Raúl Laurido García Vinces
Las vacunas son reconocidas como una de las herramientas más costo efectivas en salud; cada vacuna incluida en un programa de inmunización representa un beneficio en términos de la salud pública del país; y, mejoría en la calidad de vida del ser humano.
Chile tiene un acumulado histórico en campañas de vacunación, iniciando en 1920 con la lucha contra la viruela, enfermedad que pudo erradicarla en 1950, 27 años antes que el resto del mundo. Lamentablemente, los gobiernos neoliberales encabezado por Augusto Pinochet y Sebastián Piñera abandonaron los programas sociales consistentemente, debilitando el derecho a la salud de la mayoría de los chilenos.
Sin embargo, a finales de 2019 se produjo un estallido social, protagonizado por las organizaciones sociales; protestas masivas con una irrupción ciudadana que dieron origen al malestar social más grave, desde el fin de la dictadura de Pinochet. Como consecuencia, el nivel de aprobación del presidente Sebastián Piñera, había caído al nivel más bajo registrado para un mandatario desde el retorno de la democracia.
La pandemia de la Covid-19 a nivel mundial llegó a Chile en medio de esta crisis del sistema, que provocó fuertes críticas a la capacidad del gobierno para manejar la pandemia, sumando más problemas para el presidente. En respuesta, Sebastián Piñera parece haber entendido que la única forma de mejorar su popularidad, antes de que termine su presidencia a fines de este año, es asegurando la mayor cantidad de vacunas posible para sus ciudadanos. Diversificó los proveedores de la vacuna con laboratorios de: Estados Unidos, Inglaterra, China y en conversación con Rusia.
En contraste, en mi país, la cuestionada constitución de Montecristi señala que la Salud es un Derecho y manda a constituir el Sistema Nacional de Salud. Que lo conformaría lo público, incluidas las instituciones autónomas y privadas. Sin embargo, esto sigue siendo un enunciado y en la practica un privilegio de las clases dominantes.
Cuando el capitalismo a nivel mundial entró en recesión en 2014, Ecuador se vio obligado acudir al Fondo Monetario Internacional. Este organismo exigió al expresidente Correa tomar medidas de reajustes para achicar el aparato estatal; ese recetario comenzó a ejecutarse despidiendo a los trabajadores y profesionales de la salud del sector público y los profundizó su sucesor Lenín Moreno en el 2020. Por eso, cuando llegó la pandemia de la covid-19 al Ecuador, la salud pública estaba debilitada y desmantelada.
Comparando con Chile, las organizaciones sociales del Ecuador, no tienen capacidad de diálogo y concertación para impulsar una mínima agenda social en salud. Las movilizaciones de octubre del año pasado no incluyeron en su plataforma de lucha las reivindicaciones a la salud, y priorizaron su oposición a la eliminación del subsidio a los combustibles.
Además, la corrupción es la pandemia mayor, se evidenció en el sector de la salud como lo ha venido denunciando permanentemente la Comisión Nacional Anticorrupción, con los negociados en la compra de medicamentos e insumos médicos. Asimismo, el núcleo de Manabí, denunció que los hospitales se repartieron como botín político a los asambleístas. Lo más indignante de esa provincia fue el atraco a los 3.500 millones de dólares destinados exclusivamente para la reconstrucción, no se priorizó la construcción de los hospitales y a cinco años del terremoto, no hay ningún hospital concluido. Todos están con sobreprecios y sorprendentemente los planos no cuentan con unidades de cuidados intensivos ni departamento de imagen, peor laboratorios. El Hospital de Especialidades de Portoviejo apenas funciona en un 30% de su capacidad, su personal a pesar de ser hospital centinela para la Covid-19, no tiene estabilidad laboral. Y lo que es peor, no existe un plan para capacitación en cuarto nivel para los profesionales de la salud.
Ahora, el reto del mundo para enfrentar la pandemia es iniciar un agresivo proceso de vacunación en la población mundial. Para el cumplimiento de este objetivo, Chile ha adquirido con diferentes laboratorios a nivel mundial más de 90 millones de dosis, garantizando la vacunación en una proyección de tres años para su población.
Mientras que Ecuador ha adquirido solo con dos laboratorio; Pfizer (Estados Unidos) con un monto de 34.000 vacunas, con proyección de 270.000 dosis para marzo; Sinovac (China) con 1.000.000 de dosis para el mimo mes, con un total de 1.270.000 dosis, que alcanzaría para un aproximado 635.000 vacunados con esquema completo, con las dos dosis correspondiente por persona en un mes. De continuar así, terminaran de vacunar a la población ecuatoriana en unos 24 meses aproximadamente. Lo que demuestra que es un fracaso el programa de vacunación en Ecuador.
Cabe destacar que en Chile, el Ministerio de Salud (MINSAL), elaboró un plan de vacunación en colaboración con; Consejo Asesor de Vacuna e Inmunización (CAVEI), e información proporcionada por el Departamento De Estadísticas e Información De Salud (DEIS), Registro Nacional de Inmunización (RNI), y organizadamente dar inicio a una agresiva campaña de inmunización, con la administración promedio de 300.000 dosis diarias, respetando estrictamente los protocolos y calendario de vacunación; iniciando con el personal de salud como primera línea, adulto mayores, pacientes con patologías crónicas, profesores, y comunidad en general, además se realizó la contratación y capacitación de recursos humanos (Médicos, Enfermeras, Kinesiólogos, técnicos en enfermería, administrativos, entre otros), redistribución económica nacional para la inversión en vacunas, coordinación con los gobiernos locales, coordinación interinstitucional públicas y privadas entre ellas; universidades, clínicas y laboratorios.
Por su parte Ecuador, con el pretexto que el ministerio de Salud es la institución rectora, impone una estructura centralista, que impide la coordinación de los GAD locales. Y este modelo anacrónico es cultivo para que se produzcan hechos de corrupción; como los denunciados con el ministro Juan Carlos Zevallos, sin que el presidente Lenín Moreno tome medidas correctivas, a diferencias de los presidentes de la Argentina y Perú, quienes separaron a sus ministros inmediatamente ante las denuncias de corrupción, con respecto a los beneficiarios de la vacuna.
La tarea para el nuevo gobierno en Ecuador debe ser avanzar en un gran acuerdo nacional para vencer la pandemia de la covid-19, esta es una tarea que deben asumir toda la sociedad organizada del Ecuador, el sector del ministerio de Salud, IESS, ISSPOL, ISSFA, SOLCA, Universidades, y entidades privadas, deben movilizarse y levantar un convenio de cooperación interinstitucional para adquirir el mayor número de vacunas y negociarla con todos los países que la producen; además ponernos como meta: vacunar en 6 meses a los 16 millones de ecuatorianos. Esta meta es posible cumplirla, sin corrupción y tener la voluntad política para hacer de la Salud un Derecho.
Médico cirujano. Actualmente residente en Chile, ejerciendo como médico en el Consultorio Oriente de San Fernando. Militante del PSE.
