Seccionales 2023: ¿a dónde regresar a ver?

Pedro Donoso

Unos 13.4 millones de ecuatorianos están empadronados para elegir, en febrero de 2023, a 5.633 autoridades locales, entre vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes y prefectos. Con un escenario cada vez más cambiante e incierto, podemos afirmar que quizás estas serán las elecciones seccionales con más elementos de afectación de los últimos 15 años, pues el contexto está en constante mutación. Unas eran las elecciones antes de las movilizaciones de junio que paralizaron el país durante 18 días. Eran otras antes del anuncio de un referéndum.

Hay tantos elementos que tendrán incidencia directa en las seccionales, como la decisión de elevar el salario básico o el manejo del Gobierno nacional al problema de la inseguridad que, por primera vez en mucho tiempo, es considerado como la preocupación de más del 50% de la población, según la última encuesta de Perfiles de Opinión. Sin embargo, para este análisis propongo hacer una lectura de las protestas del pasado junio, la inseguridad como el gran elector y finalmente la consulta popular y la obligación de los candidatos a tomar postura.

Uno de los movimientos ganadores a inicios del 2019 fue Pachakutik (PK), el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, que meses más tarde apoyaría la movilización nacional de octubre de ese año, la misma que resultó ser icónica en el debate sobre la eliminación de los combustibles en el país. Dos años más tarde, logró, por primera vez en su historia, tener un bloque de 25 legisladores y estar a décimas de alcanzar una segunda vuelta electoral.

En febrero del 2019 PK alcanzó cuatro prefecturas sin alianza, de las cuales dos estaban en la pirámide de las siete provincias con mayor votación (Azuay y Tungurahua), así como 14 alcaldías, una de las cuales es capital de provincia (Guaranda). Esta gran victoria pudo haber coadyuvado para el posterior logro legislativo, aunque sin descartar que la movilización pudo haber jugado un rol importante. Y es esa hipótesis la que quiero señalar como un posible factor de peso al momento de la votación en las seccionales venideras, extrapolando a lo que sucedió hace meses en el país y que tuvo como protagonista fundamental al movimiento indígena.

En una encuesta realizada por Perfiles de Opinión del 9 al 12 de julio, en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, con una muestra de 1220 encuestados, se evidencia una identificación de la población encuestada hacia las exigencias planteadas por la CONAIE. En Quito, seis de cada diez consultados afirmaron que para ellos las demandas de la CONAIE representaban “mucho”, mientras que en Cuenca esa cifra supera el 65% y en Riobamba es de 47,35%.

Al ser consultados si es que el movimiento indígena defiende los intereses del pueblo en general o solo los de su movimiento, un 57,69% afirmaron que las demandas son colectivas e incluyen al pueblo; mientras que, un 42,31% cree que sólo defienden sus intereses. Como en la pregunta anterior, en las ciudades de la Sierra la percepción positiva del movimiento fue mayor a la negativa (Quito 73,24%, Cuenca 76,41% y Riobamba 70,23%), mientras que en Guayaquil el porcentaje negativo se coloca en un 54,97%.

Cuando se les consultó a los encuestados sobre si es que el Gobierno nacional hubiese tomado decisiones sin la presión social, un 87,03% sostiene que no lo hubiese hecho mientras que solo un 12,97% afirma que sí.

De ninguna manera este análisis pretende afirmar de manera tajante que el ganador de las próximas seccionales sería el movimiento indígena, sino que busca señalar que las causas que se disputaron durante los complejos días de junio pasado podrían tener importante incidencia a la hora de decidir el voto, sobre todo en Quito, Cuenca y Riobamba. Si es que los candidatos a las distintas dignidades no regresan a ver a las demandas insatisfechas que fueron abanderadas por la CONAIE, es probable que sus ofertas no se encuentren con los anhelos del electorado, que, de acuerdo con padrón electoral anunciado por el CNE, es en su mayoría se ubica entre los 29 a 64 años (57%), seguido de más de 3,4 millones que corresponde a los votantes ubicados entre los 18 a los 28 años.

Otro de los elementos que podría significar un gran elector es el debate para combatir la inseguridad, problema que debe tener un tratamiento distinto a los demás pues hoy alcanza una dimensión inédita. De acuerdo con cifras de Perfiles de Opinión, de mediados de noviembre, es la primera vez que un 59,86% de los ciudadanos reconocen en una gran magnitud a un solo problema que los aqueja. Es decir, 6 de cada 10 reconoce a la inseguridad como el mayor de los problemas del país. Con esas cifras: ¿cómo los candidatos que aspiran a la reelección adaptarán sus propuestas de campañas a esta problemática, tomando en cuenta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados no tienen la competencia exclusiva sobre el tema? ¿Les avanzará la excusa de no estar obligados a combatir la delincuencia para ganar votos o será esa la narrativa que usarán sus opositores para lograr ventaja? Al parecer, este podría ser un “corta aguas” clave para ganar la contienda, en momentos en los que, por ejemplo, las muertes violentas, ya ubican al Ecuador entre los tres primeros países más peligrosos de la región.

Finalmente, y no menos importante, esta elección plantea un nuevo reto para los candidatos, pues el contexto los obligará a referirse al referéndum y a tomar partido en esa campaña; es decir, deberán ser actores en su propia campaña y en una ajena, lo cual les podría obligar también a apoyar al Gobierno o manifestarse opositores. Si bien la experiencia nos ha enseñado que una campaña en un país como el Ecuador, en donde el contexto cambia de manera violenta, es complicada, esta vez lo será aún más cuando tengan que participar en un proceso ajeno pero que los obligará colocarse del lado de un presidente con menos del 13% de calificación positiva – de acuerdo a la encuesta citada – o por unas propuestas que son de difícil oposición.

En todo caso, las elecciones de febrero del 2023 significan un gran reto para candidatos, partidos y sobre todo para el país, que en medio de una de las más profundas crisis políticas, sociales y económicas volverá a las urnas para intentar resolver sus problemas usando a la democracia como la única válvula de escape legítima y válida.