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Organización y huelga para la transformación

Marcela Arellano Villa.

La sociedad en la que vivimos está dominada por una estructura y relaciones de carácter mercantil y patriarcal, donde la condición de género, clase y etnia ubican en una situación de privilegio a un grupo de individuos; y que ponen en subordinación, explotación y dominación a la mayor parte de la población, particularmente a las mujeres. El patriarcado organiza a nuestra sociedad, la dota de valores que justifica y normaliza la subordinación de las mujeres, y  asigna roles y responsabilidades de manera diferenciada. El patriarcado es un fenómeno cultural que cruza todas las relaciones y estructuras sociales. Este no es exclusiva potestad de los hombres; las mujeres también reproducimos las prácticas de dominación patriarcal.

Una condición básica del modo de producción capitalista que somete el mundo y fundamentalmente las relaciones laborales, es contar con trabajadores y trabajadoras despojados de los medios de producción y de subsistencia; circunstancia que obliga a proletarizar a todos los miembros de la familia, incluyendo mujeres y niños. Esta característica del capitalismo, unida al desarrollo de la industria, garantiza las condiciones para una incorporación y permanencia masiva de las mujeres de la clase trabajadora al mercado laboral.

Esta articulación entre capitalismo y patriarcado convierten al mercado de trabajo en uno de los espacios más desiguales y violentos que reproduce relaciones de explotación laboral y dominación patriarcal en el que conviven múltiples inequidades, tales como:

Segregación ocupacional de género: la mayor parte de la fuerza laboral de mujeres se encuentra ubicada en la base de la pirámide laboral y en los sectores tradicionalmente femeninos, que son la proyección en la esfera pública de las tareas que realizan en el espacio doméstico. Una mirada crítica a la composición del mercado laboral evidencia que las mujeres están ubicadas en trabajos como: la industria textil, alimenticia, en servicios de educación, salud, secretariado, labores de limpieza, y trabajo de cuidado a niños y adultos mayores.

La segregación ocupacional de género es perjudicial para las mujeres debido a que las ocupaciones laborales tradicionalmente femeninas están menos valoradas,  trasladando al mercado laboral la situación de subordinación que viven las mujeres en el ámbito familiar.

La división sexual  del trabajo en el siglo XXI se mantiene y continúa influyendo fuertemente en la selección de las ocupaciones en las que se ubican las mujeres.

El ingreso de las mujeres obreras al trabajo asalariado no implico una redistribución de las tareas domésticas. Según la encuesta de uso del tiempo, realizada por el INEC en el 2012, las mujeres destinan 31 horas a la semana a realizar trabajo doméstico; mientras que los hombres lo hacen un promedio de 9 horas. Esta información da cuenta de la doble carga de trabajo que condena a las mujeres a una doble explotación.  El trabajo doméstico no solo implica la oferta invisible y gratuita de los servicios  de limpieza y cuidado de la familia que reproducen la fuerza de trabajo; sino que también, está en manos de las mujeres la reproducción ideológica. Las mujeres son las responsables de reproducir el orden imperante, porque diariamente educan a la familia en los fundamentos éticos, simbólicos y morales impuestos por la sociedad patriarcal, contribuyendo de manera inconsciente la consolidación de las relaciones de subordinación. Esta tarea se convierte en una tercera carga laboral.

Otro elemento que caracteriza las relaciones laborales es la violencia y el acoso. De acuerdo al Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), preparado para la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2018, la violencia en el lugar de trabajo es un problema generalizado, que está presente en todos los espacios laborales en todo el mundo, y se agudiza en los países más pobres y con débiles democracias. La ubicación en la pirámide laboral, la estructura jerárquica de las relaciones laborales, la situación de migración, el género de las y los trabajadores y el trabajo precario, son factores que profundizan los niveles de violencia que se articulan a otros ámbitos de la esfera pública y privada.

Por otro lado, estamos viviendo un momento de consolidación de las relaciones capitalistas. La globalización económica impulsada por el capital transnacional da cuenta de ello. Las crisis económica, política y ética mundial han repercutido enormemente en nuestro país. La reforma política emprendida independientemente de las concepciones ideológicas de los poderes de turno ha implicado procesos de reforma laboral regresiva en derechos; y se ha puesto en las espaldas de las y los trabajadores todo el peso de la crisis económica que viven nuestros países. El ajuste del mercado laboral se ha realizado mediante  cambios que afectan la calidad del empleo. Los empleos que se están generando presentan problemas de inestabilidad laboral, imposibilidad de acceso a la seguridad social y salarios bajos. Por la condición social secundaria en la que se encuentran las mujeres, estas experimentan mayor impacto en la precarización laboral.

Entonces las razones para la movilización y huelga de son de carácter político y ético. ¡Transformar la realidad descrita es el camino a seguir!

Las mujeres militantes de los sindicatos, particularmente el Frente de la Mujer Trabajadora de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y el Sindicato Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, nos unimos a la huelga del 8 de marzo planteando como horizontes de lucha el derrocamiento del capitalismo y el patriarcado.

Para la consecución de este objetivo estratégico es necesario consolidar una fuerza social movilizada y con capacidad de generar alternativas políticas. El movimiento sindical por su ubicación en la estructura social capitalista y patriarcal, puede convertirse en uno de los actores políticos estratégicos para la emancipación; por ello las mujeres sindicalistas demandamos de nuestras organizaciones sindicales:

  • Valorar y promover la participación de las mujeres en toda la esfera de la organización sindical. Es necesaria la identificación y eliminación de las barreras para la participación de las mujeres en las esferas de toma de decisiones, por lo que proponemos el incremento de las cuotas para el acceso a la dirección de las organizaciones.
  • Fortalecimiento de las estructuras de mujeres que cuenten con planes y presupuesto para desarrollar las actividades de promoción de la igualdad y equidad.
  • Incorporar la perspectiva de género en todas las actividades de la organización sindical.
  • Desarrollar nuevas relaciones inter genéricas en la organización, basadas en la sororidad, solidaridad y conciencia de clase.

La construcción de la igualdad y equidad es una responsabilidad de hombres y mujeres, una política de género no es asunto de la Secretaria de la Mujer; sino de la organización sindical en su conjunto. 

Demandamos a la organización sindical una política de igualdad y equidad que genere un pensamiento político que rompa con los patrones de la ideología patriarcal dominante y desarrolle las condiciones para que en los distintos espacios sindicales se construya conciencia y prácticas sindicales en función de garantizar la justicia social. Si la organización sindical está dotada de un pensamiento, horizonte político con una práctica de clase y es feminista, puede ser un motor de la liberación.

Otro escenario de la lucha, que movilizó a millones de mujeres, es el mundo del trabajo; en donde exigimos al Estado y a sus los órganos ejecutivos, legislativos y de justicia lo siguiente:

  • Que se elimine el acuerdo con el FMI, que se detengan las privatizaciones y se de flexibilidad de las relaciones laborales
  • Políticas que garanticen generación de empleo digno desde una perspectiva de género con acceso pleno a la protección y seguridad social. La modernización del mercado laboral se ha realizado bajo la lógica neoliberal, provocando cambios que afectan la calidad del empleo. Asimismo, el nuevo empleo que se genera es precario, lo que impacta en mayor medida a las mujeres. El neoliberalismo fracasado no puede ser nuevamente la alternativa.
  • El Ecuador presenta una brecha considerable entre canasta básica familiar y salarios, a esto se suma la brecha salarial de género que de acuerdo al INEC es de 25%, (información publicada por Diario El Comercio, el 8 de marzo de 2018), es decir, las mujeres ganan una cuarta parte menos que los hombres. En este sentido, para superar la inequidad salarial, exigimos la implementación del convenio 100 de OIT sobre equidad salarial. Es indispensable que se establezcan políticas salariales destinadas a la superación de la brecha entre la canasta básica familiar y escalas salariales que eliminen la brecha salarial de género.
  • Que se visibilice y reconozca el valor y la dignidad del trabajo doméstico y de cuidado. Que se asuma la corresponsabilidad social de todos y todas, de la sociedad y del Estado. Demandamos la implementación del Convenio 156 de OIT sobre responsabilidades compartidas.
  • Una política nacional de salud y seguridad en el trabajo que mejore las condiciones de trabajo y proteja la vida de las y los trabajadores.
  • El mercado laboral y los lugares de trabajo por las relaciones de explotación de la mano de obra son espacios tradicionalmente violentos que funcionan mediados por la competencia, el estrés, condiciones precarias de trabajo y relaciones de poder extremadamente jerarquizadas. El Estado debe asumir una línea política que promueva trabajos libres de violencia y acoso.
  • Derogatoria del Decreto Ejecutivo 813 del 7 de julio de 2011.
  • Los derechos de libertad sindical son un instrumento para construir la igualdad. La unidad de las y los trabajadores permite constituir un contrapoder que limita el poder económico de los dueños del capital y medios de producción. Los derechos de libertad sindical deben estar protegidos y respetados por el Estado.
  • El Ecuador es un Estado Laico, por eso instamos al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional y  a los operadores de justicia, que las tareas legislativas y de aplicación de la ley se realicen bajo los parámetros desde este principio sea inseparable al de la democracia.
  • La educación debe ser laica. Es necesario incorporar una transversalización de la perspectiva de género en el currículo.

Finalmente, una tarea política que nos impone la Huelga y Levantamiento de las mujeres en Ecuador es forjar una plataforma unitaria que recoja las aspiraciones y demandas de las mujeres de diversos sectores sociales. Por ello levantamos las banderas de defensa de las distintas soberanías: del cuerpo, del territorio, de la patria; acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos; respeto a la identidad y orientación sexual; despenalización del aborto ( nadie puede obligar a una mujer a ser madre, la maternidad debe ser un derecho y una opción); protección de la vida de las mujeres; y,  justicia para nuestras mujeres muertas y desaparecidas.

La unidad de acción nos convoca a tejer relaciones de hermandad entre mujeres como acuerdo político y ético que forjen nuevas feminidades no patriarcales.

Hacemos un llamado al movimiento de la mujeres y a las organizaciones sindicales para generar agendas amplias que sean el motor para construir una fuerza social movilizada y transformadora.

¡NOS ORGANIZAMOS Y LUCHAMOS POR EL PAN Y LA BELLEZA!!!

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Marcela Arellano
Marcela Arellano
Mujer Andina, socialista y feminista.

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