Femicidio y cuidado, asunto privado

Johanna Romero Larco

En una reciente entrevista al ex ministro del Interior Patricio Carrillo para tratar sobre su salida de esa cartera de Estado, el periodista Carlos Rojas, formuló varias preguntas de lo que se ha denominado “El caso María Belén Bernal”. Lo particular de la entrevista es que el caso de María Belén estaba planteado como el hecho que desencadenó la salida de Carrillo de la cartera de Estado, y no por el hecho mismo de violencia machista que este engloba. Rojas ya había dedicado un programa para tratar exclusivamente el femicidio de Bernal semanas antes.

Mi interés por traer esta entrevista tiene algunos motivos. Marcar por un lado la dimensión privada a la que se relega el femicidio para su comprensión y por otro, problematizar la retirada del Estado en su abordaje y prevención para tramitarla en lo privado.

EL FEMICIDIO COMO ASUNTO PRIVADO

Sobre el inicio del programa Rojas pregunta a su invitado ¿por qué Cáceres tuvo tanta protección por parte de la Policía?, Carrillo responde “es el mando institucional quien debe responder” y salir del secretismo; Rojas interrumpe “es vergonzoso que haya un espíritu de cuerpo en torno a un tema que es muy personal, de un psicópata frente a una mujer”, Carrillo asiente y agrega “quien debe responder es Germán Cáceres” y sobre las demás personas involucradas debe actuar la Fiscalía.

Sobre el final de la entrevista Carrillo vuelve sobre el caso Bernal esta vez para señalar los errores de la Policía en este caso, así como en el caso de una violación a una cadete de policía en la misma institución, semanas antes a la muerte de Bernal. Pero nuevamente Rojas interrumpe al invitado, “pero ese es un caso puntual” y Carrillo confirma “son conductas personales” y por lo tanto “no muestran que hay un sistema que funciona así”.

Como se puede apreciar, aunque los interlocutores reconocen una serie de responsabilidades institucionales en la muerte de María Belén y la impunidad con la que se lleva el proceso judicial, no dejan de enfatizar la dimensión privada del hecho de violencia, en donde el agresor es un enfermo, sobre quien cabe sanciones individuales.

El resto de los 46 minutos de diálogo entre Rojas y Carrillo la charla gira alrededor de lo que intenta ser un análisis de los hechos de violencia asociados al crimen organizado. Rojas pregunta en tono inquietante ¿cómo se explica que entre 2012 y 2017 las cifras de muertes violentas muestran un descenso, mientras que, desde 2021 estas se dispararon? Carrillo, que no parece sorprendido con los datos (ni con la pregunta), responde señalando dos puntos sobre los que me interesa detenerme.

Carrillo entiende que el incremento de muertes violentas se explica en “una hipótesis” que indicaría que “cuando el crimen organizado no siente amenaza, sino protección, la violencia queda oculta”. Luego agrega, “la pregunta que debemos hacernos, es ¿por qué en un período de un año, con una recomposición política, el ecuatoriano se volvió absolutamente violento y cambió su forma, su conducta, su cultura y se volvió absolutamente ilegal?”

Pareciera que Carrillo tiene dos niveles de lectura sobre un mismo fenómeno. Cuando se trata de explicar el descenso de las muertes, su explicación es en términos estructurales, es decir, hay una estructura que favorece que el delito quede oculto; en tanto que al explicar el incremento de las muertes, son los individuos los que cambiaron. Parece que antes que una explicación es una justificación de las muertes.

Podríamos extrapolar la tesis de Carrillo sobre la protección del delito y su efecto de ocultamiento, a la situación de los femicidios en el Ecuador, y particularmente al femi(ni)cidio de María Belén Bernal, pero para esto es importante antes recordar las cifras de femicidios en el mismo periodo sobre el que Carlos Rojas está pensando el incremento de muertes violentas en el país (2021 y 2022).

Según los informes de Fundación Aldea, los años 2021 y 2022 se caracterizan por ser los años más violentos para las mujeres desde 2014, año en que se tipificó el femicidio en el país^[1]. Frente a los 105 casos registrados en 2019 y los 117 casos en 2020, en el año 2021 las muertes se dispararon a 197 y 272 en 2022^[2]. Lo que significa el paso de un femicidio cada 72 horas en 2020, a un femicidio cada 28 horas en 2022, es decir la tasa de riesgo llega casi a triplicarse. Para ALDEA el incremento está asociado con el contexto post pandemia y la ola de violencia vinculada al narcotráfico.

De los datos relevados dos resultan particularmente relevantes para comprender la relación entre el crimen organizado y el incremento de femicidios en el país. A partir de 2021 se incrementó significativamente el uso de armas de fuego como armas mortales contra las mujeres. Pasó del 9% en 2020, al 47% en 2021 y en 2022 al 70%. Es un dato llamativo porque desde que se registran estas cifras, el arma característica en los femicidios han sido las armas blancas.

El otro dato relevante es que estos casos (uso de arma de fuego) provienen de agresores con los cuales la víctima no mantenía ninguna relación, lo que de acuerdo a la Fundación Aldea, es un indicador de que los femicidios se convirtieron en prácticas de la delincuencia organizada, pues se usa del cuerpo de las mujeres como objeto de venganza; lo que Rita Segato denominaría las “pedagogías de la crueldad”.

Supongamos por un instante que cuando Carrillo está hablando del incremento de la violencia, están pensando los 272 femicidios ocurridos en 2022, en el femicidio de María Belén por parte de un oficial de policía, o el de Alba Bermeo por individuos vinculados a una empresa minera o el de Naomi Arcentales por un Fiscal. La “hipótesis” de Carrillo sobre cómo la violencia queda oculta cuando ésta se siente protegida, ahora adquiere otro sentido.

Pareciera que Carrillo está muy cerca a lo que en las militancias feministas denominamos el “pacto patriarcal” para referirnos a las prácticas de complicidad y silencio con las que los hombres se protegen, legitiman y silencian la violencia contra las mujeres. El tipo que sabe que su amigo agrede a su pareja, pero no interfiere en “asuntos privados”, o el que presencia cómo violan a adolescente, pero dice que “estaba borracha”, o el funcionario que elige proteger a la institución cuando conoce que un Teniente de Policía o Fiscal es responsable de un femicidio.

El femicidio de María Belén es el claro ejemplo de una secuencia de pactos patriarcales que la condujeron a la muerte. El informe de la Asamblea Nacional sobre el caso Bernal^[3] da cuenta del cúmulo de sujetos dispuestos a proteger(se) y por tanto ocultar un delito, con la particularidad que en este caso también se protege a una institución.

Es justamente lo que Carrillo formula para el crimen organizado, proteger para ocultar un delito. Con la (enorme) diferencia que Carrillo no está pensando en María Belén, ni mucho menos en Alba o Naomi. Eso sería lo honesto, pero esa no es una virtud de quien afirmó que el femicidio de María Belén era un “error humano”.

LA PREVENCIÓN COMO RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Al preguntar ¿qué hizo que el ecuatoriano se haya vuelto más violento en un año de reestructuración política? Carrillo, consciente o no, está dando respuesta a su propia pregunta.

El ex Ministro advierte la relación entre el cambio político de 2021 y el incremento de la violencia. Pero nuevamente, el General no está pensando en los 272 femicidios, sino en el resultado de una efectiva lucha contra el narcotráfico durante su gestión, por lo tanto las vidas perdidas no importan, o se justifican por la «eficiencia» de la gobernanza; clásica fórmula neoliberal.

No llama la atención entonces que la pregunta ¿qué hizo el ecuatoriano? sea una pregunta en términos individuales, por sujetos que se degeneran, que se tornan ilegales, con responsabilidades atribuibles individualmente, desplazando al Estado de cualquier responsabilidad, tal como lo hace para el caso Bernal.

Lo que Carrillo denomina como “reestructuración política” no es sino la política de reconfiguración del Estado en clave empresarial, en donde los costos de las medidas de ajuste principalmente se justifican cuando suponen una ganancia para el mercado. La ejecución del 27,86% del presupuesto asignado para la Secretaría de Derechos Humanos en 2021^[4] no es entendida para el gobierno como una falla sino como eficiencia en la administración. De igual modo, el recorte de cinco millones en la Proforma Presupuestaria de 2023 para esta cartera de estado indica que la austeridad es la lógica detrás de la política estatal para enfrentar la violencia de género.

Si en materia de violencia de género no se comprende la importancia de la prevención como política de Estado, cualquier medida que se adopte para enfrentarla, está destinada al fracaso. Actuar únicamente frente a las muertes de las mujeres tiene como consecuencia el reforzamiento del aparato punitivo. Así, demoler edificios, reforzar las penas, construir cárceles o crear Ministerios en nada cambia las tasas de femicidios, si se desmantela el presupuesto para la prevención.

El mensaje que el gobierno emite cuando reduce el presupuesto para la prevención de la violencia, es que el cuidado de nuestras vidas se debe privatizar, se debe individualizar. Corre por cuenta de cada una de nosotras saber cuidarnos, no «provocar» nuestras muertes, aprender a disponer de recursos y energía para el cuidado de una misma, comprando gas pimienta, tomando un taxi y evitar transporte público, mejorar el plan de datos para informar nuestra ubicación 24/7, o lo que fuese para mantenernos seguras y con vida.

Esta dinámica del cuidado de una misma tiene el riesgo de desmovilizarnos, porque ocupa toda nuestra fuerza física y mental en procurarnos vivas. Por eso, fortalecer el cuidado como práctica política demanda ante todo gestionar medidas de prevención orientadas a garantizarnos autonomía económica, acceso a empleo digno, estable y compatible con las tareas del hogar, asegurar acceso a servicios básicos como salud, vivienda, alimentación, etc. Queremos que sea el Estado quien gestione acciones responsables para el cuidado de nuestras vidas, no que actúe tarde ante las muertes.

Referencias:

^[1] Fundación Aldea (2022), Femicidios en Ecuador. Realidades ocultas, datos olvidados e invisibilizados, Quito.

^[2] Registro hasta el 15 de noviembre de 2022. Fundación Aldea, 2022. http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapasfeminicidios2022

^[3] El 17 de noviembre de 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional Aprobó el Informe de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación “Caso María Belén Bernal Otavalo”.

^[4] Observatorio del Gasto Público, “Gastar lo recaudado. Ingresos fiscales vs Ejecución Presupuestaria”, agosto 2022.