En la actualidad, la tasa de encarcelamiento de Ecuador asciende a 342.5 privados de libertad por cada 100,000 habitantes, superando la media latinoamericana (262). En los \u00faltimos a\u00f1os la poblaci\u00f3n privada de la libertad ha crecido r\u00e1pidamente, pasando de 11.517 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en 2009, a 39.516 en 2019, lo que representa un aumento del 243% en la poblaci\u00f3n penitenciaria en tan solo una d\u00e9cada. Para el 2023, el Censo Penitenciario identific\u00f3 a 31.321 PPL.<\/p>\n\n\n\n
Para 2017 el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registraba 1063 adolescentes infractores, con medidas privativas y no privativas de la libertad. De ellos 594 ten\u00edan Registro Social, y por esto 210 familias recib\u00edan el BDH de 50 d\u00f3lares. La Jefatura de hogar en 49% era masculina y 16% femenina. El 54% de jefes de hogar concluy\u00f3 la primaria, el 25% la secundaria y sin instrucci\u00f3n el 8%. En los Centros de Adolescentes Infractores CAI, las actividades econ\u00f3micas del jefe de hogar fueron 33% agricultura, 15% comercio y 6% construcci\u00f3n. Cerca de la mitad de las familias de adolescentes infractores en CAI eran pobres, eventualmente cada miembro ten\u00eda un ingreso de 84 usd.<\/p>\n\n\n\n
El narcotr\u00e1\ufb01co es una actividad econ\u00f3mica criminal que puede ser analizada desde el punto de vista racional (Becker, 1968, 1990; Toumi, 1993; Gait\u00e1n-Daza, 1995; Rubio, 1999). Los involucrados tratan de maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos de captura por parte de los funcionarios del Estado responsables del control penal: s\u00f3lo de este modo pueden los narcotra\ufb01cantes generar sus ingresos. La consolidaci\u00f3n aumenta la demanda de servicios criminales. Los narcotra\ufb01cantes brindan capacitaci\u00f3n criminal a sus miembros y aumentan la calidad de la mano de obra criminal, reduciendo costos. Se consolidan gracias a 3 caracter\u00edsticas: 1. Mano de obra entrenada para usar la violencia. 2. Altos niveles de corrupci\u00f3n p\u00fablica. 3. Ine\ufb01ciencia en la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los fen\u00f3menos emergentes que afecta gravemente al sistema de justicia juvenil en Ecuador es el reclutamiento forzoso de adolescentes por parte del crimen organizado. Esta pr\u00e1ctica constituye una violaci\u00f3n grave a los derechos humanos y est\u00e1 asociada al incremento de delitos cometidos por menores de edad, especialmente en zonas de alta conflictividad social y \u00a0criminal.
Estudios recientes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y del BID se\u00f1alan que una proporci\u00f3n significativa de adolescentes privados de libertad en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) han sido previamente captados, presionados o amenazados por estructuras criminales para cometer delitos violentos, tr\u00e1fico de drogas o robos organizados..
Se afirma que desde 2019, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. El pa\u00eds registr\u00f3 una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 y 39 en 2024, situ\u00e1ndolo como el m\u00e1s violento de Sudam\u00e9rica. Entre los m\u00e1s afectados est\u00e1n ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, quienes est\u00e1n siendo reclutados o vinculados por organizaciones criminales, especialmente en zonas urbanas de la Costa. Con un incremento alarmante de violencia contra la ni\u00f1ez: los homicidios de ni\u00f1os y adolescentes aumentaron 640% entre 2019 y 2022. Solo en 2024, se reportaron 252 homicidios de menores, de los cuales el 81% correspondi\u00f3 a adolescentes de 15 a 17 a\u00f1os. El 87% de casos usaron armas de fuego.<\/p>\n\n\n\n
Dur\u00e1n, Guayaquil, Machala y Portoviejo figuran entre las 20 ciudades m\u00e1s violentas del mundo. Dur\u00e1n lidera con una tasa de 145,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El rol de los reclutados: entre 6 y 12 a\u00f1os: campaneros, mensajeros, transportistas de drogas. Entre 13 y 17 a\u00f1os: microtraficantes, cobradores de extorsi\u00f3n, vigilantes, sicarios y ocultadores de cad\u00e1veres o secuestrados. Los datos de judicializaci\u00f3n (2020-2024): La Fiscal\u00eda Especializada de Justicia Juvenil proces\u00f3 1.278 adolescentes por delitos graves. De ellos, 480 ten\u00edan entre 15 y 17 a\u00f1os, 145 entre 11 y 14, y 9 eran menores de 10 a\u00f1os. Las causas del reclutamiento aprovechan los vac\u00edos del Estado: m\u00e1s de 500.000 j\u00f3venes de 15 a 24 a\u00f1os ni estudian ni trabajan. Otros 250.000 han abandonado el sistema educativo para insertarse en un mercado laboral precario.<\/p>\n\n\n\n
El reconocimiento del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente como sujeto titular de todos los derechos humanos, adem\u00e1s de los espec\u00edficos de su edad, es un elemento sustancial al momento de tomar las decisiones de la pol\u00edtica p\u00fablica y pol\u00edtica criminal del Estado y sus expresiones normativas, administrativas y sociales. En este mismo sentido, el numeral 13 del Art\u00edculo 77 de la norma constitucional, detalla que \u201cPara las adolescentes y los adolescentes infractores regir\u00e1 un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracci\u00f3n atribuida. El estado determinar\u00e1 mediante ley, sanciones privativas y no privativas de libertad. La privaci\u00f3n de libertad ser\u00e1 establecida como \u00faltimo recurso, por el periodo m\u00ednimo necesario y se llevar\u00e1 a cabo en establecimientos diferentes a los de las personas adultas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los adolescentes son inimputables pero penalmente responsables. La medida de privaci\u00f3n de libertad es de 8 a\u00f1os para delitos graves. La reciente aprobaci\u00f3n de la Ley de Integridad P\u00fablica constituye un serio retroceso en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Privilegia un enfoque punitivo (aumento de medidas de internamiento hasta 15 a\u00f1os) por sobre las medidas de educaci\u00f3n, acompa\u00f1amiento psicosocial y reintegraci\u00f3n, se vulneran derechos fundamentales y se debilita el sistema de justicia adolescente. Lejos de resolver el problema, estas pol\u00edticas refuerzan la estigmatizaci\u00f3n, aumentar\u00e1n la reincidencia y dificultar\u00e1n la construcci\u00f3n de un futuro digno para cientos de j\u00f3venes. El debate en la Asamblea no fue responsable, no se bas\u00f3 en evidencia y se irrespet\u00f3 la norma constitucional en una ley sin unidad de materia. <\/p>\n\n\n\n