Isaías Campaña C.
Los últimos gobiernos realizaron varias reformas tributarias que incluían la condonación de intereses, multas y recargos, así como reducción de impuestos a determinadas actividades económicas, teóricamente orientadas a reactivar la economía, incentivar las inversiones y generar empleo.
El gobierno de Moreno, en 2018, aprobó la “Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal”.
En uno de los considerandos establecía que la Ley busca dinamizar la economía, fomentar la inversión y el empleo, así como la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La Ley incluía la condonación de intereses, multas y recargos por concepto de deudas vencidas.
Cuatro años después, el gobierno de Lasso aprobó la “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, a través de la cual se eliminó el impuesto a las herencias, se redujo el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de determinados bienes, disminuyó el impuesto a la renta para las personas naturales con cargas familiares.
Uno de los objetivos centrales de la reforma tributaria era reducir el déficit fiscal que en 2022 se estimaba en 3.500 millones, luego de la aprobación de las reformas se proyectaba bajar a USD 1.500 millones. El “Gobierno del encuentro” se comprometió dejar las “cuentas saneadas”, pero en los hechos al finalizar su mandato el déficit fiscal se ubicó en USD 5.000 millones.
Las élites empresariales y políticas han tratado de convertir al país en un paraíso fiscal. Con la reducción y eliminación de impuestos o con la creación de zonas francas consideran que por arte de magia van a llegar masivas inversiones. Sin embargo, en los hechos, los objetivos planteados en las reformas tributarias se convirtieron en una quimera, peor aún en la actualidad con los altos niveles de inseguridad.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), 2023, 500 deudas en firme de empresas ascienden a USD 2.085 millones. En este grupo se ubica en primer lugar Exportadora Bananera Noboa con una deuda de más de USD 89 millones, que corresponde 30 millones impuestos, 57,4 millones intereses y USD 1,9 millones multas. La deuda arrastra desde el año 2006.
Las deudas impugnadas por empresas ascienden a USD 1.781 millones. En esta categoría se destacan CONECEL (CLARO) 97 millones, Corporación QUIPOR cerca 80 millones, OTECEL (MOVISTAR) más de USD 61 millones.
Las obligaciones tributarias de 1.000 deudores en firme e impugnadas suman 3.866 millones, pero hay más de 90 mil deudas registradas en el SRI, cuyo valor asciende a USD 4.600 millones, que representa el 92% del déficit fiscal.
Las deudas tributarias desde 2015 crecieron en forma exponencial porque no hubo la decisión política de los últimos gobiernos para aplicar las disposiciones pertinentes del Código Orgánico Tributario.
En Ecuador, un país en vías de desarrollo, la Constitución vigente prohíbe la prisión por deudas, debido a ello cientos de empresas nacionales y extranjeras no cumplen con sus obligaciones tributarias anualmente, esperando concientemente la remisión de las mismas.
Tampoco las élites económicas y políticas que cooptaron el poder del Estado no hicieron ninguna actividad relevante para reducir sustancialmente la evasión y la elusión tributaria, cuyos porcentajes son de los más altos en América Latina.
Se sugiere que hay más de 1.000 empresas fantasmas, la mayoría de ellas creadas ficticiamente, las cuales venden facturas falsas a empresas y personas naturales, quienes, a su vez, inflan los gastos para evadir impuestos e incluso son utilizadas en el lavado de activos.
En países desarrollados como España, entre otros delitos tributarios, se establece la reclusión por evasión fiscal. La cantante colombiana Shakira tuvo que pagar una multa de USD 8 millones para no ir a la cárcel.
Las élites políticas en el poder del Estado mitigaron los crónicos déficits fiscales con endeudamiento interno, básicamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y externo con los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros.
Los créditos no son gratuitos, a más del capital, hay que pagar altas tasas de interés y, sobre todo, hay que cumplir con los condicionamientos del FMI, cuyo recetario es muy conocido: bajar el gasto público especialmente en el componente de sueldos y salarios, contraer las inversiones públicas, privatizar empresas estatales, eliminar subsidios a los combustibles y servicio de energía eléctrica, entre otros.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), septiembre, 2023, la deuda pública agregada asciende a 75.615 millones, que representa el 62,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total de la deuda, 47.548 millones corresponde a deuda externa y 28.066 millones a deuda interna, particularmente con el IESS, esto es, USD 9.946 millones.
En los últimos siete años, la economía nacional en términos reales ha estado prácticamente estancada. La población ha crecido más rápidamente que la economía. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), 2023, el PIB per cápita en términos reales registró una caída de 4.229 en 2017 a USD 3.959 en septiembre de 2023, registrando una tasa negativa de crecimiento de 7%, es decir, el ingreso por habitante en la actualidad es menor que hace seis años.
El estancamiento de la economía se puede atribuir a las políticas de ajuste y estabilización que ejecutaron las élites empresariales y políticas desde el Estado. En esta línea, redujeron drásticamente las inversiones públicas en el área petrolera, generación de energía eléctrica, mantenimiento de vías, sectores de salud y educación. Liquidaron decenas de empresas estatales, tales como Correos del Ecuador, TAME, Empresa de Ferrocarriles, entre otras.
En el sector eléctrico no se realizaron inversiones ni siquiera para el mantenimiento de las termoeléctricas, lo que provocó cortes de energía, cada día de dos horas, perjudicando a las distintas actividades productivas, educativas y sociales, congestionando aún más el tráfico vehicular en las ciudades. Los cortes de energía se estima que generaron pérdidas por más de USD 1.000 millones. El lema “el sector privado motor de la economía” resultó en un descalabro del aparato productivo.
La contracción de la economía fue el detonante del incremento exponencial del Empleo Inadecuado que incluye el “subempleo”, “empleo no remunerado”, “empleo no pleno” y “empleo no clasificado”. Según el INEC, 2023, el “Empleo Adecuado” bajó de 3,4 millones a fines de 2017 a 3,1 millones de personas en el tercer trimestre de 2023. En contra partida, en el mismo periodo, el “Empleo Inadecuado” creció dramáticamente de 4,2 millones a 5,1 millones de personas, lo que representa un aumento del 21,4%.
El auge del “Empleo Inadecuado” y más de 320 mil personas desempleadas derivó, a su vez, en la expansión dramática de la pobreza y extrema pobreza en el país. La pobreza a nivel nacional, segmento de la población cuyos ingresos no cubre las necesidades básicas, subió de 23,1 en junio de 2017 a 27,0% en el mismo mes de 2023. En igual periodo, la pobreza en el sector rural se disparó del 41,0 a 46,4%.
La pobreza extrema a nivel nacional, segmento de la población cuyos ingresos ni siquiera cubre las necesidades de alimentación, entre 2017 y 2023, pasó de 8,4 a 10,8%. A su vez, la extrema pobreza en el sector rural trepó de 17,8 a 22,6%.
El dramático aumento de la pobreza y extrema pobreza fue el “caldo de cultivo” para la incorporación de miles de jóvenes y adolescentes a las organizaciones delictivas. Ciudades como Guayaquil, Durán, Samborondón, Esmeraldas figuran en los rankings de las ciudades más peligrosas de América Latina. La inseguridad ha obligado a cerrar miles de pequeños negocios a nivel nacional, lo que contribuye al declive de la economía.
El lacerante aumento de la pobreza y extrema pobreza originó nuevas oleadas de migración de cientos de miles de ecuatorianos al exterior, especialmente a Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades de vida. En muchos casos los migrantes vendieron pequeñas parcelas de terrenos, casas, se endeudaron en instituciones financieras o prestamistas informales para pagar a coyoteros.
En lo que va de 2023 más de 500 mil migrantes cruzaron el denominado el Tapón del Darién que delimita entre Colombia y Panamá, en su camino al “sueño americano”, de ellos 320.465 son venezolanos, seguido de 54.757 ecuatorianos, quienes incluso llevaron adolescentes, niños y bebés. Ingresar al infierno de Darién, cuya travesía es de más de 100 kilómetros, se enfrentan al riesgo de violencia sexual, extorsiones, trata de personas, asesinatos, desapariciones, por parte de bandas delincuenciales.
Cientos de jóvenes con títulos profesionales migraron a países como Canadá, Australia, Estados Unidos, Europa, con el fin de conseguir plazas de empleo. Estudiantes que fueron al exterior a obtener un título de posgrado se quedaron trabajando en diversas empresas, lo que significa para el país la pérdida de capital humano. El futuro que les espera a los egresados y graduados de las universidades nacionales es incierto.
Por ende, hay que tomar como punto de referencia las legislaciones de países que lograron industrializarse, erradicar la corrupción y reducir sustancialmente la inseguridad. La Constitución vigente hay que reformarla para que esté acorde con la nueva realidad del país. La llamada “ciudadanía universal”, propio del liberalismo, ha contribuido a la inmigración indiscriminada al territorio nacional con todas sus secuelas.
Milton Friedman, uno de los más destacados exponentes del liberalismo, pregonaba la libertad individual y el libre mercado, consideraba que los migrantes ilegales podrían trabajar sin derechos y sin beneficios sociales, lo que significaría en mano de obra barata y dinamizaría la economía.
De lo descrito se infiere que, si no se realizan importantes inversiones públicas en infraestructura como recomiendan organismos multilaterales como el FMI, en periodos de crisis económicas, para generar fuentes de empleo, no se combate a la corrupción eficientemente y no se reduce los niveles de violencia, la economía seguirá deteriorándose irreversiblemente y podríamos desembocar en un estado similar a la república de Haití, esto es, en un estado fallido.
Información:
- SRI, 2023, noviembre. Versión disponible en: SRI en Línea – Consulta ranking deudas
- MEF, 2023, septiembre: Versión disponible en: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.finanzas.gob.ec%2Fwp-
- BCE, 2023, octubre. Versión disponible en: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcontenido.bce.fin.ec
- INEC, 2023, III trimestre: Versión disponible en: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (ecuadorencifras.gob.ec)
- INEC, 2023, junio. Versión disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2023/Junio/202306_PobrezayDesigualdad.pd
Ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.
