Los muertos y la protesta social

Los muertos y la protesta social

Víctor Hugo Ajila

En estos días una nueva polémica ocupa espacio en la opinión pública. Se trata de las inconsistencias en el número de muertos derivados de las protestas sociales de octubre pasado.

Las dudas surgen por las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo que han sido objetadas por la Ministra de Gobierno, especialmente en el caso del aún no comprobado fallecimiento del ciudadano José Rodrigo Chaluisa. Por otra parte, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también menciona un número de fallecidos, fue calificado por el gobierno como “parcial y poco objetivo”[1] e inclusive la Cancillería ecuatoriana habla de “omisiones e incumplimiento de la CIDH”[2]

De comprobarse que la Defensoría del Pueblo emitió un informe a la ligera, es una falta mayor por parte del responsable y de los funcionarios de esa institución, porque demuestra que realizan su trabajo de manera poco prolija y sin la acuciosidad necesaria.

En este sentido, es importante conocer la verdad; es un derecho. Pero la supuesta falla de la Defensoría del Pueblo no puede hacernos perder la perspectiva de la protesta social y lo que acontece o aconteció en el Ecuador.

La polémica que ha surgido sobre el número de fallecidos en la protesta no invisibiliza los hechos ocurridos, ni el descontento social. No se puede confundir el derecho a la protesta con responsabilidades concretas que puedan tener determinadas personas que participaron en ellas o las promovieron. La protesta social es un derecho. Otro análisis merece las causas que provocaron las movilizaciones y el contexto en que éstas se desarrollaron.

Fuente: Diario octubre

A su vez, cuestionar por parte del gobierno el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamándolo “parcial y poco objetivo”[3] es pretender echar una cortina de humo sobre lo que realmente ocurrió en octubre de 2019. Veamos algunos aspectos del informe de la CIDH:

  1. La Comisión señala que las autoridades “desarrollaron una narrativa de “terroristas”, sin distinción alguna para calificar así a los manifestantes[4]”.Esta observación es importante porque significa, en principio, desconocer en sí mismo la protesta social como derecho de la población. Distinto hubiera sido señalar que en el marco de la protesta social se produjeron hechos vandálicos.
  1. Dice el informe que “…las medidas económicas adoptadas por el Decreto Nº 883 carecieron antes de su adopción de un proceso de consulta ciudadana ni evaluación de impacto en términos de progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que pudieran verse afectados, tomando en cuenta los compromisos y estándares internacionales vigentes para Ecuador, en el marco de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos[5]”. Esto también es verdad porque no hubo un proceso de diálogo social encaminado a generar consenso sobre una medida económica de alto impacto.
  1. Señala también la CIDH que “condena todos los tipos de violencia y recuerda que el Estado tiene el deber de investigar los hechos de desmanes, incendios, saqueos, secuestros y actos de destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, en especial cuando han resultado personas heridas durante los mismos[6]”.Por tanto, es importante observar que en el mismo Estado descansa la obligación de dar con los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas y juzgarlos y sancionarlos respetando el debido proceso. Esto incluye la retención de policías, vejaciones que pudieron sufrir agentes del orden público especialmente mujeres, destrucción de bienes públicos, impedimento a la labor de organismos de socorro, paso de ambulancias, etc.
Fuente: Metro Ecuador
  1. En este sentido, da cuenta el informe que “La Comisión y su Relatoría Especial instaron a las autoridades, a través de un comunicado emitido el 9 de octubre, a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población[7]
  1. El informe también Identifica la posible “Violación al derecho a la libertad de expresión y asociación[8] puesto que existió desinformación de lo que ocurría por la actuación sesgada de algunos medios; además, da a entender que no se justifica plenamente por qué algunos medios dejaron de transmitir, o las posibles restricciones de acceso a la red de internet.
Fuente: Prensa latina
  1. Sobre los casos de actuación violenta de los agentes del Estado, la “CIDH recuerda que el derecho a la integridad personal no solo comprende la obligación estatal negativa de no infringir sufrimiento a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sino que además exige proteger y preservar tal derecho[9]”.Asimismo, “La CIDH (…) destaca que la integridad personal forma parte del núcleo inderogable de los derechos no susceptibles de suspensión enlistados en el artículo 27.2 de la Convención”. Sobre el uso de la fuerza, en el informe se menciona que “por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH la concibe como “un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal[10]”.
  1. La “Comisión Interamericana concluye que la reacción violenta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones sería la causa principal del alto número de personas heridas.

    Como consecuencia de ello, la CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana”.
  1. Sobre el número de fallecidos dice: “Asimismo, frente a la discrepancia de las cifras de víctimas fatales, la CIDH recuerda que es en el Estado en quien recae la obligación de garantizar a sus familiares el acceso a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos. A su vez, en estos casos, el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos[11]”.

Queda claro que el informe habla de las obligaciones del Estado, por los propios actos de sus agentes; así como también por los actos de personas civiles en el contexto de la protesta social.

No se puede soslayar la responsabilidad estatal en el manejo de las protestas, tanto en no medir de manera suficiente las causas que motivaron las expresiones de descontento de la población; así como en las acciones para contenerlas o dispersarlas, y en la posterior investigación y juzgamiento de hechos delictivos que pudieron darse en ese marco.

Resulta irresponsable establecer quién es bueno o malo porque eso es maniqueísmo. Tampoco es responsable juzgar la violencia con doble criterio; la violencia es condenable sin importar quien la ocasiones porque afecta derechos humanos y es más condenable todavía si proviene de los agentes públicos encargados de garantizar y proteger la vida, integridad personal y demás derechos. El más alto deber del Estado es garantizar el goce y vigencia plena de los derechos humanos. No podemos perder esa perspectiva.

Referencia:

[1]https://confirmado.net/2020/01/27/ecuador-dice-que-informe-de-la-cidh-sobre-protestas-es-parcial-y-poco-objetivo/

[2]https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/24/nota/7706739/ecuador-senala-omisiones-e-inclumplimiento-cidh-su-informe-sobre

[3]https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/01/24/gobierno-considera-parcial-y-poco-objetivo-informe-de-cidh-sobre-protestas/

[4]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[5]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[6]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[7]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[8]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[9]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[10]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

[11]http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

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Experto en materia electoral. Es abogado y consultor. Ha sido funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Se ha desempeñado como miembro de misiones electorales de observación electoral; grupos de estudio; docente y miembro de la Asociación Americana de Juristas. Ha escrito artículos y ensayos; brinda capacitación en asuntos político-electorales, democracia y temas jurídicos. Está vinculado a organizaciones sociales y sindicales.

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