es de Economía Política, a partir de la revisión del proceso histórico que se proyecta a las condiciones actuales; la importancia del poder político institucionalizado (marco institucional) que moldea o condiciona al proceso de acumulación del capital; y la integralidad entre economía-sociedad-ambiente.
Producción, empleo e inversión
La economía real venía presentado un paupérrimo desempeño desde el año 2015 en adelante, que se expresaba en un bajo crecimiento económico; episodios atípicos de deflación cero o negativa; destrucción de empleo productivo e incremento de la informalidad; y deterioro del sector externo. Las fuerzas depresivas de la actividad económica estaban ya instaladas desde el año antes mencionado y las respuestas de política económica no mostraban impactos favorables al crecimiento económico, salvo el 2017, pero, en todo caso, primaban procesos de insostenibilidad fiscal por el abultado gasto corriente y las grandes cantidades de recursos destinados al servicio de la deuda pública; además estaban presentes tanto el deterioro de los términos de intercambio como también los problemas de cuenta corriente de balanza de pagos. En el ámbito monetario-financiero lo que había es un desempeño regular del sistema financiero nacional y problemas por la inestabilidad de las reservas internacionales a cargo del Banco Central.
En el cuadro 1 se puede apreciar el comportamiento de las principales variables tanto de la demanda como de la oferta agregadas. Nótese que los valores negativos (en rojo) se convirtieron en una mayoría a partir de 2015, o, por lo menos, de bajo comportamiento; mientras que los resultados del 2020 muestran un agravamiento considerable de la actividad económica. Se podría decir frente a esta situación que la economía ecuatoriana muestra un claro proceso de inestabilidad macroeconómica, como parte de un proceso de parada y reinicio (stop and go), que empieza con shocks externos (como en el 2015) y luego impacta en los macro-precios como la inflación y el déficit fiscal, que a su vez se expanden hacia las variables reales como la producción y el empleo (CEPAL 2010; Ffrench-Davis 2015). En tal situación, la política económica se vuelve inefectiva y los condicionantes externos e internos se retroalimentan entre sí provocando la crisis económica.
Por su parte, las últimas mediciones del mercado laboral muestran una realidad complicada, pues a septiembre de 2020, el desempleo afecta a medio millón de personas (7% de la población económicamente activa, PEA); 4,5 millones de personas bajo la categoría de subempleo, trabajador no remunerado y otro empleo no-pleno; y tan solo 2,5 millones de personas con empleo adecuado o con garantías sociales y económicas (32% de PEA) (INEC 2020). De tal suerte que el trabajo informal, por su envergadura y persistencia, dejó tiempo atrás de ser una cuestión coyuntural sino más bien estructural.
Este deterioro incontenible de las condiciones laborales no podría haber generados graves efectos que no hayan sido una creciente pauperización de las y los ecuatorianos, en efecto, la incidencia de la pobreza nacional por ingresos pasó de 22,9% en 2016 a 23,2% en 2018 y 25% en 2019. El nivel de pobreza extrema se ha ubicado en promedio en 8,7% de la población en el período 2016-2019 (INEC 2020a). Según estimaciones de UNICEF (2020), al terminar el 2020, la tasa de pobreza se incrementará en 10 puntos, añadiendo no menos de 1,8 millones de ecuatorianos a la condición de pobres y no menos de 1,4 millones de ecuatorianos a la condición de pobres extremos.
En materia de precios, las cifras recientes muestran un fenómeno muy preocupante, pues la inflación anual a diciembre llegó a 1,7% en 2016; 0,4 en 2017; -0,2% en 2018 y -0,07% en 2019. La variación del índice de precios al consumidor se ubicó en -0.91% en noviembre de 2020 (INEC, 2020). Esta situación complejiza el manejo macroeconómico, debido a las interrelaciones que tiene una caída del nivel general de precios internos en las inversiones privadas y en la recreación de una débil demanda interna.
En términos generales, el contexto internacional ha sido adverso para la mayoría de países latinoamericanos, a partir de la gran crisis financiera internacional de 2008, debido a la finalización del ciclo ascendente de los commodities y por la ralentización de la economía global, especialmente de los países desarrollados (CEPAL, 2020 y 2018; FMI, 2019b).
En 2018, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos presentó un déficit de USD -1.328 millones, aunque luego se redujo a -53 millones en 2019. Detrás de estos saldos se encuentran varias circunstancias como la caída de importaciones que equilibra al comercio de bienes y servicios, sin que necesariamente mejoren las exportaciones; los crecientes pagos por renta de inversiones que fueron hechas en el país y que luego se transfieren al exterior; y el incremento apreciable año a año de las remesas de migrantes ecuatorianos en el exterior. La cuenta financiera muestra preocupantes cifras de traslado de recursos hacia el exterior por el endeudamiento público y privado.
Perspectivas macroeconómicas 2021
El Banco Central estima un crecimiento económico de 3,1% durante 2021, a partir de un buen comportamiento esperado tanto de la recuperación del consumo de hogares, así como del sector externo vía exportaciones e importaciones (véase cuadro 1). El producto interno bruto nominal de 2021 será de 100.816 millones de dólares corrientes y 67.539 millones de dólares constantes.
Ahora bien, antes de desagregar el componente sectorial de la producción nacional, conviene detenerse en las perspectivas establecidas por el FMI para los próximos años. En concreto, según sus proyecciones, la economía ecuatoriana entraría en una fase de lento crecimiento de 2,4% promedio anual en términos reales en el período 2021-2025, todo lo cual muestra la complejidad de las circunstancias económicas que debe enfrentar el país en el mediano plazo (FMI 2020).
Según se puede apreciar en el gráfico 1, la curva del crecimiento económico se desplaza cercana al porcentaje antes mencionado. Lo más probable es que nivel de actividad económica se encuentre por debajo de su potencial, que tal como se comentó en líneas anteriores, viene a ser el resultado inevitable de los desequilibrios macroeconómicos.
Gráfico 1. PIB de Ecuador en % de variación anual, dólares constantes, período 2021-2025
Ahora retornando a la parte sectorial, se ha tomado como referencia al grupo de 12 industrias que representan aproximadamente el 80% del PIB nacional a fin de explicar su posible comportamiento durante el 2021:
- La agricultura, ganadería, caza y silvicultura tendría un crecimiento de 2,7% de variación anual, consolidando una recuperación de un sector que de una u otra forma ha sido resiliente a la crisis económica;
- la manufactura también debería recuperarse y salir de los números rojos presentes durante el 2020;
- el comercio en general podría tener una variación positiva de 3,6% como consecuencia de un mayor consumo de hogares, siempre y cuando las autoridades públicas y la ciudadanía mantengan la disciplina necesaria para enfrentar a la pandemia sanitaria;
- el alojamiento y servicios de comida se expandirían 7,5% con los mismos comentarios que para el caso del comercio;
- igualmente habría una importante recuperación de las actividades profesionales, técnicas y administrativas y del sector petrolero-minero.
- Las industrias que tendrán un bajo crecimiento e incluso la mantención de cifras negativas son: transporte (1,1%); servicios financieros (0,7%); enseñanza y servicios sociales y de salud (1,5%); construcción (-1,2%); y actividades de la administración pública (-3%).
Estas cifras son consistentes con la realidad socioeconómica del país que todavía debe enfrentar fuertes presiones recesivas, tal como se ha comentado en líneas anteriores. En el caso de la administración pública, su menor comportamiento se debe a la estrategia que está siguiendo el país en materia de ajuste fiscal. Todos estos datos pueden observarse en el cuadro 2.
Los puntos críticos que debe hacer frente el sector privado para que la recuperación sea sostenible tienen que ver con varios aspectos tales como: i) manejo eficiente de inventarios; ii) control de la competencia desleal por contrabando; iii) los desfases de costos unitarios por la reducción de la producción; y, iv) los costos del dinero expresados en las tasas de interés y de los servicios financieros. La industria de la construcción es un caso especial porque se recuperación no depende de sus propias fuerzas internas, sino que está ligada también al comportamiento de la inversión pública, a su vez sujeta a fuertes restricciones por el ajuste fiscal y los compromisos asumidos frente al FMI.
Alternativas
Dejamos anotando el inicio del artículo que la crisis socioeconómica que enfrenta el país tiene sus orígenes a partir de 2015, y que la pandemia del Covid-19 agravó el conjunto de factores coyunturales y estructurales de inestabilidad macroeconómica, todo lo cual no encuentra salida adecuada por las limitaciones del enfoque e instrumentación de la política económica, la cual, al final del día, se vuelve inefectiva para enfrentar esta realidad que conduce a un prolongado proceso de recesión económica que destruye producción y empleo formal.
Las propuestas de cambios no pueden ser “maximalistas”, en contra o a favor del mercado o de la intervención estatal. La “disrupción” social y económica que actualmente vive el país exige nuevas políticas públicas integradas entre sí y con miradas de mediano y largo plazo, por ejemplo, no es posible procurar la recuperación económica sin una política “inteligente” de salud pública para enfrentar a la pandemia sanitaria. Por cierto, la sociedad también juega un rol fundamental a través de comportamientos sociales expresado en compromisos solidarios reales, para lo cual se hace indispensable entender que el consenso social deja de ser una “narrativa espuria” y se convierte en un proceso de valor económico o de “peso” económico, que es mucho más completa como directriz social que la rentabilidad del mercado y de la acción meramente gubernamental (Esquel 2020).
Puesto que de manera objetiva se puede afirmar que el país se encuentra abocado a un proceso de lenta recuperación post-pandemia Covid-19 de alrededor de 2,4% en el próximo quinquenio, las alternativas deben girar alrededor de esta circunstancia. En concreto, el manejo fiscal responsable es un aspecto necesario pero insuficiente para la generación sostenida de empleo productivo.
Los recortes de la inversión pública y del gasto corriente son medidas que podrían devolver la confianza para la promoción de la inversión privada, pero no es menos cierto que tales medidas reducen la demanda agregada, que, al complementarse con un manejo monetario restrictivo, impacta negativamente en el dinamismo económico de mediano plazo (García, et al 2020).
En el Recuadro 1 se puede apreciar un conjunto de los objetivos y varios instrumentos para la recuperación sostenida y equitativa de la economía ecuatoriana.
Recuadro 1. Principales objetivos y alcances de una agenda económica para consenso social
| No. | Objetivos e instrumentos de política pública-económica |
| 1 | Sostener la producción interna, con una apreciable planificación para priorizar productos y servicios para la superación de la emergencia sanitaria, mitigando los efectos contractivos de la paralización y evitando a toda costa la bancarrota empresarial; una mayor articulación productiva entre PYMES, con organizaciones de la economía popular y solidaria y con la economía familiar campesina, pues ahí está la base económica del país y la mayor generadora de empleo. |
| 2 | Protección prioritaria del empleo. No extremos en la liberalización de la contratación laboral, pero si flexibilidad en organización de jornada de trabajo, costos proporcionales en despidos y nuevos contratos para emprendimiento. |
| 3 | Fortalecer la red de protección social con prioridad en los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, con especial énfasis en el gasto en educación y salud, y promoviendo el acceso a servicios públicos de calidad que conecten con todos los rincones del territorio ecuatoriano. |
| 4 | Consolidar un proceso de transición ambiental mediante el cambio energético sostenible y el control exhaustivo del extractivismo petrolero y minero; a partir de una mayor eficiencia productiva-energética y mayor consumo responsable |
Fuente: Elaboración propia, a partir de ESQUEL (2020)
Conclusiones
Se conocía que la economía ecuatoriana venía atravesando un extendido período de deterioro de las condiciones económicas y sociales desde inicios de 2015, por el incontenible reforzamiento de los problemas de recesión económica (salvo períodos muy cortos de reactivación insuficientes e insostenibles); destrucción del empleo formal; la caída sostenida de los precios internos hasta llegar a cero o valores negativos; y todo el corolario de incremento de pobreza e inequidad social. La incertidumbre social y económica que imprime la pandemia del Covid-19 está jugando un gran peso en las perspectivas futuras.
El argumento central de este documento ha sido que los desequilibrios macroeconómicos se han convertido en una carga muy pesada que impide desplegar el potencial productivo del Ecuador, pues los problemas de oferta y demanda agregadas se retroalimentan mutuamente e impiden un crecimiento económico sostenido, de ahí que las alternativas deben pasar por el entendimiento de este proceso que exige alternativas de carácter integral, que involucran al Estado, al mercado y a la propia sociedad ecuatoriana.
Todas las alternativas que se puedan imaginar necesariamente deben pasar por establecer nuevas bases de equilibrio macroeconómico, que a su vez exigen políticas públicas integrales, en particular medidas de política económica también con este carácter que deberían apuntar a 5 objetivos concretos: sostenimiento de la producción interna; protección prioritaria del empleo formal; Fortalecimiento de la red de protección social; y consolidación de un proceso de transición ambiental.
Bibliografía
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Doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Economía Internacional y Desarrollo. Máster en Relaciones Internacionales. Economista. Docente de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
