Carlos Pástor Pazmiño
Estructuras heredadas
La agroexportación y la extracción de materias primas minerales y energéticas, han sido las principales vías a las que han recurrido los gobiernos de turno del Ecuador, para insertarse en la economía mundial. Los gobernantes asumen estas exportaciones como el camino más fácil para financiarse; aún cuando una porción considerable de las divisas que generan estos rubros quedan fuera de los países, debido a la remisión de utilidades de las grandes corporaciones o por la fuga de capitales a paraísos fiscales provocada por las élites locales.
La concentración y el acaparamiento de los recursos productivos son rasgos históricos de los procesos de acumulación del país. La novedad está en que estas últimas se han intensificado al cabo de las últimas décadas. Esto explica y acentúa la inequidad distributiva. No se trata solamente del ingreso y de la riqueza. Por ejemplo, la tierra y el agua, para mencionar dos bienes estratégicos, también están altamente concentrados. No es un hecho fortuito que los índices de concentración de la tierra en Ecuador (Gini: 0.81), estén entre los más altos del mundo.
Hablar de los factores históricos que constituyen la base de la injusta distribución de la tierra nos remite a la apuesta exacerbada por los monocultivos intensivos, destinados a la agroexportación. Este modelo tiende a utilizar agroquímicos en grandes cantidades y, con los avances biotecnológicos, recurre a semillas industriales y transgénicas con el argumento de incrementar la productividad e ingresar divisas.
Estos argumentos son en esencia falaces. Los productos que ofrecen están destinados a los mercados internacionales, principalmente a: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Todos ellos han sido comoditizados y están atados a las bolsas de valores y a la especulación financiera. Los promotores de este modelo son las grandes corporaciones multinacionales, aliadas a las élites rentistas locales. De hecho, son quienes direccionan las políticas públicas de los Estados nacionales, al vaivén de sus intereses. Mientras tanto, este sistema productivo sigue deteriorando los ecosistemas; provocando la pérdida de biodiversidad; la expansión de la frontera agrícola, minera y petrolera; la descampenización; y, en consecuencia, aumenta el riesgo asociado al cambio climático.
La política agraria de Lenin Moreno fortalece la agricultura intensiva de exportación, la cual mantiene una acentuada dependencia de insumos artificiales. Esta forma de producción contamina las fuentes de agua, degrada los suelos y, en general, pone en riesgo la vida. La preferencia de este tipo de agricultura permite a las multinacionales del agro controlar prácticamente todo el proceso productivo en su conjunto: desde el origen de la semilla, hasta la distribución y el consumo de los alimentos.
Este modelo es parte de un proceso de expansión y reestructuración de los agronegocios a nivel global, la integración industrial, la emergencia de nuevos actores, los flujos crecientes de capital Sur-Sur y la profundización de la financiarización de la agricultura. François Houtart nos decía que este uso del suelo se desarrolló en América desde principios del siglo XIX, “el capitalismo agrario ha tenido como base el modo de producción agrario exportador. Hoy en día, en todos los continentes conocemos la penetración del capitalismo agrario, principalmente en nuestros países”. Los campesinos ya no tienen tierra ni en las uñas, ahora venden su fuerza de trabajo en agroempresas de rosas, brócoli, palma, banano, caña o turismo corporativo; y otros lo hacen en ciertas modalidades como la denominada “agricultura de contrato”.
Políticas, Instituciones Públicas y Actores
La consecuencia de esta tendencia provoca el desplazamiento de campesinos, pueblos ancestrales y fortalece la acumulación por despojo. Esta realidad cambia notablemente la estructura rural y niega la posibilidad de impulsar reformas agrarias en beneficio de los campesinos. En estos dos años del gobierno de Moreno, lo más cercano a un proceso en beneficio de los campesinos ha sido la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que tiene un presupuesto incierto. El resultado de esta política es una polarización entre la agricultura campesina y aquellos productores agrícolas capitalistas con acceso a las inversiones y los conocimientos para entrar en los nuevos mercados de exportación, con nuevos productos como: brócoli, hortalizas, frutas y flores, entre otros.
Al frente de las políticas rurales, Moreno y su gabinete responden a un modelo de desarrollo rural hegemónico y global, fomentado por empresas transnacionales que legitiman y promueven distintos flujos económicos, especulando en los mercados y bolsas de valores internacionales con los precios de estas materias primas. Dichas empresas, en alianzas con el Estado, cubren sus huellas con lo que llaman “política de responsabilidad social” o “dialogo nacional”, que lo único que logra hacer es cooptar a dirigentes sociales de organizaciones campesinas indígenas para colocarlos al frente de instituciones públicas, sin mayores posibilidades de cambios estructurales; promover clientelas; y someter a ciertas organizaciones sociales y políticas. Correa y Moreno han profundizado con mucha fuerza la reprivatización exportadora, basta ver sus políticas agrarias para saber que ambos se subieron al tren de los monocultivos de exportación. El slogan que antes era “Cambio de Matriz Productiva” hoy es “Minga Agraria”. Cambian la carcasa; pero el fondo es el mismo.
Correa caminó muy de cerca con el Consorcio Nobis durante todo su gobierno. Isabel Noboa lo visitó varias veces en Carondelet. Su cercanía con el régimen la hizo acreedora a uno de los proyectos emblemáticos de las Alianzas Público Privadas (Puerto de Posorja). Ahora la relación entre el gobierno y este grupo económico se profundiza con Moreno. El yerno de la empresaria: Pablo Campana Sáenz, ex directivo del mencionado consorcio, dirige el Ministerio de Comercio Exterior. Campana es miembro del colectivo PROPONLE. Él encabezó la llamada “minga nacional agropecuaria”, proyecto político para el sector rural que impulsa el monocultivo de agro-exportación, el acaparamiento legalizado de tierras, el control del agua, la masiva utilización de agroquímicos y la búsqueda de mercados internacionales para los “flex crops”[1].
Los procesos extractivos mineros y petroleros continúan imparables y son generadores de conflictos sociales. Basta ver la reciente movilización de los sectores que luchan por el agua, la vida, y que están en contra de la megaminería y la explotación de una parte del parque nacional Yasuní.
Quien fue la cabeza de esa cartera de Estado fue Javier Felipe Córdova, quien demostró estar dispuesto a imponer estas actividades extractivas, en contra de la voluntad popular por preservar las zonas altamente diversas, como los casos de Nakintz e Intag. Moreno hace suyo el mensaje de Correa: “no seremos un pueblo sentado sobre un saco de oro”, y no hay duda que luego dirá, como su predecesor, que se trata de minería para el Buen Vivir…
Por su parte, Carlos Pérez García, ex alto funcionario de Halliburton, una gran empresa petrolera transnacional, profundiza el “festín de nuestro petróleo”. En una entrevista realizada durante la reciente reunión de la OPEP, afirmó que continuará con la explotación del crudo en el ITT porque “Ecuador necesita esos recursos”. Como Ministro de Hidrocarburos cabe la pregunta: ¿mantiene independencia con sus anteriores empleadores de origen norteamericano?
De igual manera, las condiciones laborales en estos años han sido desastrosas: el sub empleo ha crecido significativamente bajo un extenso marco normativo. Tomando en consideración el Decreto 1701, el mismo que afectó los derechos de la contratación colectiva; el Código de la Producción; la Ley Orgánica del Servicio Público; el Decreto 813; entre otras, planteo la siguiente interrogante: ¿ha terminado la explotación laboral gracias a la política que ha ejecutado el actual ministro de trabajo? Pues bien, el Ministro de trabajo, Raúl Clemente Ledesma Huerta, guayaquileño, miembro de Movimiento provincial Centro Democrático del prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, no ha cambiado esta realidad.
Otro aspecto importante a tomar en consideración es el boom bananero de los 50s, el cual nos situó como uno de los países más grandes para la exportación de banano en el mundo. Las divisas que ingresan por esta rama económica son casi tan significativas como las que ingresan por la exportación del petróleo. La frontera agrícola de este monocultivo es aproximadamente de unas 200 mil hectáreas. A pesar de los réditos económicos del sector, los obreros agrícolas son de los más explotados, la mayor parte de ellos, no tienen seguro social, no cuentan con un salario digno, no poseen un contrato fijo, no están organizados y padecen graves enfermedades debido a los agroquímicos que utilizan en las plantaciones. Los trabajadores agrícolas están indefensos frente a las condiciones laborales en el sector agrícola. ¿El ministro de trabajo ha hecho que se cumplan las normas laborales de los obreros en general, y en particular de los obreros agrícolas? Esto es cuestionable debido a que el ministro de trabajo, es hijo de Eduardo Ledesma, ex presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador.
Según el Ranking de las mayores empresas del Ecuador de la revista EKOS, los sectores dedicados a la pesca y acuacultura son los más rentables en los últimos años. Negocios Industriales Real S.A. y Eurofish, son de las empresas que más han crecido. Esta última vendió $92´783.003 en el 2015[2] y es el espacio donde laburaba la actual Ministra de Acuacultura y Pesca, Ana Drouet Salcedo. Los intereses de los grandes exportadores de atún y camarón están bien representados, ambas empresas son líderes en el acaparamiento de manglares y la pesca de arrastre nociva para las especies marinas. Para estas corporaciones, abrir mercados con los Tratados de Libre Comercio (TLCs), con la Unión Europea (UE) y con Estados Unidos (EEUU), parece ser el objetivo de la actual Ministra. La política que implementa para los pequeños pesqueros artesanales, no se termina de consolidar.
En suma, el presidente Moreno no ha cuestionado el modelo económico heredado del correismo (concentrador de capitales, rentista e intermediario) y menos aún la sociedad jerárquica que mantuvo el gobierno de estos últimos años.
Es decir, la prioridad del gobierno ecuatoriano es la economía exportadora dependiente de los mercados internacionales y de entregar el país a los TLC con la UE y el posible TLC con EEUU. Moreno y su gabinete no representan una amenaza al sistema vigente de dominación y clases; como tampoco lo significó el gobierno de Correa. El gabinete parece ser una fórmula de “transacción” entre una burguesía comercial con altos réditos y una aristocracia agroexportadora que pretende levantarse con fuerza de la mano de los TLCs, amparado en las leyes rurales como tierras, agua, semillas, etc.
Hoy en día es más evidente cómo el Estado ha sido cooptado por las élites económicas. Se consolida una renovada forma de dominación burguesa. Moreno y su equipo de ministros-empresarios han logrado convertir al Estado ecuatoriano en un Estado-Empresarial que sirve de instrumento político, y a través del cual, logra articular a las élites para defender sus intereses comunes. Todo esto en un contexto de polarización social y desmantelamiento del tejido organizativo popular, con el claro objetivo de buscar un desarrollo capitalista, aliado a las grandes corporaciones y potencias mundiales. Lenin Moreno comparte con las clases dominantes, la preocupación por el orden y la acumulación de riqueza. Asimismo, comparte con las clases medias el deseo de conservar una posición de consumo, apenas consolidada; y, al mismo tiempo, se hace eco discursivo de los reclamos de los sectores más populares.
Moreno no romperá la lógica del empresario ecuatoriano fundamentalmente rentista, tan propia de modalidades de acumulación extractivistas que demandan prácticas sociales clientelares y un régimen represivo que será inocultable.
Resistencias desde los subalternos
Frente a estos procesos, en el mundo de la agricultura tenemos espacios en permanente lucha y resistencia en donde existen sistemas alternativos al modelo hegemónico. Por una parte, hay una gama diversa de productores de pequeña y mediana escala, que sin ser necesariamente sujetos campesinos o indígenas, producen alimentos para el mercado local y/o nacional, mediante sistemas diferentes, aunque generalmente subsumidos parcial o totalmente a las lógicas de producción, distribución y comercialización del modelo agroindustrial.
A pesar de contar con poca tierra, la agricultura familiar campesina representa más de las tres cuartas partes de las unidades de producción en el país; y, al mismo tiempo, absorbe una porción significativa de la oferta rural del empleo. A nivel regional, se estima que más de la mitad de los alimentos en América Latina provienen de la pequeña agricultura, de pequeñas fincas, especialmente a cargo de mujeres. En América Latina, 8 de cada 10 unidades productivas, están en manos de pequeños productores, pero estos representan apenas una quinta parte del total de las tierras agrícolas.
La agroecología es una consigna de lucha que tiene varias connotaciones. Unos la conciben como el conjunto de saberes y prácticas de producción alimentaria que busca superar la dependencia de los combustibles fósiles; así como de tecnologías contrapuestas a la sostenibilidad de los ecosistemas y que, en su lugar, pretenden fortalecer sistemas de producción de alimentos que ponen en el centro a: la agricultura local; la producción nacional de alimentos por campesinos y familias rurales y urbanas, con base en la innovación socio ecológica sustentable; los recursos locales; y la energía solar. Mientras tanto, para los campesinos, supone la posibilidad de acceder a tierra, semillas, agua, créditos y mercados locales; mediante políticas de apoyo económico, iniciativas financieras, oportunidades de mercados y tecnologías agroecológicas.
El propósito central de la agroecología es ir más allá́ de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía.
La agroecología es un concepto en permanente construcción, que tiene una fuerte carga política de lucha y resistencia; así como de disputa simbólica y material, que reclama un lugar destacado dentro de las formas alternativas de producción agrícola en el país, el continente y en el planeta en su conjunto.
En este sentido, la agenda a seguir debe contemplar el resguardo de los territorios, las prácticas agroecológicas, y la lucha contra el extractivismo y los megaproyectos. Para materializar estos deseos, es urgente fortalecer a las organizaciones, proponer leyes a favor del medio ambiente y movilizarnos para hacerlas cumplir. Generar políticas de apoyo a la agricultura familiar campesina. Solo con la lucha, la movilización y la propuesta, podremos enfrentar el poder de las grandes empresas transnacionales aliadas a los gobiernos de turno.
Superar la pobreza en el campo implica terminar con la deuda agraria, acaparamiento de tierra, agua, ausencia de apoyo técnico, falta de comercialización, escasos servicios de apoyo a la producción, entre otros. En América Latina y en particular, en Ecuador, los sectores rurales han sido y son marginados por el sistema. Si los gobiernos no cumplen con la deuda agraria; los campesinos desaparecerán, dejando la producción de alimentos en manos de las corporaciones, con todas las implicaciones socio-ambientales que ello implica.
Mantener el modelo actual significa acabar con los suelos, destruir la salud de los trabajadores agrícolas y de los consumidores, descampenisar las zonas rurales y ampliar los cordones de pobreza urbana, producto de la migración campo-ciudad. Si persiste el status quo, acabaremos con la vida como la conocemos, las empresas serán dueñas “hasta del aire que respiramos”, crecerá la pobreza y el modelo agroexportador se fortalecerá a tal punto, que será imparable. Por todas las razones expuestas, ¡este modelo a largo plazo es insostenible!
La agricultura de la vida, en cambio, promueve la diversificación, sin agroquímicos, es generadora de empleo, es el camino idóneo para la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados. Promueve la relación directa entre productor y consumidor, en ferias barriales, encuentros locales de agroecología y turismo comunitario, etc. De esta manera, se puede llegar a tener una sociedad más equitativa y con impactos positivos en el medio ambiente, la salud y la solidaridad en la comunidad.
Es sensato decir que el acceso a la tierra, acompañado de educación y mejores condiciones de salud, acceso a mercados y una relación directa entre productores y consumidores, es capaz de contribuir de modo sustantivo a disminuir la pobreza rural y desarrollar el campo desde otra perspectiva socio-cultural. Para esto, es indispensable la unidad de acción entre la academia, el movimiento campesino-indígena, ambientalistas y consumidores urbanos, y todos los que queremos un mundo mejor.
Se suele tildar a los promotores de un mundo mejor como voluntaristas, fanáticos que ignoran los «desafíos reales de la alimentación», que enfrenta el planeta. O bien, se nos etiqueta como opositores radicales a los avances tecnológicos, sobre todo en el campo de la biotecnología. Al fin y al cabo, la realidad es que ninguna de las dos acusaciones es cierta. Los sistemas alternativos de producción, con los debidos apoyos desde las políticas públicas y las regulaciones de mercado pertinentes, son capaces de alimentar en forma sana a toda la población mundial. Las cifras de producción de alimentos agrícolas consumidos por seres humanos avalan esta afirmación.
Si hoy en día algo puede llamarse “fanático”, es la creencia ciega de que la acumulación de capital ilimitado puede ir de la mano con la protección integral de los ecosistemas y con la promoción de la salud humana. frente a los actuales desafíos sociales y ambientales, conviene ver a las resistencias del mundo rural ecuatoriano, como un referente ético y demostrativo de lógicas y sistemas alternativos.
[1] Productos agrícolas flexibles en los mercados internacionales, se pueden vender para consumo humano, consumo animal o como insumos para biocombustibles.
[2] Guía de negocios revista EKOS
Investigador académico y militante de las reivindicaciones por la soberanía alimentaria, la agroecología y la Economía Social, Popular y Solidaria. Politólogo por la Universidad Central del Ecuador, Especialista Superior en Cambio Climático, Magister en Relaciones Internacionales, Doctorando (PhD) en Estudios Latinoamericanos. Se ha desempeñado como docente-coordinador en CLACSO. Coordinó el Taller de Estudios Rurales de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Ha publicado varios libros y artículos sobre estos temas. Actualmente es rector del Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria.
Muy bueno tu artículo mi querido Carlos,,, allí lo que falta es que los comercializadores del agro son los extranjeros de cada esquina, que con el producto de su ganancia, envían dólares a sus países de origen, lo que está ocasionando una corrida de divisa que muy pronto pasará factura a la economía dolarizada del Ecuador