Ecuador acechado por la desconfianza, corrupción, violencia, crisis económica y sobreendeudamiento público

Ecuador acechado por la desconfianza, corrupción, violencia, crisis económica y sobreendeudamiento público

Isaías Campaña C.

Incumplimiento de leyes, corrupción y violencia

El 13 de mayo de 1830 nace la República de Ecuador, desde esa fecha hasta 2021, a más de jefes supremos, encargados del poder ejecutivo, juntas militares y civiles, tuvo 56 presidentes, unos elegidos mediante procesos electorales, otros se declararon gobiernos de facto y varios designados por la Función Legislativa, quienes representaban distintas corrientes políticas de las doctrinas conservadora y liberal.

La política determina el contenido de la economía. La mayoría de los gobernantes que se alternaron en el poder del Estado promovieron nuevas constituciones con sus respectivos lineamientos políticos. A partir de la formación de Ecuador como un Estado independiente se aprobaron 20 constituciones, en promedio estuvieron vigentes 9 años y seis meses, posteriormente fueron incorporadas reformas y se crearon nuevas leyes y reglamentos en concordancia con la carta política. Como ironía de la historia, cada gobernante que se posesionó como presidente de la República juró solemnemente defender la constitución y las leyes de la nación.

El país se ha caracterizado por su inestabilidad política evidenciada en golpes de estado y cesación de funciones de presidentes de la República motivados por conflictos sociales. Velasco Ibarra, que fue electo en cinco ocasiones Primer Mandatario, llegó a decir que “Ecuador es un país ingobernable”, en cuatro de sus administraciones fue derrocado. En la década del 90, fueron cesados en sus cargos, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad y, en 2005, Lucio Gutiérrez.

Fuente: Política y Sociedad

A nivel de las más altas autoridades del Estado no hubo una cultura para acatar las constituciones y leyes vigentes. Tampoco las autoridades de las diversas instituciones y organismos del Estado las respetaron. Hechos que, a su vez, fueron emulados por diversos segmentos de la población.

En las funciones Legislativa y Ejecutiva, luego de acaloradas discusiones, se aprobaron leyes, pero en la práctica muchas de ellas no se llegaron a cumplir a cabalidad sino únicamente en función de determinados intereses de grupos de poder. En los últimos años, el Código Tributario, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Código Orgánico del Ambiente, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras, y sus reglamentos en su mayor parte quedaron como simples letras muertas.

La llamada “Rendición de Cuentas” que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, las autoridades del sector público deben informar acerca de las actividades realizadas durante el año de gestión, con sus respectivos respaldos, en las páginas web, no registran información; si los hay, son desactualizadas e incompletas. En las empresas estratégicas del Estado, ocurre lo mismo, no existen estados financieros actualizados y auditados por empresas independientes; por tanto, no revelan el verdadero estado económico de las empresas. Ante el silencio cómplice desde Carondelet, hecho que ha sido una constante en los últimos decenios.

La corrupción se ha expandido como una verdadera pandemia en todo el país. Desde tramitadores en diversas dependencias del sector público, pasando por el otorgamiento de títulos en forma irregular en determinadas instituciones educativas, hasta millonarias coimas para adjudicarse contratos en las más altas esferas del Estado.

En los procesos judiciales, la Fiscalía General presentó los elementos de convicción suficientes, pero, con las excepciones del caso, la administración de la justicia se ha convertido en el “agujero negro” de la impunidad.

En los últimos años ha crecido sostenidamente los niveles de violencia en el país causados por asaltos, robos, asesinatos, narcotráfico derivado de leyes y reglamentos laxos, así como al ingreso masivo de migrantes sin ningún tipo de control.  Debido a la porosidad de sus fronteras, Ecuador se ha convertido en un lugar de acopio de drogas que luego son enviados, a través de diversos medios, a países como Estados Unidos y Unión Europea.

Según el Ministerio de Gobierno, entre 2019 y 2020, el decomiso de narcóticos y estupefacientes subió de 82,2 a 128,4 toneladas, lo que significó la mayor incautación de drogas en el último decenio (El Comercio, 2021). El tráfico de drogas engendra el aparecimiento de pandillas y simultáneamente diversos tipos de violencia. En los centros de rehabilitación existen cerca de 40.000 reclusos, incluidos miembros de pandillas, cuyos jefes se disputan el control de sus territorios.

En los dos últimos años, los asesinatos crecieron de 875 a 986, en su mayor parte causados por sicarios. La violencia ha crecido en forma exponencial, especialmente en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Si se mantienen estas altas tasas decrecimiento, Ecuador podría estar en los mismos niveles de violencia del denominado “Triángulo del Norte” de Centro América, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador. La violencia constituye un factor negativo que limita el ingreso de turistas del exterior que generan gastos, puesto que varios países establecen “alertas” a sus ciudadanos para viajar a estas naciones.

 ¿Ecuador podrá salir de la recesión en 2021?

La evolución de una recesión económica se puede graficar en forma de V, U, L, entre otras. La recesión en forma de V, se da cuando la producción de bienes y servicios se desploma, pero en pocos meses logra recuperarse a los niveles previos a la caída. La recesión a modo de U sucede en el momento en que se hunde la economía y tarda pocos años en regresar a la misma fase anterior. Y a manera de L en la ocasión en que se contrae la producción y tarda varios años en volver al grado previo al derrumbe.

Fuente: France 24

Ecuador, a partir de 2015 registra un estancamiento de la economía, cuya tasa de crecimiento fue una décima, luego en 2016 entró en recesión registrando una tasa negativa de -1,2%, en 2019 crece en una centésima y en 2020 vuelve a desplomarse en -8,9%, la mayor caída libre en la historia económica del País (BCE, 2021).

Según estimaciones del Banco Central del Ecuador, en 2021, la economía registrará una tasa de crecimiento de 3,1%, como consecuencia del “efecto rebote”, y la economía empezará a experimentar un débil proceso de recuperación económica. Sin embargo, no superará los niveles de producción alcanzados en 2019 (Ibídem).

En consecuencia, el estancamiento y la salida de la recesión podría durar varios años y en un escenario optimista se la puede representar gráficamente en forma de U y en un escenario pesimista en forma de L. El estancamiento y la recesión están llevado nuevamente a una “década perdida”.

Cuatro claves que determinan la anémica salida de la recesión

 Falta de confianza en las instituciones públicas

Las periódicas aprobaciones de nuevas constituciones, códigos, leyes, reglamentos, generaron inseguridad jurídica y desconfianza a nivel político y de los sectores productivos. La confianza es un factor clave de cualquier economía, ya sea en estados en desarrollo o economías avanzadas.

El gobierno de Donald Trump conjuntamente con las cámaras del Senado y Representantes, en marzo de 2020, aprobaron el mayor plan de rescate económico en la historia de Estados Unidos, cerca de USD 2 billones a fin de ayudar a empresas y ciudadanos para contener los estragos de la pandemia (El País, 2020). Meses después, a fines de diciembre, Trump aprobó el segundo plan de rescate por USD 900 mil millones destinado a contrarrestar las secuelas del coronavirus.

En marzo de 2021, luego de aprobar las Cámaras de Representantes y el Senado, el presidente Joe Biden anunció el tercer plan de rescate de la economía por USD 1,9 billones, que incluye 400 mil millones para un programa de vacunación nacional, 344 mil millones hacia los gobiernos locales y estatales y un billón con el propósito de apoyar a los ciudadanos afectados por la crisis. Además, el Plan prevé la creación de 18 millones de puestos de trabajo (Cincodias, 2021).

Los planes de rescate han inundado de dólares la economía norteamericana. En 2020, el dinero en circulación aumentó en 26% y la inflación anual se ubicó en 1,4%. Milton Friedman, el padre de la doctrina neoliberal que predominó en el mundo en los años 70, 80 y 90, afirmaba que, a mayor masa monetaria en circulación, mayor inflación; por esta razón, pregonaba que se debe emitir dinero en la misma proporción que el crecimiento de la economía. Sin embargo, esta teoría en la práctica perdió vigencia. En Estados Unidos, la política de tasas de interés cero y el bajo nivel de inflación se puede atribuir a la confianza que tiene la población en sus instituciones.

Algo similar ocurre en la Unión Europea y Japón que mantienen políticas monetarias expansivas, cuyas tasas de interés cero han contribuido a inundar de dinero los mercados financieros mundiales. En 2020, a nivel global, los inversionistas adquirieron bonos emitidos por gobiernos y empresas de países emergentes por un valor de USD 614.400 millones (El País, 2021).

En América Latina, atraídos por sus altas tasas de interés, la bolsa de valores de Wall Street invirtió en bonos de deuda soberana alrededor de USD 115.200 millones, recursos que podrían contribuir a reactivar las economías castigadas por la pandemia, pero en su mayor parte son capitales golondrinas (Ibídem).

En contraste, en Ecuador ha persistido en la población una permanente desconfianza en las instituciones y organismos públicos. En la administración del presidente Jamil Mahuad, el Instituto Emisor, de aquel entonces, emitió gran cantidad de dinero inorgánico para el salvataje bancario que provocaron la escalada de la inflación, elevadas tasas de interés, altos índices de Riesgo País, fuga de capitales, que derivaron en la defunción de la moneda nacional y en el establecimiento del sistema de dolarización.

En los últimos años, se ha deteriorado aún más la confianza en el País a causa de la corrupción que se ha generalizado en casi todas las instituciones públicas, la inseguridad jurídica, el deterioro sistemático de la economía y el sobreendeudamiento público. Con corte al 30 de marzo de 2021, el Riesgo País superó los 1.210 puntos (BCE, 2021).

Políticas neoliberales

Milton Friedman consideraba que el Estado debe limitarse a actividades básicas de seguridad y justicia, pregonaba la libertad económica, la libertad de comercio, la libertad humana. Reiteraba que “Las restricciones a la libertad económica afectan inevitablemente a la libertad en general, incluso en aspectos tales como la libertad de prensa y de expresión” (Friedman, 1980).

El padre de la Escuela de Chicago afirmaba que la propiedad privada es la base del intercambio, la justicia y el progreso de la sociedad, promovía el modelo de “libre mercado” y creía firmemente que la “mano invisible” de Adam Smith maximiza el bienestar de la población. Los discípulos de Friedman consideran a las leyes del mercado como el “Santo Grial” que genera automáticamente la bonaza económica en la sociedad.

La fórmula del Premio Nobel de economía era: a menor Estado, mayor bienestar social. El deterioro de la calidad de educación y de los servicios de salud fueron atribuidos a la intervención del Estado en estos sectores. Afirmaba que “La inflación es principalmente un fenómeno monetario, provocado por un crecimiento mayor de la cantidad de dinero que de la producción” (Ibídem).

Bajo el hechizo de las propuestas económicas de Milton Friedman, las élites empresariales y políticas de países en desarrollo y economías avanzadas empezaron a ejecutar políticas orientadas a reducir el peso del Estado en la economía, mediante drásticas reducciones del gasto público, desregulación económica, liberalización financiera y comercial, flexibilización laboral y privatizaciones de empresas públicas.

En el Cono Sur de América Latina, en los decenios del 70, 80 y 90 se ejecutaron políticas inspiradas en las propuestas de Friedman. En medio de una brutal represión, la dictadura de Augusto Pinochet estableció políticas de shock, en Chile. Luego, la Junta Militar que lideró Jorge Rafael Videla emuló las políticas económicas del shock, en Argentina. En la misma dirección, se alineó la dictadura cívico-militar liderada por Juan María Bordaberry, en Uruguay.

En Ecuador, los dirigentes de gremios empresariales y partidos políticos tradicionales que llegaron al poder del Estado también acogieron con devoción las políticas neoliberales que promovían los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). El FMI, mediante las cartas de intención, inducía a los gobiernos a establecer políticas de ajuste y estabilización orientadas a reducir el tamaño del Estado en la economía, como condición para suministrar líneas de crédito.

El “Gobierno de todos” que promovió el modelo de “libre mercado”, a través de drásticas políticas de austeridad fiscal, que incluyeron sistemáticas reducciones de las inversiones públicas, liquidación de empresas estatales, despidos de empleados y trabajadores del sector público, eliminación de subsidios a los combustibles, remisiones tributarias, sobreendeudamiento público, entre otras.

El modelo de “libre mercado” engendró una mayor desigualdad social en el País. En un extremo, los grupos económicos concentraron mayor riqueza, cuyos beneficios en su mayor parte fluyeron a paraísos fiscales y, en el otro extremo, en amplios segmentos de la población crecieron exponencialmente los niveles de desempleo y subempleo, así como los indicadores de pobreza y extrema pobreza.

En medio de este ambiente sombrío, el Jefe de Estado pautó en los principales medios de comunicación una intensa campaña publicitaria con el mensaje central “Sembrando futuro”, un verdadero déjá vu desde Carondelet.

Caída de la producción petrolera

La economía nacional se caracteriza por producir y exportar materias primas, comodities, con bajos niveles tecnológicos y sin mayor valor agregado, cuyos precios fluctúan tanto en mercados nacionales como internacionales. La caída de los precios de los principales productos de exportación afecta al crecimiento de aparato productivo.

A poco de cumplirse 50 años de que Ecuador se convirtió en exportador de petróleo, el principal producto de exportación sigue siendo el crudo que generó importantes ingresos para el presupuesto del Estado. Los sucesivos gobiernos que llegaron a Carondelet, los distribuyeron a distintos sectores de la economía.

Fuente: Primicias

No obstante, no lograron generar un mayor valor agregado al petróleo destinado a la exportación, a través de su industrialización. En la administración del ex presidente Rafael Correa se planificó como un proyecto emblemático la construcción de la Refinería del Pacífico, pero únicamente se aplanaron los terrenos y la infraestructura de la obra no se llegó a edificar.

Los sectores empresariales tampoco contribuyeron a diversificar la producción nacional de bienes y servicios, puesto que no destinaron recursos para investigación y desarrollo, no implementaron políticas de gestión de calidad e innovación, así como no lograron incorporar productos a nuevos mercados internacionales.

En 2010, la participación de la manufactura en el PIB era del 12,2% y en 2020 prácticamente se mantuvo en el mismo nivel, 12.5%; es decir, en los últimos 11 años permaneció constante. En 2020, el sector manufacturero registró una caída de 6,1% (BCE, 2021).

La producción diaria de petróleo registró una reducción de 548.000 en 2016 a 479.000 barriles en 2020, que representa una contracción de -12,6%. En el mismo periodo, la producción anual de petróleo de la empresa pública Petroamazonas tuvo una baja del -11,7% y de las empresas privadas de -15,9% (BCE, 2021).

En periodos de altos precios del crudo en los mercados internacionales se constituía en el principal motor de la economía, pero en años de precios bajos, el aparato productivo se estancaba o entraba en recesión. Entre 2019 y 2020, la producción de petróleo registró una caída de 10,1%.

El desplome de la producción crudo de Petroamazonas se puede atribuir a la duplicación de funciones con Petroecuador, deficiente gestión administrativa evidenciada en ausencia de estados financieros actualizados y auditados por empresas independientes, reducción de inversiones para el mantenimiento y renovación de equipos y maquinaria necesarios para explorar nuevos campos, así como la falta de autonomía para gestionar recursos financieros, ya que los maneja directamente el Ministerio de Economía.

Ecuador, en 2021, se ubica como el tercer país con mayores reservas probadas de petróleo en Sur América, 8.723 millones de barriles, superado únicamente por Venezuela y Brasil, que tienen reservas equivalentes a 303.806 millones y 12.714 millones de barriles, respectivamente (Datosmacro, 2021).

De lo relatado, se infiere que Ecuador todavía tiene varios años para explotar su “oro negro”, mediante Petroecuador, que debería transformarse en una empresa eficiente, dotarle autonomía financiera, designar personal competente, altamente calificado y con valores éticos y morales.

País sobreendeudado

Antes de la pandemia del COVID-19, el monto de la deuda pública de Ecuador comparado con el tamaño de la economía estaba entre los indicadores más altos de América Latina y tenía serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, por lo que el “Gobierno de todos” peregrinó al FMI a solicitar líneas de créditos para oxigenar la economía, en contrapartida tuvo que someterse a drásticas políticas de austeridad fiscal y reformas estructurales.

En 2020, la invasión del coronavirus al País agudizó aún más la crisis económica y financiera, el déficit fiscal trepó a más del 8% del PIB. En determinados meses, se dejaron de pagar sueldos y salarios a empleados y trabajadores del sector público, se redujeron las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), se recortó los aportes al IESS, las deudas con los proveedores del Estado escalaban rápidamente.

El inquilino de Carondelet, que estaba acorralado por las obligaciones financieras, tuvo que reiteradamente golpear las puertas del FMI para conseguir financiamiento y obtener el aval de nuevos créditos con otros organismos financieros internacionales, mediante la suscripción de nuevas cartas de intención.

Según el Ministerio de Economía, a enero de 2021, la deuda pública ascendió a 63.885 millones, que representa el 63,37% del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales 45.199 millones corresponde a deuda externa y USD 18.685 millones a deuda interna (ME y F, 2021).

Del total de la deuda pública, 18.939 millones son con organismos internacionales, 17.887 millones referente a bonos emitidos en mercados internacionales y USD 13.316 millones respecto a bonos generados con tenedores públicos, en el mercado nacional, básicamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las obligaciones financieras con los organismos multilaterales y la emisión de bonos en conjunto ascienden a USD 50.142 millones, que corresponde a más del 78% del total de la deuda pública.

La escalada de la deuda Pública significa mayores pagos de amortizaciones e intereses que estará supeditado al crecimiento de la economía en los próximos años, pero por las proyecciones realizadas por el Banco Central del Ecuador, CEPAL y organismos internacionales se prevé modestas tasas de crecimiento del aparato productivo.

Según los egresos del Presupuesto del Gobierno Central, base caja, en 2019, se destinaron al servicio de la deuda pública, externa e interna, 9.395 millones y en 2020, en plena pandemia e incluida la renegociación de los bonos internacionales, que para el Primer Mandatario fue beneficioso para el País, se pagaron USD 6.731 millones. Ecuador está sobreendeudado y, si no se maneja adecuadamente la economía, podría entrar en default a mediado plazo (BCE, 2021).

En este entorno económico, conseguir financiamiento, a través de la emisión de bonos en los mercados internacionales, va a hacer sumamente complejo por el elevado “Riesgo País” y, por tanto, a las altas tasas de interés. Incluso, la República Popular China, en los últimos años, empezó a restringir los créditos a países de América Latina.

En el pasado reciente, el Gigante Asiático en su estrategia de ganar mayores zonas de influencia en América Latina se convirtió en una fuente importante de financiamiento, a través del Banco de Desarrollo y el Banco de Exportación e Importación, para construir proyectos de infraestructura a cargo de sus propias empresas estatales. En 2020, los préstamos superaron los 136.000 millones a la región, de los cuales el mayor deudor es Venezuela, 62.200 millones, seguido de Brasil, 29.700 millones, y a continuación Ecuador, USD 18.400 millones (BBC Mundo, 2021).

China, desde 2015 empezó a restringir los créditos a América Latina a causa de los efectos de pandemia del COVID-19 que provocó en su economía, el cambio de su estrategia de reemplazar la energía en base a combustibles fósiles, por energías renovables y por las dificultades que tuvieron que enfrentar países deudores para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente Venezuela y Ecuador. El gobierno de Hi Jinping no ha decidido aún refinanciar las deudas de Ecuador ni la de Venezuela (Ibídem).

En estas condiciones, el escenario que se perfila para el presidente electo, Guillermo Lasso, que se posesionará el 24 de mayo, va a ser sumamente complejo que pueda acceder a nuevas líneas de financiamiento, mediante la emisión de bonos en los mercados internacionales o con el gobierno de la República Popular China. Con el agravante de que cerca del 80% de las exportaciones de crudo están comprometidos en los denominados contratos de “preventas petroleras”, es decir, la mayor parte de la deuda con el Gigante Asiático se paga con petróleo, ni siquiera en valores equivalentes a precios de mercado sino con descuentos importantes que resultan perjudiciales para el País.

Bibliografía:

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Ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.

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