Susana Riquelme Parra
El 11 de abril de 2021, Chile se encuentra ante una inédita situación. Cuatro serán las papeletas, por las cuales la ciudadanía tendrá la posibilidad de escoger autoridades regionales, autoridades comunales – alcaldes y concejales- y por única vez en la historia del país, elegirá a convencionales constituyentes. Son cuatro papeletas y cuatro fórmulas distintas para elegir a las y los representantes de la ciudadanía para cada uno de los cargos de elección popular, y todo ello tiene un contexto que lo precede.
Representación territorial: Primera elección de gobernadores regionales en Chile
Una de las principales demandas chilenas, dice relación con el fortalecimiento de la regionalización y la necesidad de una efectiva descentralización territorial. Ello, debido a la histórica concentración del poder en la región metropolitana, lugar desde el cual, se piensa en el desarrollo nacional, teniendo una mirada unificadora y homogeneizadora sobre los territorios y sus diversas poblaciones a lo largo y ancho de Chile. Los académicos Edison Ortiz y Esteban Valenzuela (2017), aluden a esta situación como presi-centralismo metropolitano, profundizado en tiempos de dictadura, época en la cual, se implementa una regionalización centrada en la descentralización administrativa y económica, que no necesariamente piensa el desarrollo desde los territorios.
A partir de los años ’90, estando Chile en proceso de recuperación de la democracia, comienzan a retomarse las elecciones populares lo que, en términos de regiones, no significan cambios sustantivos, ya que la regionalización impulsada en época de dictadura se mantiene, y las regiones son vistas desde el punto de vista administrativo y no necesariamente político, manteniéndose el centralismo. Los encargados regionales, son cargos de confianza, designados por el Presidente de turno, a quienes se les denomina Intendentes Regionales.
No obstante, de manera paulatina comienzan a dictarse leyes que apuntan hacia una mayor toma de decisiones e incidencia de los presupuestos, programas y políticas regionales, con sustento en estrategias de desarrollo regional, y conforme a las demandas municipales y de los servicios públicos.
El actual proceso eleccionario de gobernadores regionales, es inédito en América Latina (Montecinos, 2020), ya que, a partir de este año, se consolida un nuevo modelo para el país, donde las regiones no solo elegirán a sus Consejeros Regionales (desde el 2013), sino que al Gobernador Regional por primera vez, quien será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, presidirá el Consejo Regional, se coordinará, supervigilará y fiscalizará a los órganos y servicios públicos que dependen del gobierno regional, entre otras funciones que apuntan hacia el desarrollo de la región. Lo inédito será, que la figura de Intendente no será reemplazada por el Gobernador, sino que el Presidente de la República designará a un Delegado Presidencial Regional, que ejercerá el gobierno interior de cada región, representando al Presidente en dicho territorio (Senado de Chile, 2020).
Esto muestra un escenario político complejo en la gestión de las regiones y su desarrollo, no estando plenamente definido, y los cuales, debido a las diferencias propias de los territorios pueden tener distintos comportamientos en la relación entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial, esperando la existencia de una colaboración genuina en favor de las regiones, sin embargo, también pueden generarse conflictos y tensiones propias de las diferentes miradas e ideas de legitimidad que cada uno va tener sobre su rol en la región.
Las o los gobernadores regionales, serán electos por sufragio universal, en votación directa, siendo la candidatura ganadora aquella que obtenga la mayoría de los votos, sobre el 40%; si no logra alcanzar dicho porcentaje, los dos primeros lugares pasan a segunda vuelta. Este cargo, dura cuatro años en su función, pudiendo ser reelegido de manera consecutiva, solo por una vez (Congreso Nacional, 2020).
Elecciones municipales. Alcaldes-as y concejales
De acuerdo con la ley 18.695, el alcalde o la alcaldesa, es la máxima autoridad de una municipalidad, y le corresponde la dirección y administración superior, así como la supervigilancia de su funcionamiento. Esta autoridad, está a cargo de diferentes acciones administrativas, económicas y políticas, relacionadas directamente con el desarrollo de las comunas, acciones que deben ser aprobadas en conjunto con el concejo municipal. Todos estos cargos, son electos por sufragio universal, en papeletas diferentes. Quien lidere la alcaldía, será escogido/a por mayoría simple, mientras que quienes componen el concejo, consideran un sistema proporcional de acuerdo con el divisor D’Hondt por lista, subpactos y partidos políticos. Estos últimos, tienen como labor hacer efectiva la participación de la comunidad local, tienen un carácter normativo, resolutivo y fiscalizador.
Estas autoridades comunales, particularmente los/as alcaldes-as, durante los tiempos de dictadura militar, comienzan a tener un rol definido por diferentes autores como tendientes al clientelismo. Ello, a fin de desarticular la politización de la ciudadanía, y dar un alcance “todo poderoso” (Pérez, 2020) y paternalista a esta figura, contribuyendo a la despolitización local. Este tipo de vinculación con el electorado supone la elección en función de un intercambio material basado en bienes, servicios, ventajas burocráticas, dinero, empleos públicos, entre otros (Belmar y Morales, 2020).
La naturaleza diversa de los municipios chilenos, en tanto aspectos socioculturales, geográficos y de desarrollo, no permiten necesariamente generalizar la idea de clientelismo, sin embargo, según los análisis de Belmar y Morales (2020), los/as alcaldes-as mantiene un tipo de relación con la ciudadanía mediante vínculos personalistas más que programáticos, y, de acuerdo con el tamaño de la comuna o su carácter urbano o rural, favorecen este tipo de relaciones personalistas y clientelares, aspectos que se dan en ambientes más informales, pero que sin duda inciden en las elecciones y reelecciones de estas autoridades.
Las elecciones municipales, se han caracterizado por ser bajas en cuanto a su participación. No obstante, las municipalidades son relevantes para los procesos de participación ciudadana y el desarrollo territorial local. La ley les permite desarrollar mecanismos de participación y consulta, que si bien, no tienen carácter resolutivo, elevan la opinión ciudadana y permitirían fortalecer los vínculos de carácter más programático, y que incidan en la vida de las personas que habitan dichos espacios territoriales locales. Estos, tienen el potencial de ser impulsores del desarrollo local y lograr mayor equidad entre los territorios, situación que no ocurre dada la cultura centralista que puede ser considerada como autoritaria (Rosales, 2007).
Los desafíos de la Convención Constitucional paritaria y con escaños reservados de pueblos originarios
La Constitución Política vigente en Chile, fue elaborada en tiempos de dictadura, sin participación ciudadana y contribuye al fortalecimiento del modelo neoliberal que se instaura en los años ’80, y que ha generado un modo de vida desigual. Esta Constitución, carece de legitimidad democrática, y si bien Chile retorna a la democracia en 1990, se concreta el cambio de esta normativa recién en 2020, luego de una histórica revuelta social, conocida como “estallido social”, y donde uno de sus principales lemas es: “no son treinta pesos, son treinta años”, aludiendo a la incapacidad de los treinta años de gobiernos electos por votación popular, de enfrentar decisivamente las demandas ciudadanas, que “estallan” luego de una serie de dichos desafortunados y acciones (o inacciones) de las autoridades gubernamentales, dentro de las que se encuentran el alza del Metro de Santiago en treinta pesos.
El estallido social inicia el 18 de octubre en Santiago de Chile, por estudiantes secundarios quienes masivamente evaden el pago del Metro, y sigue el 19 de octubre en las diferentes regiones del país. Comienza todo un proceso de movilización que fue escalando a nivel territorial y en cuanto a la cantidad de personas, logrando una masividad descrita como la más grande que alguna vez ha tenido el país (Deutsche Welle, 2019), el cual tuvo una respuesta represiva violenta por parte de la policía chilena, las que tuvieron 2.520 querellas presentadas por la ciudadanía, de las cuales el 92,86% corresponden a Carabineros de Chile; de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (2020), se registra un total de 4.075 hechos vulneratorios, destacándose que el 39,63% corresponde a golpizas, y un 32,74% a disparos, muchos de los cuales dejaron como consecuencia lesiones por trauma ocular, estallido de globo ocular, pérdida irreversible de visión, quemaduras, y fallecidos.
La información del Instituto Nacional de Derechos Humanos es al 18 de marzo de 2020, fecha en la cual comienzan las acciones de control de la población, dados los requerimientos de carácter sanitario a causa de la pandemia por covid-19, para el cual, el 15 de marzo de 2020 se declara estado de emergencia, cambiando todo el panorama de movilización social. Previo a ello, el 15 de noviembre de 2019, se firma el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, el cual busca atender la crisis política y social chilena, impulsando un Plebiscito a fin de resolver las preguntas ¿Quiere usted una nueva Constitución? cuya respuesta es Apruebo o Rechazo; y ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? cuyas alternativas son: Convención Mixta Constitucional (mitad de parlamentarios, mitad ciudadanos electos) o Convención Constitucional (100% de ciudadanos electos).
Este plebiscito estaba pensado a ser desarrollado en el mes de abril de 2020 y la elección de convencionales constituyentes en octubre del mismo año. Sin embargo, la pandemia por covid-19, implicó el cambio de fecha del plebiscito al 25 de octubre de 2020. Previo a ello, se aprueba la paridad de género para el órgano constituyente en caso de ganar la opción Apruebo una Nueva Constitución para Chile, lo que indica un hecho inédito en los cargos de representación política en el país, y un caso excepcional en el mundo en cuanto al modo de redactar una nueva Constitución, puesto que habrá equilibrio de género tanto en las candidaturas constituyentes, como en la elección.
El 25 de octubre de 2020, gana el Apruebo, con un 78,27% de preferencias del electorado, siendo un triunfo totalmente rotundo y consistente.
La ciudadanía de manera clara indica que desea cambiar la Constitución, y a ello se suma, que desea hacerlo a través del órgano Convención Constitucional, con un 78,99% de las preferencias. Sin duda, esto es un consenso nacional que llena de esperanza a una ciudadanía que en octubre de 2019 inicia una revuelta por mayor dignidad y justicia social.
Otro elemento que agrega un valor histórico al proceso constituyente, son los escaños reservados indígenas, los que, desafortunadamente fueron aprobados luego de un año de dilatación de la discusión parlamentaria, pese a que uno de los mayores simbolismos de la revuelta social fuese precisamente la bandera mapuche. Sin embargo, en palabras de Antonia Rivas (2021), “la incapacidad de entendimiento, el disfraz de los criterios técnicos o políticos, y la recurrente negativa de la autoidentificación como indígenas”, concluyó en una cantidad de escaños reservados no óptimo, y ante un proceso de “acreditación” que raya en la discriminación racial. Pese a ello, Chile escribirá su nueva Constitución con los pueblos originarios. Del total de 155 convencionales constituyentes, 17 son escaños reservados, para un total de 10 pueblos reconocidos en el país. Las cifras generales del padrón electoral chileno muestran a un total de 14.900.189 personas, de quienes el 51% son mujeres y el 49% son hombres, y, el padrón electoral indígena hasta el momento, lo constituye un total de 1.232.454 personas, de quienes el 53% son mujeres y el 47% son hombres (SERVEL, 2021).
El mecanismo de elección de convencionales constituyentes será con fórmula proporcional por divisor D’Hondt, cuyo reparto es por pacto y luego por partido, con mecanismos de corrección en el caso de que un género se encuentre subrepresentado, asegurando la paridad de género. La paridad también se aplicará en los escaños reservados. Cabe destacar, además, que las listas de partidos políticos deben incorporar un 5% de candidaturas en situación de discapacidad.
Escenarios y elecciones complejas. La esperanza de un nuevo Chile
El proceso eleccionario actual, sin duda es complejo, pero a la vez esperanzador como precedente de asuntos claves para el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y la búsqueda del bien común, como, por ejemplo, la importancia de la organización social y ciudadana, como impulsora de un cambio constitucional que va a trascender incluso a las temáticas que provocaron el estallido social.
Uno de los aspectos relevantes de este proceso eleccionario, es la paridad de género, la cual se encuentra asegurada en la Convención Constitucional, no así en la elecciones regionales y comunales. De acuerdo las resoluciones del Servicio Electoral de Chile con fecha 21 de enero de 2021 en relación a la aceptación o rechazo de candidaturas, se evidencia la necesidad de avanzar en aspectos que aseguren la participación política de las mujeres, temática que necesariamente debiera ser considerada en el debate constitucional, ello, porque del total de 58 candidaturas a gobernador/a regional aceptadas en dicha fecha, el 82,8% corresponde a hombres y solo el 17,2% a mujeres, dichas mujeres, se presentan como candidatas en 5 de las 16 regiones del país.
En el caso de las elecciones comunales, hay un total de 1.332 candidaturas a alcalde y 12.687 concejales/as aceptadas al 21.01.2021. Al indagar en la región Metropolitana, que tiene un total de 52 comunas, se observa que hay un total de 224 candidaturas a alcalde, de quienes el 72,8% corresponde a hombres y el 27,2% a mujeres; en el caso de la región de Valparaíso, que tiene un total de 38 comunas, las proporciones son similares, de un total de 168 candidaturas, el 75,6% son hombres y el 24,4% son mujeres, y en la región del Biobío, que tiene un total de 33 comunas para las cuales hay un total de 124 candidatos, el 79,84% son hombres y el 20,16% son mujeres.
Esto deja de manifiesto que, en Chile, los procesos eleccionarios sin duda favorecen a los hombres, y el proceso constituyente permite visibilizar de manera mas concreta un cambio sustantivo en ello, ya que por primera vez tanto las candidaturas como la elección del órgano en si mismo, será paritario.
Otro fenómeno que se encuentra presente en el proceso eleccionario, especialmente en cuanto a las candidaturas de convencionales constituyentes, es el cambio de actores y actrices políticas. La ciudadanía al votar convención constitucional, y no mixta, plantea una señal a la clase política que se condice con los motivos que iniciaron el estallido social, planteando que uno de sus principales miedos es que el proceso constituyente sea secuestrado por los partidos políticos (Riquelme, Pereira, Simon y Torres, 2021). Esto se refleja en el tipo de candidaturas, la cual muestra que solo un 18% había buscado anteriormente cargos electos en Chile, el 82% de las candidaturas es nueva, teniendo las mujeres más posibilidad que los hombres de participar por primera vez en un cargo de representación, a este fenómeno, se suma el de las candidaturas independientes, es decir, que no se encuentran afiliadas a un partido político, ya sea que vayan pactos o sin pactos (Piscopo y Siavelis, 2021), estos constituyen un nuevo escenario, con nuevas personas en las papeletas, y con la posibilidad de nuevas formas de canalizar las esperanzas e incertidumbres de la ciudadanía en el momento actual que experimenta Chile, de cara a un futuro expectante.
Chile se someterá a este proceso eleccionario el 11 de abril de 2021, mientras tanto, está en periodo de campaña, y la complejidad descrita, pone diferentes escenarios electorales difíciles de proyectar, a lo que se suma el contexto de pandemia y el reciente periodo de vacunación de la población, que iniciado con los adultos mayores a inicios del mes de febrero de 2021.
No se puede predecir si es que el comportamiento del electorado en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 se repetirá el 11 de abril de 2021, ya que son elementos distintos, uno constituyó una decisión y otro la elección sobre quienes llevarán a cabo la decisión constituyente, y en el segundo escenario, se esperaría que nuevas candidaturas, atraiga un mayor electorado. Es importante en este contexto, que el proceso de campaña electoral sea consistente y creativo (considerando la pandemia), con estrategias que apunten más allá del slogan, sino que orienten a la ciudadanía sobre los alcances del cargo a elegir, situándola sobre todo en contexto de convencionales constituyentes, dado que es una figura nueva, y que tiene como objeto redactar la nueva Constitución chilena. En ese escenario, las candidaturas deben ser claras y concretas con su quehacer, los plazos que significará la redacción del texto constitucional, los mecanismos que utilizará para mantener una relación con la ciudadanía una vez electos/as, y así hacerles partícipes del proceso, así como la importancia del plebiscito de salida que aprobará la nueva Constitución. Es importante también considerar la relevancia de la proporcionalidad en la elección, y, por tanto, tener claridad que el voto que otorgo a mi candidatura favorece a la lista completa.
Chile está ad-portas de escribirse a sí mismo, de manera participativa, de cara a las personas, con paridad de género, con los pueblos originarios, y con la posibilidad de representar las diversas visiones de la ciudadanía en la nueva Constitución. Se espera que esta oportunidad única y esperanzadora, sea reflejada en un texto cuyos resultados señalen los derechos que la sociedad chilena a reclamado, y, sobre todo, una Constitución caracterizada por un proceso democrático, con una ciudadanía participante e incidente, para otorgar de la necesaria legitimidad que por más de cuarenta años estuvo ausente.
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Integrante de la Red de Politólogas. Magister en Política y Gobierno, Administradora Pública con Mención en Ciencia Política, de la Universidad de Concepción, Chile. Doctorante en Política y Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina. Analista de Estudios de la Universidad del Bío-Bío, Chile.
