Maximización de las ganancias desvalorizando el trabajo, desconcentrando el estado, profundizando la desigualdad, la dependencia y el extractivismo
Wilson Ramos Gángula
Luego de un período inicial, 2007 -2017, marcado por el autoritarismo, abuso de poder, descalificación y persecución al adversario político; presencia importante del estado en la economía a través de la inversión pública gracias a los ingresos obtenidos por los precios que alcanzó el petróleo, que en determinados años de este inicial período de bonanza tuvo impacto en la generación de empleo e incremento del consumo en el país al que acompañaron la profundización de la corrupción y derroche de los recursos públicos, período que termina de cerrarse en mayo 2021, con la manifiesta incompetencia de un gobierno irresponsable y no menos corrupto que su antecesor, negoció hospitales y pagó deuda externa en plena pandemia, deja un Ecuador a la deriva, enfrentando una vez más, una de sus recurrentes y agudas crisis, política, económica, social y ética, que al igual que en las décadas de los años 1980, 1990, se manifiesta en la pobre inversión, aumentos del desempleo y empleo no adecuado, como le llaman ahora al subempleo, déficit en las relaciones comerciales y financieras con el exterior, enorme peso de la deuda contratada, escases de divisas y el pus de la corrupción.
Este escenario sirve como argumento para sostener por parte de determinados sectores políticos y económicos ligados a la teoría del mercado, que el proteccionismo, la participación del Estado en la vida económica del país, no han generado resultados positivos, manera de enfocar los problemas y actuar que no es nueva en ellos, pues cuando en el mundo prevalecían las teorías de la división internacional del trabajo, se atribuyó el estancamiento económico del país, al agotamiento del modelo de crecimiento hacia afuera, en otras ocasiones se argumentó que del atraso económico obedece al excesivo crecimiento de la población, luego culparon a la educación.
Con esta crítica al intervencionismo estatal y a un supuesto aislamiento del Ecuador frente al mundo en donde se están produciendo grandes transformaciones científicas y tecnológicas, vuelve con inusitada promoción y haciendo minga en todos los frentes, campaña electoral, medios de comunicación, espacios académicos y de opinión, a instalarse en el país el viejo discurso dogmático del capital, que ya se aplicó en el Ecuador con resultados funestos, lapidarios, para su población durante más de 30 años esto es, abandonar el proteccionismo, tener al mercado como sinónimo de libertad y la libertad como sinónimo de mercado; necesidad de mayor integración de la economía ecuatoriana al mercado mundial a través de convertir a las exportaciones en la base de su crecimiento y para ello eliminar todo tipo de obstáculos al capital extranjero y empresas transnacionales que ingresen al país; confianza en el mercado como el mejor asignador de precios, ingresos, inversiones; reducción radical del ámbito de acción del Estado en la economía mediante la privatización del patrimonio y activos estatales; privilegiar por encima de cualquier consideración la consecución y mantenimiento de “equilibrios” en las variables macroeconómicas de balanza de pagos, reserva monetaria, finanzas públicas; liberación del sistema de precios y tasas de interés; elevaciones y liberación de precios de los combustibles; reajustes al sistema salarial; reducción de impuestos a las exportaciones e importaciones; reformas a las leyes laborales; desregulación financiera y laboral.
Como consecuencia del rechazo mayoritario que el pueblo ecuatoriano dio en las urnas a las características con las cuales se califican a los gobiernos del mal, que estuvieron al frente del estado en estos últimos 14 años, enero 2007 a mayo 2021, los grandes grupos económicos y los partidarios del dogma del capital, tienen ahora en el poder ejecutivo a su operador, el autodenominado Gobierno del Encuentro.
Este gobierno vuelve a plantearle al Ecuador, esta vez con el adorno discursivo que en la crisis y angustia que vive el pueblo ecuatoriano, el proyecto de ley Creación de Oportunidades para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad fiscal, que no es sino, más de lo mismo que el Ecuador ya tubo y vivió en las dos últimas décadas del siglo XX, aunque esta vez, la estrategia neoliberal del Gobierno del Encuentro es mucho más lesiva a los intereses de las clases medias y populares de los ecuatorianos.
La Creación de Oportunidades para generar empleo digno y fomento de la formalidad laboral, parte de conceptualizar que, hace un siglo era necesario resolver problemáticas inherentes a una relación inequitativa entre trabajador y empleador; que es un desincentivo para que el empleador contrate, la normativa contenida en el Código del Trabajo; y que los derechos laborales son solo una expectativa mientras no se tenga trabajo y por lo tanto estos pueden ser soslayados, no considerados, ignorados en una nueva normativa laboral que conviva paralelamente con el Código del Trabajo vigente, para las nuevas contrataciones. Bajo estas conceptualizaciones el Gobierno del Encuentro, desarrolla toda una normativa a fin al dogma con el que comulga y cuyos intereses representa, el del gran capital y que para ponerla en vigencia se apresta a dar, conforme lo ha dicho sin recato alguno y con el cinismo que va caracterizando a quienes vienen gobernando desde años atrás, el actual no es la excepción, una batalla democrática.
Principal característica del Derecho Laboral, doctrina en la cual se enmarca la Constitución de la República y el Código de Trabajo vigentes, es que este no parte del principio de igualdad de las personas ante la ley, por cuanto reconoce la existencia en la relación laboral, que una de las partes es más débil, el trabajador, por ello el Estado lo tutela, otorgándole un trato diferenciado ya que en la libertad que tienen para contratar entre personas con desigual poder y resistencia económica, se ha dado lugar a que se presenten distintas formas de explotación, en donde el atropello, el abuso y las inadecuadas condiciones de trabajo son la norma, dada la nula capacidad de negociación que tiene el trabajador frente al poder económico que tiene el empleador, más aún en las condiciones de desempleo existentes en que por un puesto de trabajo hay cientos de postulantes, lo que frente a su necesidad de sobrevivencia, lleva al trabajador a aceptar el trabajo, en condiciones inferiores a las previstas en la ley con tal de procurarse un ingreso.
El Derecho laboral se aplica una discriminación positiva, a fin de lograr un equilibrio material, contrario a lo que se contempla en el derecho común cuya característica es la igualdad ante la ley.
Entonces es evidente que el Principio Protector se constituye en el eje central que prima en toda la legislación laboral, cuyo fin primordial es compensar la desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica favorable al trabajador, bajo este marco es que la Constitución de la República en sus artículo 11 señala que … el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad y en su artículo 33 establece que … el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
A la luz de los cambios, el Derecho al Trabajo bajo su concepción eminentemente tutelar, ha ido evolucionando y desarrollando determinados principios como aquel en el que no le es aplicable la jerarquía de las fuentes del Derecho en general, pues prevalecerán aquellas normas que más favorezcan al trabajador, están también los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos, los cuales son recogidos en el artículo 326, numeral 2 y 3 de la Constitución de la República, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
En el régimen que plantea la Creación de Oportunidades para generar empleo digno, el dogma del capital neoliberal, se hace presente en su máxima y más radical expresión, al igual que lo ocurrido en los noventa del siglo pasado en que bajo la oferta de que se generará más empleo, de volver más competitiva la producción nacional y de atraer inversión extranjera se expidieron leyes que contrariaron la Constitución, restringieron derechos y garantías laborales, Ley de Régimen de la Maquila y de Contratación a Tiempo Parcial; Ley de Zonas Francas; Ley 133 Reformatoria al Código de Trabajo; Decreto Ejecutivo 2260; Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas; Ley Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador; Ley para la Inversión y Participación Ciudadana; que dieron como resultado de su aplicación todo lo contrario, la tasa de desempleo continúo en aumento, la inversión extranjera no creció mayormente, lo que da cuenta que la supuesta rigidez y desincentivos para contratar que se imputan a la normativa laboral vigente no son el obstáculo para la inversión y productividad, elimina derechos y garantías de los trabajadores con el objeto de volver flexible la relación laboral, anulando al Derecho Laboral y con él, su Principio Tutelar, para colocar a las partes en un plano de igualdad que no existe; además de bajar sus costos, desvalorizando de esta manera al trabajo, reafirmando el concepto contable que dan amplios sectores de empleadores al trabajo, al considerarlo tan solo como un factor de costo más, cuyo precio debe ser reducido en aras de la productividad y competitividad, de tal forma que la medida contribuya a tener una tasa de retorno sobre la inversión que maximice las ganancias, pues no conviene dar el verdadero valor y peso que tiene el trabajo, ser un factor generador de riqueza.
El régimen normativo laboral paralelo que plantea el Gobierno del Encuentro, en el marco de su discurso de “más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo”, manteniendo el rol extractivista que el Ecuador tiene en la economía global, venta de recursos naturales y otros de bienes primarios, agrícolas sobre todo, castiga a los trabajadores, disminuyendo su salario, conculcando los derechos laborales que adquiere una persona al momento que esta accede a una plaza de trabajo, permitiendo la libre contratación y despido, todo esto para beneficiar al capital y así satisfacer sus tasas de retorno de tal forma que esta haga atractiva la inversión.
Bajo la política laboral del Gobierno del Encuentro, la oportunidad para el trabajador de tener empleo digno es nula, puesto que la creación de oportunidades es para el capital.
Esto pues en una relación de negociación desigual, el poder de negociación está a su favor, pudiendo establecer condiciones de trabajo precarias, como aquella de la jornada laboral de 12 horas continuas de trabajo o la del periodo a prueba de 5 meses que bien puede extenderse a 4 años, todo esto, contando con el aval del Estado, así bajo el régimen laboral de Creación de Oportunidades para empleo digno del Gobierno del Encuentro, el Derecho del Trabajo, sus principios, en especial el Tutelar y el de Continuidad Laboral desaparecen.
“Los que más tenemos vamos a tener que pagar más” fue lo que le dijo al país el presidente de la República Guillermo Lasso, sin embargo, esa frase no solo que no se ve concretada en la iniciativa de ley del gobierno, Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, sino que además con ella disimula y encubre lo que realmente hace en esa iniciativa que como proyecto de ley fuera remitida al parlamento, citaré dos:
Favorecer a los residentes fiscales en Ecuador que han evadido el pago de impuestos, mediante la creación de un régimen impositivo voluntario, único y temporal para aquellos que manteniendo recursos en el exterior, dinero o bienes, cuyo origen ha sido gravado con impuesto a la renta en Ecuador o hayan realizado operaciones o transacciones monetarias sujetas al Impuesto de Salidas de Capitales, no declaradas, puedan acogerse a este régimen pagando una módica tasa del 5%, sin recargo de multas ni intereses, a cambio el Estado no entablará a los sujetos pasivos que se acojan a este régimen, procesos de determinación por concepto de los tributos que se declaren, dará por cumplidas las obligaciones del Impuestos a la Renta y de Salida de Capitales, no iniciará procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni aduanera y mantendrá la confidencialidad relacionada con la identidad del sujeto pasivo, así como la información proporcionada por este.
No faltarán lectores que relacionen la razón de este segmento de lo que he calificado como iniciativa de ley con lo que ahora se sabe por los Pandora Papers y los Panamá Papers.
Favorecer a quienes mantienen deudas tributarias, en la citada iniciativa, el autodenominado Gobierno del Encuentro, plantea una contribución especial de las sociedades sobre del 0,60%; 0,65%; y 0,70% sobre su patrimonio siempre que este sea mayor al millón de dólares, de acuerdo a una tabla escalonada según cual sea el monto de su patrimonio, conforme a un análisis elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, se determina que al considerarse a 13 de las principales empresas que constan en el ranking de los 500 deudores elaborado por el SRI, su deuda (impugnada) suma a USD 354 millones, es decir, 32 veces más del monto, USD 11 millones, que como contribución especial en base a su patrimonio les correspondería pagar según propuesta del gobierno.
La deuda tributaria asciende a más de USD 1688 millones y la deuda impugnada asciende a USD 1475 millones, ambos montos suman USD 3163 millones, esta cifra nos dice muy claramente que es más efectivo cobrar las deudas tributarias antes que gravar con mayores impuestos como establece la iniciativa gubernamental.
A lo antes señalado, se suma la evasión tributaria que según estudios de organismos internacionales estaría alrededor de los 7 mil millones de dólares, herramientas para evitar su evasión existen, una de ellas, el cálculo de la presión fiscal, dividir el impuesto a la renta causado por las ventas, cuando se analizan los datos de las 100 más importantes empresas por volumen de ventas en el año 2020, se puede determinar que hay empresas que pagan entre 6 y 8 centavos por cada 100 dólares de venta, mientras que hay otras que declaran cero, la pandemia dirán algunos, si bien hay empresas que desaparecen del mercado, crean oportunidades para que otras se fortalezcan, así es el mercado que algunos veneran.
Entonces lo expuesto nos lleva a concluir que debemos ya no demandar, si exigir del poder ejecutivo la decisión política para hacer efectivo el encuentro con el cobro de las deudas tributarias, con la recuperación de los tributos de los que evaden impuestos, la imposición de las sanciones que establece la ley para quienes lo hacen; condenar y rechazar los incentivos y premios que se pretenden legislar, para favorecer precisamente a quienes evaden el pago de los impuestos, más aún ahora que a través de las investigaciones conocidas como Pandora Papers y Panamá Papers, se sabe quiénes son y como lo hacen.
Volver a castigar a los trabajadores, cargándoles con impuesto, eliminando las deducciones, a más de restarles capacidad adquisitiva en épocas de crisis, creando oportunidades para que los deudores al SRI, continúen sin pagar, premiando y beneficiando a los que evaden impuestos, utilizando los paraísos fiscales y/o otros métodos, permitiendo a la banca ampliar sus negocios en el mercado de valores y en las compañías de seguro, dando paso además para que los accionistas de la banca posean paquetes accionarios y formen parte de directorios de otras empresas, lo cual puede dar lugar una vez más a que se produzcan los prestamos vinculados que llevaron al país a la crisis y feriado bancario de los 90, acaso el Presidente de la República, está pensando que por haber sido elegido como primer mandatario, frente a un más débil candidato, los ecuatorianos hemos olvidado lo que hicieron los banqueros con influencia en el poder en los 90, gobiernos de uno de los cuales, precisamente del que tomó las decisiones de congelar los depósitos y del feriado bancario, el formó parte.
Así las cosas, “los que más tenemos, debemos pagar más”, solo es disimulo, el encuentro continuará siendo con la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la conflictividad social será su resultado.
El Desarrollo económico y Sostenibilidad fiscal terminará siendo una quimera que solo Crea Oportunidades para ampliar los negocios del sector financiero y sus accionistas, la incursión de la “inversión extranjera” posiblemente la de los Pandora Papers, para privatizar las operaciones de las empresas que gestionan el patrimonio del estado, petróleo, eléctricas, telecomunicaciones, otorgándoles las condiciones para que sus inversiones tengan tasas de retornos que maximicen las ganancias a costa de castigar al grueso de ecuatorianos con trabajos precarizados e impuestos.
Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal evidencia la estrategia del Gobierno del Encuentro, para incrementar la concentración económica haciendo ver la codicia y el ansia de poder de quienes lo conducen.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador.
Estudios de Posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Cuenta con dos especializaciones superiores en Costos y Productividad, así como en Finanzas. Posee una Maestría en Dirección de Empresas.
Ha desempeñado varios cargos en el sector público y privado: Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico del IESS, Gerente de Planificación del IECE, Director de Planificación de SENESCYT, Director de Planificación del TSE.
