Dra. Sybel Martinez Reinoso
El próximo 7 de febrero de 2021, los ecuatorianos elegiremos a quienes gobernarán el país en los próximos 4 años; así como a 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. Estas elecciones se dan en un contexto recesivo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, de pobreza y extrema pobreza, de descontento y de debilitamiento de la cohesión social.
Sin duda la crisis de la COVID-19 -uno de los parteaguas de nuestra historia- nos ha generado una enorme aflicción social, misma que se vive y siente con mayor fuerza en grupos sociales desprotegidos, como lo son las mujeres y nuestras niñas, niños y adolescentes, (NNA).
Es indudable que las consecuencias -a nivel económico, social y emocional- de la pandemia y su confinamiento no han tardado en aparecer. Varias brechas que ya existían se han profundizado; somos las mujeres y los NNA, una vez más, quienes quedamos en absoluta desventaja.
En estas próximas elecciones, 6’632.295 mujeres sufragaremos, y aunque representamos el 51% del padrón electoral, nuestra real participación política es restringida. En los roles de toma de decisión, nuestra representación no llega ni al 10%.
De las 16 candidaturas presidenciales en firme, una sola mujer busca llegar a Carondelet. En las 17 listas para asambleístas, solo 4 mujeres las encabezan. Y aunque somos la mitad de la población y las madres de la otra mitad, seguimos relegadas a un segundo plano.
Según ONU Mujeres, la población femenina en el mundo es la más afectada por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados que provocó la pandemia.
En Ecuador en situaciones normales, las mujeres dedicábamos el triple de tiempo a las tareas domésticas y de cuidados, con la carga emocionlal que esto supone, en detrimento de la disponibilidad de tiempo personal y profesional.
Las cargas de los cuidados y su reparto equitativo remunerados deberían ser tareas políticas de primer orden para contener el impacto de género en la pandemia, y, por ende, el impacto económico y social en la población.
Durante el confinamiento esta desigualdad histórica llegó a un 76%, incluso con la pareja en casa.
Siendo las mujeres rurales, indígenas y afros, quienes más sintieron sus embates; mujeres que, según las proyecciones de la CEPAL en la región, corren el riesgo de caer en la pobreza extrema.
En Ecuador, no importa qué indicador económico social tratemos, la mujer rural siempre es la más perjudicada.
La precarización laboral femenina, la falta de protección social y la informalidad se acrecentaron en esta crisis atípica en el país.
Ya antes de la pandemia las mujeres que percibían ingresos inferiores a 400 dólares (sueldo básico unificado) representaban el 30,72%, durante la cuarentena ese porcentaje subió al 49,04 %. El 50% de la población femenina del Ecuador se encuentra fuera del mercado laboral. Emprendemos más que los hombres, pero lo hacemos por necesidad, no por oportunidad.
Pese a estar en la primera línea de defensa, fuimos y somos las primeras en ser despedidas o suspendidas sin aviso de retorno y las últimas en ser contratadas.
La OMS también dio sus señales de alarma, advirtiendo que la reducción de la disponibilidad de servicios escenciales relacionados con la salud sexual y reproductiva podía implicar
“miles de muertes maternas y neonatales debido a los millones de embarazos no deseados adicionales, los abortos en condiciones de riesgo y los partos complicados sin acceso a la atención esencial y de emergencia”.
De la advertencia a los hechos, hubo mucho trecho en el país, las brechas en el sistema de salud se agudizaron durante la pandemia para las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica. Se evidenció la falta de acceso a atención ginecológica, entrega de métodos anticonceptivos y planificación familiar, controles pre y post natales, acceso a retrovirales, detección de infecciones de transmisión sexual, VIH, entre otros.
En cuanto al manejo clínico de la violencia sexual, del aborto legal y la atención posterior al mismo, poco conocemos hasta ahora, es que aún no sabemos los horrores que el confinamiento ha causado en los cuerpos y psíquis de niñas y mujeres. Lo que sí es una certeza, es que antes de la crisis, 13 niñas menores de 14 años quedaban embarzadas cada semana, la gran mayoría víctimas de incesto y que 7 de ellas parían de sus violadores mientras que 6 abortaban, clandestina y dolorosamente.
El aborto por violación, una deuda pendiente en el país, es armaga e indisputablemente una causal de niñas, “a merced de” no alcanza para definir la precariedad y la indefensión en las que ellas se desenvuelven. Urgen respuestas humanas que cuiden y acompañen a niñas y mujeres del país, en sus tránsitos más violentos y desgarrados.
El embarazo adolescente es otro grave flagelo, somos el segundo país en la región con los índices más altos, 111 nacidos vivos por cada 1.000 partos. Y pese a esta dolorosa cifra la Política de Prevención y Erradicación del Embarazo en Niñas y Adolescentes, sigue siendo una quimera.
La crisis nos impactó más por la falta de perspectiva de género en las medidas tomadas por el virus y porque venimos de situaciones previas de menoscabo e inseguridad.
Inseguridad como la que provoca la violencia machista, que con o sin confinamiento se sabe, tiene lugar en la gran mayoría de casos, en el ámbito privado y es ejercida por parte de parejas, exparejas o familiares varones.
La casa, aunque el mejor refugio para evitar el contagio es y sigue siendo, para muchas mujeres y sus niños, el lugar más inseguro. 106 NNA en la orfandad producto de 118 femicidios, así lo confirman.
Con la crisis de la pandemia por COVID –19 se espera un incremento de la mortalidad, morbilidad y pobreza infantil, mortandad infantil que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y por los efectos del estado nutricional infantil, podría aumentar como nunca antes en 60 años. Este incremento oscilaría entre 10 a 50 por ciento, debido a la desnutrición infantil aguda, la falta de antibióticos para la neumonía, la sepsis neonatal, la deshidratación por diarrea, la imposibilidad de controles del niño sano y acceso a vacunas. En el Ecuador 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, el peor índice de la región.
Unicef Ecuador, en octubre del 2020 advirtió que, a finales del mismo año, 3’148 mil niños y sus familias experimentarían pobreza multidimensional, 6 de cada 10 de ellos, le harían frente a la pobreza multidimensional extrema.
Según este organismo, Ecuador deberá invertir 2.600 millones en programas de asistencia social para apalear la crisis que se avecina y definir una estrategia de respuesta inmediata y recuperación enfocada en hogares con niños. El incremento de la pobreza multidimensional extrema del 43 al 48 por ciento en estos hogares, es un argumento inconvertible a la hora de buscar soluciones.
La pobreza multidimensional, trae consigo la falta de acceso a educación, salud, seguro social, alimentación, vivienda y trabajo, y es el caldo de cultivo para la producción de toda forma de violencia.
Son 35 NNA muertos durante la pandemia en manos de quienes les debían cuidado, protección y afecto. Son 1.699 víctimas de violencia sexual, 33mil en situación de mendicidad, 23mil sin rastro en el sistema educativo, son más de 210mil hogares que no han matriculado a sus niños este año lectivo. Es el suicidio como primera causa de muerte en las y los adolescentes, es el trabajo infantil, la mendicidad, los matrimonios forzados, el abandono, es la trata con fines de explotación sexual. Hablamos de toda una generación que, de no contar con respuestas integrales de protección a sus derechos, estaría destinada a la miseria y a la violencia.
Tanto las mujeres como los NNA, nos enfrentamos a graves retrocesos en nuestros derechos, y, pese a este panorama desolador ni las propuestas de los candidatos ni sus planes de gobierno, dan muestra de una aptitud y audacia política suficientes que permitan inclinar la balanza en favor de los sectores sociales más desprotegidos.
Ser apto y audaz, hoy, son una necesidad, no hay cabida para los dubitativos o los timoratos en la contienda electoral, menos aún para los demagogos y peor para los ignorantes. Debemos exigir excelencia en el quehacer político -tal como lo hacemos en otras profesiones- pues no estamos para frentear otra vez a la ineptocracia, debemos dejar de ser gobernados por ineptos, necios o incapaces.
Ni extrayendo y compilando las propuestas relacionadas a género, niñez y adolescencia constantes en los planes de gobierno de los candidatos, obtendríamos un documento probo con las respuestas integrales que requerimos para apalear la crisis y la cruenta realidad que enfrentamos. Todo se resume -en el mejor de los casos- en un cúmulo de buenas intenciones y de medidas parches sin presupuesto, y no de políticas públicas de transformación de las condiciones que nos provocan desigualdades estructurales.
Diseñar e implementar políticas públicas integrales con enfoques humanitario, de género, de interseccionalidad y de interculturalidad, para reducir las brechas, midiendo el impacto que éstas tienen en el desarrollo integral de los niños, debe ser una consigna electoral.
Y aunque es una obviedad decir que el nuevo gobierno deberá desarrollar múltiples políticas públicas destinadas a reconstruir (más que reactivar) un tejido económico-social que ha sido destruido. No está por demás recordar a los candidatos, que requerimos respuestas traslúcidas (no maniqueas) en políticas económicas, de empleo, de educación, de salud y de protección social. Salir de esta crisis, de modo sostenido, requiere, también, de una colaboración simbiótica entre los sectores públicos y privados, no olvidemos eso.
Los candidatos deberían comprometerse, mínimamente a: priorizar las agendas de las mujeres y de la niñez y la adolescencia acompañadas de planes decenales con objetivos claros, medibles y cuantificables.
Restablecer, fortalecer y crear servicios especializados de protección integral y protección especial de calidad y calidez, servicios que funcionen de forma articulada, como deben funcionar los sistemas de protección integral de las mujeres y los NNA, mediante mecanismos que deben también ser fortalecidos con recursos técnicos y económicos suficientes; garantizar una educación inclusiva, donde todos, todas y todes tengan cabida, acercando a la conectividad como una herramienta educativa y acortando la brecha digital existente en este país; diseñar e implementar planes, programas y proyectos de prevención, atención y reparación de la violencia perpetrada en contra de mujeres y NNA; de recuperación del salario, de generación de emprendimientos económicos para mujeres cabezas de familia, de educación sexual y reproductiva basada en evidencia científica, de reinserción escolar, de atención de problemas epidemiológicamente significativos como el consumo de drogas y alcohol, la salud mental, en especial el suicidio, de prevención del embarazo adolescente, de disminución de la mortalidad materna, embarazos no deseados y abortos peligrosos; así como garantizar una justicia especializada, al tiempo de cumplir con estándares y las obligaciones internacionales. Todo esto tiene que ver con fortalecer a un Estado capaz de responder a las necesidades concretas de las familias y a los derechos individuales y colectivos, como manda la Constitución.
No vamos a salir de esta crisis regalando un plato de comida a la mitad de la población ecuatoriana ni a sus niños, tampoco lo haremos ofreciendo bonos o trabajos indignos sean de ciento veinte, cuatrocientos o mil dólares. Aunque toda medida de acción afirmativa en esta crisis, se justifique en sí misma.
Lo cierto es que las mujeres tanto como los NNA merecemos mucho más que ser una frase “busca votos” en estas elecciones. Y tal como están las cosas, el país entero necesita del conocimiento, la humanidad y la densidad ética y moral de un líder, que facilite metas colectivas para lograr cambios reales y duraderos.
Doctora en Jurisprudencia, Licenciada en Ciencias Sociales, Directora de Grupo Rescate Escolar, Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Consejera Nacional Defensorial de la Niñez y Adolescencia, Miembro del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito. Ex columnista invitada Diario El Telégrafo. Docente invitada a los Cursos Avanzados “Derechos Humanos, niñez y adolescencia en el Ecuador”, “Salud adolescente y juvenil, cuerpos y sensibilidades” en la Universidad Andina Simón Bolívar.
