Enrique Ayala Mora
“El Código del Trabajo ya tiene más de ochenta años. Es una antigualla”, “Las normas laborales no permiten la creación de nuevos puestos de trabajo”, “La situación actual demanda leyes menos exigentes”, “Para crear oportunidades se debe flexibilizar las normas, al margen del Código del Trabajo”. Estas y otras afirmaciones se escuchan cuando se trata de superar la crisis que soporta el país, cuyo principal estrago es el desempleo, sobre todo de jóvenes.
Las opiniones son muchas y variadas. Pero hay un amplio consenso sobre la necesidad de generar una nueva versión del Código del Trabajo, desde luego, sin retroceder en los derechos.
Los parches, recortes y acomodos que le han venido haciendo gobiernos desde el inicio desde los años noventa han logrado montar una maraña legal que nadie entiende y resulta casi imposible aplicar.
Pero modernizar la legislación laboral no ha sido posible. Cuando el gobierno de Correa anunció que presentaría nuevo código con reformas que perjudicaban a la organización laboral, el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, preparó un proyecto de reforma integral del Código del Trabajo. Lo presentó a la Asamblea y ese organismo, dominado por incondicionales del déspota, tardó solo unas horas en archivarlo. El régimen no mandó su proyecto y prefirió tomar medidas anti laborales por otras vías.
El gobierno de Moreno aprovechó la profundidad de la crisis y la angustia por la pandemia para hacer aprobar normas regresivas con el cínico membrete “humanitario”. Ahora el gobierno tiene un proyecto de legislación, en buena parte paralela al Código del Trabajo, en el cual hay disposiciones de Ripley como despidos arbitrarios y hasta multas a los afectados, que no se atrevió a poner ni Pinochet.
Ante esta realidad, el FUT ha actualizado su propuesta de reforma integral del Código del Trabajo y la ha presentado a la Asamblea Nacional.
El proyecto tiene el mérito de replantear todo el cuerpo legal, con un importante esfuerzo de racionalización y modernización legal. Será, sin duda, una muy buena base para una discusión amplia y abierta de ese código, uno de los ejes jurídicos del país.
Allí está una propuesta de cambio de un cuerpo legal que demanda una profunda reorganización y modernización por lo enredado de sus disposiciones y trámites y por sus anacronismos como la jubilación patronal, que merece una reforma radical, como el proyecto propone.
El gobierno y los empresarios tienen la palabra. ¿Van a seguir hablando de renovación y modernización, pero proponiendo parches y acomodos al código vigente, que sostienen que es anticuado? ¿Van a mantener sus propuestas actuales, que no modernizan la ley y solo desmantelan derechos sin tocar el código que dicen que debe cambiarse? No solo los trabajadores y desempleados, sino el país entero, están observando.
Historiador, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.