Verónica Carrillo
El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el informe para segundo debate del proyecto de ley que contiene 63 artículos, dos disposiciones generales, seis disposiciones transitorias, nueve disposiciones reformatorias y una disposición final que regula la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.
Es importante resaltar que la ley no obligará a nadie a abortar, sino que brinda la posibilidad de decidir y contar con la asistencia del Estado. La penalización condena a las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar a abortar en la clandestinidad porque, con ley o sin ella, el aborto es una realidad. La interrupción voluntaria del embarazo por violación está despenalizada a partir del 28 de abril de 2021. A la Asamblea Nacional nos corresponde estar a la altura de los derechos de los votantes y generar un marco normativo que, en línea con los derechos humanos, tratados internacionales y fundamentalmente la realidad de las mujeres, pueda ser justa y reparadora, una ley que promueva la DIGNIDAD de las mujeres permitiéndoles decidir sobre su vida.
El proyecto de ley e informe de segundo debate recoge la participación de expertas/os, especialistas, médicos, genetistas, abogadas/os, colectivos feministas e incluso, personas antiderechos, a escala nacional e internacional. En total suman más de 90 comparecencias, así como la realización de talleres y conversatorios que han evidenciado un amplio debate democrático. Hemos buscado escuchar las voces de todas y todos.
Para el segundo debate se contó con 23 intervenciones de profesionales y catedráticos. También, se receptaron 23 observaciones de asambleístas y 8 observaciones desde la ciudadanía.
Nosotros, las y los asambleístas, independientemente de nuestra posición frente al aborto, tenemos el deber de garantizar a las niñas, mujeres y personas gestantes víctimas de violencia sexual: el derecho a decidir. Tenemos que estar del lado correcto de la historia, el lado de los derechos y no del lado de los que ven a las mujeres como objetos perpetuando la violencia.
La Asamblea Nacional debe legislar sobre los asuntos de interés público que promuevan el adecuado ejercicio de derechos de todas y todos y garantizar el avance en derechos legislando sobre la base del interés superior, considerar la evidencia científica y, sobre todo, la realidad de miles de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar que son abusadas a diario.
Es necesario indicar que existirá un formulario único para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Si la persona gestante es menor de 14 años no necesita ningún formulario. El formulario debe estar disponible en los idiomas oficiales y, en general, asegurar el acceso a este incluso de forma verbal. No se requiere denuncia, examen o declaración previa. En casos en que exista denuncia se podrá incorporar con un fin netamente informativo.
Tampoco, puede alegarse objeción de conciencia colectiva e institucional. Se solicita que siempre exista personal capacitado que no sea objetor de conciencia a fin de asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros médicos. Los médicos, en centros de atención geográficamente alejados, a pesar de su objeción de conciencia, cuando no exista otro profesional, están obligados a realizar el aborto, así como cuando la niña, mujer o persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata.
Nuestra función como representantes del pueblo es velar por la garantía de derechos incluyendo el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos. Las votantes tienen memoria y saben perfectamente quién se mostró como feminista en la campaña electoral y, ahora, legisla de la mano de los más grandes antiderechos.
La Constitución de la República señala con claridad que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
El Estado es laico, nuestras creencias individuales y personales no pueden ni deben condicionar nuestro actuar como legisladores y, en este marco, debemos legislar a favor de las niñas, mujeres y personas gestantes víctimas de violencia sexual. El Estado tiene que “garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico”. Esta ética laica nos obliga a legislar con base en la técnica, en la evidencia científica, pensando siempre en el bien común.
El negar a una niña, mujer o persona gestante violada y que, fruto de ese hecho aberrante, esté en situación de gestación, la posibilidad de decidir sobre si continuar o no su embarazo provoca un daño que está alejado de la ética del servicio público y la bioética.
El informe del relator especial de libertad de religión o creencias enfatiza que el Comité de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que velen por que las mujeres tengan acceso a un aborto legal pese a que exista una objeción de conciencia del personal médico que ha sido calificado como “obstáculo” y ha sugerido que la objeción de conciencia solo debería permitirse, si es que se permite, a los proveedores de servicios médicos de manera individual.
En Ecuador, cada día, según la Fiscalía General del Estado, registran 11 denuncias por violación siendo las principales víctimas niñas y adolescentes menores de 14 años. Según la misma institución, más del 88% de los casos de violación ocurren en el ámbito familiar. De enero a noviembre de 2021 registraron 5.929 denuncias. Casi seis mil denuncias de nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres.
Según una investigación desarrollada por las compañeras de Surkuna, un 64% de las víctimas y sobrevivientes de violación confirmaron que es muy difícil realizar una denuncia y un 76% de sobrevivientes mencionaron que tuvieron que contar los hechos más de una vez en la misma institución a más de un servidor público.
Las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar somos más que datos, somos vidas concretas, somos personas que existimos.
En Ecuador, hemos tenido aborto por violación más de ochenta años en personas con discapacidad sin regular los plazos. Es hoy que posiciones antiderechos, si, posiciones que están en contra de los derechos de las niñas, mujeres y personas gestantes que pretenden imponer plazos yéndose en contra de la realidad.
El aborto por violación está despenalizado en el Ecuador, ahora, tenemos el derecho a decidir sin plazos. En Argentina, Brasil, Colombia y México, la ley no contempla plazos para el aborto por violación. Las recomendaciones técnicas, basadas en la ciencia y la evidencia recomiendan no incluir plazos en la norma y, si estos existen, deben ser amplios.
Recordemos: la ley no obliga a nadie, la prohibición nos condena a la clandestinidad.
Con plazos o sin plazos, las mujeres víctimas de violación están abortando en condiciones inseguras, es nuestro deber estar a la altura de las niñas, las mujeres y las personas gestantes y brindarles la posibilidad de decidir sin condiciones.
Mientras más amplia sea la norma mayores posibilidades de acompañamiento tendrán las mujeres. A nivel mundial, la estadística refiere que menos del 10% de abortos se realiza más allá del segundo trimestre y, también, existen mayores complicaciones que los realizados en el primer trimestre. Por esta misma razón, la norma no debe incluir plazos.
Estemos o no de acuerdo, el aborto es una realidad. Si es clandestino, la posibilidad de sufrir complicaciones aumenta considerablemente y condenamos a las niñas, mujeres y personas gestantes que, generalmente, son de los estratos más pobres, racializadas, en movilidad humana, sexualmente diversas y sin acceso a educación a exponerse a procedimientos que ponen en peligro su vida. Si la ley no pone plazos, las niñas y mujeres podrán recibir acompañamiento y, en caso de DECIDIR interrumpir la gestación, será de la manera más segura posible.
Es deber de esta Asamblea Nacional cumplir con un mandato histórico, legislar desde una ética laica y basada en la evidencia. Debemos ponernos a la altura del debate civilizatorio y responder a una problemática invisibilizada por los detractores de la justicia y los derechos de las mujeres. Hoy es momento de ser valientes y legislar por un aborto legal, seguro y gratuito. Las mujeres exigimos derechos sin lasos y sin correas.
Cuando hablamos de ESTAR A FAVOR DE LA VIDA significa que respondamos a las 6 de cada 10 mujeres que han sufrido violencia, a las 24 de cada 100 mujeres que han sufrido violencia sexual.
ESTAR A FAVOR DE LA VIDA es luchar por las más de 27 mil niñas, mujeres y personas gestantes que han sido víctimas de violación solo entre julio y diciembre de 2020. Pedimos a gritos que el Estado no nos criminalice y, más bien, nos brinde las garantías para decidir sobre nuestro futuro y nuestros cuerpos.
Las mujeres, las niñas y personas gestantes somos sujetas de derechos y el Estado le corresponde brindar una reparación integral dándonos la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas con dignidad y libertad.
Somos nosotras, las mujeres, las victimas de la violación, las que gestamos y las que parimos. Somos nosotras las mujeres las que debemos tener el derecho a decidir. No permitiremos que existan regresiones en derechos, no cederemos a sus amenazas de renuncias, ni a sus amenazas de vetos. Esta lucha, esta marea verde por los derechos no la para nadie, nos debemos a las niñas, a las mujeres y personas gestantes, legislemos desde una ética laica, brindemos la posibilidad que a muchas otras les negaron. Aprobemos una ley sin plazos y sin barreras, aprobemos una ley para todas y, sobre todo, no permitiremos correas que nos aten ni lasos que amordacen en absurdas coaliciones que solo buscan someter a las mujeres.
Asambleísta por Pichincha. Activista Política y Militante Feminista. Tiene una Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UDLA, y una Maestría en Dirección de la Gestión Pública en la UNIR.
