Gabriela Bermeo Valencia
En los últimos meses, por no decir en el último año, Ecuador destaca por el incremento de muertes violentas, por las masacres carcelarias y por el gran número de mujeres y personas de las diversidades asesinadas por razones de género. Sabemos que desde la Organización Mundial de la Salud y otros órganos del Sistema de Naciones Unidas se establece que este tipo de violencia ya es endémica, que ya podemos hablar de una pandemia por la violencia que nos ocurre sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida.
Atravesamos un momento en la historia del país donde las estadísticas, los pronunciamientos de los órganos del Sistema Universal o Regional, los fallos de la Corte Constitucional o las reformas parlamentarias no sirven de mucho. Vivimos un desastre social que nos deshumaniza y que desde la academia y el activismo lo denunciamos desde hace varios años sin ningún resultado efectivo. Es por esto que no me gusta mencionar las estadísticas y el número de femicidios o transfemicidios porque la muerte de una sola persona por razones de género o violencia “común” ya debe movilizarnos para exigir seguridad y la garantía de nuestra integridad.
¿Necesitamos más leyes o endurecimiento de las penas? La respuesta es no. El populismo penal no transforma realidades, no mejora las relaciones sociales, no ejerce empatía. Sí necesitamos mejores políticas públicas efectivamente financiadas con miras a un acompañamiento integral del desarrollo humano, donde todas, todos, todes, desde la infancia seamos el centro y el fin. Donde nos procuren una educación emancipadora, el reconocimiento y conocimiento de nuestros derechos entendiendo nuestras diversidades y las otredades, salud integral, vivienda digna, cultura y deporte. Todo lo que concierne al ejercicio de una vida digna es lo que nos permitirá transformar nuestras realidades como país y como sociedad en general.
Es verdad que desde los discursos políticos de manera utilitarista se tergiversa e incluso estigmatiza la lucha por los derechos humanos. Pero es allí, desde nuestro metro cuadrado, que debemos comprometernos con la defensa integral de nuestros derechos, apropiarnos de los espacios públicos y exigir al Gobierno, por medio de sus autoridades, que ejerza su rol garantista en este Estado constitucional de DERECHOS y JUSTICIA.
¿Por qué la educación emancipadora? Porque es la principal herramienta liberadora y garante de derechos para asegurar el fortalecimiento del pensamiento crítico y fortalecer nuestras democracias, superar las desigualdades y erradicar las discriminaciones estructurales. Es decir, es una herramienta básica para los sistemas de prevención y para que en algún momento de nuestra historia, que esperamos sea un momento cercano, la discriminación, desigualdad y violencias no sean la norma en Ecuador y en el mundo.
En las mesas de diálogo, las compañeras que hacen agencia, destacan la importancia de un fuerte sistema de prevención. Incluso, si en este momento existiera voluntad política y suficiente presupuesto para activar todo un aparataje de protección a nivel nacional, aquello no respondería a la problemática estructural. Esto sería una medida parche que no elimina la causa principal y cada año veríamos cómo los números de muertes violentas, femicidios y transfemicidios seguirían aumentando de manera aún más alarmante.
Es urgente y prioritario que el Gobierno ejecute todos los estándares que existen para asegurar la integridad de las mujeres y las disidencias; en realidad, para asegurar la integridad de toda la ciudadanía, pero sin que el foco principal sea la seguridad del Estado sino la seguridad humana. Una vez más, donde nosotras, nosotros y nosotres seamos el punto principal de la acción y sin que las políticas securitistas y restrictivas de derechos sean la solución de un Gobierno que evidentemente no sabe qué hacer en materia de seguridad.
El Gobierno, el que sea que esté de turno, tiene la obligación de asignar un presupuesto que permita la ejecución de estos estándares de protección en materia de género. Recordamos que tal como lo establece la misma Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, este financiamiento debe ser transversal para todos los ejes de prevención y protección. Un presupuesto que permita que el Sistema funcione y que siempre esté activo y concentrado en el tema, donde cada institución pueda contar con técnicas/os especializadas/os en la materia que no roten constantemente y que además tengan poder de decisión para que cuando las mesas técnicas se activen, sean por el diseño de las políticas o por la atención de un caso, estas no sean demoradas ni obsoletas.
¿Quiénes integran el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? Los entes rectores de Justicia y Derechos Humanos; Educación; Educación Superior; Salud; Seguridad Ciudadana y Orden Público; Trabajo; Inclusión Económica y Social; los Consejos Nacionales para la Igualdad; el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; el Consejo de la Judicatura; la Fiscalía General del Estado; las Defensorías Pública y del Pueblo; y representantes de cada órgano asociativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estas instancias públicas no solo tienen la obligación de articular y coordinar acciones de prevención, atención y protección, sino también la obligación de reparar a las víctimas directas e indirectas de los casos que atiendan. Pero es necesario preguntarnos si estas instancias están realmente preparadas para cumplir con estos roles; si cuentan con personal suficiente, capacitado, sensibilizado y fijo en materia de género; si el país desde sus distintas Funciones está listo para hablar de reparaciones integrales y transformadoras y ejecutarlas cuando la Ley existe desde el 2018 y 4 años después vemos cómo las estadísticas por violencia se han disparado.
Cada día perdemos hijas o hermanas, cada día matan a nuestras amigas, cada día nos violan y cada día salimos de casa sin saber si regresaremos. No, esto no es vivir dignamente, esto no es desarrollar nuestros proyectos de vida de manera integral. Esto es un mal sueño del que queremos despertar, es un escenario que no solo duele en el presente, sino que preocupa para el futuro. Si ahora, si hoy, nos quedamos en la inacción, no tendremos vuelta atrás en esta problemática. Los números de muertes violentas por razones de género continuarán en aumento como norma de la deshumanización.
Abogada experta en Administración Pública y Derechos Humanos, co-fundadora y Directora General de Akila Dignidad Org. Su carrera profesional inició trabajando con personas víctimas de violencia sexual, personas en situación de movilidad humana y sobrevivientes víctimas de tortura. En la actualidad diseña y dirige procesos de incidencia política en todos los niveles de Gobierno, patrocina procesos de control de la administración pública y es académica en las áreas del Derecho Público, Derecho Administrativo y Derechos Humanos con enfoque de género. Feminista abolicionista, activista y defensora de DDHH y de la Naturaleza.
