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Las reformas electorales le dejan tareas pendientes al CNE

Jorge Rodríguez Quirola

El país desde este mes de febrero, ya cuenta con nuevas reformas al Código de la Democracia. En su conjunto, se trata de un grupo de modificaciones legales importantes que van a fortalecer la participación ciudadana, como por ejemplo el cambio de la fórmula de adjudicación de escaños, de D´Hondt a Webster, así como también la votación por lista cerrada, que busca un mayor equilibrio de la representación entre las organizaciones políticas intervinientes en la lid electoral, además de un mayor debate ideológico entre los candidatos. A la vez que esta reforma de la votación por listas completas permite una menor complejidad en el escrutinio y aliviana el trabajo informático, técnico y operativo del CNE, redundando en menores costos presupuestarios.

Especial connotación tiene el tema de la paridad de género y el porcentaje que se deberá ir incorporando en los próximos procesos electorales; sin embargo, lamentable que este tipo de reforma, requerida para garantizar la participación igualitaria de las mujeres frente a los hombres, sea a través de reforma legal y no por decisión voluntaria de los partidos políticos.

Que las mujeres encabecen el 50% de las listas para candidaturas unipersonales y pluripersonales es un verdadero reto, no solamente para las organizaciones políticas, sino fundamentalmente para las propias mujeres, ya que sobre sus hombros recae el impulso de las listas.

Las modificaciones legales, incluyeron también cambios tendientes al mejoramiento del control de gastos de campaña; la necesidad ineludible de la bancarización de los aportes de afiliados, militantes y adherentes; y, el registros de las aportaciones económicas mediante un sistema cruzado entre la UAFE y el Servicio de Rentas Internas. En suma, se le entregaron al Consejo Nacional Electoral una serie de herramientas importantes que bien utilizadas permitirán transparentar no solo el gasto de campaña de los partidos políticos, sino también de los candidatos y, aquí una novedad, la devolución del 50% de gastos incurridos a costa del Estado a aquellos candidatos que no superen el 4% de votos válidos.

Fuente: AFP.

El texto de las reformas incluye disposiciones que le obligan al organismo electoral a efectuar una auditoría independiente a su sistema de validación de firmas para la legalización de partidos y movimientos políticos, recordemos el famoso escándalo de las afiliaciones y firmas supuestamente fraudulentas de la época del CNE presidido por el señor Domingo Paredes, y el alto costo que tuvo este proceso, cuyos resultados jamás se hicieron públicos.

En consecuencia, el mejoramiento de los controles, es una tarea aún pendiente del CNE, pues las auditorías y procesos de rendición de cuentas, deben efectuarse en salvaguarda de los recursos económicos del Estado, léase de todos los ecuatorianos.

El tema de las circunscripciones electorales, quedó pendiente, el interés partidario de las grandes organizaciones políticas, se impuso sobre la racionalidad de lo que debe ser el interés nacional y la consolidación de la democracia. Es necesario recordar que las atribuciones y competencias de los Asambleístas son de carácter nacional, no son de ámbito local o de pequeñas circunscripciones. Se trata por tanto de un rezago correista que debe ser eliminado en aras del mejoramiento de la representación provincial. Se trata de una tarea pendiente que le debe la Asamblea Nacional al país entero. En este sentido, la Corte Constitucional debe pronunciarse frente a la acción de inconstitucionalidad presentada por varias instancias, entre ellos el colectivo “Somos Ciudadanos”, que piden se reforme el artículo 150 del Código de la Democracia que prohíbe inexplicablemente la existencia de circunscripciones grandes y medianas.

Lo cierto es que, frente a las nuevas reformas aprobadas por la Asamblea, el CNE debe reglamentar la nueva normativa, y esta construcción debe entenderse como una nueva oportunidad para el fortalecimiento de la democracia en el país, o más precisamente, para la recuperación de la institucionalidad hecha flecos.

Luego de los últimos diez años en que esa Función Electoral estuvo al servicio del autoritarismo, y la búsqueda enfermiza del control total del poder, es necesario por tanto, que recupere su independencia interna y externa, para que responda frente a los desafíos de los nuevos tiempos.

Fuente: Ecuavisa

Los esquemas de la nueva reglamentación que se trabaje, debe ser en función de ayudar a la conformación de alianzas políticas, especial énfasis se debe poner en la posibilidad de acuerdos políticos de los partidos y movimientos para estimular esas confluencias a largo plazo, de tal manera que se garantice la gobernabilidad a futuro en los espacios de la legislatura. No puede ser solamente en el aspecto económico, por ello son importantes las iniciativas al respecto que debe recoger el CNE de las organizaciones políticas.

Así mismo, es noticia del momento el conflicto generado por la supuesta obsolescencia del sistema informático y de los servidores, a tal extremo que hemos tenido que importar técnicos de otras latitudes para que realicen una revisión, un examen a las condiciones técnicas de programas y equipos. Al parecer los ecuatorianos tenemos serias dificultades para ponernos de acuerdo, ni siquiera hemos podido dilucidar qué sirve y que no.

Sobre el tema presupuestario es necesario recordar que, en la sociedad en que vivimos, todo tiene un costo, lo que se compra se paga; surge entonces la pregunta ¿que será menos costoso para el país?, entiéndase el mejoramiento informático de lo que se tiene, o la adquisición de equipos nuevos.

Aquí cabe preguntar cuáles son los objetivos institucionales que deben ser puestos al servicio del país.

Se haga o no la repotenciación, se compre o no nuevos equipos, se compren o no los nuevos programas, es necesario que el CNE, como institución y Función, cumpla su trabajo con honestidad, transparencia y eficiencia, solo de esta manera va a recuperar la credibilidad de los ecuatorianos.

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Jorge Rodríguez
Jorge Rodríguez
Abogado en libre ejercicio profesional, ligado a las organizaciones sociales. Ex funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE). Secretario de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

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