Pamela Jaramillo Amores
Hace más de 60 días el Ecuador despertó con la noticia de la desaparición de María Belén Bernal Otavalo, mujer de 34 años, madre de Isaac y abogada en materia penal de la Universidad Central del Ecuador, quién “supuestamente” había ingresado a la Escuela Superior de Policía “General Enríquez Gallo” en busca de su pareja el oficial Germán Cáceres, donde, según testimonios, la pareja tuvo una discusión y se escucharon gritos, forcejeos y golpes.
Al pasar el tiempo sin indicios de su paradero, ese “supuestamente” se convirtió en certeza cuando al cabo de 10 días y de varias operaciones de búsqueda (organizadas, en su mayoría, por su madre Elizabeth Otavalo), María Belén fue encontrada sin vida en el cerro Casitagua a 10 minutos de la Escuela de Policía, mientras que Germán Cáceres se había dado a la fuga aproximadamente a los tres días de la desaparición.
En los días siguientes, se tomó versión a varias personas presuntamente implicadas en el caso, dentro las cuales se encontraba la cadete Joselyn S. quien estaba con Germán Cáceres la noche de la desaparición y fue testigo de los acontecimientos suscitados en el edificio de dormitorios denominado por los propios cadetes y oficiales como el “Castillo de Grayskull”. Al momento, la cadete es la única testigo que se encuentra detenida.
Este caso es uno de los 206 femicidios registrados hasta septiembre de 2022 en Ecuador, cifra alarmante y preocupante para las organizaciones de mujeres y feministas del país. No obstante, el caso de María Belén Bernal tiene algunas particularidades que lo diferencian de los demás casos: fue perpetrado por un miembro de la Policía Nacional en funciones y dentro de un recinto policial.
La responsabilidad estatal internacional de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de los grupos más vulnerables, incluyendo a mujeres en todo su ciclo de vida, se pone en entredicho cuando las y los servidores públicos llamados a respetar la vida e integridad de la población son indagados por cometer un femicidio, obstaculizar las investigaciones y hacer uso del mal llamado “espíritu de cuerpo” para impedir que se sancione al presunto agresor.
Por otro lado, las actuaciones estatales, especialmente del Ministerio del Interior y Fiscalía, se caracterizaron por su falta de debida diligencia en términos de celeridad en la detención de Germán Cáceres, en la investigación por femicidio, en sancionar a las personas implicadas y en activar todos los protocolos requeridos en estos casos. Incluso el poco acertado manejo de la comunicación estatal mostro los vacíos institucionales por los cuales atraviesa actualmente el gobierno y un total desconocimiento en materia de derechos humanos y género.
Las relaciones de poder desiguales visibilizadas en este caso nos muestran una de las caras más crueles y desalmadas de un Estado al que poco le importan las vidas de las mujeres: la impunidad. Con el femicida a la fuga, la única implicada (mujer, por cierto) en la cárcel y el Ministro del Interior destituido, las demás responsabilidades estatales tal parece que han quedado en el olvido. No obstante, seguiremos exigiendo que el caso de María Belén no se convierta en una estadística más de las tantas que vemos a diario.
Aunque la pregunta se vaya desvaneciendo en la palestra pública, desde las mujeres, las organizaciones de mujeres y feministas, seguiremos insistiendo ¿dónde está German Cáceres?, seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación para María Belén, su pequeño Isaac, su incansable madre coraje, Elizabeth Otavalo, y todas quienes nos vemos reflejadas en su historia.
Lamentablemente en el Ecuador las cifras de muertes de mujeres se incrementan día a día, mientras que el “Estado no hace nada”, haciendo eco a nuestros cantos de lucha en los cientos de marchas organizadas en contra de la violencia hacía las mujeres. Los entes encargados de la protección de los derechos humanos no han podido ejecutar sus paupérrimos presupuestos reducidos a su mínima expresión, no cuentan con suficiente equipo técnico para poder solventar las innumerables necesidades y brillan por el incumplimiento de sus atribuciones.
Con las cifras actuales y la poca actuación estatal en todos los casos mediáticamente conocidos (ni pensar en aquellos que no se han viralizado), el Ecuador debe ser considerado un estado feminicida, termino empleado por Marcela Lagarde que implica el asesinato sistémico y generalizado de mujeres por razones estructurales de sexo, género y orientación sexual intensificada por la inacción o acción estatal, es decir, tolerada por el Estado. Al no existir políticas, programas, planes y proyectos públicos, personal fortalecido y sensibilizado, y presupuestos, estructura e infraestructura adecuada, se vulnera el derecho de cada una de las mujeres habitantes del Ecuador a vivir una vida libre de violencias.
La necesidad de reformar la institucionalidad para la protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres como parte fundamental de la sociedad es imperante, en tiempos donde las agresiones se vuelven más naturalizadas, estructurales y, sin duda, violentas. Es urgente que el Estado reconozca a las mujeres como sujetas de derechos activando de manera prioritaria el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determinado en la Ley a través del cumplimiento de las funciones de todas las instituciones públicas, la asignación de presupuestos y la dotación de personal y recursos suficientes para su implementación.
Si bien el nombre del Estado, especialmente de la Policía Nacional se encuentra mancillado, y la confianza ciudadana se ha desvanecido, a nosotras nos han quitado una hermana más, a Isaac le han arrebatado su madre, a Elizabeth su hija, han truncado su proyecto de vida. Esta en todas nosotras, en todas las mujeres sin importar de donde vengamos, continuar alzando las banderas moradas y verdes como estandartes de lucha para la reivindicación de nuestros derechos.
Por ti, por mí, por nosotras, por María Belén, por Naomi, por Valentina, por Emilia y por tantas mariposas que la violencia patriarcal nos ha arrebatado ¡Nadie se cansa!
Activista feminista por los derechos humanos, mamá de Juan Felipe, Socióloga con mención en Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista en Derechos Humanos y Magíster en Derechos Humanos con mención en Exigibilidad Estratégica por la UASB-E.
