Por iniciativa del presidente Daniel Noboa la Asamblea Nacional acaba de aprobar, con el voto a favor de 82 parlamentarios, un proyecto de ley que da luz verde a la consulta popular necesaria para reformar el art. 5 de la Constitución que establece:
Que el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
El mandato redactado en la Constituyente de Montecristi (2007-2008) y aprobado por el pueblo ecuatoriano era el producto de una larga y dolorosa experiencia histórica que nos enseña los peligros que entraña ceder soberanía a las grandes potencias. Pese a ello el presidente nacido en Nueva York y apoyado por la derecha oligárquica pretende abrir las puertas del Ecuador a la instalación de “bases militares extranjeras” con el argumento de que esas tropas nos ayuden a enfrentar el llamado “conflicto armado interno” desatado por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico.
Según la base de datos de Inteligencia Artificial Grok 3, que dirige el multimillonario Elon Musk, los Estados Unidos de América tienen instaladas en el mundo entre 750 y 800 bases militares entre 70 y 80 países, de entre ellas 76 bases militares están ubicadas, según el Comando Sur (SOUTHCOM), en la región de América Latina y el Caribe, solo en los territorios de nuestros vecinos hay 9 bases militares en Colombia y 8 bases militares en Perú. Las cifras no son exactas por el hermetismo con que actúa el Pentágono.
¿Y cuál es el resultado de este impresionante despliegue de poder militar del Imperio? Creo que ningún académico o político serio podrá negar que el mundo es una montaña de problemas irresueltos y que América Latina se mantiene como la región de la mayor violencia delincuencial del planeta.
El intervencionismo de los EUA en el Ecuador.
El carácter intervencionista de la política exterior norteamericana se ha mantenido como una constante desde el siglo XIX y desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump (Enero 2025) se anuncia, en forma descarada, el deseo de reapropiarse del Canal de Panamá, apropiarse de los territorios soberanos de Canadá y México y engullirse la enorme isla de Groenlandia, tomar los recursos mineros de Ucrania y apoderarse de la ciudad de Gaza, en la que sobreviven 2 millones 200 mil palestinos, para convertirla en una “Riviera del cercano oriente”, luego de consumar el actual proceso de limpieza étnica que ha causado 55 mil muertos, entre ellos 20 mil niños, en un genocidio que contempla la humanidad entre olas de indignación e impotencia.
Las relaciones del Imperio con América Latina y de modo singular con la región andina han sido tortuosas y hasta trágicas. El proyecto bolivariano de la Patria grande se frustró, entre otros factores, por el boicot norteamericano, como lo demuestra la correspondencia diplomática de sus funcionarios acreditados en Colombia y Perú entre 1827 y 1829.
Los intentos por apoderarse de las Galápagos.
A inicios del siglo XIX el capitán norteamericano David Porter estableció un base naval en el archipiélago. En 1852, el gobierno de los EUA encomendó al Embajador Cushing la compra de las islas. En 1854, un Senador norteamericano gestionó la explotación del guano en las Galápagos a cambio de un préstamo de tres millones de dólares. En 1895, luego del triunfo del liberalismo, el gobierno norteamericano propuso a Eloy Alfaro un contrato de arrendamiento de las islas, por 99 años, al precio de 15 millones de dólares. El Viejo luchador tuvo la sensatez de llamar a una consulta popular que se pronunció en contra. Entonces Alfaro, en el mensaje al Congreso Nacional del 29 de agosto de 1901, pronunció un discurso que entraña un deber histórico de todo patriota:
Ni una pulgada del suelo de la Patria puede cederse a nadie sin hacerse reo de parricidio. Nada de vender el territorio; nada de mermar la sagrada herencia que nos legaron los libertadores. El suelo de la Patria no pertenece a ninguno, sino a ella misma: y la República no puede despojarse de sus derechos, sin abdicar su soberanía y envilecerse. Desgraciado quien la escarnezca de esa manera; su nombre pasaría a la posteridad con marca de eterna infamia.
Durante la II guerra mundial los Estados Unidos tomaron posesión de la Península de Santa Elena y de la isla Bartra en las Galápagos en las que instalan bases militares con el pretexto de asumir la defensa del Canal de Panamá. Luego de la “gloriosa” del 28 de mayo de 1944, la Asamblea Constituyente, en la sesión del 17 de agosto de 1944, resuelve que: la opinión de la República es contraria a la enajenación de ese territorio . Los soldados de van, no sin antes destruir todas las edificaciones y arrojar al mar la maquinaria y equipos.
En 1987, en el gobierno de León Febres Cordero, se firma un Memorándum de entendimiento entre las Fuerza Armadas del Ecuador y los Estados Unidos que implicaban, entre otros asuntos, la reconstrucción de un tramo de 65 kilómetros de la vía Hollín, Loreto, Coca, en la Amazonía, que había sido destruida por el terremoto. Un clamor nacional pide que el Congreso Nacional investigue los trabajos realizados por las tropas americanas durante varios meses. La Comisión de Asuntos Internacionales, presidida por el diputado socialista Fernando Guerrero visita la región y constata que solo se había realizado un terraplén para la construcción de una nueva Escuela de las Américas. La Comisión de Asuntos Internacionales redacta un informe que dice, en esencia:
ni la Constitución Política ni ninguna otra norma de derecho público ecuatoriano faculta la permanencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, por ninguna circunstancia… Que es inaceptable que tropas extranjeras, puedan entrar y salir libremente del Ecuador sin sujetarse a las leyes nacionales en materia de migración…Que, en las condiciones actuales del Ecuador, la presencia militar extrajera agrega elementos de tensión en la situación política interna.
El informe es aprobado por los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales y luego el Congreso en pleno. En consecuencia, se pide al presidente de la República: el retiro inmediato de las tropas norteamericanas del suelo Patrio, en aras de la preservación de la soberanía nacional y de la paz pública. Y las tropas se van.
Los documentos secretos de la Base de Manta.
En enero de 1999, durante el gobierno de Yamil Mahuad, se empieza a rumorar que los Estados Unidos estaban buscando un país en el que pudieran ubicar las instalaciones de la Base militar Howard, en Panamá, que tenían que abandonar en cumplimiento de los tratados Torrijos Carter, que recuperaron la soberanía sobre el canal de Panamá y otras instalaciones militares concebidas para asegurar el control regional sobre el llamado “patio trasero” del Imperio.
El 30 de marzo del mismo año la Embajada de los Estados Unidos en Quito entrega a la Cancillería del Ecuador el texto de un acuerdo que cedía la Base aérea de Manta a los Estados Unidos, el mismo día el Canciller hace llegar el texto al ministro de Defensa que responde las Fuerzas Armadas no tienen objeción. Al día siguiente el 1 de abril el ministro de Relaciones Exteriores contestó a la Embajada americana aprobando el proyecto. Así, mediante un simple intercambio de notas diplomáticas y a espaldas del del pueblo ecuatoriano se puso en vigencia un acuerdo en el que:
- Se concede el acceso y uso de las instalaciones de la Base de Manta a personal militar y civil de los Estados Unidos, para la realización de operaciones ampliadas, que consiste en el envío de aeronaves y personal militar de los Estados Unidos, en rotación temporal. Las operaciones en dicha localidad se iniciarán antes del primero de abril, al amparo de las disposiciones contempladas en el intercambio anual de notas entre los gobiernos de Estados Unidos de América y de la República del Ecuador que rigen los ejercicios militares.
Las voces de protesta popular por la sospecha de que se ha firmado un acuerdo militar con los Estados Unidos, sumido en una de las más profundas crisis de su historia, obliga al gobierno ecuatoriano y a la embajada de los Estados Unidos a redactar y aprobar un nuevo acuerdo que corrija los errores y omisiones que contenía el primero, para cuya trámite sabían que el mayor escollo era la aprobación del Congreso nacional en pleno, en cuyo seno podía surgir voces patrióticas y aún antiimperialistas. Para esquivar ese obstáculo el diputado socialcristiano Heinz Moeller, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, logra una mayoría de entre sus miembros, que resuelven que el Acuerdo no necesita la aprobación del parte del Congreso Nacional.
El acuerdo se llama:
Acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de América de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos.
El análisis del contenido y alcances de este Acuerdo desborda la extensión de este artículo.[1] El numen de este segundo documento cedía no solo el área de la Base de Manta, sino todo el territorio, el mar territorial y el espacio aéreo del Ecuador para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, dados los antecedentes históricos mencionados la élite del poder lo tramitó de modo secreto, pues sabían que el pueblo ecuatoriano y sus fuerzas armadas rechazarían este bochornoso acto de sometimiento colonial, como en efecto ocurrió el 21 de enero del 2000 en que el movimiento indígena y un grupo de oficiales del Ejército derrocaron a su mayor responsable Yamil Mahuad. El Acuerdo contenía una cláusula que permitía renovarlo o no al cabo de una década. Esto es lo que hizo el expresidente Rafael Correa, en cumplimiento también del artículo 5 de la nueva Carta Política. Pero hay que decir que en esos años el problema del narcotráfico y la violencia se había concentrado, desde los años 80, en la vecina Colombia que impulsó, con la ayuda de los Estados Unidos, el Plan Colombia, un plan de guerra contra las drogas que se mantuvo durante una década y cuya balance fue negativo.
Los EUA impulsa la guerra contra las drogas.
La guerra contra las drogas, que fue una iniciativa del presidente Richard Nixon, impulsada por Ronald Reagan y llevada a la agenda mundial por George Bush, padre, ha fracasado como instrumento destinado a disminuir la oferta de drogas. La guerra solo ha conseguido activar el negocio, elevando los precios e impulsando la multiplicación de laboratorios clandestinos, sobre todo en el primer mundo, que fabrican nuevas drogas sintéticas como el ahora famoso fentanilo, una síntesis de la morfina y la heroína, miles de veces más potente, que no pone solo a soñar a los consumidores sino que los abraza con el irreversible tanatos.
América Latina y más concretamente los países sudamericanos que tienen territorios en la Amazonía, en cuyos ecosistemas únicos se reproduce la planta de la coca, han cometido el error de someterse a las políticas norteamericanas que no han tenido resultados positivos en su propio territorio, que sigue siendo el mayor mercado mundial del consumo de drogas naturales y sintéticas, y que, ahora, en la configuración del nuevo orden mundial, se ha convertido en un argumento para profundizar las políticas de expansión imperialista.
Las experiencias recientes de Colombia y México demuestran que la guerra contra las drogas ha fracasado. Aclaremos que durante el Transmilenio el Ecuador seguía siendo, comparado con Colombia y Perú, una “isla de paz”. Pero el panorama de la región andina se modificó cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó los acuerdos de paz con los insurgentes colombianos en el 2016 e, irónicamente, desapareció esa barrera que tenían las FARC – EP, a las que no les interesaba que el conflicto interno desbordara el marco nacional.
Los factores estructurales que generan la crisis.
Pero el Ecuador de hoy tiene además del narcotráfico y su secuela inmediata el sicariato, otros factores estructurales que explican las dimensiones de la crisis: siete de cada diez compatriotas en edad laboral no tienen un trabajo adecuado, el gobierno tiene una deuda que supera los 80 mil millones de dólares, el río incontenible de migrantes se incrementa, la minería ilegal se multiplica, los precios de los artículos básicos se encarecen y en determinadas regiones y ciudades la violencia desborda las capacidades estatales de garantizar el orden y la seguridad interna desde el ejercicio de la violencia legítima.
Los cambios estructurales que demanda el Ecuador.
¿Qué cambios se requieren de modo urgente para empezar a detener y ojalá modificar ese desolador panorama? Primero, desmontar ese modelo de gestión del anti desarrollo que es la “teología de mercado”; segundo, diseñar, a través del diálogo, un proyecto estratégico de producción y empleo de largo plazo, de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos, con independencia de su orientación ideológica y política; tercero, empezar el debate regional y mundial sobre la legalización de las drogas, que derrumbe los precios de este multimillonario negocio y tratar a los drogadictos como lo que son: enfermos que debe curar el sistema de salud, no es este un planteamiento nuevo, lo hizo Pepe Mujica en Uruguay legalizando el consumo de la marihuana, lo ha planteado varias veces en presidente Gustavo Petro de Colombia, entre otras grandes personalidades. Y, finalmente, fortalecer y profesionalizar mejor a los aparatos de inteligencia y las fuerzas armadas y policiales encargadas del cumplimiento de la compleja y delicada tarea de resguardar la seguridad y la paz interna.
Quito, junio del 2025
[1] Un análisis completo de estos Acuerdos fue publicado por el autor, entre los años 2001 y 2002, bajo los títulos: ¿Guerra sucia en Ecuador? Los documentos secretos de Manta, el primero, y, Drogas, terrorismo e insurgencia, ambos editados y publicados por ediciones La Tierra.
Profesor Emérito de la Universidad Central del Ecuador. Ex legislador. Literato. Mgs. en Relaciones Económicas Internacionales mención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolivar.
Ex vicepresidente del Congreso Nacional del Ecuador
Ex presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano.
Doctor (PHD) en Estudios Latinoamericanos.
