Valeska Chiriboga Escobar
Políticamente, el 2019 fue un año de movilización social, alcance de derechos, pero también de represión y criminalización de la protesta. A través del pronunciamiento de la Corte Constitucional, se alcanzó el matrimonio igualitario en junio del año pasado. Una victoria importante en materia de derechos y una deuda histórica con el movimiento LGBTI+. Por otro lado, las políticas de corte neoliberal impulsadas por el gobierno de Moreno desencadenaron una movilización social que terminó en un paro nacional en el mes de octubre. Esta movilización liderada principalmente por el movimiento indígena no sólo fue una importante muestra de la voluntad del pueblo, también quedó al descubierto la nula tolerancia del actual gobierno en la construcción de políticas públicas participativas y plurales.
Basados en un discurso xenofóbico y de discriminación hacia el movimiento indígena y, de manera general, hacia la oposición, la represión y criminalización de la concentración popular fueron las respuestas de las autoridades hacia el pueblo.
Mucho se puede hablar de las acciones políticas por parte del gobierno a lo largo del año, sin embargo, de manera negligente quienes han quedado en último lugar en la agenda política del Estado hemos sido las mujeres.
El 2019 fue el año donde, una vez más, el avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fue negado. La lucha por alcanzar la despenalización del aborto en casos de delitos sexuales estuvo liderada por organizaciones y colectivos de mujeres, e involucró un arduo trabajo de concientización y sensibilización, estrategia política, y activismo.
La Asamblea Nacional hizo caso omiso a las cifras alarmantes de embarazo adolescente y abuso sexual; el resultado fueron 65 votos de los 70 que necesitaba la reforma para aprobarse vía legislativa.
Con esto, una vez más se condenó a las mujeres a una maternidad forzada, y consecuentemente, a morir en la clandestinidad. Una vez que pasaron por la Asamblea, el paquete de reformas al COIP fueron enviadas al ejecutivo, el mismo que realizó una objeción por inconstitucionalidad. Esta objeción no resultó la vía idónea para que la Corte Constitucional pueda pronunciarse con respecto a la despenalización del aborto en casos de delitos sexuales, puesto que nunca existió verdadera voluntad política con la realidad de las niñas y mujeres ecuatorianas.
Un nuevo año comienza y las políticas de precarización de la vida de mujeres se mantienen. El panorama al que nos tenemos que enfrentar las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas es tenebroso: no hay presupuesto para nosotras.
El presupuesto para la implementación de la política de prevención de embarazo en niñas y adolescentes se redujo en un 100% para el año 2020, y el presupuesto para implementar la política de prevención de violencia contra mujeres se redujo en un 84% para este mismo año.
En un país donde diariamente se presentan 42 denuncias de violación o agresión sexual, donde más de 2.000 niñas menores de 14 años al año son obligadas a parir, donde cada 3 días una mujer es víctima de feminicidio, estas reducciones de presupuesto no sólo son vergonzosas sino también contradictorias con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en erradicación de violencia y prevención de embarazo adolescente.
Este 2020 también es el año en donde la mayoría de partidos políticos y candidatos comenzarán con fuerza su campaña hacia las elecciones presidenciales del 2021. Sin duda las exigencias y las deudas para con nuestros derechos constitucionales no han logrado ser respondidas ni escuchadas por ningún político de turno, y desde el movimiento feminista estaremos atentas frente aquellos oportunistas que nunca jamás les ha importado la agenda política de nuestros derechos, pero con tal de adquirir un par de votos, son capaces de subirse a cualquier tarima o desde cualquier plataforma a hablarnos de lo que ellos consideren conveniente.
Las mujeres no somos una cuota más dentro de agendas politiqueras, nuestros derechos constitucionales deben ser garantizados y no responden a intereses partidistas o clientelares.
Desde el gobierno central no ha existido ningún interés en garantizar la vida digna de las niñas y mujeres ecuatorianas, al contrario, desde los canales oficiales del Estado se habla abiertamente de la reducción de presupuestos para varios sectores como la educación, salud, prevención, entre otros. Un gobierno que orgullosamente se jacta de la austeridad y de la importancia de reducir el gasto público, ya que, según ellos, así debería funcionar la economía. Hablar de austeridad significa reducción de servicios básicos, reducción de presupuesto para las universidades, de eliminación de servicios fundamentales garantizados como derechos.
Un gobierno de corte neoliberal que, amparado en las políticas draconianas impuestas por instituciones como el FMI, que con sus recetas de austeridad sólo ponen en desventaja a quienes se encuentran en lo más bajo de la pirámide social, y que irónicamente, son los que sostienen la economía de este país.
La austeridad mata, y quienes siempre terminamos poniendo el cuerpo, simbólica y físicamente frente a esto, somos las mujeres.
Para este nuevo año esperamos que la Corte Constitucional no siga los mismos pasos de la Asamblea Nacional en dar la espalda a la realidad de las miles de niñas y mujeres ecuatorianas víctimas de violación. Esperamos que, a través de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones feministas, se logre un pronunciamiento positivo y que la vida digna de las ecuatorianas no sólo permanezca en discursos, sino que pueda verse realizada en políticas efectivas de justicia social como lo es la despenalización del aborto como un mínimo indispensable en casos de delitos sexuales.
Asimismo, a los políticos de turno les decimos que nunca hemos esperado nada de ustedes, pues no los necesitamos. Cada derecho que gozamos hoy en día las mujeres ha sido peleado por nosotras mismas, poniendo el cuerpo, y a veces, hasta la vida misma.
Las colectivas feministas, organizaciones y mujeres de sociedad civil, seguiremos siempre en las calles reclamando lo que constitucionalmente nos corresponde. Frente a la reducción de presupuesto para la prevención de violencia y embarazo adolescente, el gobierno actual tiene la obligación de ejecutar políticas en favor de las mujeres. Es irresponsable y hasta negligente que las mujeres y niñas seamos condenadas por el mismo Estado a vivir en la precariedad y pobreza.
Las mujeres que defendemos no solamente nuestras vidas sino las de nuestras hermanas, hijas, madres, amigas, seguiremos en resistencia. Desde nuestros espacios, vamos a politizar nuestras denuncias, exigiendo y marchando.
Desde Guayaquil, seguiremos en cada plaza, exigiendo a las autoridades locales las garantías no sólo a nuestros derechos sexuales y reproductivos sino también a la libre toma de los espacios públicos, los mismos que, desde una política conservadora y patriarcal se nos ha venido privando con garrote.
Que este 2020 y los años que vienen sea el tiempo de las mujeres, sujetas políticas y ejecutoras de nuestras propias historias, la marea feminista hoy más que nunca continúa y las mujeres ecuatorianas estaremos organizadas por nuestro derecho a decidir, a vivir una vida digna, siempre con alegre rebeldía. ¡Que sea un 2020 feminista!
Guayaquileña, feminista, activista por los DDHH, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, integrante del colectivo Aborto Libre Guayaquil.
