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Camino a la despenalización del aborto en Ecuador

 Soledad Angus Freré

La penalización de aborto en Ecuador comienza de manera absoluta en los inicios mismos de la República con el primer Código Penal de 1837 y es recién, cien años después, con el Código Penal de 1938 que se reconocieron dos excepciones básicas: cuando esté en peligro la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo proviene de una violación o estupro cometido a una mujer “idiota” o “demente”. Ya en nuestra historia reciente, durante el anterior Gobierno de Alianza País (AP), en el año 2013 se tramitó en la Asamblea Nacional la reforma a la norma penal adjetiva y sustantiva, y se impulsó a través de colectivos y organizaciones feministas la despenalización del aborto -al menos- en todos los casos de violación, sin la restricción prevista en la norma referente a la discapacidad intelectual de la gestante. Es así que desde la misma bancada de Alianza País se planteó la moción para discutir el tema.

No obstante, el Presidente de la República de ese entonces y líder de AP, Rafael Correa Delgado, amenazó enfática y directamente con presentar su renuncia si se aprobaba tal reforma, calificándola inclusive como un acto de traición.

Lo cual bloqueó el planteamiento referido haciendo que el nuevo Código Orgánico Integral Penal se publique el 10 de Febrero 2014, manteniendo la penalización y reformando las causas de aborto no punible; únicamente se reformó la terminología conforme a estándares actuales, de “mujer idiota o demente” a “mujer que padezca discapacidad mental”.

Esto que a nivel legislativo y político fue una derrota, significó un golpe para las adolescentes y mujeres de todo el país, pues desde el año 2014, con la entrada en vigencia del nuevo Código, inicia una escalada de persecución y criminalización a mujeres que habrían practicado un aborto, inclusive en circunstancias de aborto espontáneo. Sin embargo; esta arremetida del Estado no hizo retroceder a las mujeres, ni en su decisión de continuar o no con un embarazo no deseado,  ni en la pugna por exigir la consagración de sus derechos a nivel normativo. De esta forma las mujeres, colectivos y organizaciones, se articularon con más fuerza, tejiendo más redes a nivel nacional y articulando más apoyos y frentes de lucha. Aquí cobró una vital importancia la intensa labor de organizaciones como Fundación Desafío, Surkuna, Las Comadres, entre otras.

Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Por su parte, quienes se rehúsan a liberar a las mujeres de la condena legal y social, se enfrentan a una particularidad: siendo la realidad del aborto tan cotidiana como urgente, no se puede devolver este debate a las sombras de la indiferencia, pues una vez puesto en la palestra, desviar la mirada ya no es una opción.

Por ello, nuevamente en el año 2016, el entonces Defensor Público presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que, entre otras cosas, expone la problemática relacionada a los embarazos producto de delitos contra la integridad sexual y reproductiva de las mujeres y propone la ampliación de causales de aborto no punible a todos los casos de violación, estupro, incesto o inseminación no consentida, todos estos, tipos penales al tenor de nuestra legislación.

Dicho proyecto de reforma fue consolidado con varias otras propuestas y en el año 2018, año en el cual pasó a análisis de la Comisión de Justicia presidida por la asambleísta Marcela Aguiñaga, donde consiguió el respaldo mayoritario de la Comisión y, por lo tanto, fue sometido a debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, agregando también a las causales de aborto no punible, los casos en los cuales el embrión o feto padezca una patología congénita de carácter letal incompatible con la vida extrauterina.

En este trayecto del debate se sumaron con argumentos, experiencias vitales, pruebas e innumerables elementos a favor de la despenalización, diversas mujeres, organizaciones nacionales e internacionales, genetistas, médicos e incluso teólogos convencidos de la necesidad de que se legisle con una verdadera ética laica. Vivimos también una oleada de violencia y difamación quienes pusimos la voz y el cuerpo, atreviéndonos a desafiar el silencio y el tabú, para hablar en público sobre el aborto. Frente a esto, se emprendió una vez más en una campaña de demonización de las mujeres que deciden abortar y de las mujeres que decidimos acompañar y abogar por el derecho a decidir. Aun así, el panorama aparentaba ser positivo, en todo espacio público y privado el debate fue sincerado, y la necesidad de la despenalización del aborto en casos de delitos sexuales, tuvo más eco que nunca.

Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Con ello, una vez más, la Asamblea Nacional tuvo la oportunidad histórica de restituir derechos a las niñas, adolescentes y mujeres de este país, haciendo que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales priorizando la justicia social. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2019, con 59 votos en contra y 65 votos a favor, los esfuerzos resultaron insuficientes, pues no hay que olvidarlo, pesaron las ausencias y las abstenciones de asambleístas que previamente habían dado su palabra a favor de las más vulnerables.

La Asamblea Nacional cedió a grupos tradicionales de poder que se aferran a falsos humanitarismos intransigentes, negando la posibilidad de ampliar las causales de aborto no punible conforme el mínimo urgente que se debatía.

Hubo una explosión tanto en las redes como en las calles. En Quito las mujeres se tomaron la Plaza de la Independencia y desde varias ciudades del país estuvimos movilizadas por varios días, el descontento se hizo escuchar y todas reafirmamos nuestros compromisos, nos quedó más claro que nunca que nuestras luchas como movimiento no pueden confiarse a políticos que no se encuentran realmente comprometidos con los derechos de las mujeres y cuya única agenda es reforzar su propia popularidad electoral.

Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

El paquete de reformas pasó al Ejecutivo quien tenía un plazo de 30 días para pronunciarse. Al cabo de este plazo, no sabremos qué fue lo determinante en la actuación de la presidencia de la República, si la figura desgastada del Presidente y su escaso capital político, o una mezcla de barreras formales con una bien pensada estrategia jurídica. El resultado es que el Ejecutivo no vetó el proyecto de ley agregando la despenalización en las causales que se debatían, sino que se pronunció objetándolo parcialmente por inconstitucionalidad, en referencia a una disposición transitoria que por error la Asamblea mantuvo en el texto haciendo gala, una vez más, de la poca prolijidad y la falta de técnica legislativa que, sin embargo, sirvió para abrir una puerta a la posibilidad de que sea ahora la Corte Constitucional donde se analice la despenalización de aborto por violación, la cual tiene un plazo de 30 días para emitir su dictamen.

Nuevamente las mujeres estamos atentas. Esperemos que esta vez no primen los cálculos del poder, sino el análisis concienzudo de la problemática que está en debate.

Si la Corte Constitucional examina el fondo, no existe manera de que se niegue al cumplimiento de estándares internacionales, pues se encuentra expresamente documentado que el embarazo forzado, especialmente en casos de delitos sexuales, constituye un tipo de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, y es la misma Constitución de la República la que garantiza a las mujeres tanto la protección prioritaria de su vida y de su salud durante el embarazo, como el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener.

Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

La Corte Constitucional no podrá sino reconocer que la garantía de protección a la vida desde la concepción es un deber que corresponde al Estado mediante políticas públicas de prevención de embarazos no deseados, prevención y erradicación de delitos sexuales y la atención prenatal y post parto ¿Es ético, es legítimo y sobre todo es constitucional que el Estado obligue a las niñas, adolescentes y mujeres a renunciar a sus derechos?  No, no nos pueden forzar a ofrendar nuestros cuerpos, sacrificar nuestro proyecto de vida y en definitiva renunciar a nuestros derechos. Eso es una inmolación inexigible por parte del Estado.

Así lo han entendido los Estados más avanzados en materia de bienestar y derechos humanos, que han incorporado a sus legislaciones la despenalización el aborto desde los años 70 del siglo pasado, incluyendo países de la región, que en los últimos años han despenalizado el aborto por las causales en debate, en Argentina, Colombia, Chile; mientras que sin causales en Uruguay. Por lo tanto, Ecuador no podrá por mucho más tiempo quedarse al margen y darle la espalda a la progresividad de derechos.

Sea mediante el dictamen en relación a la objeción parcial por inconstitucionalidad planteada por el Presidente de la República, o por las acciones constitucionales directamente interpuestas por organizaciones, mujeres del movimiento feminista y defensores de derechos humanos, es un destino indefectible para Ecuador la ampliación de causales de aborto no punible como un mínimo urgente.

Mientras tanto cada año aproximadamente 2.500 niñas de entre 10 y 14 años seguirán siendo madres y aproximadamente la misma cantidad de niñas seguirán abortando en situación de clandestinidad y riesgo, perpetuando así los círculos de postergación y violencia. Las adolescentes y mujeres más pobres entre las pobres, seguirán siendo criminalizadas por abortar, las de clase alta seguirán abortando de forma discreta con sus médicos de confianza o en el extranjero; y ante estas realidades, las mujeres nos seguiremos acompañando, fortaleciendo y extendiendo redes, pues no  permitiremos que se deje en el tintero nuevamente el reconocimiento de nuestros derechos.

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Soledad Angus
Soledad Angus
Abogada, feminista, articulista de opinión y miembro del colectivo Aborto Libre Guayaquil.

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