Durante el 2020, los datos más alarmantes cifraron en cerca de 40.000 los fallecidos producto de la Covid-19, muy por encima de la media de muertes respecto a años anteriores. Pero la pandemia significó para Ecuador no solo una crisis sanitaria, sino principalmente una crisis de carácter económico. A junio de 2021, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) casi seis millones de ecuatorianas/os están bajo los niveles de pobreza y más de dos millones y medio bajo la línea de la pobreza extrema. Asimismo, de acuerdo a la CEPAL esto marcará un retroceso para la economía de casi una década. Por su parte, la deuda pública superaría los 60.000 millones de dólares, por encima del 60% del PIB. Las cifras entregadas por el Inec también dan cuenta de un incremento del desempleo, de la reducción del empleo adecuado y el crecimiento del sector informal.
Este escenario de crisis económica está matizado por la llegada al poder de un gobierno débil, sin mayoría en el legislativo, pero que a pesar de ello ha emprendido en un programa económico ortodoxo que avizora un clima de pugna de poderes y conflictos sociales. El neoliberalismo tradicional, caracterizado por el retiro del Estado de la actividad económica, la restricción de la agenda social, la liberación de precios, el congelamiento de salarios, la desregulación laboral, el establecimiento de tasas impositivas preferentes para los grupos económicos, entre otras, no es el mejor consejero para la consolidación democrática y para la garantía de derechos, en un contexto de alta precariedad social. Sin embargo, el gobierno ha elegido una apuesta económica que apela al fundamentalismo de mercado para lo cual ha suscrito una carta de intención con el FMI que supone una reforma laboral que encumbra la precarización, así como una reforma tributaria que golpea especialmente a las clases medias.
Una persona que gana USD 24.000 al año y que pagaba USD 39 de impuesto a la renta, con la reforma pagará USD 814, es decir, un incremento del 1.965%. En el otro extremo, quien gana 300.000 al mes y genera 3’600.000 al año y que paga actualmente USD 1’237.000, pasa a pagar USD 1’247.000, lo que representa un incremento de apenas el 1% en números cerrados.
Parece ser que el verdadero “encuentro” del gobierno es con los organismos multilaterales de crédito y las élites económicas del país. Ante ello, los sectores populares pauperizados por la crisis, solo parecen tener el derecho constitucional y universal de la protesta social. En este contexto, y a propósito de la declaratoria de estado de excepción por grave “conmoción interna”, vale la pena señalar que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el derecho a la protesta social está íntimamente relacionado con otros derechos humanos consagrados universalmente como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de asociación. El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la reunión y asociación como un derecho protegido y esencial de las sociedades democráticas. Especialmente tratándose de grupos históricamente excluidos.
Precisamente la protesta parece ser la respuesta inevitable frente al ajuste.
