María Paula Granda Vega
Ecuador, nuevamente, es noticia internacional por un hecho que nos llena de indignación: el feminicidio de María Belén Bernal Otavalo, perpetrado por el teniente de la Policía Nacional, en servicio activo, Germán Cáceres. Desde la denuncia pública de su desaparición, hecha por su madre, el 12 de septiembre, no solo que el país, otra vez, comenzó a movilizarse por una nueva mujer desaparecida de forma forzada, sino que se sucedieron una serie de hechos que nos reafirman no solo que las mujeres estamos en la completa indefensión, sino que, en el Ecuador, nadie protege a sus habitantes. El caso de Belén, como la conocían sus colegas, amigas y familia, es el ejemplo paradigmático de la negligencia y ausencia del Estado y los poderes públicos cuando se trata de resguardar la vida, integridad y seguridad de las personas que viven en el país, más cuando estas son parte de la población vulnerable.
Por un lado, vimos a unos ministros, Carrillo y Ordoñez, que estaban más interesados en salvaguardar el “prestigio institucional” que en verdad encontrar a la víctima. Sirviéndose de la cultura machista patriarcal, donde la violencia de género es un asunto privado, no dudaron en insistir, con total indolencia y parsimonia, que no se puede culpar a toda una institución por un acto “irracional”, pero “humano” (usando las expresiones de Carrillo).
También, estos ministros, en vez de concretar acciones efectivas para realmente dar con el paradero de la hija de Elizabeth Otavalo, por redes sociales, entrevistas y otras declaraciones, intentaron desligarse de sus responsabilidades, pasando la pelota a la Fiscalía, y hasta culparon a la Universidad Central del Ecuador por la mala formación a los oficiales y a las feministas por intentar desestabilizar el país. Inclusive, se tomó la decisión de nombrar a una mujer a cargo de la Escuela Superior de la Policía para cínicamente hablar de la existencia de un “gobierno de mujeres”, y acallar el malestar, mientras la madre de Isaac, de 13 años, entró con vida a la dependencia policial, desapareció sin dejar rastro y el teniente se fugaba impune.
Por su parte, el presidente de la república, como siempre, gobernaba mediante Twitter, sin brindar un apoyo concreto a la familia de María Belén, hasta que la encontraron muerta en un monte, cuando aseguró, otra vez por Twitter, que iban a sancionar a todos los responsables.
Por otro lado, la Fiscalía, que siempre ordena medidas cautelares extremas cuando se trata de adversarios políticos del gobierno o del fiscal general de turno, detuvo a Cáceres para fines investigativos y lo dejó ir, con órdenes, según esta entidad, de que se le haga un seguimiento, sabiendo que quién debía hacer era ese trabajo era la misma policía, por lo que había un altísimo riesgo de fuga. Sea cierto o no lo que sostiene la Fiscalía (que exigieron que se siga a Cáceres de forma inmediata, lo que haría manifiesta la colaboración explícita de agentes policiales para que Cáceres pueda huir), hubo errores garrafales en su accionar. Debían, por lo menos, solicitar que a Cáceres se le coloque un grillete. Lo soltaron, sin ni siquiera corroborar su coartada. Así de inoperantes son cuando se trata de investigar un delito contra una ciudadana, contra una mujer, a la par que hasta ahora siguen presos unos jóvenes por ser parte de un movimiento social de izquierda, luego de un impactante operativo.
Finalmente, luego del desconsuelo que provoca las acciones del estado y sus instituciones, a las que claramente no les importan nuestras vidas en lo absoluto, está lo ocurrido al interior de la Escuela de Policía donde Cáceres asesinó a su esposa. Los cadetes y otros funcionarios policiales escucharon gritos y pedidos de auxilio de María Belén y no hicieron nada para socorrerla, teniendo entrenamiento, fuerza y la obligación de actuar. Guardaron silencio, fueron cómplices y encubridores como institución, no como seres individuales. ¿Si ellos no hicieron nada, qué podemos esperar de una sociedad impávida y con temor? Entonces, sí, lo que dicen las feministas desestabilizadoras es cierto: la policía NO nos cuida. Y en verdad, no nos cuida nadie, al menos en el estado.
Cómo colofón, sobra decir que en el país ocurre un femicidio cada 28 horas; que la Secretaría de Derechos Humanos tiene guardado en el cajón el presupuesto de prevención de violencia de género; que se detiene a un policía cada día en el territorio nacional por estar involucrados en diversos delitos de violencia de género, contratar sicarios, narcotráfico y delincuencia; y que no faltaron los “eruditos” y los machitos que salieron con el discurso de qué por qué María Belén fue en la madrugada a ver a su esposo y que al señalar la responsabilidad del estado hacemos de menos la violencia de género, cuando eso a ellos es lo que menos les importa.
Fue el Estado, fue la policía, fueron los ministros, fue Cáceres, fueron los cadetes que dejaron que ocurra, y toda una sociedad que culpa a las víctimas antes de aceptar que el machismo mata. Esperemos que la indignación perdure, rueden las cabezas que en verdad deben rodar y que se haga una reforma integral en todas las instituciones que todos los días nos niegan dignidad.
Socióloga. Investigadora feminista. Militante de izquierdas. Magister por The New School for Social Research. Estudiante de doctorado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona.https://twitter.com/paulitagran
