Alondra Santiago
Escribir un artículo sobre el simbolismo que tiene Argentina para el continente en las luchas por la soberanía del cuerpo implica encontrarse con una realidad que genera diversos contrastes. No sé si comenzar diciendo que el hito logrado por las argentinas, para nosotras en Ecuador, se queda en una mera construcción ideológica, en un deseo intangible, en una esperanza que nos agota. Que no nos hace rendir, pero que permanece en el deseo, en la lucha y que no se muestra alcanzable.
Seré real y menos subjetiva. Mantengo viva la ilusión de que en este país se logre algo parecido a lo alcanzado en, ahora, Argentina, pero mucho antes en Cuba, Puerto Rico, Guyana Francesa, Guayana, Uruguay y algunos estados de México. Pero esta ilusión, debo decir, es intermitente y permítanme aclarar el porqué.
Cuando la pasada madrugada del 30 de diciembre, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación, muchas vibramos de alegría.
Digo muchas y pienso en las mujeres del Caribe y América Latina. Mujeres conscientes de que la lucha por la despenalización del aborto no se trata de pelear por abortar porque sí, para hacer filas en las afueras de las clínicas y tomar turnos para interrumpir los embarazos, como dicen quienes no entienden absolutamente nada sobre esta lucha.
Esta contienda que llevaron #LasPibas y que llevan aún miles de mujeres de varios países de la región, se trata de la defensa de un derecho fundamental que está siendo constantemente ignorado y vulnerado por los políticos, las leyes de cada gobierno y por los preceptos religiosos que se imponen y anteceden a cualquier decisión lógica y racional.
El acceso al aborto “es un asunto de derechos humanos”, así lo determinan diferentes órganos de derechos humanos que, entre otras valoraciones, han establecido que el no poder acceder a ello, supone una forma de discriminación contra las mujeres.
Según el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, “las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones, constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la atención de salud” (2014). Además, este comité instó a los Estados Parte a “legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto, amenazas contra la vida y/o la salud de la madre o en casos de severa malformación fetal (…) y eliminar también las medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos”.
Ecuador no es solo parte de este comité, sino que firmó y ratificó este instrumento internacional. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha aprobado ninguna ley que despenalice el aborto en los casos antes mencionados. Lo que implica que, como país estamos incurriendo en el incumplimiento de una recomendación internacional y el estado está permanentemente violando los derechos de las niñas y mujeres.
En el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se registraron en el país, 51.711 nacidos vivos de “mujeres adolescentes” de 10 a 19 años. De esta cifra, 1.816 nacidos vivos corresponden a niñas de 10 a 14 años y 49.895 a adolescentes de 15 a 19 años. Si al leer esta cifra les queda duda de que es una situación gravísima la que estamos viviendo como estado, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Joaquín González, aseveró, que, en el 2018 en Ecuador, 6 niñas de entre 10 y 14 años parieron cada día, así como 148 adolescentes de entre 15 a 19 años.
Comencé este artículo diciendo que mi ilusión era intermitente y que la esperanza que mantenemos las que luchamos por un país donde una mujer o niña no sea criminalizada por abortar, agota. Cansa porque vemos que pasan los días y no logramos lo que nuestras compañeras en Argentina. Leo en redes y al conversar con algunas amigas que el problema se da en el país por la falta de voluntad política y yo digo que hay que ver más allá de ese concepto.
El año pasado en la Asamblea se votó el proyecto de ley para la despenalización del aborto. Obtuvimos 65 de los 70 votos necesarios. Por 5 votos no pudimos lograr nuestro objetivo, y aunque en general, vemos este hecho con gran decepción, debemos ver el vaso medio lleno y pensar que estuvimos a 5 votos de lograrlo y no se pudo por razones que ya todos sabemos que trascienden el concepto de la voluntad política. Se trata de que estamos ante un estado laico que es meramente un concepto cuando les conviene porque de lo contrario, cuando se trata del aborto, miran al otro lado, donde el 80% de los ciudadanos es de religión católica donde es un pecado matar y que hay que salvar las dos vidas.
Estamos además ante un país con leyes restrictivas que condenan a las niñas y mujeres que se practican un aborto. Según el Décimo Informe del Ecuador sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), entre 2014 y 2018, se registró un total de 97 causas ingresadas por aborto, de las cuales el 54% de las causas resueltas recibieron sentencia condenatoria en las que constan privativa de la libertad y medidas socioeducativas no privativas de la libertad.
No se trata tan solo de voluntad política cuando al momento en las escuelas y colegios, enseñar sobre educación sexual sigue siendo un tabú y objeto de marchas y manifestaciones bajo el lema con mis hijos no te metas. La estigmatización que sufre una mujer que ha abortado es parte de la discriminación que organismos internacionales se preocupan por erradicar. Dicha discriminación no viene por parte solamente de la sociedad sino de un estado con poca disponibilidad de servicios en materia de salud pública que deja a merced de la clandestinidad a cientos de mujeres cada año.
No se trata solo de voluntad política. La ley queda en el papel cuando no se generan los mecanismos adecuados para protegerla. Los problemas del siglo 21 hay que salir a defenderlos, de otra forma quedan ahí, estancados, a expensas de que cualquier político de turno los baraje.
El 7 de febrero nos toca elegir un nuevo presidente que se encargará o no (dados el reciente ejemplo) de gobernar el país. ¿Pero ya analizamos sus propuestas?
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo preguntó a los 16 candidatos si ¿Está usted a favor de la despenalización del aborto en el país? Apenas 1 candidato dijo sí, 3 dijeron que no, 6 que estaban de acuerdo tan solo en casos específicos y 1 estaba indefinido al momento de la encuesta. Los 5 restantes no contestaron la pregunta.
Por otro lado, Grupo Faro, centro de investigación y acción independiente, generó una plataforma donde puedes analizar y comparar las propuestas de los 16 candidatos en los temas de relevancia política, social y económica. Me tomé el tiempo de revisar las que tienen que ver con derechos humanos específicamente con el tema de género. Ximena Peña por ejemplo propone, y cito a lo expuesto en la plataforma web: “garantizar la atención de salud y la vida de las mujeres en casos de emergencias obstétricas, con la voluntad política para promover un debate amplio sobre la interrupción de embarazos no deseados en casos de violación”.
Los demás candidatos proponen, como César Montúfar, “fortalecer programas de salud sexual y reproductiva y acceso a anticonceptivos”, o Gerson Almeida que, “eliminará toda forma de maltrato o exclusión, particularmente de abuso sexual, violación y homicidios”. Mientras que, hace unos días al candidato a la vicepresidencia por el movimiento Unión por la Esperanza, Carlos Rabascall, expresaba su opinión sobre el aborto y afirmaba que a pesar de su posición sobre el tema (no está de acuerdo) cree que “deberá darse ese debate y respetar el deseo del pueblo”.
Ningún candidato ha dicho categóricamente que impulsará un nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto en el país. Proponen una vez más a la voluntad política como herramienta para un debate.
Y aquí me perdonarán que sucumba ante la emoción. Nuestros derechos no están en la mesa para ser debatidos sino para ser respetados y cumplidos. No puede ser que aún atenten contra nuestra dignidad y autonomía restringiendo nuestra libertad de elegir, de tomar decisiones.
Cada día, decenas de niñas son violadas en el país, por sus padres, tíos, primos, el violador está mayormente dentro del núcleo familiar. Cada día niñas como Norma de 13 años, Raquel de 14, Juana y Camila de 14 y 11 años respectivamente, son violadas y embarazadas y obligadas por el estado ecuatoriano a dar a luz.
Esto no se trata de voluntad política, sino de realidades que superan este concepto. Se trata de conciencia, de empatía, de priorización de problemas en busca de soluciones concretas y no que se lean lindas en un papel. Se trata de reconocer que somos un país que no garantiza el cuidado de las dos vidas que tanto defienden los anti-derechos.
Porque ahí quedan esas vidas, a merced de sus violadores, de la indiferencia y estigma social, a merced de la poca capacidad para enfrentar un gravísimo problema de salud pública.
No me digan que tenemos que salvar a las dos vidas cuando en el caso de Norma, su padrastro quien ya había abusado de su prima y no fue sancionado por la justicia la violó y embarazó y luego hizo lo mismo con su hermana y el estado permitió que diera luz a través de una cesárea.
No me digan que la solución está en el debate cuando en Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a mujeres y menores.
¿Cuánto más tenemos que gritar para que nos escuchen? No sé si después de Argentina, Ecuador sea el siguiente país en lograr el hito de la despenalización del aborto. No lo sé, y permítanme decirles sin ánimo de controversia que, lo dudo. Porque falta mucho más que voluntad, falta de hecho, políticas públicas.
Espero equivocarme. Seguiré permitiendo que mi esperanza me agote porque esta lucha no terminará mañana. Pensaré, así el pesimismo me gane a veces, que lo de Argentina no solo será un símbolo de lucha sino un logro para este país. Mi ilusión es intermitente sí, pero en los momentos que brilla, su luz encandila. Como lo hace también, las luces de todas quienes decimos que algún día #SeráLey y estaremos aquí para contarlo, para gritarlo también.
(cubana radicada en Ecuador).
Licenciada en Periodismo Internacional
Licenciada en Actuación
Máster en Periodismo y gestión de comunicación.
Reportera de televisión y locutora de radio.
Articulista
Feminista, defensora de los derechos de las mujeres.
