Isaías Campaña C
¿Tres años para que la economía vuelva a los niveles de 2019?
Según el Banco Mundial, América Latina registrará una tasa de crecimiento de 5,2% en 2021, 2,9% en 2022 y 2,5% en 2023. En los mismos años, el organismo multilateral para Ecuador proyecta tasas de crecimiento de 3,4%, 1,4% y 1,8%, respectivamente (Banco Mundial, 2021). Las tasas de crecimiento del país se prevé que van a estar por debajo del promedio de América Latina.
Únicamente a fines de 2023, la economía nacional volvería a ubicarse en los niveles de producción de 2019, año que además recibió el impacto de las movilizaciones, paros y violentas manifestaciones de las organizaciones indígenas y movimientos sociales.
El Banco Central del Ecuador estima que, en 2021, la economía crecerá a una tasa de 2,8%, inferior a la previsión del Banco Mundial (BCE, 2021). El crecimiento de la economía está determinado fundamentalmente por consumo, inversiones y exportaciones.
La pandemia del COVI-19 causó la suspensión de las actividades productivas y consecuentemente el incremento exponencial de los niveles de desempleo y subempleo, lo que provocó la reducción de la demanda agregada, esto es, amplios segmentos de la población dejaron de consumir determinados bienes y servicios que afectaron, a su vez, a diversos sectores del aparato productivo.
En los últimos años, las inversiones, particularmente del sector público se redujeron sustancialmente como consecuencia de la política de austeridad fiscal, por lo que el Estado dejó de hacer importantes inversiones en obras de infraestructura y, por tanto, no contribuyeron a generar fuentes de empleo.
Las exportaciones totales de Ecuador bajaron de 21.652 millones en 2018 a 20.226 millones en 2020. La mayor parte de las exportaciones corresponden a productos primarios, los cuales descendieron de 16.981 millones a 16.092 millones. En el mismo periodo, las exportaciones de productos industrializados bajaron de 4.670 millones a USD 4.134 millones (Ibídem).
La inédita recesión de la economía significó menores ingresos para el Estado por concepto de impuestos y de los recursos que generan las empresas públicas. Las últimas administraciones reiteradamente acudieron al endeudamiento público, tanto interno como externo, que escaló hasta llegar a niveles críticos.
Los inquilinos del Palacio de Carondelet no han sido capaces de combatir eficientemente la evasión y elusión tributaria que supera los USD 7.000 millones anuales, hecho que determina los crónicos déficits fiscales. Entre 2017 y 2021, el déficit acumulado del Presupuesto del Gobierno Central base caja fue de más de USD 21.000 millones, originado en su mayor parte en el servicio de la deuda interna y externa.
El sistema educativo fue duramente golpeado por la pandemia
El coronavirus castigó gravemente al mercado laboral. En 2020, más de 300 mil personas fueron desvinculadas del sector público y privado. A septiembre de 2021, más de 412 mil personas estaban en desempleo, 1,9 millones en subempleo y 5,2 millones en empleo inadecuado (INEC, 2021).
En junio de 2021, las personas bajo el umbral de la pobreza superaron los 5,6 millones, que corresponde al 32,2% de la población; en el área urbana era de 24,2 y en la rural de 49,2%. La pobreza extrema superó los 2,6 millones de personas, equivalente a 14,7% de la población; de este total, el 8,4 estaba en el sector urbano y el 28,0% en el rural.
Según el INEC, en 2020, las personas que usaron computadora o laptop, a partir de 5 y más años, se redujo de 51,1% en 2017 a 34,3% en 2020; en el área urbana fue 40,7% y en la rural 20,5% (INEC, 2021).
Se consideraba que, como consecuencia de la pandemia, las clases de los estudiantes a distancia o virtuales se estaban utilizando con mayor frecuencia los dispositivos informáticos. Sin embargo, en niños y adolescentes, de 5 a 15 años, la utilización de la computadora se contrajo de 62,2% en 2018 a 39,4% en 2020.
En cambio, las personas que utilizaban Internet aumentaron significativamente de 55,9% en 2018 a 70,7% en 2020; en el área urbana alcanzó el 77,1% y en la rural el 56,9%. En el último año, el uso de la computadora fue básicamente en el hogar 86,1% y en el trabajo 6,5%.
En plena pandemia cerca de 100 mil estudiantes de escuelas y colegios desertaron de sus estudios, ya sea porque sus padres quedaron en el desempleo, no disponían de computadora o no tenían señal de Internet, en su mayor parte corresponden a familias en condiciones vulnerables de las ciudades y del sector rural.
En 2020, el porcentaje de personas que tenían teléfono celular activado a nivel nacional fue de 62,9%; en el área urbana 67,7 y en la rural 52,4%. En niños y adolescentes era de 21,9%. El porcentaje de personas que tenían teléfono inteligente, smartphone, a escala nacional fue de 51,5%; en el sector urbano 58,2 y en el rural 36,8% (Ibídem).
En áreas marginales de las ciudades y especialmente rurales, muchos estudiantes recibían clases a través del celular y las tareas que enviaba el profesor lo hacía mediante WhatsApp. En no pocos casos, los estudiantes tenían que ubicarse en determinados sitios que pedagógicamente eran inadecuados como treparse en paredes o árboles para tener señal y poder escuchar al profesor.
Con la suspensión de las actividades académicas se perdió la retroalimentación entre el estudiante y el profesor, el trabajo en grupo, la socialización entre niños y la significativa perdida de los aprendizajes. Para un niño o adolescente es más complicado que pueda concentrase en las clases que imparte el profesor a través de la pantalla del celular o de la computadora. Sin duda, no es lo mismo las clases presenciales que las clases a distancia o virtuales ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Y los más perjudicados van a ser los niños(as) y adolescentes de familias vulnerables, cuyos efectos se podrían a ver a mediano plazo.
En 2020, el analfabetismo digital fue del 10,2% a nivel nacional, en el área urbana 7,5% y en la rural 16,8%. Se considera como analfabeto digital a la persona que no tiene celular activado, no utiliza computadora ni Internet (Ibídem).
El auge de la delincuencia, narcotráfico y violencia
Ecuador tiene fronteras al norte con Colombia y al sur y este con Perú, estados que figuran entre los mayores productores de cocaína en el mundo. Ecuador tradicionalmente ha sido considerado como país de “tránsito” en el suministro de precursores químicos a los carteles de Colombia y en el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa. Alrededor del 33% de la producción de narcóticos de Colombia se envía a los mercados internacionales, a través de los puertos de la Costa y vía aérea por pistas clandestinas.
La pandemia del coronavirus causó el crecimiento exponencial del desempleo y subempleo, hecho que fue el caldo de cultivo para que muchos jóvenes y adultos se vean obligados a involucrarse en actividades ilícitas como contrabando de bienes, trata de personas, delincuencia, narcotráfico y sicariato.
En medios de comunicación se informa todos los días de asaltos, robos de dinero, vehículos, electrodomésticos y diversos tipos de bienes; en viviendas, conjuntos residenciales, locales comerciales, instituciones financieras, espacios públicos, así como del contrabando de combustibles y en general de mercadería procedente del exterior.
En medio de la pandemia se generó el auge del narcotráfico y sicariato. Según fuentes oficiales, habría más de 2.000 pistas clandestinas en el país, especialmente en Sucumbíos, Esmeradas, Manabí y Santa Elena, una de las cuales fue ubicada en los terrenos del frustrado proyecto de la Refinería del Pacífico, donde narcotraficantes incluso instalaron iluminación.
En 2020, se incautaron 128 toneladas de droga y únicamente de enero a octubre de 2021 superan las 150.
Los noticieros de canales de televisión y radios, día a día, comunican la escalada de asesinatos atribuidos a sicarios en diversos cantones de las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. De enero a septiembre de 2020, en Guayaquil, Durán y Zamborondón se produjeron 234 asesinatos y a octubre de 2021, rebasaron los 500, como consecuencia de la disputa de las bandas por el control de territorios.
El combate a las organizaciones criminales por parte de la fuerza pública contribuyó a aumentar el número de reclusos a nivel nacional. En 2014, había 23.500 detenidos y, en 2021, en las 48 prisiones hay alrededor de 39.000 personas privadas de libertad (PPL), de las cuales el 28% corresponde a delitos por alcaloides. Las bandas criminales se disputan el liderazgo en los centros de reclusión y en el microtráfico de estupefacientes.
En 2020, se produjeron violentos amotinamientos en las cárceles que sumaron 103 muertos y decenas de heridos. En febrero de 2021, se volvieron a producir amotinamientos y enfrentamientos en Guayaquil, Latacunga y Cuenca que dejaron como saldo 79 fallecidos. La extrema violencia de los integrantes de las bandas se evidenció en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que circularon en redes sociales.
A fines de julio de 2021, se generaron amotinamientos en las cárceles de Guayaquil y Latacunga que derivaron en 22 fallecidos, 44 heridos y 100 reos fugados. Luego, el 28 de septiembre, se volvieron a producir amotinamientos y enfrentamientos entre bandas rivales en la cárcel de la “Penitenciaría del Litoral” que causaron 118 fallecidos, varios mutilados y decapitados, donde se utilizaron drones, granadas y armas de grueso calibre. El Ejecutivo decretó el estado de excepción en todas las cárceles del país para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional.
Los enfrentamientos en los centros de reclusión se atribuyen principalmente a las megabandas de Los Choneros, la más grande del país, con 12.000 miembros, considerado el brazo armado del Cartel de Sinaloa y Los Lobos, la segunda de Ecuador, con 8.000 integrantes, que estarían operando con el Cartel Jalisco Nueva Generación (Infobae, 2021).
Ecuador también se ha convertido en una ruta estratégica para el tráfico de armas cada vez más sofisticadas proveniente desde Chile con destino a los grupos irregulares de Colombia y de las megabandas que se disputan el control de las cárceles y de los territorios a nivel nacional. La página especializada IngSight Crime, 2021, afirma: “En solo dos años, Ecuador ha pasado de tener un sistema penitenciario con niveles medios de violencia a presenciar las peores masacres carcelarias de América Latina”.
El incremento del número de detenidos en las cárceles también se atribuye a la aprobación de Código Integral Penal que endurece las penas especialmente por delitos de narcotráfico, al uso “excesivo” de la prisión preventiva y a los engorrosos trámites de prelibertad.
El crecimiento exponencial de la delincuencia y del narcotráfico significa que el Estado tiene que destinar ingentes recursos económicos a las instituciones encargadas de combatirlas como Policía Nacional, Fiscalía, centros de reclusión, en desmedro de las inversiones que se podrían realizar en sectores sociales y productivos.
Los altos niveles de violencia seguramente van a afectar a la economía, especialmente al turismo. Determinados países han establecido alertas a sus ciudadanos para viajar a Ecuador, lo que implicaría la llegada de un menor número de turistas al país y, por ende, la contracción de los ingresos.
No se evidencian cambios en las organizaciones políticas
Frente a la inédita crisis económica y social por la que está atravesando el país no se vislumbra un acuerdo nacional entre las funciones Ejecutiva y Legislativa para reactivar la economía y generar fuentes de empleo. El “Gobierno del encuentro”, que en la campaña electoral moderó su discurso para conseguir el apoyo de los ciudadanos que en la primera vuelta electoral votaron por los partidos de centro izquierda, sigue empeñado en ejecutar políticas ultraliberales orientadas a promover una economía de “libre mercado”.
En la Función Legislativa, donde hay una fragmentación de organizaciones políticas, en pocos meses, ya salieron a la luz determinados casos de presunta corrupción y hasta el momento no se ha realizado una eficiente gestión de sus autoridades para sancionarlos, por el contrario, se encuentra atrapada en conflictos internos que son irrelevantes frentes a los graves problemas que azotan al país.
Desde la Función Legislativa no se evidencia una flexibilidad para llegar acuerdos puntuales a fin de coadyuvar, mediante la aprobación de leyes o reformas orientadas a la dinamización de la economía y destinadas a generar puestos de trabajo.
En medio del bloqueo político, la filtración de los denominados “Pandora Papers” desvela que el presidente Guillermo Lasso tuvo vínculos con 14 empresas offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EEUU (BBCmundo, 2021).
En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust. Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos (Ibídem).
Las compañías offshore se considera que no son ilegales. El problema es cuando estas sociedades se crean en un entorno de opacidad y de confidencialidad. Las compañías offshore son empresas fantasmas o compañías de papel porque no tienen una actividad real. Los paraísos fiscales y las compañías offshore son formas de corrupción legal (BBCmundo, 2021).
El tema de fondo es que los paraísos fiscales sirven para evadir impuestos, ocultar fortunas y lavado de activos. El tema es ético y moral, tener empresas offshore durante varios años, sin pagar o pagar impuestos simbólicos, representa para el país de origen grandes pérdidas en los ingresos fiscales que impiden, a su vez, realizar inversiones en salud, educación, seguridad e inversiones públicas.
Al figurar el presidente Lasso en los “Pandora Papers”, entre los mandatarios latinoamericanos que realizaron transferencias opacas de capitales a paraísos fiscales, entraría en conflicto interno entre lo que hizo y lo que acaba de aprobar, a través del ministerio de la ley, la denominada “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVI-19”, cuyo peso recae básicamente en sectores de ingresos medios de la población.
El artículo The New York Times titulado “Los Papeles de Pandora: ¿Cómo esconden su dinero los poderosos del mundo?”, 6 de octubre de 2021, afirma: “Para los dirigentes que en sus campañas electorales se comprometieron acabar con la corrupción… estar incluidos en el informe de los Papeles de Pandora es muy vergonzoso”.
El “Gobierno del encuentro” contra viento y marea pretende imponer una política ultraliberal cuando únicamente tiene 12 asambleístas de un total de 137. En un estado democrático se considera lícito que la Función Legislativa desempeñe el rol de contrapeso a la Función Ejecutiva, por lo que no tendría legitimidad para imponer totalmente su programa de gobierno.
La flexibilización laboral, la liberalización del comercio, las reformas tributarias y en general la desregulación de la economía automáticamente no van a generar puestos de trabajo porque esas políticas ya se implementaron en administraciones pasadas, como en los gobiernos de Febres Cordero, Jamil Mahuad, Lenin Moreno, entre otros, cuyos resultados fueron desastrosos para el país.
Para incentivar la reactivación de la economía se debe establecer políticas orientadas al sector productivo. En tiempos de pandemia, los organismos multilaterales recomiendan realizar inversiones en infraestructura como puentes, puertos, suministro de agua potable, mantenimiento y reparación de carreteras, centrales hidroeléctricas, edificaciones educativas y hospitales públicos, donde se demanda gran cantidad de mano de obra.
En la página web del Fondo Monetario Internacional está el trabajo titulado “Inversión pública para la recuperación” de Vitor Gaspar, Paolo Mauro, et al, 2020. Según el estudio, la inversión pública:
“…podría crear millones de puestos de trabajo directamente en el corto plazo y millones más en forma indirecta en el largo plazo. Un aumento de la inversión pública equivalente al 1% del PIB podría fortalecer la confianza en la recuperación e incrementar el PIB en 2,7%, la inversión privada en un 10% y el empleo en 1,2% si las inversiones son de alta calidad.”
En contracorriente a lo que promueve el FMI, el Primer Mandatario se comprometió en la Carta de Intención a reducir el gasto público, particularmente el gasto corriente destinado a sueldos y salarios. Los nuevos empleados que se incorporen al sector público tendrán sueldos y salarios menores que los actuales. En la línea de contraer la intervención del Estado en la economía, se prevé que no se realizarán importantes inversiones en obras de infraestructura.
La dramática situación económica, los elevados indicadores de desempleo y subempleo, el imparable crecimiento de la delincuencia, narcotráfico y sicariato, deberían motivar a que dejando atrás posiciones fundamentalistas se llegue a un acuerdo nacional no solo entre las funciones Ejecutiva y Legislativa, sino también a nivel de organizaciones sociales, esto es, empresarios, trabajadores de la ciudad y del campo, indígenas, gremios profesionales, entre otros.
Bibliografía:
- Banco Mundial. Global Economic Prospects, junio 2021. Versión disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf
- BCE, 2021. Versión disponible en:https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
- INEC, 2021. Versión disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2021/Septiembre-2021/202109_Mercado_Laboral.pdf
- INEC, 2021. Versión disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/Junio-2021/202106_PobrezayDesigualdad.pdf
- INEC, 2020. Versión disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2020/202012_Principales_resultados_Multiproposito_TIC.pdf
- Infobae, 2021. Versión disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/09/30/choneros-vs-lobos-como-son-las-dos-megabandas-con-20000-presos-que-estan-provocando-un-bano-de-sangre-en-las-carceles-de-ecuador/
- IngSight Crime, 2021. Versión disponible en: https://es.insightcrime.org/noticias/masacre-en-prision-ecuador-advertencia-america-latina/
- BBCmundo, 2021. Versión disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58783391
- BBCmundo, 2021. Versión disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-58797325
- FMI, 2020. Versión disponible en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14270
Ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.
