Tania Andrade
Este día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Para las mujeres es un día gris ya que, a pesar de que el Ecuador ratificó en el año 1995 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, «Convención de Belem do Para”, y es el segundo país de Latinoamérica que tipificó en el 2014 el Femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, y en el 2017 la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer; de acuerdo a los datos de la Fundación Aldea, en el año 2020 durante la pandemia del COVID-19, se reportaron 101 casos de feminicidios, es decir 6 casos más que el año anterior, reportando que cada 72 horas se produce un feminicidio[1]. Nos debemos preguntar ¿por qué este incremento?, y la respuesta la tenemos en el hecho de que los ecuatorianos estamos llenos de construcciones sociales estereotipadas mediante las cuales se han asignado roles a los hombres y a las mujeres que se vienen reproduciendo de generación en generación y equidistante a la normativa vigente.
Un año atrás me preguntaba además ¿por qué en el Ecuador se tipificó el Femicidio y no el Feminicidio?, y si ¿las dos palabras significan lo mismo?, así como si ¿la tipificación viene dado desde la esfera patriarcal?, y al respecto debo señalar primero que las dos no son lo mismo y podemos ver que las activistas feministas utilizan más la palabra feminicidio porque en esta palabra no solo está la tipificación penal; sino también, las políticas públicas para la erradicación de la violencia contra la mujer, y a mi criterio personal, la tipificación del femicidio se lo hizo desde la esfera patriarcal, es decir, desde el sistema mundial de superioridad del hombre sobre la inferioridad de la mujer, donde el Estado que garantiza y fomenta este patriarcado como dádiva hacía las luchas feministas legisló para “proteger” a la mujer.
Normas que han quedado escritas en el papel y que no tienen su práctica en la vida cotidiana, debido a la falta de política pública; que va desde incluir en la educación primaria, secundaria y porque no en la superior la erradicación de estereotipos, no se ha hecho nada por construir los roles asignados a hombre-mujer, niño-niña; no se ha asignado en el presupuesto del Estado recursos públicos para fortalecer la lucha contra la violencia a la mujer.
Y lo que es peor las instituciones como el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional (DEVIF); o la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN), son instituciones que actúan sobre hechos consumados y no para la prevención de la violencia contra la mujer y el maltrato infantil, tienen recursos muy limitados y se han convertido en entidades de apoyo de la Fiscalía para investigar las denuncias o delitos ya producidos.
A esta falta de recursos se debe sumar la falta de preparación de los funcionarios de Fiscalía y de la Función Judicial, que no dan una atención oportuna cuando las víctimas desean denunciar, fomentan la re victimización y lo que es peor crean una serie de trabas administrativas que generan más carga emocional a la víctima de violencia; generando un entorno de impunidad. No hemos logrado que la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer sea una lucha social de todos y todas, no se ha comprendido que los femicidios han generado no solo la muerte de la mujer; sino también de los hombres victimarios que se han suicidado o han ido a la cárcel y la orfandad de muchas niñas y niños; por tanto la lucha contra la violencia a la mujer no puede ser aislada, todos y todas tenemos la responsabilidad de exigir al Estado asignación de recursos y política pública; todos y todas somos los llamados a cambiar nuestra concepción y luchar por un país con cero tolerancia a todo tipo de violencia.
Referencia:
[1]http://www.fundacionaldea.org/noticiasaldea/e44274nd34j379ypj4nersafha952d
Lic. en Ciencias Públicas y Sociales, Doctora en Jurisprudencia y Abogada en libre ejercicio, Especialista en Derecho Procesal y egresada de la Maestría en derecho procesal, Presidenta de la Comisión de Ética y Disciplina del Partido Socialista Ecuatoriano, luchadora social en los barrios del noroccidente de la ciudad de Quito
