Berenice Cordero
Ecuador, en los últimos tres años, ha dado pasos esperanzadores para asegurar cuidados de base familiar, para niños, niñas y adolescentes, que se han visto privados del derecho constitucional a vivir en familia, por la violencia sexual, la trata, la explotación sexual y laboral, enfermedades catastróficas, discapacidad profunda y situaciones severas de negligencia que hacen de la familia espacios de alto riesgo. El 50% son casos de negligencia en el cuidado que no constituyen delito, pero si reflejan graves crisis familiares.
La protección de niños y niñas privados del cuidado familiar cuenta con nuevas alternativas al internamiento: apoyo y custodia familiar y acogimiento familiar. Además de la medida esencial que es la reinserción en la familia de origen y una alternativa de gran importancia que es la adopción.
Anualmente cerca de 2400 niños, niñas y adolescentes, requieren protección que sentencia la separación de la familia por orden judicial.
Son atendidos en 88 centros de internamiento, operados y financiados por el MIES, el 90% son servicios privados. Cerca de 1000 al año son reinsertados a sus familias. La pandemia obstaculizó estos procesos. Los demás viven en las instituciones cerradas.
La excepcionalidad de la institucionalización (en las llamadas casas hogar) se fundamenta en la existencia de un importante consenso científico sobre el impacto negativo de la institucionalización en el desarrollo de los niños. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara al afirmar que las instituciones de cuidado residencial tienen un impacto negativo en la salud y el desarrollo de los niños y que deben ser sustituidas por otras modalidades de cuidado de alta calidad y de base familiar. En especial, esto responde a que en muchos casos la falta de atención personalizada en esas instituciones apareja una ausencia de vínculo emocional entre los niños y las personas a su cargo; y, el registro de violencia institucional por parte de los cuidadores.
El COVID 19 incrementó estos números: entre 2020 y 2021 se registró 756 nuevos ingresos a los servicios de protección: una cifra sin precedentes. Las causas: negligencia 259, 115 abuso sexual, maltrato 59, trata y explotación 18 y otros casos llamados de abandono. Los que quedaron en orfandad sólo son 3. En su mayoría son de Imbabura, Pichincha, El Oro, Loja y Azuay. Para referencia Chile tiene 10.600 niños, niñas y adolescentes en internamiento, Colombia cerca de 20.000, Uruguay 1100 y Haití es el caso más dramático de la Región: 32.000.
Una institucionalización innecesaria, no idónea, precoz y prolongada tiene efectos perjudiciales sobre la salud y el desarrollo físico y cognitivo del niño, que pueden llegar a ser irreversibles.
En términos generales los estudios estiman, por ejemplo, “que cuando las y los niños viven bajo cuidados institucionales pierden un mes de crecimiento lineal por cada dos o tres meses, lo que se explica no sólo a partir de las deficiencias nutricionales o de servicios…sino también como resultado del abandono socioemocional”[1]. En otras palabras, la teoría del apego de Bowlby resulta fundamental para construir la estructura psicológica y emocional del sujeto. El apego es el vínculo que se establece entre el niño y el adulto responsable de su cuidado, por lo regular en un entorno familiar.
En 2017, el Comité de los Derechos del Niño, recomendó a Ecuador emprender en una estrategia de des internamiento de niños, niñas y adolescentes e insistió en la protección mediante cuidados de base familiar, así como en la necesidad de un procesamiento oportuno y especializado de las medidas protección por parte de la administración de justicia. La justicia especializada es un propósito de la nueva reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, un juez multicompetente no debiera tratar, por ejemplo, casos de inquilinato y medidas de protección de la infancia.
Una primera constatación es que Ecuador debe avanzar en la erradicación progresiva de la institucionalización innecesaria de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
Esta política, debe apegarse a la doctrina jurídica, a la normativa nacional e internacional y recuperar la experiencia disponible.
Las investigaciones demuestran que los niños que han permanecido en modalidades de cuidado alternativo de tipo familiar presentan un mejor desarrollo físico y cognitivo que los que han vivido en instituciones residenciales. También son mejores sus desempeños en términos de logros académicos, así como su integración social como adultos independientes. Estas problemáticas se agravan en el caso de los niños con discapacidades. Los daños que han sido documentados, en los niños institucionalizados, incluyen la pérdida del reflejo de la succión, que obliga a la alimentación mediante sondas nasogástricas, la atrofia física por falta de movilidad y las alteraciones motrices como el movimiento repetido de balanceo.
Asimismo, la inactividad prolongada al permanecer en una cuna es peligrosa tanto para el desarrollo físico como para la salud psicológica. Para un niño pequeño, yacer de espaldas por largos períodos puede causar que su cabeza se aplane y sus huesos no crezcan adecuadamente.
Di Iorio, psicóloga jurídica argentina, dice que la institucionalización de niños y niñas refleja que las heridas que afectan a ese grupo social se producen socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran sólo en el individuo sino en el conjunto social. Además, se alimentan de un imaginario social asistencial que estigmatiza a las familias en crisis y a niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y que no asume que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes mujeres, en particular, es un fenómeno masivo y estructural, que requiere atenciones y servicios específicos.
La pandemia demostró que el acogimiento institucional puede fácilmente volverse una medida generalizada de privación de libertad, preferida por la tradición judicial.
Durante el confinamiento, fue prácticamente imposible que niños y niñas internados pudieran tener el contacto necesario con sus familias.
Las familias acogedoras, en el Ecuador, hoy acogen sólo a 20 niños, niñas y adolescentes. Los cambios culturales también son esenciales. Ahora hay muchas adopciones nacionales, hace casi 20 años las adopciones internacionales eran mayoritarias y las más frecuentes.
El acogimiento familiar proporciona un ambiente que responde a dos importantes déficits: el de la propia familia biológica, incapaz y sin el privilegio, por diversas problemáticas, de ofrecer los cuidados necesarios a su hijo, y el que se deriva de la propia institucionalización: poco espacio para lo privado, para el individuo como tal, y para el compromiso afectivo y la exclusividad que genera el vínculo afectivo.
Los nuevos servicios de Apoyo y Custodia Familiar, trabajan con familias en crisis (familias en extrema pobreza con alto riesgo de ruptura de vínculos o familias ampliadas que asumen la custodia de niños en orfandad por femicidio), para evitar la separación familiar innecesaria. Se inició en 2019, con 30 servicios a nivel nacional, dos años después son 50 unidades de atención.
El derecho a la familia se relaciona estrechamente con la efectiva vigencia de todos los derechos del niño debido al lugar que ocupa la familia en la vida del niño y su rol de protección, cuidado y crianza. En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño, establece de forma expresa en su artículo 20 el deber de los Estados de garantizar medidas especiales de protección y de cuidado alternativo para niños que no cuenten con los cuidados parentales adecuados y recalca la obligación del Estado de asegurar por todos los medios posibles, garantías para que todas las familias, independientemente de su condición, puedan cumplir con sus obligaciones.
El COVID nuevamente nos interpela como sociedad, como familias y como Estado, no sólo incrementó la pobreza: el 30% de los ecuatorianos hoy vive con menos de 3 dólares diarios. También incrementó las violencias, la trata y la victimización continua de los niños, niñas y adolescentes y con todo ello la fragilidad de las familias.
El 30% de los niños, niñas y adolescentes viven con temor en el Ecuador de la pandemia. También reafirma que es urgente el apoyo para familias en alto riesgo y vulnerabilidad que pierden el privilegio de criar a sus hijos: esto ha implicado el retorno e ingreso masivo de los niños, niñas y adolescentes a los centros de acogida, en una magnitud no registrada en los últimos 20 años. La crisis y la pandemia castigan reiteradamente a la infancia, cuando pierden su derecho a vivir en familia.
Bibliografía:
[1] Ver Revista Defensor, abril 2014, México
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.
