Precios y subsidios a los combustibles en Ecuador

 Oswaldo Erazo Arboleda

Antecedentes

En enero de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa señaló que se debían revisar los precios de los combustibles, posteriormente, en los primeros días de junio del mismo año, se anunció el primer desembolso del FMI y las observaciones que realizó el Banco Mundial sobre subsidios a los combustibles en Ecuador. Lo cual puso nuevamente sobre el tapete de discusión los subsidios a los combustibles.

El presente artículo describe de manera general los subsidios a los combustibles en Ecuador,   su peso en los egresos fiscales, la actuación de los diferentes gobiernos de turno. enfatizando en el mercado nacional de combustibles, con las distorsiones que se presentan, a la vez que plantea alternativas de discusión, ya que el objetivo es presentar una propuesta base, fundamentada, abierta a ser completada o simplemente reformulada, considerando que es un tema además de económico y social, principalmente político.

La política de subsidios es tema importante de las políticas públicas que se aplican en algunos países.  Con objetivos claros y correctamente aplicados, de manera directa se medirían su impacto y sobre todo sus efectos sociales y financieros, por tanto no todos los subsidios son malos, mucho depende de a quién se aplique y cómo se aplique.

Es necesario definir  el objetivo de los subsidios a los combustibles, ya que  son parte de la política fiscal, social y energética, es decir no solo sirven para redistribuir la riqueza, sino que, correctamente aplicados deben fomentar también el desarrollo de la industria dentro de una estrategia general de  impulso a la industria nacional y su oferta exportable (sin caer en dumping), que genere y desarrolle el empleo adecuado, que actualmente es una de las  principales preocupaciones de la población.

Es importante señalar que los gobiernos acostumbraron a diferentes tipos de industrias a gestionar sus negocios particulares con combustibles subsidiados, en estos casos no se deberían eliminar aplicando una medida de shock, sino que se deberían focalizar o eliminar gradualmente en relación a su costo beneficio y a la situación de la economía.

“Subsidios a los combustibles”, es un tema económico, social y político, de constante actualidad, y de gran discusión que se ha centrado en ¿mantenerlos? ¿focalizarlos? ¿eliminarlos? O ¿compensarlos? preguntas no tan sencillas de responder con un SI o un NO. Sin embargo, es imperativo generar más elementos de juicio que se basen en un análisis de involucrados (transparentando el mercado con datos e información sobre sus costos reales y el peso de los combustibles en los subsidios), con información de las distintas instituciones estatales, a fin de generar un análisis del entorno que permita desarrollar escenarios para la toma de decisiones con los posibles efectos sociales, y sus posibles compensaciones.

Los subsidios a los combustibles se estima que superarán en este año 2024 otra vez los  3.000 millones de dólares, con los cuales se podría mejorar mucho en seguridad social, salud, educación e infraestructura.  Son gastos que el Estado no puede seguir manteniendo en esa proporción ya que “La estructura de subsidios que se mantiene en la actualidad no es compatible en términos progresividad en la distribución de recursos, lo cual afecta al bienestar de la ciudadanía.” (Finanzas, 2020).

Por tanto, es fundamental contar con el criterio generalizado en referencia al tema. La discusión y análisis debe incluir a más sectores y no solamente (como lo hizo el Gobierno de Guillermo Lasso) a los representantes del Gobierno, transporte y sectores campesinos e indígenas, o al caso del Gobierno de Daniel Noboa que a través de Decreto Ejecutivo No. 254 de 2 de mayo de 2024, creó el Comité de Optimización Energética constituido Ministros de Estado o sus delegados. Al hablar de subsidios a los combustibles, todos somos los involucrados, y debe añadirse a las mesas técnicas al sector de Distribución de Combustibles y la Academia, entre otros.

Es cierto que las empresas deben  mantener costos competitivos, pero no se pueden tener costos bajos o ser competitivo sobre la base de subsidios a los combustibles. Entonces, las interrogantes deberían ser: ¿qué subsidio de combustible (según segmento de consumo) debe mantenerse o ser eliminado?; ¿quiénes serían los beneficiados?  ¿qué subsidio  de combustible debe focalizarse y en qué proporción?; y sobre estas interrogantes incluir,  ¿cuándo hacerlo? ¿a qué precio? ¿durante qué tiempo?  ¿cómo compensarlo? y principalmente ¿cómo hacerlo?.

Beneficiarios de los subsidios a los combustibles

La política de subsidios a los combustibles implementada en los diferentes gobiernos en  Ecuador, beneficia en diferente magnitud a distintos estratos de la sociedad, incluso algunos  de mayores ingresos que pueden pagar el precio real del producto;  este beneficio no es exclusivo para la población desde el lado de la demanda, sino que también va a diferentes industrias en los cuales también se presentan inequidades, existiendo sectores deprimidos como el agropecuario, en el cual el productor de papas, o de leche, han sentido muy fuerte los efectos por ventas a precios bajos de sus productos, y que no reciben ningún tipo de subsidio a los combustibles o incentivo, sectores que son tan importantes para la economía nacional como lo son otros que si reciben estos beneficios. ¿Por qué a unos si y a otros no?

Descripción de los Subsidios

¿Pero qué son subsidios? ¿Para qué sirven? ¿Son parte de las políticas económicas? ¿Deberían ser permanentes? ¿Quién se encarga del control del buen uso de los combustibles? ¿Quiénes son los beneficiarios? Con estos interrogantes que ameritan un análisis profundo y por separado es necesario revisar el tema subsidios, en especial el subsidio a los combustibles, de la mano de un análisis del mercado de combustibles por segmentos.

Es así que: “El Estado canaliza recursos a través de subsidios y bonos. El subsidio es un estímulo financiero o de otra clase otorgado por el Estado para que las empresas o individuos puedan realizar su papel de productores o consumidores de bienes y servicios; que de otra forma fuera difícil o imposible de cumplir. Los subsidios se segmentan en:

Subsidios directos: Son transferencias directas a los beneficiarios. En  Ecuador, este es el caso de los bonos que entrega el Estado (sociales, agrícolas, vivienda, entre otros).

Subsidios indirectos: Son los recursos provenientes desde el Estado que cubren la brecha en el precio de venta al público de bienes y servicios, tal es el caso de los subsidios a los combustibles y tarifa eléctrica, costo que se halla por debajo de los precios de mercado.” (Finanzas, 2020)

En consecuencia, los subsidios son una parte del costo (sea del bien o servicio) que el sector público lo asume con el fin de mantener un precio estable y accesible al consumidor, a la vez hay que resaltar que el subsidio debe ser temporal y focalizado.

“El problema central relacionado con los subsidios radica en que los mecanismos actuales de gestión, monitoreo y control del destino de los recursos fiscales para subsidios se encuentra desactualizado, es deficiente o en ciertos casos es inexistente, por lo que no se puede evidenciar que la optimización en su focalización. Asimismo, existe una gran dispersión de los subsidios, dado que son varias las entidades que los entregan y no existe un sistema que los consolide, administre la información y la actualice de manera periódica.” (Finanzas, 2020)

PESO POLÍTICO DE LOS SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES EN EL ECUADOR

Los subsidios a la mayoría de combustibles que se mantienen en el Ecuador no son nuevos, ni se implementaron en los últimos gobiernos, se aplicaron desde el inicio del Boom Petrolero en 1974, en los gobiernos militares, es decir, cumplimos 50 años de que el Estado subsidie al precio de los combustibles.

Por casi cinco décadas, en el Ecuador, los subsidios son parte de la vida diaria, es así que “…mientras duró el auge petrolero, el Estado se constituyó por primera vez en el actor principal en el proceso de desarrollo.” (Acosta, 2.006) Durante este periodo, se subsidió al sector privado a través del congelamiento de precios de bienes y servicios, así como exoneraciones tributarias y arancelarias para facilitar la importación de bienes de capital, con el fin de buscar la modernización de la industria nacional.

“El subsidio a los combustibles fue introducido en Ecuador en 1974 por el régimen militar en un contexto de precios al alza del petróleo y de aumento de la producción doméstica que proporcionaba ingresos crecientes. La bonanza petrolera se utilizó para reforzar al régimen sin que los subsidios fueran reducidos de manera significativa cuando la situación económica cambió, puesto que los gobiernos posteriores fueron conscientes de la impopularidad de retirarlos.” (Escribano, 2019)

Manejo de precios de combustibles por Gobierno

El auge del petróleo de 1972 a 1982 hizo que el “precio del crudo oriente pase de 2,4 dólares por barril en 1972, a 34,4 en 1981, y empezó a caer en 1982 de 32,5 a 9 dólares por barril en 1986” (Acosta, 2.006). Al finalizar este auge, los gobiernos democráticos se vieron obligados a ajustar los precios de los combustibles en el país.

La guerra de Paquisha golpeó la economía nacional en el gobierno de Jaime Roldós (1979 – 1981), quien decidió el incremento del precio del galón de la gasolina “de 4 sucres a 15 sucres” (Políticamente Correcto, 2022). Posteriormente, en el gobierno de Oswaldo Hurtado (1981 – 1984) sube el precio del galón de gasolina hasta 33 sucres.

En el gobierno de León Febres Cordero (1984 – 1988), la gasolina extra llega a los 90 sucres y el diésel tuvo un PVP de 55 sucres. Con Rodrigo Borja (1988 – 1992) la gasolina llegó a un precio de 410 sucres, mientras el diésel alcanzó los 390 sucres. (Políticamente Correcto, 2022)

En el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992 – 1996), aparecieron los racionamientos eléctricos y la conocida “Hora Sixto”. Dicho mandato se caracterizó por el subsidio de plantas de  generación  térmica;  y en lo que se refiere al precio de la gasolina extra, llegó a 2.500 sucres por galón.

“A partir de 1996 comenzó el debate acerca de la pertinencia de levantar los subsidios al GLP y a la electricidad. Por ejemplo, en 1998 el precio del gas doméstico se incrementó de 4,900 a 20,000 sucres (308%) y posteriormente a 25,000 sucres (1 dólar). No obstante, los intentos de levantar o focalizar estos subsidios no fueron bien recibidos por la población y contribuyeron a desestabilizar a distintas administraciones. Desde el año 2000, la estructura de subsidios energéticos se profundizó, al punto que los precios de los combustibles permanecen congelados desde 2003 (2001, en el caso del GLP y se ha creado una serie de nuevos subsidios en el sector eléctrico.” (MCPEP, 2010).

El gobierno de Abdalá Bucaram (1996 – 1997), eliminó el subsidio al GLP, a la vez que  cobraron en hospitales populares los servicios; continuaron los incrementos en los precios del diésel y gasolina extra, queriendo revertir sus medidas en febrero de 1997. (Acosta, 2.006).

El precio del galón de gasolina llega a 3.800 sucres y el precio del diésel a 2.673 sucres. (Políticamente Correcto, 2022).

“En una cadena nacional de televisión y presionado por una escalada de protestas, el 24  de septiembre de 1996, el entonces presidente Abdalá Bucaram anunciaba: “Es mi decisión personal no eliminar el subsidio al gas… pues no hambrearé más a mi pueblo”. La ira popular hizo que el ex mandatario dejara sin efecto el decreto que pocos días antes elevaba el precio del cilindro de gas de 15 kilos de 2.900 a 16.000 sucres. Meses después, el 13 de enero de 1997, Bucaram decidió una nueva alza, a 10.000 sucres. Fue uno de los detonantes de su caída, el 7 de febrero de ese año. Su sucesor, Fabián Alarcón, volvió a bajar el precio, pero a 4.900 sucres.” (El Universo, 2005).

El gobierno de Jamil Mahuad (1998 – 2000), creó el “bono solidario” que consistía en la entrega de 100.000 sucres, equivalente a 20 dólares de la época, y que estaba dirigido a un millón de ecuatorianos, a la vez eliminó los subsidios al gas, gasolina y a la electricidad, que ascendían a 500 millones de dólares. El precio del cilindro de 15 kg de gas doméstico pasó de  4.900 sucres a 20.000 sucres y posteriormente a 25.000 sucres. (Acosta, 2.006). la gasolina pasó de 8.726 sucres a 23.250. Luego, bajó a 11.960 para subirla nuevamente a 13.633 sucres, y otra vez bajándola a 12.290  (Políticamente Correcto, 2022) En enero de 2000 Mahuad fue derrocado.

Gustavo Noboa (2000 – 2003) también trató el tema y propuso incrementar el precio del GLP doméstico pero un levantamiento indígena le obligó a dar marcha atrás en su intención de subir de 1,60 a 2 dólares, en enero del 2001. (El Universo, 2005). La gasolina inició con un precio de $0,80 /gl y llegó a $1,20. El diésel pasó de $0,78 a $0,89. (Políticamente Correcto, 2022)

Lucio Gutiérrez (2003 – 2005) habló de un alza a inicios del 2003, pero se quedó en anuncio ante la respuesta contraria de la gente. (El Universo, 2005). La gasolina extra pasó de $1,20 a $1,48, y el diésel se incrementó de $ 0,89 a $1,037, precios que se mantuvieron hasta junio de 2020. (Políticamente Correcto, 2022)

En el año 2015, Rafael Correa (2007 – 2017) colocó en el tapete de discusión el tema por la disminución del precio internacional del barril de petróleo, no cambió los precios de combustibles del sector automotriz, pero firmó el Decreto Ejecutivo No. 799 de 15 de octubre de 2015 el cual reformó “…el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Derivados del Petróleo” y señaló «Hemos hecho una revisión y ahora sí estamos quitando los subsidios para los ricos, no para los pobres, vamos a ahorrar 300 millones anuales», dijo.” (El Universo, 2015).

“….Correa aclaró que transportistas, pescadores, pequeña industria y los hogares no se verán afectados por el retiro del subsidio a combustibles como el diésel y gasolina, sino solo los grandes negocios.”.…” Añadió en que esta medida tampoco afectará al transporte terrestre nacional de personas o de carga, a la pesca en general, al precio del gas de uso doméstico, ni a quienes utilizan combustibles para sus vehículos particulares. (El Telégrafo 2015).

En 2016, en el marco de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016 estableció el incremento de la tarifa de IVA del 12% al 14%, durante el período de hasta un año, se emite el Decreto 1061 el 31 de mayo de 2016, disponiendo los precios de venta en terminales, pero se omite el precio de la gasolina súper, pues la súper al igual que el resto de combustibles paga IVA, por tanto subiría el PVP de la súper. Omisión que fue corregida en Decreto 1066 de 2 de junio de 2022, la prensa destacó “Rafael Correa se disculpa y firma decreto para evitar aumento de gasolina súper” (El Universo, 2016).

Lenin Moreno (2017 – 2021). En el Foro por la Defensa de la Democracia en las Américas, realizada en Miami, Lenin Moreno, el 5 de mayo de 2021 se lamentaba a pocos días de terminar su periodo presidencial señalando “ojalá yo tuviera un mejor pueblo” también dijo con relación a la eliminación del subsidio a los combustibles “A la final nos salimos un poco con la nuestra” lo que da a entender que su política de eliminar subsidios a los combustibles y por ende el incremento de precios fue más un capricho que un análisis técnico.

El 28 de julio de 2017, Lenin Moreno, refiriéndose a la situación económica, señaló: “tenemos que mirar hacia adelante y superar la crisis”, mensajes que buscaban justificar un análisis a la aplicación de subsidios a los combustibles como parte de la política fiscal que representan un importante egreso fiscal.

Moreno se estrena el 9 de noviembre de 2017, al emitir el Decreto Ejecutivo No. 204 que redujo nuevamente el precio de venta en terminal para aerocombustibles en un 40%, con el argumento de incentivar la conectividad en las terminales aéreas del Ecuador que están bajo administración estatal.

En agosto y diciembre de 2018, a través de Decretos 490 y 619 elimina el subsidio de la gasolina súper del sector automotriz y posteriormente, elimina 10, 15 y 20 centavos por galón del diésel industrial del sector pesquero, atunero y camaronero. Aplica medidas antitécnicas a  pesar de que por la prensa en reiteradas intervenciones la CAMDDEPE indicaba que “el incremento de precios de las gasolinas debería ser gradual, 4 o 5 centavos mensuales… incremento a la par de las gasolina extra y súper”, incluso se anticipaba la migración de consumo de la súper a la extra (HCJB, 2018).

El gobierno de Moreno en octubre de 2019 emite el Decreto 883 con el cual aplica una medida de shock, sin escuchar la propuesta de “eliminar paulatinamente” los subsidios (Erazo, Subsidios en el mercado de combustibles y GLP de Ecuador ., 2018). También se le “sugirió que las entidades competentes establezcan precios mínimos o máximos para este combustible” (La Hora, 2019), y más bien aplica un incremento de la gasolina extra de $1,85 a 2,39/gl, y del diésel de $1,037 a 2,30/gl lo que generó el levantamiento indígena, que obligó al Gobierno a dar marcha atrás con el Decreto 894.

En medio del confinamiento por la pandemia provocada por el COVID-19, emite los siguientes decretos.  En mayo de 2020, el Decreto 1054 con el cual se inicia el ajuste mensual de precios a través de un sistema de bandas para que los “Precios nacionales converjan a internacionales”. Así mismo, por la prensa se hizo notar que no es lo mismo “precio sin subsidio que precio internacional”. De la misma forma, mientras se incrementaban mensualmente los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel, emite el Decreto 1183 en noviembre de 2020, denominándole a “…Las gasolinas Extra y Extra con etanol deberán cumplir con los requisitos de la gasolina clasificada como “gasolina 85 octanos (RON)”. Es decir, bajaron dos octanos la calidad de las gasolinas extra y ecopaís que antes eran de 87 octanos. Por cierto, en este periodo no se concretó la libre importación de combustibles que se buscaba con el Decreto 1183.

Guillermo Lasso (may 2021- nov 2023) continua con el ajuste mensual de precios mediante el sistema de bandas implementado en el gobierno de Lenin Moreno, hasta octubre de 2021, en que mediante Decreto 321 congela los precios de las gasolinas extra ($2,55), ecopaís ($2,55) y diésel ($1,90). En junio de 2022, enfrenta un levantamiento indígena de 18 días que le obliga a bajar el precio, primero en 10 centavos y posteriormente, 5 centavos más, con lo cual las gasolinas tuvieron como nuevo precio $2,40 y el diésel premium $1,75 para el sector automotriz. A continuación se instalaron “mesas técnicas” para analizar la focalización de los subsidios. Estas mesas estuvieron conformadas por representantes del Gobierno y de los sectores indígenas. Diálogos que terminaron el 14 de octubre de 2022 determinando criterios de exclusión del subsidio, con los siguientes acuerdos:

“…mantener el subsidio general bajo los principios constitucionales de subsidiaridad y solidaridad. El método seleccionado es la exclusión de quienes pueden pagar un precio mayor y la inclusión de quienes carecen de recursos y por ello tendrán un precio diferenciado.” (El Universo, 2022).

Se prohíbe la liberación de precios de los combustibles a la vez que “implementarán sistemas y plataformas inteligentes para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles y que no se modificará el subsidio del gas de uso doméstico. Además, que se incorporará en la política de producción y derivados criterios favorables a la salud y ambiente, incluyendo la normativa de calidad Euro 5…” (El Universo, 2022). Los excedentes de la focalización deben destinarse a gasto social.

Se excluye del subsidio a los vehículos cuyos propietarios con ingresos iguales o superiores a $3.466,9 mensuales; los autos mayores a 2.201 cc, las camionetas mayores a 3.001 cc; entre otros.

Llamó la atención que en las mesas técnicas no estén presentes nuevamente representantes de la distribución de combustibles y de la Academia; que las discusiones se centren en cómo focalizar siendo lo principal definir a quién, a qué precio, qué producto, durante qué tiempo, y posteriormente el cómo aplicarlos. Observamos también, que los subsidios al ser parte de las políticas energéticas, fiscales y sociales, debían tener delegaciones de parte del Gobierno encabezadas por ministros de estos sectores, y no del ministro de Transporte y Obras Públicas.

Daniel Noboa (nov 2023) cumpliendo con una sentencia de la CAN (querella que se perdió en el Gobierno de Lasso) emite el Decreto 150 de 30 de enero de 2024, en el que señala: “El precio de venta al público del diésel premium para los vehículos de transporte de carga pesada con placa internacional, será el mismo que rige para el segmento automotriz a nivel nacional…“

Con el fin de incrementar recursos para mejorar la seguridad nacional, se incrementa temporalmente el IVA del 15%, y se emite el Decreto 215 de 29 de marzo de 2024 con el que se establecen los nuevos precios de los combustibles.

Con Decreto 254 de 2 de mayo de 2024, se crea el Comité de Optimización Energética conformado por las máximas autoridades de finanzas públicas, y de los sectores energético, transporte, social, productivo o sus delegados, para elaborar esquema de distribución y estabilización de precios de los combustibles fósiles, así como definir mecanismos de control para evitar el tráfico de combustibles.

Se mantienen precios de combustibles inferiores a los reales en Ecuador debido a que la producción nacional no abastece la demanda interna, a la vez que existen precios muy superiores en los paises vecinos de Perú y Colombia, a la vez que el objetivo del Presidente colombiano Petro es de eliminar subsidios a los combustibles en su país, lo que puede dar paso a mayores distorsiones del mercado como mayor contrabando.

Esta breve descripción de las medidas aplicadas por los últimos gobiernos a los subsidios a los combustibles y la reacción social contra los ex mandatarios Bucaram, Alarcón, Mahuad,  Noboa, Gutiérrez,  Moreno, y de Guillermo Lasso  por tratar de eliminar los subsidios al gas en unos casos y de las gasolinas y diésel para el sector automotriz en otros, demuestra que la decisión de eliminar o focalizar subsidios a los combustibles es netamente política.

Los subsidios en la política fiscal

Los subsidios están contemplados en la Constitución del Ecuador en el numeral 2 del artículo No. 285, que señala “La política fiscal tendrá como objetivos específicos:

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.
2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados.
3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.”

El artículo 300 ibídem señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

El artículo 389 de la Constitución establece que, es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

La Disposición Transitoria primera de la Ley de Hidrocarburos señala que: “Los subsidios que actualmente se conceden, a través de los precios de los derivados de los hidrocarburos, se mantendrán hasta que sean reemplazados por mecanismos directos de compensación social, que el Presidente de la República creará en favor de los sectores más necesitados de la sociedad, canalizándolos a través del Presupuesto General del Estado”.

Volumen de Subsidios a los combustibles

Al ser deficitarios en producción de combustibles, el volumen de subsidio anual a los combustibles varía mucho en relación con los precios internacionales del petróleo y principalmente por los precios de los combustibles que importamos a precios internacionales, ya que la mayoría se vende al interno del país a precios subsidiados.

En el año 2023 el precio promedio de exportación del barril de crudo ecuatoriano fue de $68,01.

Por otro lado, el precio promedio de importación de combustibles en el año 2023 fue de $103,03 por barril, en cambio el precio promedio de venta al interno del país fue de $68,97/br.

Las fuentes de información sobre los valores a los que ascienden los subsidios a combustibles son básicamente tres: valores estimados por subsidios a los combustibles, según producto por el Ministerio de Finanzas que se reflejan en el Presupuesto General del Estado; Banco Central que emite los valores globales de lo efectivamente desembolsado por importaciones de combustibles; y, de Petroecuador que señala mensualmente el subsidio por producto y por galón.

En la Figura No. 1, se puede notar que existe una relación directa entre el precio internacional del petróleo con el volumen de subsidios. Y que en el año 2023 los subsidios ascendieron a 3.264 millones de USD, valor menor al registrado en el año 2024.  Según la Proforma General del Esatdo , en este año 2024, los subsidios a los combustibles superarán los 3.000 millones de dólares.

Estos valores (entre otros) generan desequlibrio de las cuentas nacionales, y para disminuir el déficit, hay un constante endeudamiento, lo que provoca que se descuide la seguridad social, o que no se incremente la inversión en salud o educación, entre otros.

Evidentemente los subsidios a los combustibles  no cumplen con su objetivo de redistribuir la riqueza,  mas bien “Además, se trata de una herramienta muy ineficiente para redistribuir renta hacia los sectores más desfavorecidos, hasta el punto de que transferir 1 dólar al quintil de hogares más pobres en el país mediante subsidios al diésel y la gasolina costaría 12,5 dólares… las estimaciones realizadas sugieren que subsidiar la gasolina y el diésel resulta socialmente regresivo: cerca del 50% del presupuesto destinado a subsidiar gasolinas y diésel se concentra en el 10% de hogares de mayores ingresos, mientras que los subsidios al gas residencial se distribuyen más equitativamente, con sólo una ligera mayor concentración en el decil de hogares de menores ingresos.” (Escribano, 2019).

Los subsidios a los combustibles también crean distorsiones en el mercado como el contrabando, la ineficiencia energética, la contaminación, el control de precios y de márgenes de comercialización en los combustibles. Por tanto, “Un coste adicional es el generado por el contrabando con los países vecinos, que tienen precios comparativamente mucho más altos… Finalmente, los subsidios desincentivan el ahorro energético, generan un grave problema de contaminación urbana en Quito y Guayaquil, y ponen en riesgo el cumplimiento por Ecuador de sus compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. Ecuador tiene unas emisiones de CO2 muy altas en el contexto regional para su nivel de desarrollo, además de mantener un ritmo de crecimiento de esas emisiones igualmente elevado. En 2014, las emisiones per cápita de CO2 en Ecuador eran de 2,8 Tm, frente a las 1,8 Tm de Colombia y las 2,1 Tm de Perú, vecinos con un mayor nivel de renta, e incluso que las de Bolivia (1,9 Tm) y Brasil (2,6 Tm).” (Escribano, 2019)

 

La producción nacional no abastece el consumo nacional

En nuestro “país petrolero” queda claro que la producción nacional de combustibles no abastece la demanda existente, y para que exista balance entre oferta y demanda de diésel, gasolinas y GLP principalmente, es necesaria una constante importación de combustibles. Ecuador importó el 68,5% del diésel que consumimos; el 86,5% del GLP o gas doméstico, y el 61,8% de las gasolinas (Ministerio de Energía , 2022), como se puede ver en Figura No. 2.

¿USO ADECUADO DEL COMBUSTIBLE?

Mientras existan precios diferenciados  a los combustibles, tanto al interno como al externo de la frontera, existirá el riesgo de que se dé un mal uso. De la misma manera, si no se da un tratamiento técnico económico en lugar de los intereses políticos a los subsidios, el Ecuador será testigo de que los beneficiarios de estos no sean exclusivamente los estratos más necesitados del país.

En referencia a la gestión del combustible, existen requerimientos de combustibles por segmentos en zonas de frontera que pueden ser atendidos a precios internacionales, para lo cual es indispensable un análisis real de necesidades por producto, y transparentar el mercado.

¿Se viene un ajuste?

El Gobierno de Noboa, anunció en enero de 2024 que se revisarán precios de las gasolinas, y no del diésel y del GLP, lo que se sumó las observaciones realizadas por el Banco Mundial a la aplicación de subsidios en el País (junio de 2024), y al primer desembolso del FMI. Este sería un nuevo ajuste ya que al incrementar el IVA al 15% ya subió el PVP de los combustibles.

En este punto es importante señalar que el GLP tiene un alto componente social y político, por lo que se entiende esta aseveración de no tocar al precio del GLP, el cual representa el 23% del total subsidio a los combustibles. En el caso del diésel que es componente de costos del transporte pesado y público y que representa el 50% del total subsidios a los combustibles, tampoco entrará en ajuste (según las declaraciones del Gobierno). Pero si analizan ajustar el precio de las gasolinas extra y ecopaís y aplicar compensaciones al sector del taxismo, camionetas de carga, tricimotos y motores fuera de borda, en el caso de ajuste a las gasolinas. Tambien hay que tener en cuenta que este producto lo utilizan en mayor medida el transporte privado, y su ajuste no debería generar efectos inflacionarios, por tanto se debe controlar la especulación de los precios de los productos.

En este punto es necesario recomendar que debe mantenerse un solo precio para las gasolinas de 85 octanos, el ajuste debería realizarse de manera gradual, que se incremente la participación de otros sectores en el Comité de Eficiencia Energética, se debe actualizar el Reglamento de Precios de Combustibles (ya que el Decreto 338 tiene decenas de reformas). Revisar y actualizar costos de producción nacional de combustibles, planificar una mayor producción nacional y uso de gas natural. Y principalmente, transparentar el uso de este ahorro de subsidios.

Por tanto, la discusión sobre mantener, eliminar,  focalizar o compensar los subsidios a los combustibles continuará mientras el análisis no sea técnico por producto y por segmento de consumo, y no solo políticamente, transparentando el mercado dentro de una estrategia y reforma energética global en el Ecuador.

Biografía:

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