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Entrevista Efrén Guerrero Salgado

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado (PUCE). Máster en Protección de Derechos Humanos (Universidad de Alcalá). Doctor en Gobierno y Administración Pública (Instituto Ortega y Gasset, y la Universidad Complutense de Madrid). Decano de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Como decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), ¿cuáles son sus principales objetivos y desafíos?

Hay que tener presente que con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior, y toda la parafernalia reglamentaria existente en el país, el rol del Decano ha pasado de ser una figura de planificación interna, a ser un gestor estratégico de largo plazo; y recae en sus hombros la planificación de comunidades de conocimientos centrada en: la docencia (dar clases, con niveles de calidad importante); la investigación (generación de conocimientos); y, la vinculación con la colectividad (la generación de transferencia de tecnología e innovación). Mi objetivo actual es la puesta en marcha de un programa de actualización y reforma programática en los procesos y resultados en la Facultad de Jurisprudencia. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es una Universidad importante y tradicional, y como tal, debe ser capaz de marcar las pautas en la construcción de mecanismos de educación jurídica en el país; y espero estar a la altura del legado que pesa sobre mis hombros y las esperanzas de los estudiantes y sus familias.

En este sentido, ¿cuál es el rol que tienen que desempeñar las carreras de derecho en un Estado constitucional de derechos y justicia? ¿Cuál es el rol de la academia en un contexto de reinstitucionalización del Estado?

El Derecho es, sin ninguna duda, la herramienta más poderosa para institucionalizar cambios sociales estratégicos. En ese orden de cosas, las carreras de derecho no pueden ser un instrumento de mantenimiento de un statu quo; sino, un mecanismo de sostenimiento de los valores republicanos y democráticos: imperio de la ley, gobierno limitado, respeto a las funciones públicas, y protección de la libertad de los sujetos. En el caso ecuatoriano, nuestra Constitución nos brinda la oportunidad de verla a través de herramientas éticas singulares: los derechos humanos como eje transversal de la acción social.

Entonces, las Facultades deben impulsar la puesta en vigencia de la mayor cantidad de libertades a la mayor cantidad de personas posible, en particular de aquellos que han sido históricamente excluidos, celebrando las diferencias y volviendo a la enseñanza del Derecho, un guardián de los valores que deben sostener las reglas del juego social.

El Ecuador afronta actualmente un proceso de reinstitucionalización producto de la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, ¿cómo evalúa usted el trabajo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio? ¿Cree que se han cumplido las expectativas de la ciudadanía?

Considero que ese tema se deberá analizar desde los resultados. La confianza acumulada en el CPCCS-T solo podrá evaluarse en el contexto de las decisiones de los funcionarios por ellos nombrados. Ahí se puede medir y analizar la «reinstitucionalización» prevista en el mandato ciudadano de la Consulta Popular.

Diana Salazar fue designada como Fiscal General de la Nación, ¿cuáles considera usted que deberían ser los ejes fundamentales de su trabajo?

La Fiscal General tiene una responsabilidad inmensa sobre sus hombros: la construcción de un ambiente que elimine la percepción generalizada de impunidad existente en el Ecuador, frente a amenazas a la seguridad como es el caso del crimen organizado, la violencia ciudadana, y los nuevos y elaborados mecanismos delictivos (como la trama Odebrecht). Por tal razón, sus ejes deben ser: la independencia total en su acción, el litigio técnico en la investigación preprocesal y procesal penal, y la transparencia en sus acciones. Ese sería un buen comienzo en su actuar.

Otra de las recientes designaciones es la de los nuevos jueces constitucionales, ¿qué opinión le mereció este proceso?

Creo que debe entenderse que la Corte Constitucional es el espacio jurídico de mayor importancia en el país: busca garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico mediante la identificación y eliminación de cualquier incompatibilidad normativa entre normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico; a través de fallos que son de obligatorio cumplimiento, por ser el interprete auténtico de la Constitución.

Creo que el proceso de selección llevó a los mejores exponentes del Derecho Constitucional al estrado, y fue elegida por una Comisión de muchos de los mejores abogados ecuatorianos de la actualidad.

Confiemos que las decisiones tomadas sean las correctas y construyan una Corte potente, técnica e independiente.

Una primera prueba de fuego de la Corte Constitucional es el matrimonio civil igualitario. La comunidad LGBTI sostiene que está en juego la progresividad de los derechos humanos. ¿Cuál es su análisis sobre la materia?

Considero que el proceso del matrimonio igualitario mostrará las fortalezas de la Corte Constitucional de entender al sistema jurídico como una opción contra-mayoritaria: las normas no están diseñadas únicamente para toda la población; sino para proteger el acceso de derechos a cualquier minoría histórica. Eso sí, debe armonizarse el sistema jurídico para evitar distorsiones, y generar elementos de carácter pedagógico que muestren una visión comprensiva de la sociedad, inclusive de aquellos que se oponen a las decisiones judiciales.

Precisamente, otro de los debates que ha despertado interés en la sociedad, respecto a la garantía de derechos, es la despenalización del aborto en casos de violación, ¿qué opinión tiene al respecto?

El aborto es uno de aquellos «wicked problems» que cunde en el sistema público: a) no son situaciones que sean fáciles, sino que ponen a prueba el núcleo duro del sistema social; b) no tienen una solución que satisfaga a todos; y c) independientemente de la solución que vaya a tener, generará un pasivo social, en la forma de amplias poblaciones insatisfechas con el resultado. Con estos antecedentes, despenalizar el aborto no es la respuesta; sino establecer con claridad en qué casos y bajo qué circunstancias puede existir una interrupción del embarazo, asegurando la protección equilibrada de todos los sujetos involucrados en la relación jurídica.

Por otro lado, no se puede negar que existe una protección jurídica de la vida desde la concepción, y un sector social que reclama que frente a ese argumento, existan normas menos permisivas que las explicadas más arriba. Esas voces deben sentarse con aquellos que reclaman posiciones contrarias y dialogar para llegar a puntos de acuerdo. Probablemente sería un proceso tortuoso y de concesiones sociales y políticas importantes; pero es innegable que el equilibrio es la única posición social que sobrevive y construye civilización.

¿Cómo mira usted la posibilidad de que el gobierno declare en emergencia la seguridad y atención a las mujeres?

Creo que el país asiste a la visibilización de que el cuerpo de las mujeres ha sido objeto histórico de propiedad, de expolio y de conquista; de que hay estructuras sociales ancladas en visiones misóginas que contribuyen a aumentar una alarmante tasa de femicidios, violaciones colectivas y en general, de un entorno contrario a los derechos de la mujeres. Eso debe cambiar, con el fin de contar con una sociedad en la que se pueda vivir.

Considero que es el reto trascendental del Siglo XXI: una revolución global y silenciosa sobre el cuerpo, el género y los afectos. El Estado no puede actuar con sordera; sino que debe construir entornos que disminuyan la violencia y aumenten mejores espacios de convivencia.

En la misma línea de debate sobre DDHH, ¿cuál es su análisis frente a los actos de xenofobia que aún suceden en diferentes ciudades del país, luego del femicidio de “Diana” en Ibarra?

Es la consecuencia natural del abismo moral en el que vivimos. La crisis no es a causa de los venezolanos. La crisis se produce porque Ecuador no puede soportar «al otro», al «diferente», a quien «no es de nuestro grupo». En ese orden de cosas, vivimos una crisis de alteridad, que está carcomiendo nuestra capacidad de sobrevivir como grupo humano. En el caso de los actos infames sucedidos en Ibarra, hay dos  reflexiones: a) nunca se ha judicializado aquellos actos, a pesar de que los rostros y voces de quienes azuzaban esos lamentables sucesos están filmados y expuestos en Internet; y, b) no se dio una disculpa por parte del Estado.

Ecuador eliminó la petición de antecedentes penales apostillados para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país. ¿Desde el ámbito de derechos humanos, cómo se analiza esta resolución?

Dado que como abogado, participé en el citado proceso, simplemente manifestaré una posición jurídica. La Corte Constitucional del Ecuador, consonante con el ordenamiento jurídico internacional, reconoce el derecho a migrar, en atención a la natural vocación del ser humano para buscar nuevos horizontes en unos casos; y en otros, los graves problemas mundiales que impulsan a los seres humanos a salir de sus países y acceder a mejores condiciones de vida, y en muchos casos, la protección de la vida y su seguridad. Razones por las que en el nuevo orden constitucional del Ecuador, se garantiza la condición del migrante, proscribiendo la consideración de ilegal a quien se encuentra en esta situación.

Exigir los antecedentes penales para la población venezolana fue una medida reactiva, que generó una situación de discriminación y que fue contraria al paradigma internacional de los derechos humanos.

El Estado ha cumplido con las medidas cautelares solicitadas a la Corte Constitucional, por lo que celebro esa decisión, que debe enmarcarse en una política de atención integral a las necesidades de asistencia humanitaria para los desplazados.

Finalmente, Assange: ¿Fue correcta la decisión del gobierno del presidente Lenin Moreno,  sobre retirar el asilo al fundador de Wikileaks?

Considero que es una decisión soberana del Estado ecuatoriano, en tanto y en cuanto las Convenciones de La Habana y Caracas establecen que es una potestad soberana. Ahora, hay que tener en cuenta que el asilo es una institución propia del derecho internacional americano, lo que implica un razonamiento distinto a lo que está acostumbrado para el caso de refugio. En mi opinión creo que es una opción adecuada tal como se lo ha hecho hasta ahora. Solo hay una duda, y es el caso de la nacionalidad.

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