Esteban Sarmiento Jaramillo
El concepto de economía y sus raíces etimológicas provienen en las voces griegas “oikos” y “nomos”, que significa literalmente “administración del hogar”, sin embargo el sentido, literalmente, se ha ido alejando de su entendimiento originario y, hoy en día, desafortunadamente, vemos y palpamos que gira en torno a los mercados globalizados que germinan en los rascacielos de las grandes instituciones financieras y corporaciones internacionales, que lo único que demandan es el incremento de los índices macroeconómicos, totalmente ajenos a los hogares de la inmensa mayoría de las personas de nuestro planeta.
El significado de economía que se nos “enseñó” en las aulas, tiene mucha relación a la imposición de la versión oficial del concepto de “desarrollo”, que desde el Consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional FMI y Banco Mundial en los años 80, clasificó a los países de Latinoamérica como del “tercer mundo”, persiguiendo romper con esto, nuestra cultura y entendimiento de los procesos económicos y de la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, dentro de la cual no existe tal desarrollo, entendido como la noción de un proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior: no existe la visión de una fase de subdesarrollo que debe ser superada, y tampoco un estado de “desarrollo” a ser alcanzado exigiendo la decadencia de las relaciones sociales y la armonía con la naturaleza.
Sin embargo de este escenario, desde hace algunos años: organizaciones, académicos, activistas y líderes, han planteado abiertamente y a nivel global, una posición antagónica sobre las líneas de política económica y social neoliberal.
Por ejemplo Alberto Acosta Espinosa, menciona que: “El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Por lo tanto se busca una economía distinta a la actual, caracterizada falsamente por la búsqueda de la libre competencia, proceso que en realidad anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera.”. José Luis Coraggio por su lado bien señala que, economía es el sistema de instituciones, valores y prácticas que se da en una sociedad para definir, movilizar, distribuir y organizar capacidades y recursos a fin de resolver de la mejor manera posible las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros.
Desde los estudios y análisis de diversos autores y organizaciones, la economía social y solidaria es el sistema económico en proceso de transformación progresiva que organiza los procesos de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, de tal manera que estén aseguradas las bases materiales y relaciones sociales para el Buen Vivir o Vivir Bien, en convivencia armónica con la naturaleza.
La economía social y solidaria principalmente es una visión diferente del mundo, una visión que nos muestra que otra economía es posible. Una economía donde lo importante no son únicamente los mercados, los beneficios monetarios o los índices fríos y distantes de la especulación y el capital; sino, y sobre todo, las personas, los seres humanos. En esa perspectiva, la economía social y solidaria es un retorno a esa economía más cercana y humana (Luis Elizondo Lopetegi).
Nuestra Constitución de la República, tiene avances significativos en materia económica, de hecho el artículo 283, dice que “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.”, dando un giro drástico a lo que mencionaba la Constitución de 1998, texto que establecía para nuestro país, un sistema económico social y de mercado.
Ahora bien, dentro de este contexto y en los actuales momentos, ¿qué ha significado que el Ecuador disponga de un sistema económico social y solidario?; en la práctica, en la aplicación de políticas públicas, con el actual gobierno, muy, pero muy poco; porque con los acontecimientos socio-económicos recientes, lo menos que se ha demostrado, es que existe equilibrio entre sociedad, Estado y mercado –privilegiando al mercado claro está-, y que no existen las circunstancias que garanticen la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales, para posibilitar el buen vivir, principalmente de los sectores menos privilegiados.
Ya en noviembre de 2018, la Federación Médica Ecuatoriana, denunciaba que los $ 3.096 millones proyectados en la proforma para el 2019, eran insuficientes para atender al Sistema Nacional de Salud; esto, comparado con la proforma aprobada para 2018 de $ 3.573 millones, lo que ocasionaría una reducción de $ 477 millones, contrariando lo que dispone la Constitución de la República en la disposición transitoria vigésimo segunda, dado que no existía el aumento anual del 0,5% del Producto Interno Bruto PIB, este escenario significaba que se dejaría de atender en calidad y cantidad a muchísimas personas en el Ecuador, sin satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema, lo cual ocasionaría, a su vez, retrasos en las citas médicas, escasez de medicamentos e insumos y falta de profesionales especialistas, operativos y administrativos; al final, el recorte en la inversión en salud en el año 2019, fue del 36%.
Más o menos en la misma línea, en octubre de 2019, con la eliminación de los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís, a través de la expedición del decreto 883, -totalmente inconsulta, claro está y por un acuerdo con el FMI-, la disminución de salarios de hasta un 20% en el sector público, así como la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para los servidores públicos y un aporte de 1 día del salario mensual, fueron muestra, que al momento de dictar política pública en materia económica, no se observó, ni se respetó, lo que determina la norma suprema en su artículo 283, dado que, estas medidas podrían llamarse de todo, menos de solidarias y que iban encaminadas a favorecer a la gran mayoría de sectores más desprotegidos, “sino al contrario”; hay que recordar que luego de 13 días de protestas de los sectores sociales, especialmente de la fuerza indígena en toda la nación, el presidente Moreno derogó el decreto 883.
La pandemia del COVID-19, a nivel global, ha sido el detonante para entender que en Ecuador, en este gobierno, la mayor parte de reglas en materia económica, obedecen a guiones neoliberales, a factores externos y de grupos de poder, pero que no tienen sintonía con las limitaciones básicas de la generalidad de la población.
En este sentido veamos algunos acontecimientos alejados a lo dispuesto en el tantas veces referido artículo 283 de la Constitución: la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid 19 y la Ley de Ordenamiento Fiscal; reducción del presupuesto para 2020, en sectores vitales como salud en $214,9 millones, y en educación $831 millones, en total a esta fecha según el propio Ministerio de Finanzas la reducción del presupuesto es de $2.929,6 millones; pago de deuda externa en plena crisis y repunte de la pandemia, según el Banco Central del Ecuador BCE, los pagos fueron de $791,2 millones, todo esto ocurría en momentos en que los propios organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el grupo de los países del G20, y la misma Asamblea Nacional del Ecuador, sostenían que todos los pagos de deuda externa en estos instantes, debían suspenderse para que los mismos sean destinados al combate de la pandemia del coronavirus; se permitió giros al exterior del sector privado por cerca de $2.000 millones, incrementando con ello la salida de divisas desde nuestro país; consentir y avalar con diversas normativas el despido entre marzo y junio de 2020 de más de 30.000 trabajadores privados, los que son parte de los cerca de 240.000 personas que perdieron sus trabajos; y en los últimos días, la expedición del Acuerdo Ministerial MDT-2020-0124, de fecha 11 de junio de 2020, que permitirá la supresión de puestos de servidores públicos de carrera, violentando lo establecido en el artículo 229 de la Carta Magna.
Ahora bien, ¿podemos decir que un gobierno que admite toda la situación mencionada anteriormente, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir?; obviamente la respuesta estalla por su elementalidad.
Muchos sectores podrán pensar que en la crisis económica y social que se encuentra el Ecuador, las medidas tomadas son indiscutibles y forzosas, pero la respuesta es que no. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, ha planteado cinco recomendaciones de política que podrían utilizar los gobiernos de la región para hacer frente a la crisis: 1) estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos; 2) reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables; 3) Los bancos centrales deben asegurar la liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero; 4) la cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberían diseñar nuevos instrumentos técnicos y financieros para apoyar a los países que se enfrentan a la presión fiscal (deben, asimismo, considerar la posibilidad de conceder préstamos con bajos intereses y ofrecer alivio y aplazamientos de la deuda para aumentar el espacio fiscal); y, 5) levantar cualquier tipo de sanción que tengan los países para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y acceso a pruebas de COVID-19 y asistencia médica.
Es tiempo de solidaridad, no de exclusión; es decir, fortalecimiento de la capacidad del sector de la salud, protección de la fuerza laboral y de los ingresos, defensa social para reducir el impacto social en los más necesitados, apoyo financiero especial para pequeñas, medianas empresas y para el sector informal.
Es fundamental medidas de expansión de los sistemas de protección social para llegar a trabajadores subempleados o autónomos, desempleados, jóvenes, mujeres, niños, niñas y personas mayores, personas con discapacidad; es decir, a los grupos de atención prioritaria, establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República.
En nuestro país, las propuestas que se han realizado, desde sectores de la sociedad civil, para el manejo socio-económico de la crisis, no están alejadas de lo planteado en este texto; es decir, reglas que abarquen a esferas adyacentes a la justicia, solidaridad, cooperación, inclusión, soberanía, cuidado, ética y responsabilidad. Un ejemplo son las propuestas del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa que tiene que ver con: la moratoria en el pago de hipotecas en todo el sistema financiero (el bancario y el de economía popular y solidario), flexibilización de pagos en los créditos comerciales, créditos de consumo y tarjetas de crédito, reforzar y aplicar líneas de créditos por parte de la banca pública, liberación de aranceles de productos farmacéuticos y químicos necesarios para confrontar la pandemia, detener los despidos en el sector público (especialmente en el sector salud), incrementar la inversión en el sector salud, no eliminar subsidios a los combustibles, prohibir la “monetización” de activos estatales, no a la privatización de empresas públicas o campos petroleros, desregulación del sistema bancario, sobre todo “exhortar a la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera que disminuya las tasas de interés activas para todos los segmentos del mercado financiero nacional.”
Es vital poner en práctica la Renta Básica Personalizada o de Emergencia, como mecanismo para asegurar el sustento económico de miles de ciudadanos y sus familias.
Por ejemplo, en una primera fase, podrían beneficiarse aquellos que están en el desempleo o son sujetos sostenedores de la economía del cuidado, para afianzar el mínimo derecho a la subsistencia, cuyo valor debería ser como nimio, el estipulado para la Canasta Familiar Vital, que alcanza un costo de $511,59 y, en lo posterior ir a un estado de incondicionalidad; es decir, hacia la Renta Básica Universal, que consistiría en un pago que hace el Estado a todo ciudadano independiente de su situación personal. Este planteamiento no es nuevo ni exclusivo del pensamiento socialista –económicamente hablando-, de hecho, el informe Monitor Fiscal del FMI de octubre de 2017 ya proponía un ingreso básico universal como una de las medidas del «abanico de opciones para lograr resultados eficientes y equitativos» del cual disponen las autoridades, junto a los impuestos progresivos y el gasto en educación y sanidad; en tanto que, la crisis generada por la pandemia ha puesto sobre la mesa del debate, con mayor fuerza cada día, la aplicación de esta recurso.
El pasado mes de mayo de 2020, Jaime Dimon el director ejecutivo de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, ha señalado que «esta crisis debe servir de electroshock y llamado a la acción para las empresas y gobiernos para reflexionar, pensar, actuar e invertir para el bien común y ocuparse de los obstáculos estructurales que impidieron hasta ahora un crecimiento económico más equitativo durante muchos años.«.
En definitiva, ante la visita de uno de los jinetes del Apocalipsis, y al haber salido a luz la pobreza -en toda la extensión de la palabra- en el mundo entero y, principalmente en el Ecuador, es imprescindible partir hacia ese estado económico en el cual, el ser humano esté por encima del capital, a ese estado y cosmovisión que nos guiaron nuestros indígenas originarios. Como bien dice Huanacuni, hoy más que nunca, “Los pueblos indígenas originarios están trayendo algo nuevo (para el mundo moderno) a las mesas de discusión, sobre cómo la humanidad debe vivir de ahora en adelante, ya que el mercado mundial, el crecimiento económico, el corporativismo, el capitalismo y el consumismo, que son producto de un paradigma occidental, son en diverso grado las causas profundas de la grave crisis social, económica y política. Ante estas condiciones, desde las diferentes comunidades de los pueblos originarios de Abya Yala, decimos que, en realidad, se trata de una crisis de vida.”
Como una perspectiva, debe haber de manera inmediata, reforzamiento de las medidas existentes en la protección social:
Hoy más que nunca, entre todos, debemos buscar ese Estado que asegure, la relación dinámica y equilibrada entre sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza y que tenga por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.
Debemos ir hacia esa economía que, afirme la base material integrada a una sociedad justa y equilibrada, al propósito de acción colectiva, dirigido a contrapesar las tendencias socialmente negativas del sistema histórico, con la perspectiva -actual o potencial- de cimentar un sistema económico alternativo: la economía social y solidaria.
Economista. Máster en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad Técnica Particular de Loja. Diplomado en Investigación y Elaboración de Proyectos en la Universidad de Pinar del Río; y, en Gestión de Finanzas por la Universidad Técnica Particular de Loja. Docente universitario. Ciclista urbano y runner por convicción.
