{"id":6722,"date":"2022-03-25T14:03:12","date_gmt":"2022-03-25T14:03:12","guid":{"rendered":"https:\/\/opcions.ec\/portal\/?p=6722"},"modified":"2022-03-25T14:15:18","modified_gmt":"2022-03-25T14:15:18","slug":"veto-al-proyecto-de-ley-organica-que-garantiza-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-para-ninas-adolescentes-y-mujeres-por-violacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opcions.ec\/portal\/2022\/03\/25\/veto-al-proyecto-de-ley-organica-que-garantiza-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-para-ninas-adolescentes-y-mujeres-por-violacion\/","title":{"rendered":"Veto al Proyecto de Ley Org\u00e1nica que Garantiza la Interrupci\u00f3n Voluntaria del Embarazo para Ni\u00f1as, Adolescentes y Mujeres por Violaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Berenice Cordero Molina<\/strong>
\n Ariadna Reyes \u00c1vila<\/strong>
\nAim\u00e9 Ginna Maza Valle<\/strong><\/p>\n

En abril del a\u00f1o 2020, Ecuador logr\u00f3 la despenalizaci\u00f3n del aborto por causa de violaci\u00f3n sexual. Y aunque resulta obvio y un deber de todas las funciones del Estado, respetar y acatar las disposiciones de la Sentencia de Corte Constitucional, el veto presidencial presentado el 15 de marzo de 2022 mediante Oficio No. T. 180-SGJ-22-0050, propone su propia interpretaci\u00f3n de las garant\u00edas, principios y derechos constitucionales como de las disposiciones de la Corte.<\/p>\n

El veto insiste en promover legislaci\u00f3n regresiva al margen de los est\u00e1ndares internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos pese a la concordancia en el desarrollo del derecho internacional respecto de se\u00f1alar la necesidad de que los estados tomen medidas para expulsar de sus ordenamientos jur\u00eddicos la penalizaci\u00f3n del aborto en casos de violaci\u00f3n como para garantizar a las v\u00edctimas y sobrevivientes de violaci\u00f3n sexual el acceso a servicios sanitarios gratuitos, integrales, humanizados y pr\u00f3ximos, sin discriminaci\u00f3n ni estigmatizaci\u00f3n alguna (en correspondencia con la Recomendaci\u00f3n General No. 24 del Comit\u00e9 de la CEDAW).<\/p>\n

\n

El veto no solo constituye una grave regresividad a los avances en la condici\u00f3n jur\u00eddica de las ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y personas gestantes y a la garant\u00eda de sus derechos, sino que expropia a las v\u00edctimas y sobrevivientes de violencia sexual de sus derechos y les revictimiza.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Propone interpretaciones a la Constituci\u00f3n y protege bienes jur\u00eddicos distintos a lo que est\u00e1 dispuesto en la Sentencia de la Corte No. 34-19-IN\/21 y al esp\u00edritu legislativo contenido en el Proyecto de Ley Org\u00e1nica que Garantiza la Interrupci\u00f3n Voluntaria del Embarazo para Ni\u00f1as, Adolescentes y Mujeres por Violaci\u00f3n aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de febrero pasado.<\/p>\n

El veto<\/strong><\/p>\n

El veto presidencial confunde la despenalizaci\u00f3n del aborto por violaci\u00f3n sexual -decisi\u00f3n de la Corte Constitucional a la que el veto interpreta como excepcionalidad punitiva del aborto consentido- con el derecho de acceso gratuito, seguro, integral y humanizado a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en caso de violaci\u00f3n sexual.<\/p>\n

Una vez despenalizado el aborto por violaci\u00f3n mediante Sentencia de Corte Constitucional Corte No. 34-19-IN\/21, corresponde al Estado, en su deber de promover, proteger y respetar los derechos de las v\u00edctimas y sobrevivientes de violaci\u00f3n, garantizar el acceso a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en estos casos.<\/p>\n

\n

Este derecho, adicionalmente, protege bienes jur\u00eddicos fundamentales tal como lo dilucid\u00f3 la Corte Constitucional, estos derechos son, al menos: la dignidad, la integridad, la salud y la vida de v\u00edctimas y sobrevivientes de violencia sexual y la salvaguarda de los principios de igualdad y no discriminaci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n

El veto transfiere a v\u00edctimas y sobrevivientes -a trav\u00e9s de su exposici\u00f3n de motivos y 61 objeciones- la opresi\u00f3n y el peso sancionatorio de la sociedad patriarcal, mis\u00f3gina y machista. Les expropia de su dignidad humana al intentar -por v\u00eda de requisitos injustos de acceso a este derecho- la sumisi\u00f3n de las v\u00edctimas al sistema de creencias y valores que protege y representa Guillermo Lasso y que antepone en su funci\u00f3n como Presidente de la Rep\u00fablica mediante veto.<\/p>\n

El Presidente incorpora, por medio de requisitos, mecanismos ofensores a las v\u00edctimas y sobrevivientes de violencia sexual, fallando el Estado para con ellas, reiteradamente:<\/p>\n

    \n
  1. En su deber de proteger a ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar de la violencia de g\u00e9nero y su expresi\u00f3n extrema: la violaci\u00f3n sexual.<\/li>\n
  2. Al desconocer el derecho que les asiste de interrumpir voluntariamente el embarazo por violaci\u00f3n sexual en condiciones de salud \u00f3ptimas y humanizadas; sin culpa y sin agravar su condici\u00f3n.<\/li>\n
  3. Al pretender someterles, utilizando a los organismos creados para su protecci\u00f3n y a los actores judiciales, a requisitos que terminar\u00e1n con la capacidad de resiliencia ante la ofensa sexual expuls\u00e1ndoles al aborto inseguro.<\/li>\n<\/ol>\n

    La obligaci\u00f3n del Estado, en protecci\u00f3n jur\u00eddica a la dignidad humana de las v\u00edctimas y sobrevivientes de violaci\u00f3n es frenar, sin dilaci\u00f3n, el efecto cruel, torturador y pluriofensivo de la violencia sexual. Al respecto, la Sentencia de la Corte Constitucional, indica con claridad que:<\/p>\n

      \n
    1. De igual manera, esta Corte observa que el Comit\u00e9 de la CEDAW, el Comit\u00e9 contra la Tortura y el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, inhumanos o degradantes se han pronunciado en el sentido de que el embarazo forzado, la penalizaci\u00f3n del delito de aborto por violaci\u00f3n y la negativa de brindar asistencia a las ni\u00f1as, adolescentes y mujeres en esta condici\u00f3n vulneran sus derechos y pueden constituir una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante.<\/li>\n<\/ol>\n
      \n

      Al restringir derechos, el veto impone medidas que acrecientan el dolor y obstaculizan el acceso a los servicios sanitarios de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo hasta tornarlos imposibles para todas las v\u00edctimas y sobrevivientes de violaci\u00f3n sexual.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      Pero su efecto es m\u00e1s pernicioso para ni\u00f1as y adolescentes y para quienes se autodeterminan parte de un pueblo o nacionalidad originario o para quienes habitan el campo, los territorios de pueblos y nacionalidades originarias o est\u00e1n en condici\u00f3n de pobreza o movilidad humana lo cual omite la Observaci\u00f3n General No. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP de 3 de septiembre de 2019).<\/p>\n

      La funci\u00f3n ejecutiva a trav\u00e9s del Presidente, promueve un veto mis\u00f3gino que moviliza el dolor y el sentimiento de culpa y verg\u00fcenza que impone el violador a sus v\u00edctimas. Promociona la adopci\u00f3n como un procedimiento equiparable a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo por causa de violaci\u00f3n, pretende invisibilizar a las mujeres de la diversidad sexo gen\u00e9rica, elimina el enfoque interseccional y de g\u00e9nero de la Ley y somete a ni\u00f1as y adolescentes a la autorizaci\u00f3n de los representantes legales despoj\u00e1ndoles del derecho de expresar su opini\u00f3n.<\/p>\n

      \"\"
      Fuente: El Comercio<\/figcaption><\/figure>\n

      Omite que las ni\u00f1as, adolescentes y mujeres viven d\u00eda a d\u00eda el dolor impuesto por el violador en sus cuerpos y que cursar un embarazo forzado, fruto de un crimen, es agravar su situaci\u00f3n. La inclusi\u00f3n en el veto presidencial de intereses religiosos tiene el efecto de movilizar sistemas de valores y creencias que desacatan la laicidad del Estado y su deber de protecci\u00f3n de todas las personas sin discriminaci\u00f3n alguna. Impone un camino para el derecho de acceso a servicios sanitarios que, finalmente, despojan de eficacia a la Sentencia de la Corte Constitucional.<\/p>\n

      \n

      El veto obstaculiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Intenta interpretar y restringir los derechos humanos de ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar profundizando los nudos cr\u00edticos que ya est\u00e1n dilucidados en el proyecto de Ley Org\u00e1nica aprobada por la Asamblea Nacional del 17 de febrero de 2022: temporalidad, requisitos y objeci\u00f3n de conciencia.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      Les despoja de dignidad a v\u00edctimas y sobrevivientes, legislando desde estereotipos de g\u00e9nero que promueven la falsa idea de que ni\u00f1as, adolescentes, mujeres y personas en capacidad de gestar mienten; promueve la persecuci\u00f3n penal a trav\u00e9s del tipo de infaticidio y amplifica la objeci\u00f3n de conciencia amparando su pr\u00e1ctica institucional y colectiva y elevando su protecci\u00f3n como tutela de Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Berenice Cordero Molina Ariadna Reyes \u00c1vila Aim\u00e9 Ginna Maza Valle En abril del a\u00f1o 2020, Ecuador logr\u00f3 la despenalizaci\u00f3n del aborto por causa de violaci\u00f3n sexual. 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