Jorge Torres Vinueza
Pero fija tus miradas en el valle, pues ya estamos cerca del río de sangre, en el cual hierve todo el que por medio de la violencia ha hecho daño a los demás.
¡Oh, ciega pasión! ¡Oh, ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida, y así nos sumerge en sangre hirviente por toda una eternidad!
Canto XII, Divina Comedia
Los hechos sociales no son fenómenos simples y en particular, la crisis carcelaria ecuatoriana es una anomalía compleja. Es un hecho social anómalo en el sentido que algo se quebrantó, algo perdió el rumbo, algo se desencajo. El sistema penitenciario esta desquiciado. Es un hecho social complejo porque no solo estamos frente a un problema delictivo; sino también, a una crisis del sistema político, judicial, económico, sanitario, etc. Desenredar toda esta madeja de acontecimientos requiere de una observación analítica antes que político-partidista, puesto que ya se han alzado las banderas en plena campaña para aprovechar la crisis como viento favorable. Pero aquella limitada mira está llena de culpables antes que de evidencias y argumentaciones.
Los fatídicos hechos acontecidos en cuatro cárceles del sistema penitenciario ecuatoriano, en la mañana del martes 23 de febrero, fueron catalogados por muchos medios periodísticos nacionales e internacionales como terroríficos y espeluznantes. Un horror sin precedentes en medio de una crisis sanitaria y, también, institucional. El presidente de la Republica, un día después, el 24 de febrero, se dirige a la nación con cifras y lamentaciones en orden de demostrar la insostenibilidad del sistema y, también, comunica las medidas que serían necesarias aplicar para mantener el control institucional, que al parecer ya no controla.
Por otro lado, las imágenes y videos circularon mucho más rápido que la información oficial. Los familiares de las victimas recibían, por medio de sus teléfonos móviles, el terror que vivían sus parientes.
Y luego eso se esparció al mundo generando malestar, dudas y sobre todo incertidumbre. Finalmente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) comunico el saldo de 81 bajas. En los Centros de Privación de la Libertad del Guayas N°1 y N°4: 37 personas fallecidas; en el CPL de Cotopaxi N°1: 8 y en el CPL del Azuay N°1: 37.
En un articulo de la BBC se enumeran tres claves para entender el amotinamiento. El hacinamiento, el incremento del narcotráfico y las políticas de austeridad. El primero no es un problema propio del Ecuador (Shuster, 2017). En América Latina y el Caribe, en el 2020, la tasa de encarcelamiento duplicó la media mundial:
En ALC hay 262 reclusos por cada 100.000 habitantes, mientras que en África y Asia esta cifra es de 97; en Europa, de 187; en Oceanía, de 157, y la media mundial es de 145. El promedio de sobrepoblación en las cárceles de ALC es del 64%, pero hay casos alarmantes como el de Haití, donde alcanza el 354%, o El Salvador y Guatemala, países en los que llega al 233%. (Alvarado, et al., 2020)
Lo realmente novedoso es la intromisión de nuevos actores transnacionales como los carteles del narco mexicanos y de grupos disidentes guerrilleros o paramilitares colombianos. Ya habíamos tenido un antecedente, por fuera del sistema penitenciario, cuando, el 26 de marzo de 2018 por Mataje-Esmeraldas, un grupo disidente de las FARC-EP (Frente Oliver Sinisterra) secuestró a tres periodistas del diario el Comercio. Esto último disparó las alarmas de seguridad de las autoridades y puso en jaque al gobierno ecuatoriano.
En lo que respecta al tráfico de drogas, el incremento ha subido de manera significativa. A principios de octubre del 2020, se habrían decomisado 87 toneladas (pese a la pandemia) de narcóticos que superaban en 30% a lo decomisado en el 2019 (60 toneladas).
De igual manera se ha podido constatar la presencia de actividades “extrañas” como aterrizajes de avionetas, que luego son abandonadas y quemadas. Como, también, incremento en los avistamientos de las clásicas rutas de tráfico por vía marítima en el pacífico.
Todo esto responde a un hecho de carácter internacional-transnacional, y es el factor del poder que han adquirido los carteles mexicanos como el de Sinaloa, del Golfo o Jalisco Nueva Generación. Estos carteles solo con sus ventas en EE.UU. podrían estar ganando hasta 29 mil millones de dólares al año, lo que les permite coordinar, movilizar y extorsionar a ciudadanos de diferentes oficios, nacionalidades y de distintos lugares del mundo. Las condiciones extremas derivadas del hacinamiento, hace de los privados de la libertad el caldo de cultivo ideal para estos grupos narco-delictivos. Porque al encontrarse en un entorno hostil y de supervivencia, los presidiarios recurren a la protección del mas fuerte.
Con respecto a las políticas y medidas de austeridad se puede decir que lo experimentado en los últimos cuatro años es un retroceso, debido a los ajustes producidos por el déficit presupuestario. Pues se hizo un recorte al financiamiento de programas de capacitación a guías penitenciarios y a proyectos destinados a la modernización y mejoramiento de las instalaciones penitenciarias. No obstante, hay quienes aseguran que esta crisis viene, también, desde el tiempo del gobierno de Rafael Correa quien solo de manera retorica subrayaba los problemas carcelarios, pero en la practica el uso político del sistema de justicia terminó siendo una herencia y antecedente a la crisis actual.
Como dije anteriormente, esta lucha de ¿quién tiene la culpa? Es más una distracción que una verdadera interpretación de los hechos. Históricamente la falta de presupuesto y el hacinamiento se pueden datar a partir de 2002, cuando las políticas anti-drogas de los años 90, la supresión del sistema de rebajas y la implementación de la detención en firme (hasta el 2006), empezaron a dar frutos. Esto es el crecimiento de la población carcelaria de 69 reclusos en 2002 a 105.7 reclusos por cada 100 mil habitantes en 2007 (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008)
En la Era de la Revolución Ciudadana (2007-2017) los cambios hacia un paradigma progresista, garantista y de derechos humanos, como había dicho, incidió más en el discurso que en la práctica, ya que si bien por un lado aparecieron nuevas instituciones que buscaron administrar de mejor manera el problema; por otro lado, no pudieron evitar la criminalización de la pobreza, ni el crecimiento de la población carcelaria.
El periodo progresista lo fue exclusivamente en términos de clase y encontró su límite en el sentido común neoliberal securitario. Las más altas autoridades, impulsadas al inicio por los movimientos sociales, finalmente optaron por el discurso ciudadano y de élite que define la seguridad como defensa de su propiedad privada, justificando la punición de los sectores desposeídos. Optaron por el populismo penal como garantía de su triunfo electoral, expresando otra línea de continuidad cultural con la que llamaron “larga noche neoliberal”. Entrada la década de 2010, el crecimiento del Estado, fomentado desde 2007, garantizaba la alta capacidad punitiva que se expresó como criminalización de la pobreza y se materializó en el crecimiento inédito de la población penal. (Aguirre Salas, et al., 2020)
En términos foucaultianos (Castro-Gomez, 2010) se podría decir que la Revolución Ciudadana busco transformar al sistema penitenciario ecuatoriano de un mecanismo disciplinador a un mecanismo de securitización. La construcción de nuevos centros penitenciarios y de nuevos espacios y actividades de rehabilitación social se encontraban bajo el paradigma de la seguridad ciudadana. Podría decirse, también, que hubo una metamorfosis de la idea de seguridad nacional a la idea de seguridad ciudadana. El régimen siguiente de Lenin Moreno debilitó aquel discurso y, pues, de nuevo se hicieron presentes los mecanismos de disciplinamiento como los famosos Estados de Excepción, que a la larga fueron una moneda escasa al decretarse su inconstitucionalidad.
Por otro lado, en los últimos años han emergido discursos ultra-conservadores de odio hacia las poblaciones carcelarias que proponen la pena de muerte o algún tipo de extinción por la fuerza. Lo que indica que la degradación moral no solo viene de los grupos carcelarios sino también de ciertos sectores la sociedad civil. En efecto, el día del amotinamiento cuando circulaban las imágenes de decapitaciones y mutilaciones, era común escuchar frases como “que se maten entre ellos”.
Por suerte, las elecciones del 7F nos mostraron que a nivel nacional solo el 19.74% de la población ecuatoriana apoya a un régimen de “mano dura”, frente al 67.79% que apoya tal vez a gobiernos con visiones entre progresistas y alternativas de seguridad ciudadana.
Lo que esta claro, en otras palabras, es que la mayoría de la sociedad exige un nuevo pacto político-social en donde se solucione la crisis de corrupción de todas las entidades público-estatales.
Para terminar, existe un tipo de elitismo cultural que nos impide ver a las múltiples culturas seculares, que cual puzzle se difuminan, desestructuran e interrelacionan. Lo mismo que nos impide ver el sentido cultural de la música de los barrios marginales o de los pueblos rurales, es lo mismo que nos niega el encontrar un sentido a los rituales de la violencia delictiva. Un juicio moral y todo termina. La muerte, el asesinato, la crueldad se enfoca en lo malvado, lo oscuro y negativo. No podemos ver porque es incorrecto, pero pasa, está pasando y pasará. Son mensajes, mensajes cargados de espectacularidad. Pasó en Siria, en Colombia y México. Los Narcos, ISIS, Al Nusra se expresan así, saben que llaman nuestra atención. Porque ya somos parte de la sociedad del espectáculo. Es por eso que la angustia se vuelve mas tormentosa y es importante hacernos la siguiente pregunta: como sociedad civil, ¿estamos preparados para evitar un nivel de violencia parecido fuera de las cárceles?
Bibliografía:
Aguirre Salas, A., León, T. & Ribadeneira, N., 2020. Sistema penitenciario y población penalizada durante la Revolución Ciudadana (2007-2017). URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, Issue 27, pp. 94-110.
Alvarado, N. y otros, 2020. Las Cárceles de América Latina y el Caribe ante la Crisis Sanitaria del COVID-19, Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
Castro-Gomez, S., 2010. Historia de la Gubernamentalidad. 1 ed. Bogota: Siglo del Hombre Editores.
Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008. Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa. Quito: s.n.
Shuster, M., 2017. Pánico, violencia y crisis en las cárceles de América Latina: Entrevista a Gustavo Fondevila. Nueva Sociedad.
LINKS:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56186555
https://es.insightcrime.org/noticias/ecuador-enfrenta-niveles-sin-precedentes-violencia-carcelaria/
https://www.elmundo.es/america/2010/06/02/mexico/1275515189.html
Phd (candidato) de Estudios Humanísticos de la Universidad Rovira i Virgili de España. Magister en Sociología Política de la U Central. Y Sociólogo de la PUCE. Co-autor del libro "Imbabura Étnica". Es docente de la Universidad Técnica del Norte. Hace investigación socio-histórica y sobre ciudadanía.
