Sofía Torres
A inicios de diciembre debió tratarse en segundo debate el proyecto de ley de Salud e Higiene Menstrual, pero eso no pasó: el ponente renunció antes de la votación y no se designó a alguien para reemplazarlo. Días antes de eso, la Comisión de Salud ya había recomendado que el proyecto se archive debido a que la entrega gratuita de artículos de higiene menstrual, una de las principales propuestas de la ley, costaría demasiado. En ese sentido, el Viceministro de Finanzas catalogó la propuesta como un gasto imposible y además afirmó que el tema “ya se está manejando en materia de política pública”. Ante esta afirmación cabe preguntarse si el Viceministro se refiere a las medidas simbólicas que tanto le gustan al gobierno para hacer comunicación, en especial en temas vinculados a derechos.
Por supuesto nada de esto es novedad ya que en la gestión del gobierno de Lasso hay un altísimo nivel coherencia y es innegable la importancia que han tenido los temas vinculados a los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo-genéricas en su agenda. Primero la designación de Bernarda Ordoñez en la Secretaría de DDHH que mantuvo un firme silencio frente al veto y obstrucción del acceso al aborto por violación del ejecutivo. También está la creación de la Subsecretaría de Diversidades que ha generado importantes cambios en política pública como la iluminación de Carondelet en una paleta arcoíris. Y más recientemente la transformadora decisión de cambiar el nombre de la Secretaría de DDHH a Ministerio de la Mujer. Todo esto es una muestra de la sólida labor del gobierno del encuentro en la elaboración de políticas públicas que cumplen la misma función que las luces parpadeantes que nos acompañan en estas fechas: la decoración.
En materia de política pública es urgente trascender lo ornamental. La ley de Salud e Higiene Menstrual es una propuesta concreta que busca la mejora de las condiciones materiales de quienes menstrúan, precisamente a través de la designación de recursos que es una de las maneras que pueden cambiar las cosas. Cuando el Ministerio de Finanzas decide que el derecho a la menstruación digna es un gasto convierte a la menstruación en una sentencia. La falta de acceso a estos productos significa para algunes estudiantes quedarse en casa en lugar de ir a la escuela, mientras que para otres la falta de estos productos junto a la desinformación hace de este proceso biológico una posible fuente de infecciones.
¿Pero qué hace que el uso de recursos sea algunas veces “inversión” y otras veces “gasto”? En la lógica capitalista de producción y eficiencia permanentes, el uso de recursos debe permitir una ganancia. En ese sentido, quizás el gobierno se pregunte si el tener acceso gratuito a productos de higiene menstrual podría permitir un retorno de dicha inversión: ¿son más productivas las personas que pueden usar un tampón o una toalla higiénica cuando la necesitan? O, tal vez, ¿son las condiciones de miseria favorables a la agresiva explotación de la fuerza laboral?
El proyecto de ley ha buscado mostrar la complejidad del tema desde las distintas organizaciones que han hecho seguimiento de este proceso puesto que, además de la gratuidad de productos de gestión menstrual, está el tema educativo, la licencia menstrual o algo tan básico como el acceso a agua potable. La posibilidad de gestionar de forma segura algo que sucede todos los meses a la mayoría de la población no es un gasto, es una deuda pendiente del Estado y de la sociedad ecuatoriana.
Licenciada en Artes del Espectáculo y Audiovisual, actualmente cursando una maestría en Antropología Visual en Flacso. Feminista, ecologista y militante de izquierdas. Miembro de El Colectivo, organización político cultural de izquierdas y de la campaña Seremos Las Últimas.
