Zucy Haro
La minería metálica a mediana y gran escala se ha instalado en el Ecuador desde hace más de una década, generando escenarios inciertos de transformaciones en los territorios rurales con una creciente conflictividad con impactos ambientales y sociales. Al norte del país, en la provincia de Imbabura, en la zona de Intag, se ubica el Proyecto minero Llurimagua. Esta zona, con histórica resistencia minera, alberga la voz de mujeres campesinas que han experimentado varias arremetidas con afectaciones diferenciadas. Este artículo[1] busca esbozar de manera general las vivencias de las mujeres de Intag frente al ingreso de las empresas estatales ecuatoriana y chilena respectivamente Enami Ep – Codelco, para este caso, se aborda especialmente el impacto sobre el agua.
Introducción
La dinámica económica de las naciones desarrollados que persiguen un incesante crecimiento, posiciona a los países del sur global como proveedores de materias primas, desencadenando, a su vez, dependencia y mal desarrollo (Svampa y Viale 2014). En las últimas décadas se ha experimentado el consenso de los commodities; etapa en la que los gobiernos neoliberales y/o los de la nueva izquierda denominada progresista, buscaron un mayor acceso y control de los recursos y de la distribución rentista profundizando la matriz -primario exportadora que históricamente ha caracterizado a la región (Svampa 2013).
Para el caso puntual del Ecuador el periodo descrito emergió con fuerza durante el gobierno de Rafael Correa. Así, durante la década de la denominada Revolución Ciudadana, primó un discurso neo-extractivista que justificaba la extracción violenta (Gudynas 2013) de grandes volúmenes de materias primas bajo la narrativa de erradicar la pobreza y alcanzar el Buen Vivir. Lenin Moreno gobernó durante 2018- 2021, periodo en el cual se mantuvo como alternativa rentista la minería a gran escala, consolidando una política que buscó posicionar al Ecuador como destino formal de inversiones a escala mundial, determinando incluso que el 33% del territorio ecuatoriano podría ser explotado de forma responsable[2].
Guillermo Lasso emitió en agosto del 2021 el Decreto 151, que insta a la ejecución del Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador, afianzando al Estado como generador y articulador de políticas públicas que promuevan una minería a gran escala en todo el país.
Recorrido histórico
Al norte del país, en la región andina, en la provincia de Imbabura entre los cantones de Cotacachi y Otavalo se ubica la zona de “Intag”; este cálido, diverso y productivo valle agrupa a siete parroquias rurales (mapa 1): Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo, 6 de Julio de Cuellaje y Selva Alegre. La zona descrita no se reconoce dentro de una distribución política administrativa y el título de valle de Intag, más bien, corresponde a las características de alto valor ecológico, hídrico y cultural.
Mapa 1. Zona de Intag
Las comunidades de Intag, junto al reconocimiento de biodiversidad, cuentan con un recorrido histórico de resistencia antiminera con varios intentos de incursión: el primero se dio en los noventa contra la japonesa Bishimetals, a raíz de lo cual surgieron redes de apoyo nacional e internacional que brindaron alternativas para frenar una inminente actividad minera; más adelante, en el 2004, enfrentaron la segunda arremetida por parte de la empresa canadiense Ascendant Cooper, en esta etapa las confrontaciones escalaron y las comunidades lograron frenar la actividad. Finalmente, en el año 2014 vivieron el tercer embate minero, la empresa chilena Codelco de la mano de la empresa nacional minera Enami Ep, ingresaron no solo a fracturar rocas en busca de cobre, sino que mediante variadas estrategias lograron operar la fase de exploración avanzada.
Las zonas rurales con poca o nula atención gubernamental son escenarios privilegiados para levantar discursos de desarrollo donde la explotación de recursos naturales no renovables está en el centro de la discusión. La megaminería acudió al discurso legitimador en clave neoextractivista, para ofrecer recursos para el “buen vivir”, que llevarían “felicidad” y “progreso”. De la misma forma, de la mano de las ofertas caminan también el amedrentamiento e intimidación; en abril del 2014, apresaron injustificadamente al presidente de la comunidad de Junín, opositor directo a la minería. Acto seguido en mayo, ingresaron al menos 213 efectivos policiales, autoridades y funcionarios que junto a maquinaria pesada marcaban el inicio de la minería en Junín.
La comunidad, formada por 43 familias, convivió por meses con efectivos policiales en su territorio, quienes controlaban la movilidad de los habitantes.
En diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las actividades de exploración avanzada del proyecto Minero Llurimagua (mapa 2) se iniciaron dentro de una red hídrica extensa. La perforación de pozos arrancó con la apertura de caminos (trochas), movilización de maquinaria y equipos con mulares, tala de árboles, construcción de plataformas de perforación con requerimiento de agua de 0.63 l/s[3] dentro del bosque comunitario. Entre los años 2015 y 2017 se perforaron 69 pozos, para el año 2018[4] se ejecutaron 33 pozos más.
Mapa 2. Concesión minera Llurimagua
Afectaciones sobre el agua:
El agua tiene distintas valoraciones, es un elemento-recurso-bien natural-bien común, altamente escaso. Durante la exploración avanzada se perforaron pozos dentro del bosque comunitario de Junín, si bien directamente no se afectaron las zonas de captación, no se debe ignorar que los sistemas hídricos se interconectan tanto de manera superficial como subterránea. Las mujeres mencionaron que la empresa ofreció no afectar el agua, pero como bien lo menciona una comunera, que incluso trabajó para la minera, la empresa miente directamente:
A mí mismo el ingeniero me decía que no afectaba en nada las perforaciones, que todo era bajo tierra, pero yo tengo un terreno allá arriba [área de perforación avanzada] y el ojo de agua que yo tenía para los animales se secó durante las perforaciones. Tuve que coger de otro lado y cuando reclamé me dijo que no era por la empresa, que las cuadrillas estaban lejos y que la falta de agua era porque no llovía […]. Mejor ni pensar cuando estén cerca del agua que cogemos para tomar[5]
En concordancia con las afectaciones al agua, se ratifican los cambios evidenciados por la misma comunidad. Dentro de la reserva comunitaria Junín se ubican unas cascadas, Las Gemelas, (imagen 1) que durante los años de exploración avanzada sufrieron cambios, incluso en el año 2018 luego de tres años de exploración avanzada la apariencia de las cascadas evidenciaba afectaciones. También, durante las perforaciones, se experimentaron cambios de coloración en el río (imagen 2) que atraviesa la comunidad de Junín, los técnicos de la empresa informaron que se trataba “solo” de un derrumbe de tierra, pero desde la perspectiva de una comunera la realidad es otra:
Yo conozco el río por más de 50 años, eso no fue derrumbe, duró como 3 o 5 días, algo salió mal por allá arriba con esos tubos que perforan y fue al río, yo hablo lo que es, lo que vi […] les reclamé [ingenieros de la empresa] cuando vinieron a comer, pero dijeron que todo estaba bien y que los del MAE, ya iban a revisar[6]
Imagen 1. Cascadas Las Gemelas (Visita Contraloría General del Estado, 2018)
Las comunidades con presencia de actividades mineras extractivas perciben una afectación a los recursos hídricos. Según datos del trabajo de Hinojosa, Guerrero y Arias (2017) se detalla que en la zona de Intag cerca del 75% de los hogares encuestados reconocen que la minería es un riesgo para las comunidades.
Cuando llegó la empresa minera el control sobre el líquido vital se modificó: entidades como el MAE, Secretaría del Agua (SENAGUA) facilitaron la apropiación de caudales, pero no se prestó atención a la calidad del agua de consumo humano ni tampoco a los cuerpos de agua que procuran un equilibrio ecosistémico.
Por último, también se identificó una alta tendencia a la valoración material del recurso hídrico, atribuido directamente al aprovechamiento para turismo o producción de energía de los ríos de Intag. En esta zona existen proyectos turísticos de aguas termales públicas y privadas; y también se ubica la hidroeléctrica Manduriacu, la cual guarda una estrecha relación entre la producción de energía y la extracción de minerales; y junto a otros proyectos ubicados en la cuenca del río Guayabamba establecen una red que potencia la explotación de recursos no renovables.
Por otro lado, y en contra punto se enriquece la discusión sobre las distintas valoraciones otorgadas al agua, al abordar el carácter simbólico. Todas las personas relacionan a las fuentes de agua y a los ríos con la vida misma, como lo enuncia Bennett (2014) citado por la autora Hernando (2017):
Pensar en la vida social de los ríos, y en ellos como agentes, nos permite entender las múltiples realidades de las que son parte, más allá de las esferas normativas e institucionales que los rigen. Los ríos y, particularmente, sus riberas son espacios en los que se desarrollan parte importante de la vida social, afectiva y cotidiana de comunidades rurales, campesinas e indígenas. En consecuencia, los otros no humanos que ahí se encuentran tienen un rol central, no como materia inerte sino como materia vibrante, que penetra a través de diversas dimensiones en la vida cotidiana de las comunidades asentadas en las zonas ribereñas (Hernando 2017, 150)
Las mujeres de las dos comunidades, sin importar el rango etario, coinciden en que el agua cristalina que fluye constantemente por quebradas y ríos no les permite pensar en un territorio desértico, polvoriento en donde deban consumir agua contaminada. El agua de los ríos en Intag es sinónimo de vida, aún los niños se bañan, hay pesca e incluso persiste el respeto cuando crecen los caudales.
Reflexiones finales
Las representaciones sobre el agua giran alrededor de una valoración material desplegada y/o fortalecida por el Estado como ente regulador, alrededor de una dinámica extractiva de los recursos mineros donde la monetización del aprovechamiento del líquido es parte central de la discusión. Esta estrategia simbólica es contraria al agua asociada al consumo humano o fuente de ecosistemas únicos y frágiles, no sujetos a una valoración meramente monetaria. Precisamente, una visión extractiva deja escapar la valoración simbólica producida por las poblaciones que ven a los ríos como una fuente inagotable de vida, modelando las relaciones sociales que fluyen junto a ellos.
Imagen 2. Río Junín (con apariencia lechosa)
Durante la fase se exploración avanzada se registraron diversos impactos a nivel ambiental, social y económico, implicando afectaciones vividas de manera diferente para mujeres y hombres en función también de su grupo de edad. Se levantaron varios reportes e informes desde la sociedad civil, colectivos y ONG al respecto. Es relevante la participación de un actor estatal, la Contraloría General del Estado que elaboró el informe DNA6-0001-2019[7] que analizó las actividades ejecutadas desde 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017. Entre las principales observaciones relacionadas a las afectaciones ambientales resalta la falta de evaluación y control por parte del MAE al permitir la tala de al menos 60 árboles con un diámetro mayor al aprobado en el EIA. Además, no se ejecutó un plan de conservación de fuentes hídricas y tampoco se obtuvo una certificación de no afectación a los cuerpos de agua. Es así que al no haber un control y/o monitoreo, se usó un caudal de al menos 258.607,6 [8]metros cúbicos sin autorización respectiva.
Las actividades de exploración avanzada están suspendidas a raíz del informe de Contraloría y las empresas estatales desde entonces realizan constantes negociaciones para definir la continuidad o cambio de inversor, hasta el cierre de la presente investigación ENAMI EP mantiene su presencia en las comunidades de Intag.
Bibliografía:
Gudynas Eduardo. 2013. “Extracciones, extractivismos y extrahecciones: un marco conceptual sobre la apropiacion de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo. Centro Latino Americano de Ecología Social. Montevideo, Uruguay,1-18
Hernando Arrese Maite. 2017. “La vida social de los ríos y los conflictos hidroeléctricos en el Wallmapu.” En Gisselle Vila Benites y Cristobal Bonelli (eds ) A Contracorriente Agua y Conflicto en América Latina, 137-157. Quito Ecuador
Hinojosa Leonith, Guerrero Wilma y Paul Arias. 2017 “Percepción de in satisfacción de la demanda de agua de consumo en localidades rurales y urbanas pequeñas. El caso del cantón Cotacachi”. En Gisselle Vila Benites y Cristobal Bonelli (eds) A Contracorriente Agua y Conflicto en América Latina, 401-422. Quito Ecuador
Svampa, Maristella y Enrique Viale. 2014. Maldesarrollo: la Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz Editores.
Svampa Maristella. 2013. Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad. https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
[1] El presente documento surge de la investigación para obtener la Maestría de Investigación de Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador). El trabajo investigativo se desarrolló durante el año 2019 (revisión bibliográfica) y durante el primer y último trimestre del 2020 (fase de campo), el cronograma se alteró debido a las restricciones originadas por la pandemia que azotó a nivel global.
[2] La Hora, 33% de territorio de Ecuador puede ser explotado responsablemente, 14 de mayo de 2019, recuperado en https://lahora.com.ec/noticia/1102243170/33_-de-territorio-de-ecuador-puede-ser-explotado-responsablemente
[3] El dato sobre el requerimiento hídrico se enuncia en el EIA Cardno del año 2014, en el capítulo Descripción del Proyecto en las páginas 4 de 16
[4] Informe de rendición de cuentas 2018, recuperado en https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-an%CC%83o-2018.pdf
[5] Entrevista ET02, mujer Junín, vía telefónica, 02 de agosto del 2020
[6] Entrevista telefónica ET02, comunera de Junín, 02 de agosto
[7] Revisado en página oficial de la Contraloría, recuperado en https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57938&tipo=inf
[8] El dato sobre la captación de agua se menciona en el Informe de Contraloría General del Estado DNA6-0001-2019 del año 2019 en su página 59.
Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, con maestría en Investigación de Estudios Socioambientales (Flacso Ecuador), enfocada en visibilizar las afectaciones ambientales y sociales en escenarios extractivos generalmente en territorios rurales
