En la actualidad, la tasa de encarcelamiento de Ecuador asciende a 342.5 privados de libertad por cada 100,000 habitantes, superando la media latinoamericana (262). En los últimos años la población privada de la libertad ha crecido rápidamente, pasando de 11.517 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en 2009, a 39.516 en 2019, lo que representa un aumento del 243% en la población penitenciaria en tan solo una década. Para el 2023, el Censo Penitenciario identificó a 31.321 PPL.
Para 2017 el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registraba 1063 adolescentes infractores, con medidas privativas y no privativas de la libertad. De ellos 594 tenían Registro Social, y por esto 210 familias recibían el BDH de 50 dólares. La Jefatura de hogar en 49% era masculina y 16% femenina. El 54% de jefes de hogar concluyó la primaria, el 25% la secundaria y sin instrucción el 8%. En los Centros de Adolescentes Infractores CAI, las actividades económicas del jefe de hogar fueron 33% agricultura, 15% comercio y 6% construcción. Cerca de la mitad de las familias de adolescentes infractores en CAI eran pobres, eventualmente cada miembro tenía un ingreso de 84 usd.
El narcotráfico es una actividad económica criminal que puede ser analizada desde el punto de vista racional (Becker, 1968, 1990; Toumi, 1993; Gaitán-Daza, 1995; Rubio, 1999). Los involucrados tratan de maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos de captura por parte de los funcionarios del Estado responsables del control penal: sólo de este modo pueden los narcotraficantes generar sus ingresos. La consolidación aumenta la demanda de servicios criminales. Los narcotraficantes brindan capacitación criminal a sus miembros y aumentan la calidad de la mano de obra criminal, reduciendo costos. Se consolidan gracias a 3 características: 1. Mano de obra entrenada para usar la violencia. 2. Altos niveles de corrupción pública. 3. Ineficiencia en la administración de justicia.
Uno de los fenómenos emergentes que afecta gravemente al sistema de justicia juvenil en Ecuador es el reclutamiento forzoso de adolescentes por parte del crimen organizado. Esta práctica constituye una violación grave a los derechos humanos y está asociada al incremento de delitos cometidos por menores de edad, especialmente en zonas de alta conflictividad social y criminal.
Estudios recientes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y del BID señalan que una proporción significativa de adolescentes privados de libertad en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) han sido previamente captados, presionados o amenazados por estructuras criminales para cometer delitos violentos, tráfico de drogas o robos organizados..
Se afirma que desde 2019, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. El país registró una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 y 39 en 2024, situándolo como el más violento de Sudamérica. Entre los más afectados están niños, niñas y adolescentes, quienes están siendo reclutados o vinculados por organizaciones criminales, especialmente en zonas urbanas de la Costa. Con un incremento alarmante de violencia contra la niñez: los homicidios de niños y adolescentes aumentaron 640% entre 2019 y 2022. Solo en 2024, se reportaron 252 homicidios de menores, de los cuales el 81% correspondió a adolescentes de 15 a 17 años. El 87% de casos usaron armas de fuego.
Durán, Guayaquil, Machala y Portoviejo figuran entre las 20 ciudades más violentas del mundo. Durán lidera con una tasa de 145,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El rol de los reclutados: entre 6 y 12 años: campaneros, mensajeros, transportistas de drogas. Entre 13 y 17 años: microtraficantes, cobradores de extorsión, vigilantes, sicarios y ocultadores de cadáveres o secuestrados. Los datos de judicialización (2020-2024): La Fiscalía Especializada de Justicia Juvenil procesó 1.278 adolescentes por delitos graves. De ellos, 480 tenían entre 15 y 17 años, 145 entre 11 y 14, y 9 eran menores de 10 años. Las causas del reclutamiento aprovechan los vacíos del Estado: más de 500.000 jóvenes de 15 a 24 años ni estudian ni trabajan. Otros 250.000 han abandonado el sistema educativo para insertarse en un mercado laboral precario.
El reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto titular de todos los derechos humanos, además de los específicos de su edad, es un elemento sustancial al momento de tomar las decisiones de la política pública y política criminal del Estado y sus expresiones normativas, administrativas y sociales. En este mismo sentido, el numeral 13 del Artículo 77 de la norma constitucional, detalla que “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El estado determinará mediante ley, sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de las personas adultas”.
Los adolescentes son inimputables pero penalmente responsables. La medida de privación de libertad es de 8 años para delitos graves. La reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública constituye un serio retroceso en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Privilegia un enfoque punitivo (aumento de medidas de internamiento hasta 15 años) por sobre las medidas de educación, acompañamiento psicosocial y reintegración, se vulneran derechos fundamentales y se debilita el sistema de justicia adolescente. Lejos de resolver el problema, estas políticas refuerzan la estigmatización, aumentarán la reincidencia y dificultarán la construcción de un futuro digno para cientos de jóvenes. El debate en la Asamblea no fue responsable, no se basó en evidencia y se irrespetó la norma constitucional en una ley sin unidad de materia.
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.
