Rocío Yépez Rodríguez
A un lado han quedado las propuestas de Guillermo Lasso. Y es que era evidente que daría la espalda a la juventud del país cuando anunció sus reformas a la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, donde su único acierto fue recoger la reforma urgente del CES, para que las instituciones superiores participen en la dirección y coordinación del sistema.
Frente al reciente recorte del presupuesto a la educación superior para el 2022, es importante resaltar lo que dice la Constitución de la República, ya que en la disposición transitoria decimoctava establece que: “El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la Educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del PIB hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto.”
Al respecto, 94 asambleístas votaron a favor de observar la proforma presupuestaria de 2022, puesto que era incuestionable que el presupuesto a la educación debía aumentar 548,09 millones de dólares correspondientes al 0,5% del PIB proyectado para 2022, dando un total de 5.535,77 millones de dólares que deberían asignarse. Pero en nuestro país, de propuestas vacías y demagógicas, los valores consignados en el instrumento presupuestario es de USD 4.861,18.
La educación sigue siendo la última rueda del coche, los USD 4.861,18 millones asignados para el 2022, respecto de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2021, tiene una reducción de -1,6%, esto implica que los estudiantes de sectores populares y empobrecidos reducen la posibilidad de salir de la pobreza y, por tanto, de insertarse en el mercado laboral.
La educación en el Ecuador ya tenía una preocupante calidad en el pasado y producto de la pandemia la situación decayó aún más, agravada por factores como las restricciones de acceso al sistema educativo producto de la pobre conectividad al internet de la población estudiantil. Estos elementos ahondaron las brechas de entre el sistema público y el privado, pero fundamentalmente entre la educación de las zonas rurales y urbanas.
La juventud universitaria demanda que el presidente de la República cumpla su palabra dada en la campaña, pero esto es cada vez más lejano producto de la orientación neoliberal y ortodoxa del gobierno, que busca realizar un recorte agresivo de aproximado USD 213 millones en educación superior. Frente a esto surge una pregunta fundamental: ¿cómo se ampliará el cupo a las universidades sin la asignación suficiente de recursos económicos?
Esto evidencia que los problemas de la educación superior son estructurales, y frente a ello es necesario una reforma a la LOES que devuelva la autonomía a las universidades, que se fortalezca a los institutos técnicos y tecnológicos y que se reabran los colegios normales, al igual que el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). El país requiere una ley que brinde opciones a los jóvenes y no se jueguen su futuro y el de sus familias en un examen de ingreso anti técnico y discriminatorio que viola el derecho a la educación y deja fuera de la universidad a cientos de miles de jóvenes, que se quedan sin educación y sin trabajo y deambulan por el país expuestos a graves peligros. Se debe establecer un procedimiento transparente que amplíe sustancialmente los cupos de ingreso y garantice que los jóvenes puedan estudiar lo que elijan y no lo que les imponen los burócratas.
Las acciones de recortes presupuestarios que limitan y reducen el acceso a derechos, así como las pretensiones de privatización de sectores estratégicos de la economía, sumado a la flexibilización laboral, son un llamado a las y los jóvenes secundarios y universitarios, pero también a las comunidades, sindicatos, feministas, defensores de la naturaleza, trabajadores del campo, jóvenes con discapacidades, gestores culturales, colectivos LGBTIQ, animalistas y al pueblo en general, a organizarnos en unidad para lucha por un Ecuador sin miseria, con educación y salud de calidad para el pueblo, por una vida digna con oportunidades de empleo, donde se promueva a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan casi el 70% de las fuentes de empleo del país. Solo así se conseguirá poner un freno a los depredadores de la riqueza nacional que buscan pauperizar aún más las ya precarias condiciones de cinco millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza y dos millones y medio en pobreza extrema.
Estudiante de Derecho en la Universidad Técnica del Norte. Militante de causas feministas. Activista ecologista. Activista de Derechos Humanos. Miembro del colectivo de Jóvenes Tejiendo Futuro. Militante socialista. Presidenta de la Juventud Socialista de Imbabura. Presidenta de la Juventud Socialista Ecuatoriana
