Rafael Pacheco
El proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se sostiene sobre tres ejes: tributario, reforma laboral y atracción de inversiones. Los criterios y puntos de vista alrededor de esta propuesta de ley se los enfoca desde la perspectiva empresarial que la mira como una oportunidad para impulsar su crecimiento y la generación de empleo; y, desde la perspectiva de los trabajadores que identifican en ella una seria amenaza a la estabilidad laboral, los derechos adquiridos e inclusive se habla de precarización de las condiciones de trabajo.
Un breve ejercicio que pretende resumir algunos de los aspectos más importantes del proyecto de Ley, nos permitirá poner en contexto nuestros criterios con relación al mismo.
Desde la perspectiva laboral, uno de los temas de fondo sin duda es el que tiene que ver con la generación de empleo en medio de una coyuntura en donde 7 de cada 10 ecuatorianos están fuera del esquema de contratación formal. El gobierno en su proyecto contempla, desde el artículo 17 hasta el artículo 19, tres nuevos tipos de contratos: contratos alternativos por tiempo definido y por tiempo indefinido, contratos alternativos por obra o servicios determinados, y contratos alternativos eventuales. En su propuesta hay temas que sin duda generan temor y críticas del lado de los trabajadores y gremios además de otros impactos fácilmente identificables (ver tabla adjunta).
- Pago en activos: Una empresa pueda pagar excepcionalmente la remuneración a sus trabajadores con activos u otros bienes lo que presupone el enorme riego de que estos tengan escaza o ninguna realización en el mercado o puedan estar sobrevaluados.
- Reducción de ingresos en empresas:La reducción de jornada también se puede aplicar en caso de que el empleador —por seis meses consecutivos— registre una rebaja en sus ingresos mensuales de más del 25 % respecto del promedio mensual del último año. Se contempla una reducción de máximo el 50 % de la jornada y remuneración por eventos de fuerza mayor. Se abre la puerta para cierto tipo de empresas para disfrazar su situación dejando recursos en el exterior vía operaciones tipo offshore.
- Pago del empleado a su empleador: El trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración completa, en caso de despido por justas causas. Inaudito sin dudas un planteamiento de este tipo. Las “justas causas” siempre caerán dentro de la subjetividad del criterio aplicado por los patronos.
- Motivos de despido por justas causas:Más de dos ausencias o impuntualidades injustificadas al trabajo dentro de un término de 60 días, indisciplina, desobediencia al reglamento interno, falta de probidad, injurias, por ineptitud para el trabajo, por denuncia injustificada contra el empleador, por falta de acatamiento a las medidas de seguridad, por acoso laboral, por divulgación de información confidencial, por entrega de información falsa que haya inducido a su contratación, por inobservancia de la legislación relacionada a la ejecución de sus labores, y por no retomar sus labores al día siguiente de terminada la huelga. La propuesta de suprimir el visto bueno como requisito para un despido por justa causa es una regresión de derechos. Supone favorecer la posición del empleador al darle la discreción de decidir el despido con criterios subjetivos.
En cuanto a la atracción de inversiones se refiere, el proyecto de Ley propone reemplazar el artículo 15 del Código de la Producción vigente que indica que el “Consejo Sectorial de la Producción será el máximo órgano de rectoría gubernamental en materia de inversiones” por otro en el cual se indica que el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai) será “la máxima instancia de rectoría gubernamental en materia de inversiones. Adicionalmente, será el encargado de promover políticas públicas de fomento, atracción y protección a la inversión nacional y extranjera, que tengan como fin facilitar y apoyar los procesos de inversión, además da la opción de que el presidente de la Republica pueda “crear mediante decreto ejecutivo una secretaria técnica de Alianzas Publico Privadas.
Otra propuesta del proyecto de Ley contempla la habilitación de «zonas francas con incentivos tributarios» para actividades agroecológicas comunitarias, desarrollo rural, industrias agrícolas, logísticas, y se generarán mayores mecanismos de transparencia en materia aduanera, entre otros aspectos.
En materia tributaria en términos generales se procura generar ingresos inmediatos que aporten a resolver el déficit fiscal que bordea los 7.000 millones de dólares. Es decir, más impuestos para cubrir las ineficiencias del Estado.
Para este propósito en el proyecto de Ley se propone una contribución única que aportaría con 700 millones de dólares que deberían realizar personas jurídicas y naturales (con ventas en el 2020 mayores a las 2019) aplicando tasas del 1 por 1000 para las primeras y del 1 por 100 a las segundas lo que afecta sin duda los criterios de proporcionalidad y justicia en la distribución de la riqueza.
Se plantea un ajuste en las deducciones del Impuesto a la Renta (IR) que a decir del gobierno procure una mayor contribución de una «muy pequeña minoría de ecuatorianos, apenas el 3,5% de la Población Económicamente Activa». Al respecto, el objetivo es que las contribuciones, progresivas y graduales, las hagan quienes ganan por encima de 24.000 dólares anuales.
La proporcionalidad de aplicación afecta gravemente a la clase media que es la principal impulsadora del consumo a diferencia de aquellos con ingresos altos que no observan variación mayor en su pago del impuesto a la renta. Un ejemplo: una persona que gana $24.000 gravables / año que pagaba $39 ahora, paga $814, es decir un incremento del 1.965%.
En el otro extremo, quien gana 300.000 / mes y genera 3’600.000 / año que paga actualmente $1’237.000 pasa a pagar $1’247.000 lo que representa un incremento de apenas el 1% en números cerrados
No se apunta al incremento del Valor Agregado (IVA) y propone su eliminación para ciertos productos como mascarillas, alcohol, gel antibacterial, pañales, tampones, toallas sanitarias y otros insumos de uso de higiene femenina; así como para el hospedaje para extranjeros. También se eliminará el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a planes de telefonía móvil para personas y empresas, videojuegos, vehículos híbridos y eléctricos.
Se elimina el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), que actualmente cobra el 2 % de las ventas; este último impuesto fue incluido en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria a finales de 2019. En lugar de esto, se creará el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares.
Se abordan otros aspectos en el proyecto de Ley que tienen que ver con la eliminación del impuesto a las herencias incrementándose la tasa por transferencia de dominio con afectación mayoritaria a la clase media principalmente, se propone la importación de combustibles con tarifa cero, se incrementan las exoneración del impuesto a la renta por utilidades resultantes de la venta de acciones, remisiones de intereses y recargos en cierto tipo de obligaciones, exoneración del impuesto a la renta en la fusión de entidades de la EPS, entre otros.
Los temas planteados han sido abordados por diferentes actores que concurren a precisar en su mayoría los aspectos negativos que efectivamente tiene el proyecto de ley. Mas allá de estos análisis, hay un mensaje oculto y nocivo que desde la perspectiva de generación de empleo supone que las empresas en el país soportan su crecimiento, desarrollo y eficiencia en la medida en que sus costos y gastos asociados a la masa de salarios y sueldos sean menores o se reduzcan a niveles precarios. Es un error desde la perspectiva empresarial partir de un supuesto de esta naturaleza. La viabilidad de las empresas está asociada directamente con la calidad, la productividad, la competitividad y la innovación, aspectos que las grandes empresas los conjugan de buena manera porque evidentemente cuentan con los recursos para hacerlo, más sin embargo recurren adicionalmente a afectar los ingresos de los trabajadores para mejorar sus niveles de rentabilidad. Hay que enfrentar un viejo paradigma construido sobre subsidios y “ayuda” con competitividad estática basada en el costo y mantener como referente obligatorio el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos por la OIT, para garantizar el empleo adecuado.
Para el caso exclusivo de las MiPYMES que generan 6 de cada 10 plazas de empleo en el Ecuador, la flexibilidad en temas de contratación debe ser un tema a analizarse con mayor profundidad reformulando todos aquellos aspectos que atentan contra los derechos adquiridos de los trabajadores.
Para este segmento en verdad resulta muy oneroso el comprometer recursos destinados para generar y mantener fuentes de empleo en un escenario donde la incertidumbre sobre el futuro de sus negocios y el cierre de sus operaciones es un tema de todos los días. La normativa debe enfocarse en la definición de medidas muy claras orientadas a fomentar la sostenibilidad y viabilidad de estas empresas fortaleciendo la inversión productiva en este segmento a partir de una visión sistémica, es decir que aborde aspectos que no solo refieran el crecimiento de la inversión o la implementación de estrategias de corte tributario, sino que asegure entre otros, aspectos como el fomento de la asociatividad como estrategia fundamental para el desarrollo particularmente de esa gran masa de pequeños productores y emprendedores que actualmente sobreviven insertos en una realidad que por más de 50 años evidencia una estructura productiva inalterable en el país. Aquí es donde está el empleo, aquí es donde deben generarse las condiciones para la contratación formal y la eliminación de la precarización.
La visión sistémica nos obliga a entender también que la estructura del capital social al interno de este segmento es muy diversa y conflictiva. Necesario entonces abordar las herramientas que aporten a optimizar el nivel de interrelación entre sus actores. La academia, el estado y el sector privado en acción articulada son los llamados a implementar soluciones adecuadas.
Manteniendo el enfoque sistémico en las MiPYMES, hemos referido temas asociados a la inversión, apoyo tributario, capital social, articulación de actores, pero es necesario también precisar que el mercado y su conocimiento son fundamentales para el éxito del emprendimiento y de las pequeñas empresas. Esta afirmación puede tener cierto sesgo de corte neoliberal pero no podemos abstraernos de una realidad que afecta significativamente a la realización de los productos y la generación de ingresos sostenibles que apunten a la mejora de la economía familiar. La realidad en territorio evidencia lo indicado, campesinos, pequeños productores de quesos en Tixan provincia del Chimborazo, por muchos años no superan el ámbito del mercado local (Alausí), no colocan toda su producción y los precios de retorno no justifican en absoluto el esfuerzo y trabajo realizado.
El beneficio lo absorbe la intermediación perversa y especulativa. Lamentable pero evidente que desconocen cómo se comportan los mercados y cuáles son los requerimientos de la demanda. No saben de modelos de comercio justo y de comercio electrónico ni hablar. Allí no hay nadie, salvo esfuerzos aislados de ciertas ONG’s, para apoyar esfuerzos asociativos que impulsen sus actividades económicas.
No hay ley ni actor que trabaje articuladamente para mejorar la calidad de sus productos, para mejorar la productividad de sus vacas, para volverlos competitivos, para ampliar e innovar su oferta de productos, para insertarlos en los encadenamientos productivos, en procesos de exportación, para garantizar el empleo permanente no precario que no dependa exclusivamente de las medidas emergentes que tome o no un gobierno de turno. La situación de la economía familiar campesina es un fiel reflejo de lo que ocurre con la agricultura y ganadería de pequeña escala. ¿Familias desintegradas por la migración interna y externa que viven esperanzados en las remesas mientras por otro lado algunos sectores se golpean el pecho resaltando su destacada importancia en el papel que desempeñan para garantizar la soberanía alimentaria, pero nos preguntamos a que costo?
Las grandes empresas conocedoras de los mercados y su comportamiento, se aprovechan de esta realidad y de las condiciones en las que se desenvuelven el 98% del empresariado nacional (MiPYMES) para consolidar su posicionamiento y crecimiento desmedido relegando las posibilidades de las mayores generadoras de empleo.
El financiamiento adecuado es otro factor clave para promover el empleo, sin duda que reducir las tasas de interés y ajustar los plazos a las realidades de operación de los emprendedores y de las MiPYMES aportaran a su crecimiento siempre y cuando, como se viene insistiendo, no sean estrategias o medidas aisladas. Hay que darle espacio también dentro del esquema asociativo al capital semilla, capital de riesgo y al crowfunding que ya están regulados en la normativa vigente y que suponen la inyección de recursos frescos sin costo financiero para el sector productivo.
Cuidado con pensar que solo el crédito, inclusive con tasas del 1% como ofrece el gobierno de Lasso va a ser la solución. Este ofrecimiento conlleva una serie de riesgos si se lo gestiona de manera aislada. Anticipo el fracaso de esta iniciativa sino esta articulada a otras estrategias que deben estar insertas dentro de la política pública, los planes nacionales y regionales de desarrollo (PDyOT’s). Sera una solución de corto plazo y de la que seguramente muchos de los vivos que nunca faltan se aprovecharan.
La innovación, la incorporación de tecnología, los procesos de digitalización son fundamentales para el crecimiento de las MiPYMES. Su desarrollo potencial se mantiene estancado debido a que operan individualmente, están encerradas en patrones de producción poco competitivos y no tienen la posibilidad de aproximarse a la dinámica de negocios que podrían aportarles con nuevas experiencias y conocimiento. En la era de la globalización, el ganar acceso a mercados de exportación es particularmente importante para las PYMES. En los países en vías de desarrollo con economías en transición este acceso es crucial para su crecimiento, incremento de la productividad y generación de empleo.
Un modelo que conjuga bastante bien las estrategias aquí definidas son los clústeres que se convierten en potentes instrumentos para incorporación de valor agregado, generación de encadenamientos productivos, innovación, modernización e internacionalización de empresas, son importantes canales de comercialización con alta capacidad de negociación, promocionan y facilitan el desarrollo de sectores estratégicos para las regiones donde se implementan, disminuyen la precarización del trabajo, generan plazas de trabajo permanentes y aportan a la formalización de las MIPYMES, administran costos y procesos de manera más eficaz y eficiente y de acuerdo a la CEPAL son el sentido mismo del desarrollo. Deben ser parte de planes nacionales y regionales de desarrollo sin embargo de que son iniciativas que maduran en el mediano y largo plazo.
Muchos observaran este último aspecto: el tiempo que toma el ejecutar estas estrategias cuando las necesidades son inmediatas. Este criterio nos vuelve a la reflexión de que siempre estamos enfrentado y procurando resolver los problemas del corto plazo. El mediano y el largo plazo nunca llegan porque nunca los planificamos. Estamos siempre en el modo reactivo y lo urgente se vuelve prioritario. Creo que hay responsabilidades compartidas, desde el lado del estado el reflejo de la ineficiencia en su gestión con propuestas, medidas y acciones irresponsables y de última hora sin contar todas las otras “gemas” en engalanan su mediocridad y perverso manejo de los escasos recursos disponibles; desde el lado del sector privado “tradicional” la defensa a ultranza de sus intereses sin reparo en las consecuencias; la academia muy encerrada en sus aulas; los responsables de generar opinión enfocados en el diagnóstico y el análisis de la coyuntura.
Desde la perspectiva de los trabajadores, organizaciones sociales y otros, amparados en el derecho y la justicia de sus reclamos, se levanta la protesta, la paralización, la demanda por soluciones inmediatas a la dramática situación que enfrentan en el día a día. Exigencias legitimas dentro de un marco democrático abalizado por la Constitución de la República pero que al fin del día se convierten en acciones necesarias pero insuficientes a la luz de los resultados.
La actual coyuntura nos enfrenta al escenario de siempre: hacer lo mismo en procura de resultados diferentes. El gobierno actual y sus decisiones se mantienen en esta línea. No hay cambios disruptivos en el enfoque de las soluciones que aporten a resolver de manera sostenible los problemas del empleo y la economía del país. La distribución justa de la riqueza y la generación de empleo adecuado no deben depender exclusivamente de lo que el estado pueda o no hacer.
Formación profesional en Economía con especializaciones en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Planeación Estratégica, Inteligencia de Mercados e E-Commerce. Mas de 25 años de experiencia en el sector productivo y de exportación, desarrollo de modelos e indicadores de gestión, capital de riesgo, certificaciones internacionales, apertura de mercados, cadenas logísticas y comercio justo.
