Enoc Bravo Guerrero.
Manabí y Esmeraldas, provincias hermanadas desde las épocas heroicas de Eloy Alfaro, Luis Vargas Torres y su lucha libertaria, fue impactada por un devastador terremoto de 7.8 MW, el 16 de abril del 2016. Las consecuencias principales fueron la pérdida irreparable de centenares de vidas, daños materiales en las edificaciones y un lapidario impacto en las economías locales. Tuvimos que asumir la tragedia con un gobierno prepotente que, en medio de la tristeza y el desconsuelo, nos negó hasta la posibilidad de llorar, a riesgo de enviarnos a prisión.
La catástrofe mostró la hermandad del pueblo ecuatoriano. Gracias a los aportes solidarios que llegaron de todo el país y la fuerza de las provincias afectadas, fuimos sobrellevando la crisis y la angustia.
Ante lo acontecido, el 12 de mayo del 2016, se aprobó la Ley de Solidaridad y Contribución Ciudadana, donde se establece que los fondos recaudados en el contexto de esta emergencia, permitirían la reconstrucción y reactivación económica y social de las áreas más afectadas por el terremoto. Se conformó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica liderada desafortunamente por Jorge Glas y Carlos Bernal.
El anterior gobierno manejó alrededor de 3.500 millones de dólares y audazmente aprobaron obras ya iniciadas, que no eran ni indispensables ni prioritarias, por un valor de 2.940 millones de dólares.
Sin ningún tapujo aprobaron alrededor de 600 contratos que se encontraban en ejecución; estos atracadores, jugaron con la desgracia malversando los sagrados recursos de la reconstrucción y reactivación económica.
Solo auditado el 3% de los fondos, la Controlaría General del Estado (CGE), mediante su dirección provincial de Manabí; determinó indicios de responsabilidad penal y destitución, en contra de los cuestionados miembros del comité.
Sorprendentemente el 13 de septiembre de 2019, se les otorga el Recurso de Revisión 059440, dejando en la impunidad a los que conformaron el referido Comité de Reconstrucción. Desde la Dirección Provincial del Partido Socialista Ecuatoriano – Manabí, se exigió al Contralor General del Estado, Pablo Celi, reconsiderar el Recurso de Revisión que liberó de culpa a los causantes del atraco más descarado y vil a los manabitas y esmeraldeños.
Ahora esperamos que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, concluya con la indagación fiscal en contra de una banda delincuencial organizada por Rafael Correa Delgado (tal cual la justicia lo acaba de demostrar en el juicio por “sobornos”); y que, de manera cínica, hoy cuenta con un aliado de bigote que respalda el saqueo a los sagrados recursos del sismo del #16A.
Exhortamos a los legisladores que llamen al pleno de la Asamblea Nacional, al Contralor General del Estado, para que justifique el cuestionado Recurso de Revisión. De igual manera a la Fiscal General del Estado, para que de un informe sobre el estado de la indagación iniciada en 2019 en favor de los damnificados y victimas del #16A. Las irregularidades en el manejo de los recursos de la reconstrucción, no pueden quedar en la impunidad y los responsables deben ser sancionados.
Estudiante de ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Manabí (UTM). Dirigente político y social. Secretario de Casa de la Cultura Juvenil – Manabí y poeta.
Presidente del Partido Socialista Ecuatoriano-Manabí 2019-2021 y Coordinador de Renovación Universitaria – U.T.M.
