Ante los constantes desafíos en materia migratoria que ha presentado históricamente y presenta hoy en día el Ecuador, ha surgido un debate amplio en materia de movilidad humana, dando como resultado la creación de instrumentos y leyes específicas consagradas en la Constitución del 2008 y de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017 en el Ecuador. Tales instrumentos han visto necesario incorporar políticas en favor de la movilidad humana.
No obstante, se debe reconocer que, el concepto de movilidad humana es relativamente nuevo pues el traslado de personas o de colectivos de un lugar a otro se asumió internacionalmente bajo la categoría de migración -traslado “voluntario”- y de refugio –movilidad forzada-. En un contexto de debate creciente en torno a este fenómeno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama “migrante internacional” “a toda persona que se encuentre por fuera del Estado del cual es nacional”[1]. Por su parte, el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana de Ecuador define a la movilidad humana como:
“Los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un Estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que genera derechos y obligaciones independientemente de la situación migratoria”.[2]
Tal definición involucra un amplio abanico de situaciones que incluyen a la migración regular o irregular, hasta casos de refugiados o asilados. Se trata, por tanto, de un proceso conocido como ciclo migratorio que puede ser descrito siguiendo un modelo dividido en tres momentos: salida, tránsito, ingreso – permanencia, y retorno. Es así que el Estado ecuatoriano ha venido generando políticas y programas que involucran a flujos migratorios mixtos y que incluyen a todo el proceso migratorio.
Tomando en consideración que existirá un cambio de gobierno en mayo de 2021, resulta necesario analizar la coyuntura actual en materia de movilidad humana con especial énfasis en la población venezolana que se encuentra en el país, con el fin de generar posicionamientos estratégicos que permitan direccionar la política migratoria que manejará el país durante los próximos años.
Partiendo de esta situación este artículo abordará: la situación migratoria actual que vive el país, la afectación de la COVID-19 en personas en movilidad humana venezolanas, los desafíos y retos que deberá enfrentar el gobierno que asuma la Presidencia del país en los años venideros.
En síntesis, entrega los elementos preliminares para un análisis crítico y un conjunto de variables para operacionalizar la investigación sobre los grupos venezolanos en situación de movilidad humana.
Incremento de la población venezolana en la región y en el Ecuador
La migración venezolana no tiene precedentes en la historia reciente del continente americano. Por otro lado, si bien algunos autores apelan a la multicausalidad del fenómeno migratorio, en el caso de los flujos de personas venezolanas en particular, es notoria por: i) la preponderancia de los factores económicos como móviles de la migración, la centralidad de la motivación de trabajo como factor determinante de la movilidad humana venezolana hacia Ecuador; ii) una incidencia baja de la migración forzada bajo la forma de trata de personas pues la población venezolana en Ecuador que es víctima de trata de personas entre 2014-2016 es el 0,6% de los casos (el 70,4% de estos casos son de nacionalidad ecuatoriana) ; y, iii) las solicitudes de refugio de venezolanos son menores con mucho a las necesidades de, v. g., las personas colombianas.
Bajo las tendencias observadas, el estado de la movilidad humana en Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos que provee la CNIMH[3], el “96% del total del saldo migratorio positivo corresponde a personas nacionales de 4 países: Venezuela con 250.345 (“348.830 [90,6%] corresponden al período comprendido entre enero de 2017 y octubre de 2019”), Colombia con 68.197, Cuba con 40.074 y Perú con 21.806”.
Por ello se reconoce que la crisis derivada del incremento de la migración proveniente de Venezuela, es la más grave suscitada a nivel mundial luego de la crisis de Siria. De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados más de 5 millones de venezolanos y venezolanas han salido de su país en busca de nuevas oportunidades y, la gran mayoría, alrededor de 2,5 millones, se han asentado en países de América Latina y el Caribe.
Flujos migratorios venezolanos en Ecuador
De acuerdo con el Banco Mundial, se calcula que entre 4,7 millones[4] y 4,3 millones de personas salieron desde Venezuela entre 2005 y 2019, de ellas el 72% se encuentran en “Colombia, con 1,4 millones; en Perú, con casi 900.000, y en Ecuador, con alrededor de 400.000”[5]. El proceso migratorio venezolano fue estable en el periodo 2015-2016; luego, entre 2017 e inicios de 2018, aumentó, y, en lo posterior se disparan las cifras migratorias de la mano de la multiplicación de políticas de restricción a estos flujos poblacionales[6], “llegando a su mayor índice en septiembre de 2019 cuando ingresaron de hasta 7000 personas diarias. Se estima que más de 400 mil venezolanos (entre regulares e irregulares) se encuentran en el país”[7].
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, hasta el 28 de febrero del 2021[8] el Ecuador registra un saldo migratorio de personas venezolanas de 348.700, de las cuales un 73,59% corresponde a personas entre los 18 a 55 años, es decir población económicamente activa. Además, del total de venezolanos un 48% son hombres y un 52% son mujeres. En el Ecuador, la población venezolana se ubica en los centros poblados de mayor importancia económica del país: la zona de la Frontera Norte de gran tránsito comercial, la franja petrolera de la Amazonía Norte y las ciudades metropolitanas de Quito y Guayaquil[9][7]; ergo, podemos observar que son las plazas de mayor tamaño del mercado de fuerza de trabajo los lugares de mayor atracción de este grupo de migrantes.
Refiriéndonos a costos fiscales de la migración en Ecuador, tomando las cifras más altas que sitúan los llamados “costos fiscales” de la movilidad humana venezolana en cerca de 130 millones de dólares sumados los años 2018 y 2019, este valor representa el 0,001% del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador en 2018[10].
Estimaciones más onerosas sobre estos costos, como el “Marco de cooperación internacional para la respuesta a las personas venezolanas en situación de movilidad”, proponen estimaciones para un “presupuesto necesario de alrededor de […] 180 millones al año”[11]. No obstante, entre cooperación internacional bilateral, cooperación multilateral y organizaciones no gubernamentales en 2019 el gobierno admite haber conseguido más de 112 millones de dólares[12] para atender las necesidades de la población migrante venezolana.
Afirmaciones no sustentadas sobre los “costos” de la movilidad humana en Ecuador han creado un clima de animadversión hacia esta población, considerada constitucionalmente como vulnerable.
Así, “cuatro de cada diez venezolanos en movilidad se sintieron discriminados en los últimos tres meses”[13], un sentimiento compartido entre estratos de mujeres inmigrantes venezolanas e, incluso, entre mujeres profesionales[14] pues “determinadas ocupaciones en las que claramente existe una segregación por sexo.
[… Donde] la división sexual del trabajo, ha colocado a la mujer en una posición subalterna dentro de los nichos laborales e invisibiliza las responsabilidades reproductivas”[15].
Por otra parte, el 54% de los “ecuatorianos expresaron que creen que los migrantes empeoraron el crimen en Ecuador”, pese a que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las provincias de mayor presencia de venezolanos y venezolanas evidencian una mayor reducción de las denuncias de robo a personas[16]. En concordancia, los datos de la Policía Nacional –un tanto menos optimistas- muestran que los delitos se incrementaron entre 2017 y 2019 en un 0,0017%, tras un ligero descenso en 2018[17].
El número de detenidos de nacionalidad venezolana se incrementó entre 2017 y 2019 en 446%, pasando de ser el 0,5% de los detenidos en 2017 al 2,79% en 2019[18], aunque su representación en el total de extranjeros aprehendidos pasó de 16% al 41% en el mismo periodo[19]. Pese a estos datos, continúan siendo mayoritarios (96,1% en 2017 y 93,5% en 2019) los detenidos de nacionalidad ecuatoriana[20].
La participación de venezolanos y venezolanas en delitos es inferior a la importancia demográfica de esta nacionalidad, por lo que podemos concluir, siguiendo las observaciones del Banco Mundial, que “el alto número de venezolanos arrestados puede deberse, en parte, a la discriminación por parte de la policía”[21], es decir, como sostiene Fassin por haberse objetualizado a esta nacionalidad como un “tipo sospechoso” que debe ser detenido de forma preventiva[22], un hecho análogo a lo que acontece con el fenotipo árabe en los suburbios de Paris o con el fenotipo latino en el Bronx en Nueva York.
Mecanismos generados para atender la crisis migratoria venezolana en el Ecuador
El Estado adoptó la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 y ha consolidado varios Planes Integrales de Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana como mecanismos para promover la creación de planes y programas para las poblaciones en movilidad humana que se encuentran en el territorio nacional.
Otro mecanismo que permite socializar las políticas públicas y coordinar las acciones en movilidad humana, son las Mesas de Movilidad Humana (a nivel nacional, intersectorial y zonal) que constituyen mecanismos de dialogo entre diversos actores públicos y privados.
Al ser el Estado ecuatoriano garantista de derecho, ha brindado servicios públicos y sociales para poblaciones en movilidad humana, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables, NNAs, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, población LGBTIQ+ y con necesidad de protección internacional. Adicionalmente, el gobierno del Ecuador implementó facilidades para el registro y regularización de los ciudadanos venezolanos.
COVID-19
Ante la pandemia producida por la COVID-19, el gobierno ecuatoriano ha tomado varias medidas que permitan contrarrestar la propagación del virus a nivel nacional. Por ello, desde el 11 de marzo de 2020 se declaró el Estado de excepción, se dictaminaron medidas de confinamiento nacional y una limitación a la circulación interna e internacional. De igual manera, a partir del 4 de mayo del 2020, se inició un proceso de “semaforización” de los cantones, ajustando las medidas, y se pudo determinar con un estudio de necesidades de la Plataforma R4V, que la población en situación de movilidad humana, podría registrar mayor vulnerabilidad y exposición a la COVID-19. Este estudio, que encuestó a 1.648 personas en movilidad humana, determinó que la alimentación era la preocupación prioritaria, seguida de la necesidad de medios de vida y, alojamiento.
En lo referente a la afectación sanitaria de la pandemia en la población migrante venezolana, según cifras del Ministerio de Salud a 16 de febrero de 2021, se han registrado 1.661 personas extranjeras contagiadas, de las cuales 920 (55.39%) casos positivos de coronavirus corresponden a población venezolana.
Por otra parte, se han identificado un total de 102 fallecidos extranjeros, de los cuales 54 (53%) fallecidos son venezolanos, por motivo de la COVID 19. Estas cifras reflejan que a pesar de ser una población vulnerable la afectación a los ciudadanos venezolanos en general ha sido relativamente baja.
Sin embargo, la COVID-19 no ha afectado a los migrantes y sus familias únicamente en el plano de la salud, de hecho, su estabilidad económica y social se ha visto gravemente menoscabada, ya que muchos se han experimentado situaciones de desempleo, inestabilidad laboral e incluso explotación laboral por el temor a perder sus trabajos.
Dada la realidad actual, es urgente que el nuevo Gobierno efectúe coordinaciones que permitan fortalecer, financiar y apoyar la elaboración de programas de salud pública, protección social, vivienda, servicios básicos, y a la par otros que permitan generar reformas de desarrollo sostenibles para los migrantes y refugiados en el país.
Situación en frontera sur
Debido a la pandemia producida por la Covid-19, varios de los migrantes venezolanos han visto afectada su estabilidad económica y social en sus destinos de acogida, por lo que se han visto obligados a migrar a otros países de la región en busca de nuevas oportunidades. Resulta un hecho que a pesar de que las fronteras terrestres entre Colombia y Perú aún permanezcan cerradas, muchos migrantes prefieren arriesgar su vida, atravesando pasos fronterizos irregulares en la frontera norte y sur del Ecuador. Esto no ha sido bien observado por las autoridades de los países vecinos como el Gobierno de Perú que desplegó sus fuerzas armadas en frontera para disuadir la inmigración ilegal que presuntamente se ha incrementado en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.
Mientras la pandemia y sus efectos continúen afectando a la situación de los migrantes, los desplazamientos irregulares seguirán y militarizar o hacer uso de la fuerza quizás no sea la opción más adecuada. Por el contrario, es necesario que se generen mejores opciones de control a nivel regional como el establecimiento de corredores humanitarios que permitan que los migrantes se desplacen de una manera ordenada y segura que al mismo tiempo permita que se generen mejores registros migratorios a nivel regional.
Recrudecimiento de la crisis económica
El gobierno ecuatoriano sigue comprometido con las políticas de movilidad humana y, atiende al flujo migratorio venezolano, a pesar de experimentar una crisis económica múltiple, generada por las caídas y fluctuaciones de los precios del petróleo; un alto nivel de endeudamiento público (38.4% del PIB a diciembre de 2019 y 43.8% del PIB a noviembre de 2020) y, el incremento de los niveles de pobreza en el país. De acuerdo a estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que analizan el impacto de la pandemia en América Latina, se estima que la pobreza en el país ascenderá a 32%.
Conclusiones:
A lo largo de los años se ha logrado evidenciar el compromiso del Estado ecuatoriano por seguir generando políticas en materia migratoria. No obstante, existen nuevos fenómenos que deberá tomar en consideración el gobierno entrante a la hora de generar políticas públicas, tales como la crisis económica, los efectos de la COVID-19, así como la situación de los migrantes venezolanos en el país, los mismos que se han podido analizar en este artículo.
Aún no se sabe que facción política será la que asuma el gobierno que asuma el poder; no obstante, sería conveniente que se continúe dando continuidad a las políticas exitosas en la materia y se lo haga con estricto apego a los derechos humanos y en consonancia con la Constitución y demás instrumentos que se han generado sobre la materia.
Ante la crisis económica que experimenta el país, la cooperación internacional podría situarse como aliado estratégico para que el próximo gobierno logre afianzar sus políticas mediante la generación de programas y planes sostenibles en el mediano y largo plazo que tengan impacto en la población migrante, así como en las comunidades de acogida.
Referencias:
OVM. (2021). Situación de migrantes venezolanos recientes en el contexto del COVID 19.
ACNUR. (2021). Obtenido de https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
BBC. (2021). Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55888230
Ministerio de Salud Pública. (2021). Boletín por nacionalidad COVID 19. Quito.
El Universo. (26 de 01 de 2021). Obtenido de https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/26/nota/9602620/peru-despliega-militares-frontera-ecuador-controlar-inmigracion
Primicias. (26 de 06 de 2020). Obtenido de https://www.primicias.ec/noticias/economia/oit-pobreza-ecuador-subira-pandemia/?utm_source=twitter&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
[1] Comisión IDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (OEA/Ser.L/V/II, Doc. 46/1531, diciembre 2015, 67) http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf
[2] Ecuador CNIMH [Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana], Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017 – 2021, (Quito: Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, 2019., 15-16). https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/AGENDA-MOVILIDAD-HUMANA-FINAL-FEB-2020-1.pdf….-comprimido-1.pdf
[3] CNIMH, Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017 – 2021, 38.
[4] MREMH, Respuestas del Ecuador a la crisis migratoria venezolana. Presentación Power Point, (Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2020).
[5] Banco Mundial, Entre países: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador (s/l: s/e, 2020), 19.
[6] Ibíd., 20.
[7] Ecuador MREMH. Ayuda memoria para presentación del señor canciller en la conferencia de donantes en solidaridad con migrantes y refugiados de Venezuela. Documento interno. 2020.
[8] Flujo migratorios 28 de febrero de 2021
[9] Banco Mundial, Entre países: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, 55.
[10] Banco Mundial. Datos Ecuador. https://datos.bancomundial.org/pais/ecuador
[11] Ecuador MREMH. Ayuda memoria para presentación del señor canciller en la conferencia de donantes en solidaridad con migrantes y refugiados de Venezuela. Documento interno. 2020.
[12] Ecuador MREMH. Informe sobre la cooperación internacional recibida en Ecuador en materia de movilidad humana. Documento interno. 2020.
[13] Banco Mundial, Entre países: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, 99.
[14] Daniela Díaz, “Principio de igualdad y no discriminación de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes venezolanas profesionales en Quito- Ecuador, 2014-2015” (tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2016), 79. http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5384
Este fenómeno se produce pese a que “tanto Ecuador como Venezuela al ser miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a través de los acuerdos bilaterales reconocen los títulos profesionales de los ciudadanos de los dos países y esto les permite a través de una convalidación del título, ejercer su profesión”. En Andrea Robalino, “Estrategias emprendidas por las mujeres migrantes venezolanas calificadas en Quito para enfrentar los desafíos y dificultades en su inserción laboral”, (tesis de maestría, FLACSO, Sede Ecuador, 2018), 31. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/14624
[15] Ibíd., 12.
[16] Banco Mundial, Entre países: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, 107-108.
[17] Policía Nacional del Ecuador, Informe N.- 2020-002-DAID-DGO-PN, (Quito: Policía Nacional del Ecuador, 06 de febrero de 2020).
[18] Ibíd.
[19] Banco Mundial, Entre países: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, 110.
[20] Policía Nacional, Informe N.- 2020-002-DAID-DGO-PN.
[21] Banco Mundial, Entre países: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, 110.
[22] Didier Fassin, La fuerza del orden. Una etnografía del accionar policial en las periferias urbanas (Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2016).
Abogada, comprometida con los derechos humanos de personas en movilidad humana, con más de siete años de experiencia en temas migratorios y derecho internacional. Maestrante de Derechos Humanos con mención en exigibilidad estratégica.
