Manuel Salgado Tamayo
La ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, declarada por el gobierno de México como consecuencia de la violación de su sede diplomática en Quito, es un hecho lamentable en la historia de las relaciones entre nuestros pueblos que se han caracterizado por la cooperación, la ayuda mutua y la fraternidad.
El telón de fondo de este hecho está en las diferencias ideológico – políticas, intercapitalistas, que se viven en América Latina entre los llamados gobiernos progresistas y aquellos que se identifican con la derecha y la extrema derecha “libertaria”. Todos los ecuatorianos conocemos que, en los tres últimos gobiernos, es decir los de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa se han mantenido procesos judiciales que han puesto en evidencia graves delitos contra la propiedad del Estado que se habrían cometido durante la década correista. Esos procesos han sido un claro impedimento para que los candidatos presidenciales del Correísmo ganen las elecciones presidenciales, aunque no han sido obstáculo para que, la hoy llamada Revolución Ciudadana, mantenga una preferencia electoral muy alta que explica su presencia tanto en el poder legislativo como en los gobiernos locales.
Las tensiones entre el gobierno de México y Ecuador se agravaron desde el mes de diciembre del año pasado cuando el ex vicepresidente Jorge Glas se alojó en la calidad de huésped en la Embajada de México en Quito, pero el momento más explosivo se desarrolló a partir de las declaraciones formuladas por al presidente López Obrador el miércoles 3 de abril que, en esencia, dijo:
“Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de la fuerza progresista con 10 puntos arriba(…) Entonces un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba segundo sube”.
Aunque López Obrador no dice nombres es claro que alude a las elecciones en que es elegido presidente Daniel Noboa y que se refiere al asesinato del candidato Fernando Villavicencio y a la candidata Luisa González. La respuesta del gobierno ecuatoriano se produce el jueves 4 cuando se declara “persona no grata” a la Embajadora de México y se le da un plazo de 72 horas para que abandone el País. El gobierno ecuatoriano, siguiendo la cadena de errores que ha cometido en las relaciones internacionales, interviene con la fuerza pública en la embajada de México en Quito, en la noche del viernes 5 de abril, para capturar a Jorge Glas, lo que determina la respuesta terminante de López Obrador de romper relaciones diplomáticas con el gobierno del Ecuador, seguida del apoyo a México de casi todos los gobiernos latinoamericanos y del Caribe a los que se han sumado también los Estados Unidos y la Unión Europea que condenan como un hecho insólito la violación de la sede diplomática mexicana en Quito y las agresiones al jefe de la misión lo que trae como resultado el consiguiente aislamiento internacional del gobierno ecuatoriano.
A la luz del derecho internacional el gobierno de México no podía conceder el asilo a Jorge Glas que es un ciudadano juzgado, procesado y sentenciado por graves delitos contra la propiedad del Estado, pues al hacerlo viola el artículo 14 numeral segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que dice:
“Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes”.
También la Convención de Caracas es explicita en señalar que el derecho de asilo no protege a los autores de delitos comunes.
A su vez el gobierno del Ecuador violó de modo flagrante e inaceptable el artículo 22, párrafo 1 de la Convención de Viena de 1961 que establece “Los locales de la misión” diplomática son inviolables. En la misma convención se establece que “la persona del agente diplomático es inviolable”.
A la luz de los hechos consumados todos nos preguntamos si podía el gobierno del Ecuador tomar una actitud distinta y es indudable que: aunque el jefe de Estado es el que define la política exterior, (ver artículo 147, numeral 10 de la Constitución,) si hubiera dispuesto de un buen asesoramiento pudo ordenar se redacte una nota de protesta por las declaraciones “desafortunadas” de López Obrador, como las califica la Canciller, sobre las elecciones presidenciales ecuatorianas. Más aún cuando México concede el asilo a Jorge Glas pudo el gobierno ecuatoriano no extender el salvoconducto y desatar una ofensiva diplomática internacional para aclarar la situación judicial de Jorge Glas.
Los acontecimientos, comentados muy brevemente, tienen además como una consecuencia interna política inmediata la ruptura de la alianza que tenía Noboa con las fuerzas políticas del correísmo y que le permitieron con su apoyo y el del PSC aprobar las últimas 5 leyes económicas urgentes. Esto puede deducirse de la petición de la candidata Luisa González que le ha pedido la renuncia al Presidente. La CONAIE ha calificado de fascista la actitud del gobierno y, en general, organizaciones y personalidades ecuatorianas han manifestado su desacuerdo por el extraviado rumbo de la política exterior del gobierno ecuatoriano que hace poco tuvo que recular de la decisión de entregar armamento ruso a los Estados Unidos para que lo haga llegar a Ucrania, comprometiéndonos en esa guerra lamentable y trágica.
A pocos días de la Consulta Popular, como ha sucedido en el Ecuador varias veces, esta puede convertirse en un termómetro que mida la popularidad y el grado de legitimidad democrática del régimen.
A la lluvia de críticas nacionales e internacionales habrá que sumar las sanciones económicas que nos puede imponer la Corte Internacional de Justicia a cuyo seno ha decidido acudir el gobierno de México para denunciar la violación del derecho internacional por parte del gobierno del Ecuador.
A la crisis económica, agravada por las políticas de ajuste estructural, la violencia y el narcotráfico se suma ahora la evidencia de un mal gobierno. Ojalá el Ecuador pueda encontrar alternativas democráticas que nos permitan salir de este momento de confusión y desaliento de nuestra historia.
Profesor Emérito de la Universidad Central del Ecuador. Ex legislador. Literato. Mgs. en Relaciones Económicas Internacionales mención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolivar. Phd en estudio latinoamericanos en UASB