La política no siempre estuvo suavemente coloreada de memes, posts y tweets. Esto lo saben bien los comunistas, los sindicalistas, los anarquistas, las feministas, los estudiantes y campesinos; así como cualquier movimiento o partido que haya actuado por medios proscritos para conquistar un futuro para las próximas generaciones. Los costos de las luchas fueron siempre altos: exilio, represión, prisión, tortura y muerte. Esto lo saben mejor unos movimientos y partidos que otros. Es la lucha de clases el motor de la historia, y la historicidad ese sentido a que se dirige el futuro en permanente conquista.
Sin embargo, la política no solo se manifiesta por medio de la lucha. La corrupción y la impunidad han enraizado en las instituciones democráticas hasta el punto de contradecir el Estado de derecho o rule of law, configurando una democracia disfuncional.
Tanto en el Perú, como en el Ecuador, hay quienes eligieron abandonar la lucha del pueblo y venderse al mejor postor, haciendo de la política y del poder su fuente de riqueza, sirviéndose del Estado para favorecer a los suyos y pagar favores. Se trata de democracias precarias en las que no solo se agudiza la desigualdad económica; sino que además los segmentos sociales con más recursos económicos acumulan también mayores recursos políticos. Es decir, el crecimiento de la desigualdad económica se traduce en mayor desigualdad política y los recursos políticos acumulados son empleados para el enriquecimiento, conduciéndonos a un retroceso en el proceso de democratización que se traduce en la formación de democracias oligárquicas en que la ciudadanía existe mínimamente y solo como electorado.
El actual gobierno del Perú que dirige Martín Vizcarra –quien asumió como presidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, sobre el cual se acaba de dictar tres años de prisión preventiva– ha encontrado una solución de gobernabilidad en lo que denomina la lucha contra la corrupción, a partir de lo cual Alberto Fujimori, su hija Keiko Fujimori y todos los ex-presidentes peruanos de la post-transición del 2001, enfrentan procesos judiciales por corrupción o lavado de activos. Sin embargo, debe reconocerse que esta situación sui generis se debe a que las luchas están dirigiéndose a contrariar la impunidad –que complementa el modus operandi de la corrupción–, exigiendo el castigo que les impone a los corruptos el principio de igualdad ante la ley.
La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fue un partido de cuadros importante en Perú durante el siglo XX, cuyos militantes sabían a qué se enfrentaban si es que eran capturados cuando se oponían a las dictaduras militares de entonces. Sin embargo, otro es el APRA de Alan García, y otra es la respuesta que ofreció al encarcelamiento, castigo que enfrentaron no solo muchos apristas en el siglo XX; sino también, algunos otros en estas últimas décadas por juicios de corrupción similares.
El suicidio del líder aprista Alan García (expresidente de 1985-1990 y 2006-2011) justo antes de ser detenido preventivamente como parte de los procesos judiciales que enfrenta por corrupción, ha abierto una disputa simbólica que excede las razones y motiva múltiples interpretaciones sobre el acto, pero además ha logrado interpelar a muchos peruanos que legitiman la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El APRA, el fujimorismo y sus aliados de la prensa, además de aplicar una estrategia de victimización, lo que buscan es remover los alineamientos morales y la ética que se construye por la indignación de la ciudadanía y la lucha del pueblo contra la impunidad. Hoy es cuando todos quienes se atreven a luchar, deben sentirse orgullosos de sus principios y ser consecuentes.
El suicidio de Alan García no es más que un vil escape a un proceso judicial del que se sabía culpable, y constituye el último recurso de impunidad que lo exime de presentarse a juicio como cualquier otro. Pero esto no lo eximirá jamás del juicio de la historia, Alan García eligió morir como un corrupto porque no tenía forma de resarcir sus actos, su historia estaba manchada por su propia mano y el APRA no podía blindarlo más.
Politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2004-2011) y Maestro en Sociología Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Ecuador (2016-2018). Sus investigaciones han abordado la fragmentación de la protesta política peruana de la post-transición y el cambio de escala del conflicto anti-minero en Cajamarca – Perú. Actualmente, elabora un estudio de caso sobre la repolitización del campesinado en contextos marcados por la contienda minera en Cajamarca para optar por el grado de Maestro en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador (2019-2020). Es investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos y miembro del Comité editorial de la Revista Andina de Estudios Políticos (ISSN: 2221-4135). Colabora como columnista en la plataforma de análisis político Vamos Pueblo (Perú) y es activista del colectivo Surco Común (Ecuador).
