Reformas a la LOES: las falacias del presidente Lasso

Reformas a la LOES: las falacias del presidente Lasso

Silvia Vega Ugalde

Los argumentos con los que el presidente Lasso y sus voceros gubernamentales han presentado las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), entregadas a la Asamblea Nacional el pasado 17 de agosto, son tres: la búsqueda de una mayor autonomía universitaria, la necesidad de lograr un mayor acceso a la educación superior junto con precautelar la libertad de elección de carreras y programas académicos por parte de los/as estudiantes.

Pretendo mostrar en este artículo la falacia de tales argumentos, a la luz de la orientación y sentido de las reformas propuestas.

¿Mayor autonomía universitaria?

Es la muletilla que se repite y se incluye en varios de los artículos cuya reforma se propone; pero el sentido que se da a tal autonomía es la reafirmación de la propuesta de desregulación total que ha planteado un sector de las universidades particulares, desde hace algún tiempo y que pretende viabilizarse además, por un cambio en la correlación de fuerzas del Consejo de Educación Superior (CES).

¿Se puede hablar de autonomía universitaria al plantear que el (nuevo y adicional) delegado del presidente de la República en el CES, sea quien lo presida, con voto dirimente? (primera disposición transitoria)[1]. ¡Absoluta antítesis con el principio sostenido!

Se pretende convertir al CES en un mero registrador o amanuense de las decisiones de las universidades, relativas, por ejemplo, a la aprobación de carreras y programas o a la aprobación de sus estatutos. Lo primero abriría la puerta a la oferta (cualquier oferta) de carreras y programas de posgrado, sin filtros de consistencia/calidad, sin análisis de pertinencia, con consecuencias de caos en la nomenclatura de títulos, que dificultaría procesos de homologación de estudios entre universidades del país y con el exterior, con lo cual, los primeros afectados serían los/as estudiantes. Lo segundo, posibilitaría que las formas de organización y gobierno de las instituciones de educación superior (IES) irrespeten principios y criterios como su adecuación al régimen de desarrollo del país, transparencia, equidad de género y alternancia, interculturalidad, entre otros, que son eliminados en la propuesta de reforma.

La ley vigente otorga competencia al CES para “verificar la conformidad con la Constitución y demás normativa aplicable de los estatutos…” (Art. 169, d) y la de “aprobar la creación de carreras y programas [….] previa la verificación del cumplimiento de los criterios y estándares básicos de calidad establecidos por el CACES y del reglamento de Régimen Académico” (Art. 169, f)[2].

La “autonomía universitaria” en la versión gubernamental, apunta también a la supresión de la competencia actual del CES de solicitar información a las IES sobre el uso de fondos (Art. 26) y de supervisar y controlar el cumplimiento de la prohibición de lucro en las instituciones de educación superior, así como de sancionar el incumplimiento de esta prohibición (Art. 169, p).

La propuesta de reforma interpreta el artículo constitucional 356 referido a este tema, en el sentido de que la prohibición de fines de lucro “implica que de haber excedentes en sus estados financieros serán destinados a incrementar su patrimonio institucional” (Art. 161), cuando el mencionado artículo constitucional referido al cobro de aranceles en las instituciones particulares señala que “contará con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones”; es decir, “el incremento del patrimonio institucional” no aparece como horizonte de la educación superior o, por lo menos, se deduciría que hay otras prioridades previas a dicho posible incremento.

¿Mayor acceso a la educación superior?

Esta es otra muletilla en el discurso del presidente Lasso, que se contradice por el lado de las reformas propuestas a la LOES y por el lado de la proforma presupuestaria del año 2021.

Las reformas plantean que la ejecución de cursos de nivelación para los/as postulantes que no puedan ingresar a una IES, será opcional para las instituciones de educación superior y, en caso de hacerlos, tendrán un costo determinado por las IES en conformidad con criterios de la Senescyt (Art.81). La ley vigente establece la garantía por parte del Estado para acceder a un curso de nivelación financiado por este, a través de convenios específicos.

Para aquellos/as postulantes que logren ingresar, la ley vigente establece que las IES podrán realizar cursos propedéuticos financiados por estas, cuestión que garantizaba que no se añadan costos a los aranceles, por cuenta de estos cursos, en los casos de instituciones particulares. La reforma propuesta por el presidente Lasso prevé que la realización de estos cursos, también serán pagados por los estudiantes admitidos.

Es obvio que una reforma de este tenor perjudica directamente a postulantes provenientes de zonas rurales o suburbanas o de colegios en los que no hayan recibido una adecuada preparación. ¿Cómo puede hablarse entonces de mayor acceso a la educación superior?

La propuesta de reformas también elimina la gratuidad para el caso de estudiantes que opten por carreras en niveles sucesivos de la educación tecnológica superior dentro del mismo campo de conocimiento, como lo establece la ley actual (Art. 80, d) y se limita la gratuidad a una única vez de cambio de carrera donde las materias puedan ser revalidadas u homologadas. Se excluye también la gratuidad para el caso de estudiantes migrantes no regularizados.

La proforma presupuestaria enviada a la Asamblea Nacional y las decisiones adoptadas en relación con el cese de la entrega de recursos a ocho universidades cofinanciadas para el otorgamiento de becas y ayudas económicas a sus estudiantes, muestra el escaso compromiso del gobierno para la inversión en educación superior, especialmente en la pública, que es la forma eficaz y real de ampliar el acceso a la educación superior, especialmente de los estratos más empobrecidos.

 Las sumas y restas que hace el gobierno, para quitar a unas y dar a otras[3], deja un saldo desfavorable para el financiamiento de la educación superior.

El rector de la Universidad Central, Dr. Fernando Sempértegui ha hecho notar que el supuesto aumento de 28 millones de dólares en el presupuesto universitario, respecto del año 2020, representa apenas un 30% de la reducción de casi cien millones que se hizo el año pasado[4].

El actual secretario de la Senescyt sostiene que “si la pandemia no hubiera llegado no hubiésemos aumentado los cupos en las universidades. El Covid-19 impulsó la oferta virtual. Eso nos hace pensar que la inversión ya no debe ir demasiado a la infraestructura, sino en tecnología y en capacitación de profesores”[5]. Una afirmación de este tenor es preocupante, puesto que parece no tomar en cuenta varias consideraciones, antes de dar por sentado que el impulso de la oferta virtual es positivo, per se.

  • ¿Alguien la ha evaluado en términos de calidad de aprendizaje, de bienestar humano de estudiantes, docentes y familias? La oferta virtual ahorra costos, es más barata que invertir en infraestructura, porque los costos (de internet, de dispositivos digitales, de energía eléctrica) se trasladan a los hogares de profesores/as y estudiantes, lo que supone mayor presión económica a los hogares de menos recursos y, a la larga, dificultades de acceso -de buena calidad-. Ello coloca el desafío de redefinir el alcance de la gratuidad de la educación superior para que tome en cuenta el financiamiento de los dispositivos necesarios para acceder en condiciones adecuadas a esa nueva oferta virtual, si realmente nos interesa defender el acceso a la educación superior.
  • La educación virtual “ahorra costos”, porque se contrata menos profesores para cursos con 70 u 80 estudiantes, que antes se debían dividir en paralelos, con doble número de profesores… Pero, esta enseñanza virtual masificada, ¿cuánto perjudica la calidad de la enseñanza? ¿Cómo se puede lograr participación e involucramiento estudiantil en las actividades de aprendizaje si no es posible un seguimiento personalizado bajo estas circunstancias? Entonces, el “ahorro” en profesores/as no es una opción, si se quiere una educación de calidad: se requieren profesores/as tutores que puedan retroalimentar el aprendizaje estudiantil, junto con los profesores/as titulares de las cátedras.
  • Pensar que la disyuntiva ya no es invertir en infraestructura sino en tecnología y capacitación docente, deja de lado los requerimientos que posiblemente tendrá, en términos de inversiones necesarias, el proceso de “retorno” post pandemia, que demande, por ejemplo, la adecuación a las infraestructuras universitarias existentes para transitar a modalidades híbridas (semipresenciales) que es lo que se está abriendo paso en todo el orbe. Esto requerirá, por ejemplo, aulas ventiladas, con cámaras, con potentes redes de internet, que reciban a pequeños grupos de estudiantes, que asistan rotativamente a clases, mientras los demás continúan conectados desde sus casas, atendiendo la clase transmitida desde la universidad. Inversiones de este tipo no sustituirán infraestructuras sino las complementarán.
  • Por otra parte, si la virtualidad ganara espacio permanente en las actividades de docencia de la educación superior y fuera posible contar con clases grabadas de los profesores/as sobre las cuales se generen actividades de discusión y reflexión -que alguien tiene que acompañarlas-, se hace más evidente que antes la necesidad de fortalecer la investigación y la vinculación con la sociedad, como áreas sustantivas y relevantes del quehacer universitario y ello no supone “inversión tecnológica y de capacitación docente” sino tomar en serio el financiamiento de investigación pertinente y sostenible como aporte fundamental de las universidades al país.

¿Libertad de elección de los jóvenes?

La primera oferta de campaña del hoy presidente Lasso fue suprimir el examen de ingreso a las universidades e incluso eliminar la Senescyt. El examen se ha ejecutado nuevamente, hace poco, con una nueva modalidad: un examen sicométrico de dudosa efectividad evaluativa y, en las reformas propuestas a la LOES, mantiene el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, estableciendo directrices “para que sea implementado por cada institución o por el órgano rector de la política pública en caso de que alguna institución requiera” (Art. 81). Esto quiere decir que los mecanismos de ingreso al sistema de educación superior no dependerán de una modalidad única general sino de los mecanismos específicos que cada universidad establezca.

¿Es esto mejor o peor para los estudiantes y padres/madres de familia? ¿Facilita o dificulta el acceso al sistema el tener que informarse de los mecanismos a seguir por cada universidad -y carrera- por las que se “opte”, en vez de tener unas reglas de juego generalmente conocidas? ¿Se eliminará en cada universidad los casos de corrupción que se han imputado al examen general? ¿Las universidades procederán con criterios justos y equitativos para la selección de sus admitidos/as o con base en palanqueos y discrecionalidad? ¿Se bajarán los requerimientos a los mínimos para captar “clientes” en algunas universidades, con las consecuencias negativas para el rendimiento posterior de los propios estudiantes? Son preguntas que suscita este cambio y no siempre son claras sus respuestas.

Lo importante es advertir que estas modificaciones en la modalidad de admisión no añaden un centímetro a la mayor libertad de elección de los jóvenes que acceden a la educación pública, porque los problemas de fondo del acceso a la educación superior no se resuelven por esta vía.

Los cupos de las universidades públicas no van a aumentar significativamente si se limita crecientemente el compromiso del estado en su financiamiento.

Los márgenes de “libertad” de elección de los jóvenes no van a modificarse en un contexto de desinformación y desmotivación sobre la oferta variada y poco solicitada de educación superior que lleva a “preferir” carreras saturadas, con difíciles condiciones de funcionamiento y con alto riesgo de no empleabilidad futura. Las opciones de elección de los/as jóvenes bachilleres seguirán frustradas si, por falta de integralidad en el funcionamiento de la educación en el país, no se trabaja articuladamente desde el bachillerato hacia opciones intermedias que pueden ser muy válidas para amplios sectores de la juventud, como lo es por ejemplo la educación técnica y tecnológica, sobre la cual existe una larga deuda que cada vez se profundiza. Fue, por ejemplo, la gran oferta incumplida del presidente Moreno y hoy no se ha escuchado una propuesta clara de parte del gobierno de Lasso, más allá de continuar financiando a la Senescyt, con un gran presupuesto[6], para continuar atendiendo a los institutos técnicos y tecnológicos públicos, gran parte de los cuales no alcanzan a despegar, como tampoco lo hacen una buena parte de los particulares[7].

El sentido de la reforma de Lasso

Desde la perspectiva del gobierno, la reforma mínima propuesta garantiza las prioridades que interesan a un puñado de universidades particulares que son parte del entorno del presidente Lasso, que han venido planteando el leitmotiv de la desregulación como la gran panacea, pero que, en realidad, es su propia conveniencia.

Con los puntos analizados antes, estas universidades y el gobierno pueden pasar tranquilas y felices los dos primeros años de gobierno. Luego se verá cómo se escribe la “nueva ley” o la “reforma integral”, que en realidad poco interesa a estos actores, que no sea para terminar de consolidar esta lamentable tendencia que se ha ido afirmando en el discurso de una parte del sistema universitario ecuatoriano.

Mientras tanto, se plantea un “nuevo CES”, cesando al actual y dejando sin efecto los concursos que estaban por concluir. Sería un CES con una nueva correlación de fuerzas favorable al Ejecutivo y al sector privado de la educación superior (5 delegados del gobierno, tres de las universidades particulares y uno de institutos particulares: total 9 sobre 5 delegados de universidades públicas).

Este CES tendría como principal propósito el coordinar la “amplia discusión” de la nueva LOES. ¡Podemos imaginar el tipo de ley que saldría de este espacio, conformado con esta nueva correlación de fuerzas y presidido, con voto dirimente, por el delegado del presidente de la República!

No ver esta realidad e ilusionarse con una ley “hecha por las universidades” es una ingenuidad, en estas condiciones. Por otra parte, ¿qué concepción de autonomía universitaria manejamos para necesitar que un organismo estatal nos coordine para discutir nuestra ley? Para eso existe una Asamblea Universitaria conformada por representantes de los estamentos universitarios que debería ser fortalecida y dinamizada como espacio de auténtica representación universitaria.

Por otra parte, ¿es una nueva ley de educación superior la prioridad en el nuevo contexto político que enfrentamos? ¿Cuáles son las líneas maestras de esta? ¿Radica en una ley la verdadera transformación de la educación superior ecuatoriana, ley que ha cambiado varias veces en las dos primeras décadas del nuevo siglo: 2002, 2010, 2018?

La “nueva ley” es una promesa incierta y tramposa, el anzuelo tirado a dos años plazo -en el supuesto de que se discutiese y aprobase en ese tiempo- para lograr otros propósitos inmediatos, de corto alcance pero de certero cambio hacia un modelo crecientemente privatizador de la educación superior, modelo que no solo se abrió paso en Ecuador en los últimos años, sino que se ha instalado en el sentido común universitario que ha ido aceptando acríticamente la vinculación a las redes mercantiles mundiales del conocimiento[8]. Modelo que, a pretexto de libertad y autonomía universitaria, nos orilla crecientemente hacia universidades-empresas, que requieren un gobierno gerencial y no académico del sistema de educación superior; basta ver que, en la propuesta de reforma del presidente Lasso, ¡se elimina todo requisito académico de los nuevos integrantes del CES, a quienes les bastaría tener cinco años de experiencia de gestión!

Las comunidades universitarias debemos oponernos activamente a estas reformas, propiciando desde nosotros y nosotras, una auténtica discusión sobre la universidad que queremos hoy y que necesita el Ecuador, en el horizonte estratégico de una transformación del país, a la que no podemos renunciar por los giros y vaivenes de las coyunturas políticas.

Esa nueva universidad debe ser madurada en el pensamiento y en la acción para una tercera reforma universitaria, de cara a los desafíos que coloca la pandemia a la ciencia, a la técnica y al pensamiento universal.

Hace falta esta discusión seria en el interior de nuestras universidades y dentro del sistema en su conjunto, antes de lanzarnos a reformar las leyes cada dos años y precipitarnos en brazos del gobierno de turno, sin medir las consecuencias de los pasos en falso.

No es que nos guste ni concordemos totalmente con la LOES del 2010 y con la reformada en 2018, ni con los organismos públicos del sistema, tal como hoy están configurados y sus formas de funcionamiento. Tampoco estamos conformes con un concurso realizado recientemente para designar miembros del CES y del CACES, con varias debilidades de fondo y forma y con unos/as personajes que quieren perpetuarse en dichos organismos para hacer de ellos su modus vivendi, a quienes favorece la institucionalidad del concurso (reglamentos, méritos que se reconocen, puntajes que se otorgan, formas en que se designan comisiones del concurso, etc.). Pero no podemos caer en un “remedio peor que la enfermedad” como dice el dicho popular.

No nos ahoguemos en el rio revuelto al que quieren lanzarnos los que pescarán pronto sus intereses. No perdamos de vista la mirada de mediano y largo plazo y afirmemos una posición propia desde la cual nos hagamos fuertes para luchar en defensa de la educación superior como un bien público y de la universidad pública, que es lo que realmente está crecientemente amenazado por las visiones mercantilistas prevalecientes.

Referencias:

[1] La LOES vigente establece un presidente/a electo por los miembros con derecho a voto (cuatro delegados del gobierno y seis académicos designados por concurso).

[2] El mismo literal establece un plazo de 45 días para la aprobación de carreras y programas; ciertamente una de las quejas es que este plazo se alarga más allá de lo establecido, lo que puede imputarse, no a la ley sino a la burocratización de procesos internos de los organismos públicos, consagrados en reglamentos o instructivos.

[3] El argumento de la Senescyt es que se elimina la participación de las ocho universidades cofinanciadas en un porcentaje del IVA, para posibilitar una mayor participación de las universidades públicas en dicho porcentaje (Noticia: Ecuador | Rector califica de preocupante el recorte de presupuestos universitarios – NODAL)

[4] Entrevista Ecuavisa, 26-08-2021: Contacto Directo | 26-08-2021 (ecuavisa.com)

[5] Entrevista a Alejandro Rivadeneira, Titular de la Senescyt. Ribadeneira: «No vamos a permitir que existan universidades de garaje» (primicias.ec)

[6] En la proforma presupuestaria enviada por el gobierno a las Asamblea Nacional, la Senescyt -que iba a desaparecer según el discurso de campaña- tiene un presupuesto de $198´242.122,90, mientras la Universidad Central que es la que más presupuesto tendría, según esta proforma, llega a $154´587.355,75 Archivos – Colabora (asambleanacional.gob.ec)

[7] En la reciente evaluación de institutos técnicos y tecnológicos ejecutada por el CACES en 2020, el resultado ha sido bastante desolador.

[8] Las orientaciones prevalecientes en el periodo correista y que se concretaron a través de varios instrumentos normativos (reglamentos), evaluativos (modelos de evaluación 2009-2018) y de funcionamiento institucional, nos colocaron como furgón de cola de las empresas transnacionales de rankeo institucional y de publicaciones, por ejemplo.

Docente de la Universidad Central del Ecuador. Ex consejera del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Coordinadora de la evaluación de universidades y escuelas politécnicas 2019.

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