Berenice Cordero
Las violencias que afectan al país tienen su origen en causas estructurales y culturales. Su causalidad es múltiple: se relaciona con la discriminación, la falta de educación, la falta de oportunidades, la pobreza, el desempleo, la inequidad y entre muchos otros, la exclusión social. Estos factores disparan la violencia y al mismo tiempo son riesgos de vulnerabilidad.
Existen nuevas amenazas contra la seguridad humana que constituyen enormes desafíos: el crimen organizado, el narcotráfico y la captación de niños, niñas y adolescentes por estructuras, que dominan territorios del país.
Los nuevos conceptos de seguridad ya no tienen como centro la protección del territorio ante la amenaza externa. La seguridad ciudadana es ahora el núcleo central, es decir “la protección de todas las vidas humanas contra riesgos graves y previsibles en el largo plazo”. Esta perspectiva, implica proteger “un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna” (PNUD).
La protección de derechos es para todos y todas, sin distingo de edad, género o cualquier otra condición.
La niñez y adolescencia sufre, en un 40%, de tratos violentos por parte de sus padres. Al menos, por el sub registro y la falta de encuestas especializadas, 3 de cada 10 niños y niñas son víctimas de abuso sexual.
Hasta 2018, la Fiscalía recibió 18000 denuncias de delitos sexuales contra las mujeres, niñas y adolescentes. También contra niños y hombres adolescentes. La pornografía infantil acecha con los medios telemáticos. La violencia de género afecta a 6 de cada 10 mujeres en el país. Se dice que en Canoa entre 200 y 300 niños fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual.
En las estadísticas del Ministerio de Gobierno refieren que de las detenciones entre 2018 y 2022, que sumaron un millón doscientos mil, el robo y el hurto llegaron a 420.000 casos, el abuso sexual 34.000, la violencia contra la mujer 123.000, la violencia intrafamiliar 37.000 y las detenciones por sustancias sujetas a fiscalización fueron 40.481.
La captación y reclutamiento de adolescentes y niños por parte de estas estructuras se asocia con una forma gravísima de esclavitud moderna. Los propósitos ilícitos son propios de la trata de personas. Muchos casos terminan en muerte. Lo que agravaría la pena de los tratantes.
Las nuevas violencias implican muerte. Las niñas, niños y adolescentes son víctimas indirectas e incluso son objetivos. Las cifras aún no son claras. La mano dura no es la respuesta para todo, la causalidad no es estrictamente penal, en todos los casos. Tampoco debe derivarse todo al campo penal. “La acción del crimen organizado es doblemente perversa, pues no sólo se beneficia de las vulnerabilidades que explican en buena parte la pobreza en la niñez y adolescencia, sino que las profundiza y las vuelve en muchos casos irreversibles”.
Ecuador no cuenta con una política de seguridad ciudadana, menos aún con una de prevención y protección contra un fenómeno que crece, que es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado: este problema debe ser reconocido y abordado intersectorialmente.
Las autoridades policiales estiman en cerca de 1000 adolescentes reclutados.
Como dice la CIDH, hay que comprender las ausencias previas estatales, sociales y familiares que facilitan el avance de esta estrategia mortal; y factores de riesgo como la violencia, negligencia, los castigos físicos dentro de las familias, presenciar episodios violentos entre la pareja, los convierte en víctimas indirectas. Los niños y adolescentes son víctimas, no producen la violencia: éste es un discurso a desmontar.
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.
