Carlos Pauta Calle
El miércoles 12 de diciembre, los representantes del sector trabajador y empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS) presentaron sus propuestas para el incremento del Salario Básico Unificado que regirá en el año 2019.
Un incremento del 12% al salario básico fue la propuesta presentada por el sector trabajador, es decir de US$ 46,32 (US$ 386 a US$ 432,32), bajo el argumento de que la propuesta va dirigida a aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, en tanto que el sector empleador pidió que debido a la situación económica que vive el país, heredada de los gobiernos anteriores, se dé una moratoria, es decir, que no se incremente el salario para el año 2019, esto debido a que “en la medida que tengamos empresas sostenibles tendremos empleo, nosotros queremos apostar por el empleo pleno”
El Ministro del Trabajo textualmente señaló:
Debemos vernos como lo que somos, socios estratégicos que buscamos dinamizar el empleo, la economía, porque eso va en beneficio de todos los ecuatorianos. Si no se aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores no aportamos a la reactivación y dinamización, pero, sobre todo, bajo ningún concepto podemos aumentar los costos de producción en el sector empresarial.
Desde hace un año aproximadamente, el Ecuador enfrenta un problema de deflación en su economía, entendida como la baja generalizada y prolongada del nivel de precios de bienes y servicios de una economía, en donde la principal causa de este fenómeno en nuestra economía corresponde a la caída en la demanda.
Con la deflación se crea un círculo vicioso por el que, al caer la demanda, las empresas ven reducidos sus ingresos al tener que reducir los precios para conseguir ventas, como consecuencia de ello, tienen que reducir sus costos, lo que significa en la mayoría de veces recortes del empleo, lo cual, si hay un mayor desempleo la demanda seguirá disminuyendo ya que estos dejarán de comprar, y así sucesivamente.
En los últimos años, el tema salarios se ha caracterizado por las siguientes afirmaciones: pérdida del valor adquisitivo que ha afectado a la economía nacional; no ha habido un incremento salarial, sino una indexación a la inflación y una brecha salarial entre canasta básica familiar y salarios, que en los últimos 18 años ha representado más del 40%.
Recordemos que ante crisis de los años 2008 y 2009 se aplicó de manera efectiva medidas anti-cíclicas, es decir un conjunto de acciones dedicadas a impedir, superar, o minimizar los efectos del ciclo económico. La teoría keynesiana señala que un gobierno debe intervenir, reduciendo tributos, promoviendo la expansión del crédito, realizando inversiones que sean capaces de estimular la economía, etc.
Actuando técnicamente y respondiendo a la preocupación del sector empresarial de “se requiere sostenibilidad empresarial para garantizar el empleo”, un incremento de salarios sería recomendable para estimular, incrementar la demanda que apunta a mejorar niveles de venta y por lo tanto a realizar su producción, pero esta medida no sería suficiente y debería ir acompañada de otras como una reducción del IVA del 12 al 10%, porque el empresario necesita vender a alguien, y para vender las personas necesitan dinero en su bolsillo y esa demanda es gasto que forma parte de la producción.
Pero también se requiere cobrar impuestos de cerca de US$ 4.000 millones a grupos económicos grandes, que actualmente se encuentran en mora con el Estado y con ello cubrir el potencial desajuste de ingresos por la reducción del IVA, mientras se reactiva la demanda, pero igual se requieren otras medidas como mejorar la calidad del gasto público y revisión del nivel de salarios a escalafones altos de la burocracia ecuatoriana.
Las últimas cifras de actividad económica del país, según el BCE, muestran que la economía se está recuperando; el Producto interno bruto es positivo en los últimos trimestres; así las exportaciones del país, encargadas de manera importante de generar divisas y sostener la dolarización (petroleras y no petroleras) crecieron de US$. 15.721 a US$. 16.268 es decir un 3,48%.
El nivel de activos y cartera del sistema financiero privado: los activos de los bancos privados se ubican en US$. 39.879 millones a noviembre 2018 con un incremento anual del 5,1% con respecto al mismo mes de 2017 y la cartera en US$ 27.170 millones con un crecimiento del 11,6%; en tanto que los activos y cartera de las cooperativas de ahorro y crédito, que dinamizan y financian sobre todo actividades productivas, se ubican en octubre 2018 en US$. 11.182 millones con un crecimiento del 18,9% con respecto a 2017, su cartera en cambio en US$. 8.471 con un incremento del 30,5% en el último año. Estas cifras últimas muestran que si los emprendedores percibieran que la situación actual es complicada no se estuvieran endeudando.
Las remesas de nuestros migrantes para el primer semestre del presente año (US$ 1.482 millones), se encuentran a un nivel muy parecido al segundo semestre del 2017 (US$ 1.515 millones), debido a la reactivación de la economía norteamericana y española; el sector de la construcción, mantiene su ritmo de actividad, el precio del barril del petróleo supera actualmente los US$50 con expectativas de mantenerse o de crecer el próximo año.
El sector privado nacional, debe apostarle al futuro del país y contribuir de esa manera a reducir la desconfianza del inversionista de la que tanto se habla, está llamada a generar confianza nacional, pero debe evidenciar voluntad en la práctica, debe empezar por el retorno de más de 30 mil millones que se encuentran fuera del país, recursos generados con la participación social de empleados, obreros y agentes económicos diversos, recursos que actualmente están financiando desarrollo en otras latitudes y lejos de nuestro país.
Este sector está llamado y casi obligado a invertir, mejorar productividad, competitividad y a generar empleo y no dejar que solamente el Estado tenga siempre que resolver sus exigencias y a responder por ejemplo con condonaciones de intereses y multas (tal cual ocurrió con la reciente ley de fomento productivo de meses pasados que le cuesta al Estado cerca de 2.600 millones), en claro perjuicio de las grandes mayorías. Acaso ya hemos olvidado diez años en donde los principales grupos económicos aumentaron de manera importante su nivel de ventas y ganancias.
Por lo mencionado, el sector privado debe crecer y desarrollarse por su propia cuenta; ¿cuándo tendremos gerentes empeñados en mejorar calidad y productividad en sus industrias y olvidarse de requerir al Estado que resuelva sus demandas?
Bien haría este sector empezar por cumplir con el pago de sus impuestos, evitando evasión y elusión, pagando a sus obreros y empleados un salario justo y digno, conforme establece la constitución.
Juan Carlos Moreno, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL, señala que la decisión de subir o no los salarios en la región, radica en cuestiones eminentemente políticas y no técnicas, lo cual a su criterio es lamentable, ya que se ha olvidado que esta medida gubernamental genera desigualdad económica, social y un sinnúmero de consecuencias negativas para la población. Expuso además que países como Alemania, Estados Unidos de América y el Reino Unido y recientemente Francia, han aumentado precisamente el salario mínimo de sus trabajadores como medida de impulso a su economía.
Es importante para las autoridades del trabajo tomar decisiones más adecuadas para las mayorías nacionales, reactivando su capacidad de compra y demanda; temas como la flexibilización salarial no es respuesta ni solución, solo hará reducir sueldos y capacidad de compra. Hay que actuar con sentido de equidad y justicia social.
