Isaías Campaña C.
Ecuador hasta hace pocos años atrás era considerado una “Isla de paz” comparado con los países vecinos, Colombia y Perú. El País recibió oleadas de inmigrantes de diversas nacionalidades, colombianos, chinos, cubanos, haitianos, venezolanos, entre otros.
Colombia durante varios años tuvo conflictos armados entre el Estado junto con grupos paramilitares, por una parte, y las fuerzas irregulares como FARC, M19, ELN, por otra, que dejaron más de 450 mil muertos entre 1985 y 2018, pero si se toma en cuenta el subregistro los homicidios pueden llegar a 800 mil víctimas, según la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). La violencia generó 8,2 millones de desplazados internos y 3,4 millones de migrantes al exterior, a Ecuador llegaron más de 60 mil colombianos.
En Perú, los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, Rondas Campesinas y Autodefensas Rurales contra “Sendero Luminoso”, entre 1980 y 2000, causaron la muerte de 31.331 personas, el 54% de los homicidios se atribuye a Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
En Ecuador la pandemia del COVID-19 hundió la economía nacional y creó un ambiente favorable para el crecimiento de las organizaciones delictivas. Adicionalmente, el “Gobierno de todos” y el sucesivo “Gobierno del encuentro”, ejecutaron políticas liberales que incluyeron drásticas reducciones de las inversiones públicas. En este entorno, más de 300 mil personas quedaron en la desocupación, alrededor de 100 mil estudiantes desertaron de las instituciones educativas, 5,1 millones de personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza y extrema pobreza.
La inequidad social fue el “caldo de cultivo” para la incorporación de miles de jóvenes y adolescentes a las organizaciones delictivas que progresivamente lograron penetrar en varias instituciones del Estado como el Consejo de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Policía, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entre otras, lo cual explica la debilidad del Estado para controlar cárceles, amotinamientos, fugas de reclusos, pistas clandestinas, permeabilidad de las fronteras, explosión del radar ubicado en el cerro de Montecristi, Manabí.
Ecuador tiene una posición estratégica para el envió de cocaína a Estados Unidos y Europa y tiene como moneda de cambio el dólar que facilita el lavado de activos en diferentes actividades de la economía. El País limita al norte con Colombia y al sur y este con Perú que son los mayores productores de coca en el mundo.
En los últimos seis años se generó el crecimiento exponencial del narcotráfico y la violencia. La tasa de homicidios trepó de 5,8% en 2018 a 42,6% en 2023, es decir, que hubo 42,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el portal Statista. Tasa que ubica a Ecuador como el país más inseguro y violento de América Latina.
El 9 de enero de 2024 se vieron imágenes de terror en diversas ciudades del país, secuestros de ciudadanos y policías, ataques armados a las unidades de Policía Comunitaria (UPC), amotinamientos de reclusos en cárceles, retenciones de guías penitenciarios, actos de vandalismo y asesinatos, así como explosiones en gasolineras, vehículos y pasos peatonales.
A TC Televisión ingresó un grupo armado con pistolas, armas largas, dinamita y mantuvieron retenidos a periodistas y empleados, cuyas imágenes fueron trasmitidas en vivo. De las escenas de violencia se hicieron eco los principales medios de comunicación del mundo tanto públicos como privados.
El presidente Daniel Noboa decretó el Estado de Excepción y declaró la guerra interna a 22 organizaciones delictivas, cuyos integrantes son considerados como objetivos militares. La declaración de guerra va a tener efectos negativos en la economía, inmediatamente varios países declararon la “alerta” a sus ciudadanos que pretendían viajar a Ecuador, lo que a su vez va a afectar especialmente a todas las actividades del sector turístico.
Se sugiere que las organizaciones delictivas nacionales están articuladas con los carteles mexicanos y la mafia albanesa. Se estima que hay entre 30 mil y 50 mil integrantes de bandas delictivas en el territorio nacional. Según BBCMundo, únicamente Los Choneros tendrían entre 12 mil y 20 mil miembros y Los Lobos 8 mil integrantes.
En la guerra contra las organizaciones delictivas están la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según datos oficiales, Ecuador, en 2023, disponía de 60 mil miembros de la Policía y 59,7 mil efectivos militares que en conjunto suman cerca de 120 mil.
Frente a la espiral de violencia que atraviesa Ecuador varios países han ofrecido su apoyo. El Gobierno de Estados Unidos designó una comisión de alto nivel para definir áreas en las que podría colaborar. La ministra de seguridad del Gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, ofreció el envío de “fuerzas de seguridad… porque esto es un tema continental”. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso asesoría en materia penitenciaria, a pesar de que durante varios años no pudo controlar la megabanda del “Tren de Aragua”.
En el ranking de gasto militar de América Latina y el Caribe, Ecuador, en 2022, destinó 2.488 millones, monto cercano al registrado por Argentina que fue de USD 2.577 millones, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Al relacionar el gasto militar con el tamaño de la economía (PIB), Colombia se ubicó en el primer lugar en el contexto de América Latina con un porcentaje de 3,08% del PIB, seguido de Ecuador con 2,16%, en tercer lugar Uruguay 1,9%, Chile 1,83% y Perú 1,15% (Ibídem).
Para financiar la guerra contra las 22 bandas delictivas el Primer Mandatario envió a la Asamblea Nacional, con el carácter de Urgente, el proyecto denominado Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, donde se prevé elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15%, impuesto regresivo porque pagan por igual estratos de la población con altos ingresos y sectores de bajos ingresos. Pero en realidad la mayor parte de los recursos servirían para financiar el elevado déficit fiscal.
Resulta inaudito que en las condiciones de violencia y con una economía anémica los grupos económicos no cumplan con sus obligaciones tributarias. De acuerdo a datos del SRI, el listado de 500 contribuyentes con deudas en firme suma 2.094 millones y el listado de 500 contribuyentes con deudas impugnadas es de 1.792 millones que en conjunto asciende a 3.886 millones, monto superior al que se espera recaudar con el incremento del IVA, esto es, USD 1.300 millones.
Bananera Noboa tiene una deuda con el Servicio de Rentas Internas equivalente a 89,7 millones; Licores Nacionales y Extranjeros, 56,2 millones; Bonanza Fruit CO SA, 47,2 millones; OTECEL SA, 94,1 millones; QUIPOR, 81,7 millones; The Tesalia Springs Company, 63,3 millones; CONECEL, USD 60,6 millones, etc. Las deudas de éstas empresas arrastran desde el año 2006 hasta 2016. En los últimos gobiernos no hubo la voluntad política para aplicar el Código Orgánico Tributario que faculta la incautación y el embargo de bienes.
El no pago de las deudas tributarias por parte de grupos empresariales significa que están poniendo en riesgo el sistema de dolarización, paradójicamente casi todos los proyectos de ley enviados por los gobiernos liberales a la Asamblea Nacional con el carácter urgente supuestamente apuntan al fortalecimiento del esquema monetario vigente.
El Banco Central del Ecuador no puede emitir dinero, el presupuesto del Estado se financia con impuestos, ingresos petroleros y deuda pública que crece como bola de nieve. Las deudas tributarias se han convertido en un tema “tabú” para los gobiernos liberales, políticas que lo están llevando al país al filo del abismo.
En este entorno económico, para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ganar la guerra en el corto plazo podría complicarse debido al hecho de que las principales bandas delictivas están articuladas especialmente con los carteles mexicanos, así como por la penetración que tienen en determinadas funciones del Estado, especialmente con los operadores de justicia.
Ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.
