José Manuel Mejía Villena
@el_tio_jason_
Las protestas de noviembre pasado en el Perú, son expresión de un punto álgido del desarrollo de la crisis de representación política. La vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la sucesión del gobierno por el entonces titular del Congreso Manuel Merino, concretaban un escenario de inestabilidad política precipitado por la oposición legislativa. La votación de 105 congresistas a favor de la vacancia de Vizcarra, fueron justificados por las cada vez mayores evidencias de corrupción en que se involucró personalmente cuando fue presidente del gobierno regional de Moquegua.
Vizcarra ya había sorteado la vacancia presidencial en setiembre, formando coaliciones coyunturales con bancadas legislativas aliadas a través de negociaciones con los jefes de los partidos, así como individualmente con congresistas accesibles a respaldarlo en esas votaciones. Para ello, el ejecutivo recreaba un escenario polarizado que señalaba al congreso, y al fujimorismo en particular, como enemigos de la democracia y la estabilidad política. Días antes de la sesión del pleno del Congreso, en que se decidiría la vacancia presidencial, el cálculo del ejecutivo respecto a los votos a favor de dicha moción señalaba a Unión por el Perú (UPP) como la única bancada decidida a impulsarla.
Sin embargo, ese escenario se desplomó progresivamente y los aliados de Vizcarra en el Congreso quedaron reducidos a la bancada del Partido Morado –la única que votó en bloque en contra de la vacancia–; incluso la bancada de Alianza para el Progreso (APP) votó mayoritariamente a favor de la moción, pese a que César Acuña (amigo personal de Vizcarra y “dueño” de esa organización) había comprometido los votos de los legisladores de la bancada de APP para respaldar al, hasta entonces, presidente.
La magnitud de la votación (105 votos) permitió que el mismo 9 de noviembre se haga efectiva la vacancia y se designe al titular del Congreso Manuel Merino (Acción Popular) como presidente interino, tras declarase a Vizcarra incapaz moral para seguir al frente del ejecutivo.
El consenso mediático encabezado por el Grupo El Comercio –que sostuvo al gobierno de Vizcarra tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a fines de marzo del 2018– enmarcó los eventos como un golpe de estado, incentivando las primeras movilizaciones en esa coyuntura, mientras que Julio Guzmán (candidato presidencial por el Partido Morado) clamaba por la defensa republicana de la gobernabilidad e institucionalidad democrática; poco le importaron a las masas espontáneamente movilizadas esas declaraciones.
En esa coyuntura la crisis de representación política de una democracia sin partidos como la peruana, había mostrado con crudeza la fractura entre el poder de los partidos y el poder legislativo. Los políticos independientes habían madurado en su trayectoria hasta convertirse en legisladores sin control ni lealtad partidaria alguna. Cada uno de ellos había demostrado en sucesivas ocasiones comportarse como agentes racionales-egoístas, empresarios en el Congreso, que como tales persiguen intereses individuales, mezquinos, ya sea de manera coordinada con su bancada o mediante la pura defección. Los negocios que tras el telón de la política se alistaban con la asunción de Merino a la presidencia, incluían la aprobación de una nueva ley universitaria que avalaba la creación de universidades-empresa en todo el país (Alianza para el Progreso – Cesar Acuña), así como la liberación de Antauro Humala para lanzar su candidatura a la presidencia por Unión por el Perú (UPP).
Ese laboratorio para siniestras aplicaciones de la teoría de juegos que es el Congreso actual, ha sido construido social y políticamente desde mediados de los 80’s, y con mucha mayor fuerza durante la década de la anti-política y el nefasto fujimorato (1990-2000). Después de la caída del fujimorato y la transición del 2001, la extinción progresiva de los viejos partidos (Izquierda Unida, Partido Popular Cristiano, Partido Aprista Peruano) y la creación indiscriminada de nuevas maquinarias electorales sin programa ni militancia, abrieron el sistema político a los sectores empresariales de indiferente cepa, exacerbando la fragmentación política y la volatilidad electoral.
Así, políticos independientes, maquinarias electorales de alta rotación, bancadas y legisladores incontrolables son los actores principales de esta fase avanzada de desarrollo de la crisis de representación política peruana.
Las movilizaciones masivas del 12 y 14 de noviembre de 2020 en Lima y provincias, no acudieron en defensa de un corrupto más como Martín Vizcarra, ni para “defender la democracia”. Pronto, los burócratas vizcarristas y los moraditos se encontrarían desconcertados en el Centro de Lima, perdidos y replegados frente al avance espontáneo de los verdaderos hijos del pueblo peruano, jóvenes trabajadores y estudiantes de los barrios pauperizados de los conos, migrantes de segunda y tercera generación que encontraron en esa coyuntura la oportunidad de demostrarle por fin al Estado, al gobierno, al Congreso, a los partidos, a la clase política-empresarial, que no los representan ni los necesitan. Si Vizcarra no los representaba, Merino mucho menos.
Resonaba el grito de la indignación global frente a un sistema político caduco: “que se vayan todos”, y muy pronto la indignación popular iba tomando forma en la bandera por una “nueva constitución” –demanda que jamás podría reivindicar el Partido Morado ni los vizcarristas, por su naturaleza neoliberal–.
Frente a la represión criminal de la policía, los estudiantes universitarios acudían a la defensa del pueblo en las calles, poniendo en práctica algo que aprendemos en San Marcos y en las demás universidades públicas del Perú: “servir al pueblo de todo corazón”.
En ese contexto, Keiko Fujimori –desde prisión– lanzaba un video por redes sociales, en que acusaba a la “izquierda radical” de orquestar las movilizaciones, fiel al estilo de Vladimiro Montesinos desplegaba otro psicosocial calumniando y tildando de terrorismo la entrega desinteresada de los jóvenes de la ahora llamada “generación del bicentenario”. El asesinato de Jordan Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado no quedaría en el olvido, todas las sangres lanzaban piedras, devolvían bombas lacrimógenas a los represores y se defendían con escudos improvisados –símbolo compartido con la valiosa lucha iniciada el 3 de octubre a la altura del puente del Guambra y el centro histórico de Quito–. Toda una generación tuvo que inventarse en la lucha callejera, y encontrar la mejor forma de avanzar manteniendo con vida a quienes estaban a su costado pechando al autoritarismo y la cruenta represión de la policía.
Para el día 15 de noviembre, Manuel Merino claudicaba, renunciando a la presidencia horas después de confirmarse el fallecimiento de Inti y Bryan por disparos de perdigón en la cara y torso. El Perú no tenía gobernante: había sido derrocado el presidente del Congreso (Merino) que asumió el gobierno, luego de vacarse al vice-presidente (Vizcarra) que reemplazaba al presidente que renunció por megacorrupto (Kuczynski). ¿Es este un vicio del sistema de representación que se puede reparar con una reforma política, con otro papelazo?
Así, nuevamente, el futuro del país pasaba a depender de las decisiones individuales de los mismos 120 legisladores que con cada paso en su carrera política han cultivado esta crisis. El consenso mafioso entre ellos, desligado por completo del deseo y sentir de las masas movilizadas, terminó por designar a Francisco Sagasti –entonces vocero del Partido Morado en el Congreso– como presidente transitorio el 17 de noviembre. El pueblo peruano se retiraba de las calles y avenidas del Centro de Lima y de las plazas del interior del país, para velar a sus muertos, buscar a sus desaparecidos y atender a sus heridos. Cada familia desde sus hogares debía seguir luchando el día a día, en medio de la pandemia que deja al descubierto la magnitud de la crisis económica que vive el Perú tras casi treinta años de neoliberalismo.
El 30 de noviembre, poco después del consenso al que arribó la clase política-empresarial que representa el actual presidente Sagasti, los trabajadores rurales de Ica y La Libertad bloquearon la panamericana sur y norte exigiendo el aumento de sus salarios y la derogación de la Ley de Promoción Agraria –hecha a medida de los intereses de las empresas agroexportadoras y agro-industriales agrupadas en la CONFIEP y Sociedad Nacional de Industrias–. Durante los enfrentamientos con la policía, Jorge Yener Muñoz, joven obrero que luchaba en la provincia de Virú (La Libertad), sería asesinado. Pronto, Sagasti declaraba forzada y confusamente unas disculpas a medias tras el crimen perpetuado, aceptando que la protesta es un derecho y a la vez acusando a los manifestantes de delincuentes por bloquear las vías –las mismas disculpas y perdones que ofreció el Congreso por el asesinato de Inti y Bryan, las mismas disculpas y perdones que ofrecen las empresas mineras por sus crímenes y asesinatos–.
El 4 de diciembre se derogó la Ley de Promoción Agraria, que pretendía extender el régimen laboral de explotación de 80 mil trabajadores agrarios de empresas agro-exportadoras y agro-industriales hasta el año 2031. A la semana siguiente se hacían efectivas las inscripciones de candidatos para las elecciones generales de abril del próximo año, en que las mismas mafias político-empresariales se alistan a competir en elecciones por alcanzar el gobierno, y claro, por una buena cuota de poder que satisfaga sus apetitos empresariales en el Congreso. Sin embargo, la experiencia histórica nos está enseñando, nuevamente, que sin luchas no hay victorias, que cuando el pueblo avanza los ricos y poderosos retroceden, que la solución a esta crisis no podremos encontrarla en las instituciones carcomidas por la corrupción y el neoliberalismo, que necesitamos hoy más que nunca, inventarnos todo, desde cómo luchar en las calles hasta un nuevo sistema de vida.
Politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2004-2011) y Maestro en Sociología Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Ecuador (2016-2018). Sus investigaciones han abordado la fragmentación de la protesta política peruana de la post-transición y el cambio de escala del conflicto anti-minero en Cajamarca – Perú. Actualmente, elabora un estudio de caso sobre la repolitización del campesinado en contextos marcados por la contienda minera en Cajamarca para optar por el grado de Maestro en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador (2019-2020). Es investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos y miembro del Comité editorial de la Revista Andina de Estudios Políticos (ISSN: 2221-4135). Colabora como columnista en la plataforma de análisis político Vamos Pueblo (Perú) y es activista del colectivo Surco Común (Ecuador).
