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Reformas electorales: lo que se aprobó y lo que quedó en el tintero.

Víctor Hugo Ajila Mora

La Asamblea Nacional aprobó recientemente una reforma a la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia, a la cual el Presidente de la República la vetó parcialmente. Los aspectos más importantes de esta reforma electoral son:

  • En cuanto al sistema electoral: cambio al método Webster para asignación de escaños; votación en listas cerradas; debates obligatorios entre candidatos presidenciales, prefecturas y alcaldías.
  • Financiamiento público a las organizaciones políticas: 70% se destina a formación y el 30% a funcionamiento de la organización.
  • Control del gasto electoral, se refiere límites a los aportes privados, obligación de justificar la licitud de fondos en montos mayores a USD 10.000,00; implementar un sistema contable para control y transparencia; responsabilidad solidaria entre el responsable económico y el candidato. El CNE debe crear un sistema para recabar información sobre financiamiento político y reportará al SRI, UAFE, Contraloría, Fiscalía y TCE en caso de detectar incumplimientos. También el CNE debe difundir en su página web la información contable de las organizaciones políticas.
  • Sobre el fondo de promoción electoral, estimula las alianzas electorales asignándoles mayores recursos; dispone el reintegro de los fondos no utilizados o no justificados al CNE; se financiará la campaña en medios digitales además de la prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias. El gasto en publicidad de las instituciones públicas será igual al promedio mensual del año anterior a la convocatoria a elecciones.
  • Se eliminan las juntas intermedias de escrutinio; el voto en el exterior podrá ser electrónico, telemático o por correo.
  • En cuanto a la participación, el 50% de listas pluripersonales deben ser encabezadas por mujeres con criterio de progresividad: 15% en el 2021 hasta alcanzar el 50% en el 2025; participación de jóvenes en el 25% de listas pluripersonales.
  • Organización del proceso electoral: clarifica el período electoral para el CNE y el TCE; dispone la creación del registro electoral pasivo para quienes no han sufragado en cuatro procesos; las organizaciones políticas pueden obtener personería jurídica hasta 90 días antes de las elecciones.
  • Respecto a la justicia electoral, la reforma introduce reglas al procedimiento contencioso electoral, como plazos y términos; causas de excusa y recusación de jueces electorales; elimina el recurso ordinario de apelación por el recurso subjetivo contencioso electoral.

Fuente: NewsLocker

Para ejercer sus derechos, la ciudadanía debe conocer estas nuevas reglas que modifican las distintas fases del proceso electoral y la administración de justicia electoral.

No obstante, a pesar de la importancia de lo aprobado, también es pertinente decir que la reforma no abordó aspectos estructurales que podrían fortalecer el sistema democrático y la gobernabilidad, tales como: la creación de la carrera electoral para profesionalizar a los servidores electorales; tampoco se dotó a los organismos electorales de reales capacidades para ejecutar su presupuesto y administrar el talento humano según las características, necesidades y tiempos propios del ciclo electoral, y así, dejar de estar supeditados al Ejecutivo.

No se estimula las alianzas políticas de mediano y largo plazo más allá de la participación electoral, esto podría mejorar la gobernabilidad y que exista una planificación pública más efectiva y enfocada al cumplimiento de objetivos nacionales.

Fuente: Primicias

Finalmente, una vez que se publiquen las reformas legales en el Registro Oficial, con lo cual entrarán en vigencia, el CNE y el TCE deberán desarrollar los reglamentos y sistemas para aplicarlas; especialmente el Consejo Nacional Electoral tendrá una mayor responsabilidad que esperamos la cumpla con eficiencia, simplificación, unificación, transparencia, publicidad, criterio de progresividad porque debe garantizar los derechos de participación, y permitir la participación de las organizaciones políticas por ser los destinatarios de tales normas; aspiramos a que se supere la práctica de “crear dificultades para ofrecer facilidades”.

Por su parte las organizaciones políticas están llamadas a asumir un rol protagónico en esta fase, desde socializar los cambios normativos hasta realizar capacitación interna, presentar propuestas de reglamentos y estar vigilantes del proceso.

A la ciudadanía le corresponde también activarse mediante mecanismos como las veedurías, y en general, acompañar el proceso, porque la democracia es construcción colectiva y permanente que nos concierne a todos.

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Víctor Hugo Ajila
Víctor Hugo Ajila
Experto en materia electoral. Es abogado y consultor. Ha sido funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Se ha desempeñado como miembro de misiones electorales de observación electoral; grupos de estudio; docente y miembro de la Asociación Americana de Juristas. Ha escrito artículos y ensayos; brinda capacitación en asuntos político-electorales, democracia y temas jurídicos. Está vinculado a organizaciones sociales y sindicales.

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