Desde el retorno a la democracia prevalecieron políticas neoliberales, segunda parte

Desde el retorno a la democracia prevalecieron políticas neoliberales, segunda parte

Isaías Campaña C.

Bucaram hizo todo lo contrario de lo que había prometido en la campaña electoral

En la campaña presidencial de mayo de 1988, cuando disputaba el balotaje Abdalá Bucaram ante Rodrigo Boja, con su discurso mesiánico y maniqueista afirmó “que la elección presidencial es la lucha entre un hijo de Dios y uno del diablo”. Se consideraba el “elegido” para guiar los destinos del país.

El 19 de mayo de 1996, se realizaron las elecciones presidenciales, en las que el candidato Jaime Nebot Saadi del Partido Social Cristiano (PSC) ganó con 27,1% de los votos válidos, frente a Abdalá Bucaram que obtuvo 26,2%. Previo al balotaje, el líder del PRE dijo que ganaría de “Un solo toque”, y el 7 de julio, en contra de todos los pronósticos, triunfó con 54,4% de los votos.

Fuente: Cañar Televisión

Bucaram en la campaña electoral utilizó la tarima para bailar y cantar, acompañado del conjunto musical Los Iracundos del Uruguay. Hacía show y actuaba histriónicamente para entretener a las personas que asistían a los mítines políticos convocado por el PRE.

Con su discurso populista y maniqueista logró seducir y conseguir el apoyo electoral especialmente de los sectores informales y de ingresos bajos de la población, tradicionalmente excluidos de las políticas públicas, “el loco que ama” como se hacía llamar, representaba a “la fuerza de los pobres” y enfrentaba a los más ricos, a la oligarquía.

El 10 de agosto de 1996, en el discurso de posesión, Abdalá Bucaram manifestó:

“… guerra contra la corrupción, firmeza frente a la banca acreedora y reactivación de la productividad… entregar el 30 por ciento del presupuesto del Estado para la educación y… construir 200 mil viviendas populares” (El Universo, 2017).

Uno de los factores que empezó a deteriorar la legitimidad del Gobierno fueron las acusaciones de nepotismo por parte de la oposición. Bucaram nombró a su hermano Adolfo, Ministro de Bienestar Social; a su hermana Elsa colaboradora personal; a su cuñado Pablo Concha, ministro de Economía. Al contrario de lo que dijo en la campaña electoral que enfrentaría a la oligarquía, designó como presidente de la Junta Monetaria al magnate Álvaro Noboa Pontón.

El Primer Mandatario dispuso la reorganización de las aduanas. Sin embargo, las medidas tomadas no eran coherentes con la “modernización” propuesta. “Además, según se comentaba, su hijo Jacobo, que ocupaba un cargo menor en la aduana, dirigía un negocio paralelo de desaduanización ilegal. Se afirmó que había dado una fiesta cuando completó su ‘primer millón de dólares’ de ganancias” (Ayala, 2018).

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, un liberal de línea dura, el 16 de agosto de 1996, llegó al país para asesorar el plan económico del Gobierno. Bucaram convocó a una “cumbre en Salinas”, donde participaron altos funcionarios del régimen y anunció su Programa de Gobierno, cuyo eje central era la convertibilidad del sucre con relación al dólar norteamericano, 1 dólar equivaldría a cuatro nuevos sucres.

En plan establecía la apertura total de los sectores petrolero y eléctrico, un mercado libre y competitivo. Preveía que las actividades de exploración y explotación se concederían y transferían al sector privado, bajo la figura de concesiones, tanto los bloques ya identificados como los factibles de despertar interés de compañías privadas. Adicionalmente, Petroecuador se escindiría en sociedades anónimas de acuerdo a las actividades de transporte de crudo, refinación y de comercialización de productos derivados.

El jefe del Ejecutivo empezó hacer todo lo contrario de lo que había prometido en la campaña electoral. Anunció su firme intención de reducir el peso del Estado en la economía y de privatizar las principales empresas e instituciones del Estado como EMETEL, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En enero de 1997, el Gobierno populista anunció la eliminación de todos los subsidios de los servicios públicos. Se incrementaron los precios de los combustibles, el galón de la gasolina Súper subió de 4.191 a 4.490 sucres, Eco de 3.770 a 4.035 sucres, Extra de 3.576 a 3.830 sucres y Diésel de 2.496 a 2.673 sucres. Una semana después, subieron los precios del transporte urbano. Luego, se fijó en 15.000 sucres el cilindro de gas de uso doméstico (El Universo, 2017).

Las medidas adoptadas por el líder de la “Fuerza de los pobres” provocaron el rechazo de organizaciones sindicales, empresariales, sociales y políticas expresadas en gigantescas movilizaciones en varias ciudades del país.

Abdalá Bucaram anunció el plan de 200 mil viviendas de “Un solo toque”, luego el programa de distribución de leche “Abdalac” que se reveló que era de mala calidad y motivo de corrupción, posteriormente se ofreció entregar gratuitamente a los alumnos la “Mochila escolar” que igualmente derivaría en denuncias de corrupción. La ministra de Educación, Sandra Correa, fue acusada de plagiar su tesis de grado.

Las drásticas políticas de ajuste, el nepotismo, la corrupción en las aduanas y el estilo histriónico de administrar el país agudizó el enfrentamiento con la oposición -Pachakutik-Nuevo País, MPD, Coordinadora de Movimientos sociales-, contribuyó a deteriorar la legitimidad del régimen y fueron el detonante de movilizaciones y protestas sociales masivas.

Fuente: El Comercio

El 5 de febrero de 1997, se estimaba que unos dos millones de personas salieron a las calles en todo el país para exigir la salida de Bucaram. Las violentas manifestaciones llegaron a acorralar al líder del PRE en el Palacio de Carondelet.

El Congreso Nacional en una sesión extraordinaria, haciéndose eco del clamor popular e invocando el artículo 100 de la Constitución, resolvió con 44 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones declarar a Bucaram cesante en sus funciones de presidente por “incapacidad mental”. Luego, los diputados designaron al presidente del Congreso, Fabián Alarcón Rivera, Jefe de Estado Interino.

En marzo de 1997 por excitativa del Fiscal General de Estado, la Corte Suprema de Justicia inició un juicio por peculado a Abdalá Bucaram por los casos de la “Mochila escolar” y de “Gastos reservados”, en el primer caso, por un supuesto sobre precio de 15 millones de sucres en la compra de implementos escolares; y, en el segundo, por un presunto desvío de dinero de la Presidencia de la República por 11 mil millones de sucres. El líder de la “Fuerza de los pobres” tuvo que autoexiliarse en Panamá para evadir la justicia.

Alarcón promovió una Constitución de corte liberal

El presidente Fabián Alarcón asumió el poder el 11 de febrero de 1997. Poco tiempo después, el 25 de mayo, convocó a Consulta Popular con el propósito de elaborar una nueva Constitución, incluyó 13 preguntas y una disposición final. Todas las preguntas fueron aprobadas en el referéndum.

La Asamblea Constituyente elaboró una nueva Constitución de la República de corte neoliberal que promovían las organizaciones políticas de centro derecha y derecha como la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano.

Fuente: Presidentes del Ecuador

La Carta Política establecía que el Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas por medio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos. El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda a los trabajadores será pagado en dinero o en acciones o participaciones, de conformidad con la ley (Art. 31). Este artículo se orientaba a fomentar la cogestión en la administración de las empresas privadas orientado mitigar los conflictos entre empresarios y trabajadores.

En referencia a la educación se da un giro importante con relación a la Constitución de 1978 al limitar la gratuidad hasta el nivel de bachillerato. “La educación pública será laica en todos los niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente” (Art. 67).

El contenido de la Constitución estaba dirigido a consolidar el modelo de “libre mercado”, a través de reducir el tamaño del Estado en la economía, como lo promovían los organismos multilaterales y asignarle un rol más protagónico al sector privado, puesto que se consideraba como el “motor del desarrollo económico”.

El Estado era el responsable de la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. Podía prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley (Art. 249).

La Carta Política eliminó al Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y lo sustituyó por una oficina de la Presidencia de la República que reducía a su mínima expresión sus atribuciones y funciones en el ámbito de la planificación. Disponía que el sistema de planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, con participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que determine la ley (Art. 255).

A fines de 1997 y los primeros meses de 1998, se hizo presente el fenómeno de El Niño que provocó la elevación de la temperatura del mar, lluvias intensas e inundaciones a lo largo de la costa ecuatoriana, particularmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, con efectos devastadores en la producción nacional, destrucción de viviendas y de infraestructura vial, dejando un saldo de 200 víctimas humanas. La destrucción de plantas de tratamiento de agua potable y del sistema de drenaje derivó en la contaminación del agua, lo que a su vez provocó enfermedades como cólera y dengue.

Entre 1997 y 1998, las tasas de interés activas se elevaron de 46,4 a 61,1%, el tipo de cambio aumentó de 4.428 por dólar a 6.825 sucres y la Reserva Monetaria Internacional descendió de USD 2.213 millones a USD 1.739 millones. El PIB en valores corrientes se contrajo de USD 28.147 millones a USD 27.967 millones, el precio Crudo Oriente que se cotizaba en los mercados internacionales se desplomó de USD 15,5 por barril a USD 9,1 y exportaciones bajaron de 5.264 millones a USD 4.203 millones (BCE, 2017).

El legado más importante del gobierno interino de Fabián Alarcón Rivera fue la nueva Constitución de la República de carácter neoliberal y el drástico deterioro de la economía. A pesar de que se incorporó en la Carta Política la participación de los trabajadores en la administración de empresas, el salario mínimo que era equivalente a USD 82 en 1997 se redujo a USD 38 en 1998, la desocupación total subió de 9,1 a 11,5% y la pobreza alcanzaba al 60% de la población.

A Mahuad le estalló la burbuja financiera

El 31 de mayo de 1998, se realizaron las elecciones presidenciales, con la nueva Constitución Política, Jamil Mahuad del Partido Democracia Popular (DP) resultó vencedor con el 34,9% de los votos válidos, seguido de Álvaro Noboa del Partido Roldosista Ecuatoriano que obtuvo 26,6%.

Previo a la segunda vuelta electoral Mahuad recibió el apoyo de los líderes de los partidos Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachakutik, quienes veían con desconfianza el populismo de Noboa. En el balotaje realizado el 12 de julio de 1998, el candidato de la DP ratificó su triunfo electoral con 51,1%.

En la campaña electoral, Jamil Mahuad se pronunció a favor de la “economía social de mercado”, de la paz definitiva con el Perú, reducir el déficit del presupuesto del Estado, incentivar la inversión extrajera y la privatización de las empresas públicas. En lo social, se comprometió a ejecutar un ambicioso plan contra la pobreza que incluía la creación de 900.000 puestos de trabajo en la contratación de obras públicas.

Una de las primeras acciones de Mahuad fue solucionar el conflicto limítrofe con el Perú, para lo cual tuvo varias reuniones con su homólogo Alberto Fujimori. El 26 de octubre firmaron en Brasilia un acuerdo de paz que reconocía la delimitación de frontera trazada por los garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, la que señala las cumbres de la Cordillera del Cóndor, tesis que siempre fue cuestionada por Ecuador.

Entre 1998 y 1999, el precio del Crudo Oriente aumentó de 9,1 por barril a USD 15,1. No obstante, el PIB en valores corrientes se desplomó de 27.967 millones a USD 19.635 millones. El tipo de cambio se disparó de 6.825 por dólar a 20.243 sucres. La inflación subió de 24,2 a 66,7%, lo que deterioró la capacidad adquisitiva las personas de ingresos fijos de la población. Los salarios en dólares cayeron de 38 a 8. La desocupación subió del 11,5 al 14,4% y la subocupación del 42,3 al 58,5% (BCE, 2017).

Fuente: El Telégrafo

Al mes de haber asumido el poder, septiembre de 1998, Mahuad en consonancia con los requisitos establecidos por el FMI, devaluó el sucre en 15%, incrementó las tarifas eléctricas, la gasolina subió un 71% y el gas de uso doméstico pasó de 6.000 a 25.000 sucres el cilindro, medidas que provocaron movilizaciones, paros y protestas por parte de las organizaciones sindicales, sociales e indígenas.

En el Congreso, la mayoría integrada por la DP, PSC y Pachakutik, denominada “aplanadora”, aprobó la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, misma que creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con el objeto de que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada, los depósitos de los clientes estaban cubiertos por el Estado en el 100%. En el mismo cuerpo legal, se aprobó la creación del Impuesto a la Circulación de Capitales en sustitución del Impuesto a la Renta, mentalizado por el diputado Jaime Nebot Saadi (El Telégrafo, 2016).

La Ley General de Instituciones Financieras, aprobada en el gobierno de Durán Ballén, permitió la flotación de las tasas de interés que se ubicaron hasta el 70 y 80%, lo que volvió atractivas para determinados segmentos de la población: personas que vendieron sus renuncias en el sector público, cesantías de jubilados, ciudadanos que ahorraban para comprar una casa, terreno o auto, invirtieron en las instituciones financieras que generaban una alta rentabilidad.

La Ley de Instituciones Financieras facultó la liberalización del crédito para facilitar la circulación del capital. Los accionistas y directivos de los bancos aprovecharon para realizar créditos, hasta el 50% del patrimonio técnico del banco, esto es, los llamados “créditos vinculados”, con lo cual emergió una nueva forma de corrupción. La Ley también autorizaba a las instituciones financieras invertir en bancos off shore sin el control de la Superintendencia de Bancos.

En marzo de 1999 estalló la “burbuja financiera”, miles de personas hacían largas colas a las entradas de los bancos para tratar de retirar sus depósitos. Ante la creciente corrida bancaria Jamil Mahuad decretó un drástico paquete de medidas económicas, que incluían el congelamiento de los depósitos en el sistema financiero durante un año, el incremento del precio de los combustibles, el congelamiento de sueldos y salarios, la eliminación de los subsidios a la electricidad y al gas de uso doméstico y liberalización de la banda de flotación del sucre que generó una mayor devaluación de la moneda nacional.

Además, el Gobierno de la Democracia Popular envió al Congreso una decena de proyectos de leyes que contenían reformas fiscales, tales como el aumento del IVA del 10 al 15%, y otras destinadas a dar luz verde a la privatización general de los servicios públicos, como PACIFITEL, ANDINATEL, INECEL y PETROECUADOR.

Los “paquetazos” económicos originaron el inmediato rechazo de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que se agruparon en el “Frente Patriótico” que llamó a la desobediencia civil y a detener el intento de consolidar el modelo económico neoliberal. Se intensificaron las manifestaciones y protestas masivas en varias ciudades, lo que obligó al gobierno de Mahuad a decretar el estado de emergencia nacional que permitió suspender las garantías constitucionales.

El 17 de marzo de 1999 se realizó una huelga nacional promovida por organizaciones sindicales y sociales que paralizó el país. Luego el 5 de julio, se efectuó la segunda huelga nacional, con oleadas masivas de protestas, convocada por la CONAIE que puso al filo del precipicio al gobierno de Mahuad que estaba en plena negociación con el FMI la concesión de un crédito stand-by de USD 800 millones, recursos que se requerían para el pago de sueldos retrasados de los empleados del Estado (Ortiz, 2001).

Fuente: El Comercio

El Primer Mandatario, 9 de enero del 2000, decretó la dolarización oficial de la economía y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres, moneda que en lo sucesivo funcionaria como simple unidad fraccionaria. Los sueldos y salarios de empleados y trabajadores se desvalorizaron drásticamente, un empleado que tenía de sueldo 100 mil sucres pasó a tener un ingreso de USD 4.

La crisis financiera derivó en la quiebra de 18 bancos, entre los más grandes por sus depósitos estaban el Banco de Préstamos, Previsora, Filanbanco, Pacífico, Banco Popular, Banco del Progreso. El cierre definitivo de este último Banco provocó la marcha denominada “De los crespones negros”, liderada por León Febres-Cordero, quien acusó al gobierno de Mahuad de favorecer a la banca de la sierra y de perjudicar a la de la costa.

El Ejecutivo inició acciones legales en contra de algunos banqueros que administraron en forma irregular los recursos de los clientes. Fernando Aspiazu, presidente y principal accionista del Banco del Progreso, fue encarcelado y desde la prisión reveló que entregó un aporte de USD 3,1 millones a la campaña de Mahuad, hecho que fue el detonante de mayores movilizaciones y protestas sociales. El Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador llamó a la desobediencia civil y a la toma del Poder Ejecutivo.

Roberto Ortiz de Zárate relata:

“Mahuad se negó a dimitir o a revocar el decreto de dolarización, pero el día viernes 21 miles de indígenas y efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios, en inopinada alianza, ocuparon los edificios del Congreso Nacional, la CSJ y la Contraloría General, declararon cesantes los poderes del Estado y anunciaron la formación de una Junta de Gobierno de Salvación Nacional integrada por el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, antiguo edecán de Bucaram y Alarcón, Antonio Vargas Guatatuca, líder de la CONAIE, y Carlos Solórzano Constantine, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia” (Ibídem).

A Mahuad las Fuerzas Armadas le retiraron la seguridad en el Palacio de Carondelet que iba a ser tomado por los manifestantes y en la madrugada del 22 de enero del 2000, el vicepresidente, Gustavo Noboa, fue posesionado como nuevo presidente de la República con el voto de 80 de los 93 diputados presentes.

En julio del 2000, se inicia un juicio en contra de Jamil Mahuad por el feriado bancario y la congelación de los depósitos, luego que el Congreso autorizara procesarlo penalmente en la Corte Suprema de Justicia.

En la última providencia, diciembre de 2011, se ordenó el embargo de los bienes de Mahuad y dispuso su prisión, para lo cual se exigió la localización a través de la Interpol. En la misma providencia, se estima que el costo de la crisis financiera a fines de 2005 sería de USD 6.500 millones y que los recursos destinados al salvataje bancario sumarían USD 8.000 millones.

Gustavo Noboa continuó con las políticas de ajuste

Noboa recibió el apoyo de las élites empresariales, cúpula de las Fuerzas Armadas, partidos tradicionales de derecha y determinados segmentos de la población de ingresos medios. Mientras quienes lideraron la caída de Mahuad como los líderes de la CONAIE y decenas de oficiales fueron arrestados o tuvieron que pasar a la clandestinidad.

El Primer Mandatario reiteró su intención de continuar con las políticas ajuste y reformas estructurales de su antecesor, esto es, consolidar el sistema de la dolarización, incentivar las inversiones extranjeras, ejecutar la política de privatizaciones a fin de devolver la confianza en el país para los mercados financieros internacionales.

Fuente: El Telégrafo

El 24 de febrero, el Congreso con los votos de los partidos Democracia Popular, Social Cristiano y Frente Radical Alfarista aprobaron la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, denominada Trole I, que fue inducida por el FMI, a través de la cual se institucionalizaba el sistema de la dolarización y la privatización de las empresas del Estado en forma irreversible (Ortiz, 2016). Los gremios empresariales apoyaron entusiastamente las reformas estructurales y la supuesta modernización de la economía nacional.

En abril de 2000, Gustavo Noboa firmó su primera Carta de Intención con el FMI, donde se planteaba como metas: recuperar el equilibrio fiscal, disminución de los atrasos en pagos de obligaciones fiscales, eliminación de preasignaciones presupuestarias a consejos provinciales, topes para controlar el endeudamiento público, aumento del IVA, creación de fondo de liquidez. En contrapartida, el país recibiría USD 226 millones en desembolsos del organismo multilateral (El Universo, 2019).

El jefe del Ejecutivo realizó el canje de los Bonos Brady por los Bonos Global que según la Comisión Negociadora generaría un descuento de USD 1.500 millones en cinco años, que significaba una quita del 43%. Sin embargo, según el Decreto Presidencial N° 618 el Gobierno se comprometió a emitir Bonos Global A, a 30 años plazo, por USD 4.500 millones y Bonos Global B, a 12 años, por USD 1.250 millones, que en conjunto sumaba USD 5.750 millones, que comparado con el valor de los Bonos Brady y Eurobonos de USD 6.946 millones significaba un descuento mínimo de 17% (Acosta, 2003).

El canje de los Bonos Brady por los Bonos Global fue duramente cuestionado por varios analistas económicos, puesto que, durante la moratoria de la deuda cerca de un año, varios inversionistas compraron Bonos Brady con descuentos superiores al 50%. Telefónica de México habría adquirido USD 670 millones de Bonos Brady con una deducción del 80% (Ibídem).

En el año 2000, la inflación llegó a 95,9% anual, lo que deterioró la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios de empleados y trabajadores. La desocupación total alcanzó 9% y el subempleo 60,5%. No había fuentes de trabajo, imperaba el pesimismo, se estima que más de medio millón de ecuatorianos emigraron a países como España, Italia, Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.

Para matizar los conflictos sociales el gobierno de Noboa solicitó al Congreso Nacional la amnistía para los oficiales y civiles que estaban arrestados por participar en los acontecimientos del 21 de enero que consiguieron derrocar a Jamil Mahuad, fue aprobada por los disputados el 1 de junio.

En función de los compromisos adquiridos en la Carta de Intención, en diciembre de 2000, el Primer Mandatario decretó sustanciales alzas de los precios de los combustibles, gas de uso doméstico, tarifas de transporte público y anunció el incremento del IVA de 12 al 15%. Las drásticas medidas económicas reactivaron el enfrentamiento entre las organizaciones indígenas y la fuerza pública.

Fuente: AA

Los indígenas bloquearon carreteras, aislaron a varias ciudades, lo que produjo el desabastecimiento de los mercados de alimentos. El presidente Noboa se vio obligado a firmar un acuerdo con la CONAIE en el Palacio de Carondelet para suspender el levantamiento indígena, el incremento del IVA no se concretó.

En 2001, el Gobierno Nacional firmó la segunda Carta de Intención con el FMI, donde se comprometía a poner límites al endeudamiento público y gasto del gobierno, reactivar el pago de endeudamiento externo y adopción de reglas de Basilea (El Universo, 2019).

La decisión del presidente Noboa de privatizar las empresas de telecomunicaciones como Andinatel y Pacifitel y las eléctricas que resultaron de la fragmentación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), causaron fuerte oposición de las organizaciones sindicales y sociales por lo que no generó ningún interés en las empresas extranjeras.

Varios alcaldes denunciaron que algunos funcionarios más cercanos al ministro de Economía exigían coimas para proceder a entregar los recursos que les correspondían para las obras de las ciudades. Carlos Julio Emanuel, ministro de Economía, intempestivamente renunció a su cargo, hecho que se produjo cuando estaba dirigiendo las negociaciones con el FMI para un nuevo crédito stand by.

Poco tiempo después, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Emanuel por un presunto delito de falsificación de documentos públicos, pero inmediatamente se autoexilio en Panamá y manifestó que era un “perseguido político”, el gobierno de ese país le concedió el asilo territorial el 17 de diciembre de 2002.

Entre 2000 y 2002, el precio del Crudo Oriente en los mercados internacionales bajó de 24,9 a USD 21,8 por barril. No obstante, la economía creció a una tasa promedio anual de 3,1%. Las exportaciones subieron de USD 5.056 millones a USD 5.257 millones, la inflación bajó de 95,9 a 12,5%, los salarios subieron de USD 56,7 a USD 138,2, la desocupación total pasó de 9 a 9,2%, subocupación bajó de 60,5 a 53,8% y la deuda pública aumentó de USD 10.987 millones a USD 11.336 millones (BCE, 2017).

La Fiscalía acusó al ex presidente Gustavo Noboa y al ex ministro de Economía, Jorge Gallardo, de peculado y falsificación documental por el pago de honorarios a la firma Salomón Smith Barney de USD 42,6 millones cuando debía cancelar únicamente USD 24,3 millones, lo que generó un perjuicio para el Estado de USD 18,3 millones. La consultora internacional asesoró a la Comisión que creó el Primer Mandatario y presidió el ministro de Economía para el proceso de canje de los bonos Brady por los Global (El Universo, 2004).

Lucio Gutiérrez aseguró no habrá paquetazos económicos, pero una vez en el poder los ejecutó

En las elecciones presidenciales realizadas el 20 de octubre de 2002, Lucio Gutiérrez, líder del Partido Sociedad Patriótica (PSP), en alianza con Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), fue el ganador de la contienda electoral con 20,3% de los votos y en segundo lugar se ubicó Álvaro Noboa del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN).

En la campaña electoral Gutiérrez aseguró que no iba aplicar paquetazos económicos porque “los ecuatorianos no resisten más”. Se comprometió a establecer cadena perpetua para los ladrones que se sustraen los dineros del pueblo, reducción del número de diputados, eliminación del sigilo bancario, hacer la revolución ética, entre otras ofertas.

Fuente: La República EC

En el balotaje realizado el 24 de noviembre de 2002, el coronel en servicio pasivo, Gutiérrez, ratificó su triunfo electoral con 54,7% del total de votos válidos ante el magnate bananero que obtuvo 45,2%.

En el discurso de posesión, 15 de enero de 2003, Gutiérrez en presencia de 1.200 invitados, incluidos 7 jefes de Estado latinoamericanos, manifestó: “O cambiamos al Ecuador o moriremos en el intento”. Recordó que el Ecuador ha votado por un cambio radical de 180 grados porque sin cambios no hay esperanza.

En su discurso eclético y populista dijo: “Si compartir y ser solidario, si combatir la corrupción, la injusticia social y la impunidad, es ser de izquierda, pues soy de izquierda. Si generar riqueza e impulsar la producción, es ser de derecha, pues soy de derecha.”

Reiteró que los cinco ejes de su gobierno eran: como política de Estado lucha contra la corrupción, combatir la pobreza, dar seguridad al país, fortalecer la productividad y la competitividad y una nueva política internacional.

No obstante, a los pocos días el Primer Mandatario y el ministro de Economía, Mauricio Pozo, anunciaron a la nación el “Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano”, que incluía drásticos incrementos de los precios de las gasolinas Súper, Extra y Diésel, la congelación de los salarios en el sector público y sustanciales reducciones en los gastos del Estado. Las medidas estaban orientadas alcanzar un acuerdo con el FMI.

El presidente Gutiérrez y el ministro de Economía, el 10 de febrero de 2003, asistieron a la firma de la Carta de Intención con el FMI, en Washington, entre los compromisos adquiridos por el Gobierno estaban la liberalización de precios, austeridad fiscal, reformas en los ámbitos laboral, tributario y arancelario, pago de la deuda externa, entre otras. En contrapartida, el país recibiría por concepto de créditos USD 205 millones.

Al día siguiente, Gutiérrez se reunió en la casa blanca con George W. Bush y manifestó que Ecuador deseaba convertirse “en el mejor amigo y aliado de Estados Unidos” para combatir el narcotráfico y terminar con otra lacra humana como es el terrorismo. Los dirigentes de la CONAEI y Pachakutik empezaron a cuestionar las decisiones del jefe del Ejecutivo porque estaba enajenando la soberanía nacional y en poco tiempo más romperían la alianza con el Gobierno.

De acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en la Carta de Intención, se preveía reactivar las privatizaciones de las empresas de distribución eléctrica y telefónicas -Andinatel y Pacifitel-, las actividades petroleras y las pensiones jubilares, deducir el número de servidores públicos en un 10% y la masa salarial, el IESS no concedería nuevos préstamos a los afiliados. Como compensación a las medidas, el Ejecutivo decretó un aumento del “Bono solidario” de 11,5 a USD 15 que beneficiaría a los sectores más pobres de la población (ILDIS, 2003).

Al igual que Bucaram, Lucio Gutiérrez nombró a varios integrantes de su familia en cargos importantes del Estado. Roberto Ortiz de Zárate describe:

“De entrada, el presidente colocó a sus tres hermanas: Janeth, a quien hizo su secretaria particular, Paola, a la que nombró coordinadora general del Banco del Estado (BEDE), y Susana, encargada de misión en la Embajada ecuatoriana en Buenos Aires …Napoleón Villa Barragán, coronel retirado de la Policía y cuñado del Presidente de la República, fue designado presidente ejecutivo del Fondo de Solidaridad. Varios familiares de Villa recibieron importantes nombramientos en el Fondo de Solidaridad y en las empresas estatales Petroecuador, Petrocomercial, Petroproducción y Pacifitel, así como en el servicio diplomático” (Ortiz, 2013).

El nepotismo, las políticas de ajuste, el proyecto de privatizar las actividades petroleras, la decisión de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y los presuntos actos de corrupción que salían a la luz pública empezaron a pasarle factura a la legitimidad Gobierno del Partido Sociedad Patriótica.

El diputado socialdemócrata Guillermo Haro denunció la presunta existencia de un tráfico de armas desde los cuarteles a grupos armados de Colombia. En el caso de la Brigada Blindada Galápagos, en Riobamba, donde se produjo un estallido de un polvorín militar que causó 10 muertos y decenas de heridos, según Haro fue un acto deliberado para encubrir una supuesta venta de armas a grupos irregulares de Colombia (Semana, 2003).

En una nota titulada “Se indagan 16 casos de corrupción del régimen” publicada en el diario El Universo, se informaba que el Congreso investiga los casos supuestamente cometidos en la administración del presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, que lleva 16 meses en el poder. Entre los casos investigados estaban:

Los supuestos aportes económicos del presunto narcotraficante, el empresario manabita César Fernández, a la campaña presidencial del coronel Lucio Gutiérrez, que involucró a colaboradores más cercanos del Gobierno y a los familiares del Presidente. Igualmente, los aportes de Marco Velasco Freire, gerente propietario de Megamotors, a la campaña de Sociedad Patriótica, cuyos aportes se sospechaban el origen lícito de los recursos.

Los contratos de provisión de asfalto y diésel entre Petrocomercial y algunos municipios, a cambio de favores políticos. Se entregaron cupos de combustibles a varios municipios y consejos provinciales. Se presumía que los municipios aprovechándose del volumen de combustible asignado, comenzaron a cancelar con diésel las deudas que mantenían con sus proveedores y contratistas, los que fueron ofrecidos a las distintas comercializadoras con una rebaja sustancial al precio oficial.

El gerente general de la regional sur de Petrocomercial, capitán de fragata Jorge Fierro Luna, fue acusado de cobrar coimas a los proveedores de la empresa de petróleo. Los denunciantes señalaron que las coimas iban a favorecer al Primer Mandatario y a su secretario de la Presidencia, Carlos Pólit.

Las supuestas irregularidades que se habrían cometido en el Banco del Estado al conceder un anticipo de 35.201 dólares a Paola Gutiérrez, hermana del Mandatario, coordinadora general del BEDE, sin que haya cumplido requisitos mínimos y además sin entregar garantías (El Universo, 2004).

Con el objetivo de acaparar la influencia política y con el pretexto de despolitizar la Corte Suprema de Justicia y los tribunales Electoral y Constitucional, el 9 de diciembre de 2004, Gutiérrez ayudó a conformar una mayoría parlamentaria integrada por el PRE, PRIAN, MPD e “Independientes”, bloque que nombró una Corte Suprema de Justicia, encabezada por Guillermo Castro, llamada irónicamente “Pichi Corte”, quien inmediatamente anuló los procesos judiciales que se seguían en contra de Abdalá Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa.

Los partidos tradicionales reiteradamente trataron de controlar la administración de justicia –CSJ, TSE, TC-, porque ahí se deciden las impugnaciones tributarias, la inscripción de candidatos, elección de autoridades de los organismos del Estado, los casos de corrupción, ya sea mediante acuerdos políticos, por desidia de los operadores de la justicia o por complicidad. Esta disputa ha sido una constante en los últimos años, no se nombra jueces probos sino funcionarios que responden a intereses de grupos políticos y explicaría el hecho de que muchos casos de corrupción han quedado en la impunidad.

El presidente Febres-Cordero desconoció la Corte Suprema de Justicia nombrada por el Congreso el 8 de octubre de 1984 y dispuso que la fuerza pública, utilizando tanques, impidiera el ingreso de los jueces al Palacio de Justicia.

En la visita de Gutiérrez a Abdalá Bucaram en Panamá, se concretó un acuerdo denominado el “Pacto de las Guayaberas”, lo que permitió el retorno de Dahik, Bucaram y Noboa, hechos que motivaron crecientes movilizaciones y protestas de diversos sectores sociales y políticos.

Fuente: Cuarto de Hora

El 20 de abril de 2005, el movimiento de los “forajidos”, que estaba liderado por miembros de la clase media, estudiantes, empresarios, organizaciones sindicales y políticas, exigían la salida inmediata de Gutiérrez del poder. Las masivas y violentas manifestaciones realizadas en Quito determinaron que las Fuerzas Armadas dieran la espalda a Gutiérrez y el Congreso con el voto de 62 de los 100 diputados declaró la vacancia presidencial por “abandono de cargo”, y acto seguido procedió a nombrar al vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo presidente de la República.

Los fieles partidarios del coronel veían desvanecer sus esperanzas de cambio. Las incoherencias entre las ofertas de campaña electoral y la ejecución de las políticas de ajuste, el nepotismo, los casos de corrupción y el proyecto de controlar la Corte Suprema de Justicia, derivó en su estrepitosa caída.

Entre 2003 y 2004, la economía registró una tasa de crecimiento de 8,2%, atribuida al incremento sustancial de las exportaciones de petróleo que subió de 2.606 millones a USD 4.233 millones, determinado, a su vez, por la entrada en operaciones del nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El Crudo Oriente que se cotizaba en los mercados internacionales aumentó de 26,2 por barril a USD 32,2. La inflación bajó de 7,9 a 2,6%. Los salarios subieron de 158 a USD 166. El desempleo bajó del 11,5 al 8,6%. Sin embargo, la subocupación total se mantuvo en el 54% de la Población Económicamente Activa (Banco Central, 2017).

BIBLIOGRAFÍA

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Ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.

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