Víctor Hugo Ajila Mora
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones para el 2021 a pesar de la incertidumbre en el proceso por la falta de asignación del presupuesto. No se sabe en qué quedaron las mesas técnicas de trabajo entre el organismo electoral y el Ministerio de Finanzas. Esto ocasionó que no se designe a tiempo a los miembros de las Juntas Provinciales Electorales (JPE) que son los encargados de calificar candidaturas y resolver, en sede administrativa, incidentes en torno a esta fase electoral. Aunque habrá justificación, no se cumplió el calendario electoral.
Ahora, los integrantes de las JPE deberán capacitarse sobre la marcha, ya que desde el día después de la convocatoria a elecciones se puede presentar la inscripción de candidaturas. El país está expectante de la nómina de quienes integrarán estos organismos electorales desconcentrados, que deben pasar por escrutinio público e impugnación ciudadana.
Por otra parte, que hasta la fecha no se cuente con el presupuesto electoral, evidencia la dependencia del Ejecutivo, que tiene en este aspecto, la Función Electoral. Estas fallas de diseño afectan la calidad de los comicios y de la democracia. Precisamente, cuando se analizaban las reformas a la ley a inicios de este año, advertimos que se debía poner énfasis en este aspecto, para dotar a los organismos electorales de verdadera independencia administrativa, financiera y organizativa[1].
También se eliminaron cuatro organizaciones políticas nacionales por irregularidades en su proceso de constitución. En este aspecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo contradicciones; primero, resolvieron que esas organizaciones debían conservar la personería jurídica y luego cambiaron el criterio al permitirse una revisión y análisis más profundo de cada caso.
Recientemente concluyeron los procesos de democracia interna (“primarias”) y formación de alianzas de las organizaciones políticas (OP), con la novedad visible del alto número de binomios presidenciales; y también con la exigencia de que las primarias se realicen dentro de un período improrrogable de quince días, según la última reforma legal.
A las dificultades que tuvieron que enfrentar las OP debido a las restricciones por la emergencia sanitaria que limitan la reunión y el libre tránsito de personas; el uso de medios telemáticos; deficiencia de conectividad; se sumó la falta de claridad de las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la errática aplicación de los tiempos electorales y el sentido de oportunidad.
Por ejemplo, no es aplicable que a las OP que forman alianzas electorales se les solicite que registren los precandidatos de sus “primarias” de manera individual, cuando la conformación de listas conjuntas es un aspecto fundamental de las alianzas. Además, las alianzas electorales se pueden realizar después de las “primarias” y hasta quince días antes de la convocatoria a elecciones según el calendario electoral aprobado.
Al parecer, sobre la marcha se han corregido estas fallas; las directrices de las autoridades electorales deben ser claras y tener como objetivo principal facilitar el ejercicio de los derechos de participación sin entrometerse en la autonomía y funcionamiento interno de las OP.
Calendario electoral
Lo anterior nos lleva a señalar que los tiempos electorales son precisos; están calendarizados en etapas y actividades secuenciales y preclusivas. Es decir, una vez que concluye una fase no se puede reabrir la misma, porque de su ejecución depende la subsiguiente etapa. Así es el ciclo electoral y debe ser cumplido con oportunidad y eficacia.
Precisamente, criterio de oportunidad es lo que se reclama al organismo electoral. Recientemente la sentencia de un juez electoral (de primera instancia) consideró que el CNE eliminó a un partido político después del cierre del registro de organizaciones políticas que participarían en las elecciones del 2021 y que según el calendario electoral tuvo lugar el 19 de junio de 2020, en concordancia con lo que dispone el Art. 328 del Código de la Democracia: “Las organizaciones políticas podrán inscribirse hasta noventa días antes de la convocatoria a elecciones, para participar en el proceso electoral inmediato”. El desenlace llegó con la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dejó sin efecto la resolución del juez inferior. Este caso es diferente al de aquellos movimientos cuyo origen fue observado. Aquí se trataba de una OP que incurría en causales de eliminación; se debía analizar la metodología utilizada para establecer los presupuestos legales; la oportunidad de la decisión del organismo electoral, cumplimiento del calendario electoral y del ciclo electoral. La sentencia del Pleno del TCE, lamentablemente, es superficial y no analiza estos aspectos que hubieran aportado a la calidad de la justicia electoral y la seguridad jurídica.
Igual situación ocurre con las OP que están en proceso de formación; si entregaron los requisitos antes del cierre del registro de OP, el CNE estaba en la obligación institucional de procesarlos y emitir resoluciones. Si no se realizó, podría haber afectación de derechos de participación en el caso que alguna haya tenido posibilidad real de cumplir los requisitos para obtener la personería jurídica y participar en las elecciones del próximo año.
Depuración de sistemas del CNE
Es necesario mencionar que la Contraloría ha jugado un rol activo en lo que va del proceso electoral. Dispuso que se eliminen cuatro organizaciones políticas que habrían presentado irregularidades para obtener su personería jurídica, y predeterminó responsabilidades contra tres consejeros del CNE, incluido su presidenta, por no cumplir las recomendaciones del órgano de control. En este caso, la respuesta del CNE fue dubitativa y errática, porque, en un principio, expresaron que habrían “derechos adquiridos”, lo cual, a simple vista, resulta ilógico, porque no debe haber derechos fundados en un origen, presuntamente, ilegal.
En este caso, más allá de la obligación de cumplir las recomendaciones de Contraloría, el CNE quedó en deuda por no hacer una revisión exhaustiva del sistema informático y de todo el proceso que se aplica para aprobar una nueva OP. Eso era lo de fondo. Por fuera del caso puntual, la ocasión era precisa para que se mejore y transparente el proceso donde se ponen de manifiesto derechos de participación.
Consulta a las organizaciones políticas
Desde otro ángulo, una actividad sustancial para los comicios del 2021 es la emisión de reglamentos (normativa secundaria) actualizados según la reforma electoral publicada el 3 de febrero de 2020. Esta actividad se ha cumplido parcialmente; la consulta a los actores principales ha sido deficiente porque, en la mayoría de las normas aprobadas, no se recogió el criterio de los actores principales: las OP.
Se han realizado tres consejos consultivos con las organizaciones políticas, reuniones de trabajo (en modalidad virtual) que son positivas pero que tuvieron, hasta ahora, la falencia de ser más informativas, que para construir consensos y acuerdos sobre la organización de las elecciones. Esto, me parece, es una oportunidad desperdiciada por el CNE para generar credibilidad.
La crisis económica también ha impactado en el proceso electoral, desde el hecho mismo que el CNE no recibe el presupuesto que aprobó hace apenas varios días, contrario a la necesidad de recursos para implementar protocolos de bioseguridad. Aquí se puede destacar como positivo la ampliación de recintos de votación para evitar aglomeraciones de personas y, así, reducir el riesgo de contagio de coronavirus.
¿Cómo afectó la pandemia del coronavirus la organización de las elecciones?
Los retrasos en la ejecución del calendario electoral y en la asignación de recursos económicos demuestran que hay un impacto, de hecho, casi no reconocido por el CNE y el TCE. Tanto así que el CNE no emitió ninguna norma especial o transitoria para regular el proceso electoral en el contexto de la pandemia del coronavirus, a pesar que ésta fue una sugerencia del primer consejo consultivo de OP realizado en junio de este año. Mientras en Perú, por citar un caso, no se realizarán las elecciones primarias abiertas con miras a los comicios generales que se celebrarán en abril de 2021, debido a la Covid-19.
En este contexto, un hecho notorio fue que tanto el CNE como el TCE desoyeron la petición mayoritaria de las OP que solicitaron cambiar la fecha de la primera y segunda vuelta electoral sin afectar la fecha de instalación de la nueva Asamblea Nacional ni la posesión del Presidente de la República (14 y 24 de mayo respectivamente) por estar previstos en la Constitución. No se dio paso a este pedido alegando razones técnicas, pero que dejaron más bien una sensación de falta de voluntad y decisión política.
Hagamos un breve recuento; el pasado 12 de marzo el CNE aprobó el calendario electoral, un día después de que la OMS declarara como pandemia al coronavirus Covid-19. Mientras que para 16 de marzo con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1017 que declaró el estado de excepción en el territorio nacional ecuatoriano, llegaron las restricciones al libre tránsito y reunión de personas. Pasaron los días, semanas y meses, y siguieron las restricciones. Paradójicamente y a pesar de las afectaciones al calendario electoral, el CNE y el TCE no asumieron dichas implicaciones que negaron la posibilidad de modificar el calendario, a pesar que lo solicitaron casi todas las organizaciones políticas. Seguramente aún no hemos visto todos los efectos que esta decisión ocasionará.
Credibilidad del CNE por el piso
De otro lado, lo más grave es la punga de los cinco consejeros, quienes denotan incapacidad de procesar sus diferencias internas y parece que han olvidado que su función principal es servir al país. La crisis institucional impacta en la escasa credibilidad de la gestión del organismo electoral.
Según una encuesta de la firma Cedatos – Gallup revelada a principios de agosto, sólo el 11% de la población confía en el CNE.
Este bajo índice de aprobación ciudadana no ha podido ser revertido por dicho organismo y es probable que no lo logre en el futuro cercano. La misma encuesta afirma que el 95% de la población no cree en los políticos. Un escenario así, solo demuestra la fragilidad de la democracia y del estado de derecho.
Los bemoles del organismo electoral parecen aumentar. Recientemente, la Contraloría General del Estado llamó al CNE a implementar correctivos en el sistema de transmisión y procesamiento de resultados (STPR), poniendo en tela de duda el resultado de las próximas elecciones si se usa el mismo sistema que en el 2019. La Contraloría habla que el CNE no ejecutó sus deberes. El organismo electoral advierte que no le asignan los recursos necesarios. Sobre esto, la función electoral no propuso en la última reforma legal que en el año que se deba realizar elecciones se incluya un monto referencial sobre la base del costo del último proceso electoral. Así la obligación estatal sería la de dotar de recursos suficientes, cada dos años, que se realizan elecciones, y no estar a expensas de la disponibilidad de la caja fiscal, como ocurre actualmente.
Lo citado es un problema del diseño de las elecciones. No existe una planificación concordante con el ciclo electoral.
También, los medios de comunicación dan cuenta del retraso en la ejecución de actividades. Ecuavisa difundió que “de 70 pasos a dar en la organización de los comicios, 29 poseen retrasos sustanciales. Por ejemplo, el monitoreo de la publicidad electoral tiene 126 días de demora. La planificación de la capacitación electoral, 213 días tarde; y el plan operativo de los comicios, 169 días de atraso”.
No podemos olvidarnos de la capacitación electoral, porque el electorado se enfrentará a una nueva forma de votación, esta vez en lista cerrada, algo que cambia la costumbre de los votantes de elegir entre listas. Esto, aún se podrá difundir más adelante.
El voto en el exterior, de los migrantes, también merece atención, puesto que además de los aspectos de la organización electoral, deberá considerarse las regulaciones sanitarias por la pandemia que estén vigentes en cada país, y en cada ciudad inclusive. Esta era la oportunidad para implementar proyectos piloto de otras modalidades de voto, como telemático o por correspondencia.
Los retos
El panorama es gris. No basta repetir como muletilla o mantra sagrado que se cumple la constitución y la ley, porque la ciudadanía percibe aquello como discurso vacío de contenido. Las acciones son las que legitiman la autoridad o producen lo contrario.
Es cierto que promover la democracia no es tarea fácil; hay que tener profunda convicción y decisión para no quedar atrapado en la parafernalia de la ritualidad, olvidando lo medular: garantizar el ejercicio de los derechos políticos que son derechos humanos.
Las elecciones son el mecanismo por el cual se da la alternancia en el poder y el acceso a cargos de representación popular. Su importancia para la democracia no está en duda, mientras que la calidad y limpieza de los comicios se vuelven un reto y objetivo permanente, en constante construcción.
Existen estándares mínimos para la validez de las elecciones – que sean limpias, libres y justas. A éstos se suman otros requisitos, tales como: que la organización sea eficiente, prolija, transparente, entre otros, pero lo fundamental es que el organismo electoral genere confianza y credibilidad en los actores políticos, electores y sociedad en general.
Actualmente la organización de elecciones reviste un reto sin precedentes; la pandemia provocada por el coronavirus “paralizó el mundo” y alteró las actividades en general. Nada es y será igual a lo de antes; la inscripción de candidaturas, capacitación electoral, campaña política, observación electoral, el mismo sufragio y el escrutinio.
Implementar medidas de bioseguridad aumentará el costo de las elecciones, sin duda, lo cual obliga a tener una buena planificación y a innovar sin perder de vista que el proceso debe garantizar legitimidad.
El aumentó de recintos de votación es acertado para evitar aglomeraciones. Está pendiente de resolver cómo se tratará a quienes estén en cuarentena, pero quieran ejercer su derecho; cómo se hará el escrutinio que concentra los veedores y delegados de las organizaciones políticas. Son aspectos que deben empezar a analizarse desde ahora y que dan la posibilidad de implementar proyectos piloto, como voto por correo, voto anticipado, mesas móviles de votación, etc.
La sociedad en general tiene corresponsabilidad y retos compartidos. Por ahora, se hacer imprescindible el control social sobre los organismos electorales para exigir que su accionar sea transparente y eficaz. A la vez, debemos asumir la necesidad de recuperar la educación en valores democráticos y honestidad; es una tarea urgente y de largo aliento.
Lo que resulta evidente es que tenemos derecho a elecciones limpias y justas; los organismos electorales deben garantizar el ejercicio del derecho al sufragio (activo y pasivo); y, además, es un deber cuidar la salud de la población.
La democracia también ha sido afectada por la pandemia del coronavirus; las instituciones estatales reciben mayor presión para que actúen y protejan la vida de las personas; los sistemas de salud pública, seguridad social, servicios de cuidado, están al límite de sus capacidades. Con este escenario, la democracia se torna en un bien valioso de las sociedades. En este contexto, todas las decisiones del organismo electoral deben encaminarse a dotar de legitimidad las próximas elecciones.
Referencia:
[1] La propuesta consistía en que la Función Electoral, mediante reforma de legal, asegure su autonomía administrativa, financiera y organizativa. Por ejemplo, en el año preelectoral podría estar asignada una partida presupuestaria con un monto equivalente al menos al 50% del anterior presupuesto electoral. Al ser norma legal, debe cumplirse, y se garantizaría la ejecución de las actividades del calendario electoral. Este tipo de medidas contribuyen a fortalecer la democracia.
Experto en materia electoral. Es abogado y consultor. Ha sido funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Se ha desempeñado como miembro de misiones electorales de observación electoral; grupos de estudio; docente y miembro de la Asociación Americana de Juristas. Ha escrito artículos y ensayos; brinda capacitación en asuntos político-electorales, democracia y temas jurídicos. Está vinculado a organizaciones sociales y sindicales.
